Debilidad palpable

Exponentes de un minúsculo clan de “comunicadores” y “analistas políticos” –por ejemplo, uno que durante el fujimorato integró el Indecopi y comisiones privatizadoras, u otros que militaron en partidos comunistas (hoy reciclados como “periodistas estrella”)–, vociferan que aquellos medios de prensa que solicitan se aplique la ley a los revoltosos que bloquean carreteras, calles o plazas, en rigor lo que hacemos es promover la arremetida de la PNP contra los gremios, los manifestantes, el pueblos que quiere protestar. Se horrorizan porque dizque incentivamos a la Policía a entrar “a sangre y fuego” contra los protestantes. Lo cierto es que esos “opinólogos” tergiversan hipócrita e interesadamente el mensaje y la actitud con la que se necesita enfrentar la escalada comunista de movilizaciones violentas que atenta contra el país. Por eso nos ratificamos en que quien cumple el mandato de la Carta Magna y exige que se aplique el Código Penal no comete excesos. Sólo está usando las herramientas jurídicas para hacer respetar el estado de derecho y el orden constitucional. También nos reafirmamos en que existe mucha contemplación por parte del Ejecutivo –reflejada en la debilidad policial– al momento de confrontar con los agitadores, quienes –infringiendo flagrantemente la ley– interrumpen de manera impune y salvaje las vías de comunicación, tanto en zonas rurales como urbanas, violando el interés de las mayorías.

De un tiempo a esta parte, las autoridades políticas y policiales son presa de la inoperancia e incumplimiento del deber funcional. Ignoran clamorosamente el derecho de 28 millones de peruanos al libre tránsito, al trabajo y a la tranquilidad pública, dándole cabida a la grita de una elite violentista que, lamentablemente, viene marcando la agenda nacional al impedir que el país desarrolle sus actividades con normalidad si el Estado no satisface todo lo que reclaman los grupúsculos disociadores. Por supuesto que nadie pide llevar al paredón a los bárbaros como en Cuba, paradigma de la dirigencia comunista peruana que promueve y ejecuta los reclamos armados. Acá simplemente exigimos respeto a la ley. ¿O acaso las normas legales están de adorno? Entonces demandamos que nuestras fuerzas del orden aprecien su uniforme e impongan la ley. Lamentablemente en el Ministerio del Interior hay quienes actúan a contrapelo de lo que manda la Constitución y la norma, poniendo paños tibios y guantes de seda donde hace falta detener a los revoltosos, ponerlos a disposición de la Justicia y que ésta los lleve donde corresponde: al calabozo.

Ahora, si bien no buscamos responsabilizar a la PNP de todo lo malo –las verdaderas culpables son las ONG políticas que, sobre todo desde el 2001 hasta la fecha, lograron inocular en la mente de numerosos funcionarios su perversa ideología “garantista” así como sus persecutorias amenazas judiciales, tanto contra los altos mandos de las fuerzas de seguridad como contra la oficialidad menor–, sin embargo rechazamos que la PNP siga permitiendo que se multipliquen ejemplos de debilidad, como el ocurrido en las afueras de Arequipa cuando un coronel de la PNP prefirió conversar sumisamente con los revoltosos, garantizándoles la libertad para que siguieran enervándole la vida a miles de ciudadanos que pugnaban por trabajar, o sencillamente por hacer su vida normal. Con ese mensaje de pusilanimidad el Estado alentará mayores protestas, y éstas deteriorarán aún más la imagen del Perú como destino para el turismo y las inversiones.