Enmendando al caviarismo

Las ONG políticas inocularon al gobierno transitorio de Paniagua y al régimen toledista con su ideología seudo derechohumanista, creada por algunos ingenuos proto académicos del derecho, consiguiendo así modificar la legislación antiterrorista para hacerla más blandengue y para facilitar la excarcelación de los condenados por terrorismo, sin contar que se produjo la penetración de representantes de la izquierda caviar en órganos especiales vinculados al sector Justicia, como fue el caso de la comisión de indultos.


Ante este desmontaje del marco jurídico antisubversivo el Ejecutivo actual viene adoptando medidas de enmienda. El pasado viernes, el primer mandatario, Alan García, promulgó la ley que dispone la improcedencia de beneficios penitenciarios para los sentenciados por terrorismo. De manera que los genocidas no se acojan a la redención de la pena por educación o trabajo. Tampoco podrán hacerlo al beneficio de semilibertad ni al de libertad condicional. Si bien son numerosos los casos en los cuales los condenados por terrorismo ya consiguieron la excarcelación –precisamente a través de estos mecanismos del derecho procesal penal otorgados por los gobiernos de Paniagua y Toledo, manipulados por las ONG–, ahora la nueva medida legal corrige esas aberrantes e injustas distorsiones.

Además, la promulgación de la ley en mención servirá para hacer frente a delitos graves como el secuestro y la extorsión, ya que prohíbe que los delincuentes incursos en estos ilícitos se acojan a beneficios penitenciarios. De sancionarse la norma, esos indeseables –y las ONG que los representan– ya no podrán gestionar su libertad apelando el beneficio de exención, consistente en un día de pena por siete días de trabajo efectivo, o por haber cumplido tres cuartos de su condena sin antes haber pagado el íntegro de la reparación civil. Esperamos ahora que los jueces sean estrictos en el cumplimiento de estas normas jurídicas y no distingan ahí donde la ley no distingue, de lo contrario cometerán prevaricato.

De otro lado, estamos ante una realidad innegable en la que muchos terroristas han ganado las calles, en especial desde el 2002 en adelante, gracias a gestiones personales de sendos directivos de ONG políticas que –por presión y/o extorsión a los regímenes paniaguista y toledano– se convirtieron en funcionarios del Ministerio de Justicia. Estamos hablando de cientos –o miles– de subversivos excarcelados, que incluso han entrado a la planilla estatal donde desempeñan diversos cargos, principalmente en el sector Educación. Están en instituciones educativas y en las UGEL de diversas regiones, incluyendo Lima y Callao. Pero también en el Poder Judicial, el Ministerio Público, Ministerio de Salud, Enapu, Enaco, Proyecto Chavimochic, etc., y hasta en el Ejército peruano. Todo por obra y gracia de aquellas ONG dizque derechohumanistas, porque sólo lo son de los terroristas

Se podrá decir que esos terroristas ya cumplieron su condena. Sin embargo aquello tampoco debe enervar la necesidad estratégica del Estado de estar alerta a lo que hace ésta gente al haber salido de la penitenciaría, aunque la característica de este tipo de sentenciados –hablamos de la formación ideológica que recibieron dentro de Sendero Luminoso o del MRTA, y a su grado de alineación y fundamentalismo– es que jamás renuncian a su único objetivo: la lucha armada –el terrorismo– por la conquista del poder.

Insuficientes resultados

Las inspecciones técnicas vehiculares (ITV) pasaron de las manos de la Municipalidad Metropolitana de Lima a las del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Son varios meses en que estas “revisiones” (como antiguamente se les llamaba) se realizan sobre el parque automotor nacional, especialmente de la gran Lima, pero los resultados son aún imperceptibles.

A esto se agregan las denuncias ciudadanas contra Lidercon y las sanciones impuestas por parte de Indecopi a esta entidad privada, generándose así una atmósfera poco propicia para alcanzar en el corto plazo un mejor reordenamiento del caótico tránsito capitalino, que concentra el 80 por ciento del parque vehicular del Perú.

Los objetivos de las ITV son varios: prevenir los accidentes de tránsito causados por fallas técnicas; exigir al conductor o propietario de un vehículo que mantenga su unidad móvil en buen estado; y contribuir con el control de la emisión de gases tóxicos, tan peligrosos para el medio ambiente y para la salud de las personas. Recordemos que una ITV no es un simple trámite administrativo sino un servicio cuyo principal fin es coadyuvar a mejorar la calidad de vida de los habitantes. En esta lista de objetivos está, entonces, involucrados la madurez y el deber cívico de millones de personas: choferes, peatones, policías, funcionarios del MTC, empleados de las plantas de inspección, etc.

Si cada una de las personas no es consciente de ello, y más bien tratan de sacarle la vuelta a la ley, las ITV fracasarán irremediablemente, tal como viene ocurriendo hasta hoy. Quizá sea muy corto el tiempo para sacar conclusiones definitivas, pero la tendencia ya acusa una proyección negativa. Basta mencionar que son miles los vehículos que están en condición de omisos, porque se pasaron del cronograma que les tocaba o porque prefieren circular furtivamente y “bajando una coima” cada vez que son pillados. Peor aún, no son pocos los dueños de automóviles que, si bien pasaron raspando las pruebas en Lidercon, lamentablemente –transcurridos los días y meses– no han sido capaces de invertir un sol para cumplir con las reparaciones recomendadas al momento que sus vehículos fueron inspeccionados.

Por cierto, no podemos negar que vivimos en una realidad donde el millón y pico de vehículos (autos, camionetas, unidades de transporte público y camiones) tiene en promedio una antigüedad de 16 años. No obstante, ello no es justificación para que las autoridades de tránsito (principalmente MTC y PNP) permitan transitar alegremente –ante sus narices– a vehículos que parecen verdaderas cafeteras rodantes, que dejan tras su paso por calles y avenidas una nube tóxica; o que se hagan de la vista gorda ante automóviles que tienen las placas de rodaje borrosas y magulladas, o las luces altas, bajas y direccionales en pésimo estado, o los neumáticos totalmente lisos. Si a esto sumamos los miles de triciclos y mototaxis que se cruzan por doquier, inclusive por distritos exclusivos como San Isidro o Miraflores, entonces no queda sino reconocer que el caos tiene para rato. ¿Quién pondrá coto a esta regresión ciudadana

Recompensa por información

En la lucha contra el terrorismo, la información de inteligencia es clave para dar con los cabecillas de las huestes asesinas de la subversión. Pero si en esta tarea se involucra a la sociedad en su conjunto, los resultados pueden ser mejores y oportunos, precisamente, antes de que se siga causando más daño al país y atentando contra la vida de las personas. Para nuestro país este tipo de medidas no es desconocido pues se aplicó desde el segundo lustro de los años ochenta y se extendió hasta finales de la década del noventa.

Y en los años 2001 al 2003 se usó mucho este mecanismo para dar con Vladimiro Montesinos y otros pillos de su entorno. Obviamente, antes de ello muchos mandos políticos y militares de Sendero Luminoso y del MRTA fueron capturados a partir de los datos proporcionados por ciudadanos anónimos e inclusive por subversivos que decidieron abandona las filas terroristas.

En esta línea, la decisión adoptada por el Consejo de Ministros de enviar un proyecto de ley que propone elevar hasta un millón de soles el monto de la recompensa a las personas que brinden información útil para la captura de terroristas, es sencillamente pertinente. No podía esperarse más tiempo dados los enfrentamientos constantes en el VRAE y el trágico saldo de soldados muertos o heridos. Sin embargo, el Congreso de la República a la hora del debate de esa iniciativa del Ejecutivo, podría mejorarla y hacerla extensiva a los jefes de las mafias de narcotraficantes. Lógicamente, de la certeza del legislador y de la precisión en la reglamentación de esta clase de normas, se podría conseguir finalmente una norma que de ningún modo vulnere los derechos de las personas, sino que -por el contrario- garantice a la colectividad un instrumento táctico contra el narcotráfico y el terrorismo, ya que no debemos minimizar a ninguna de estas lacras que frenan nuestro desarrollo como nación y nuestro progreso económico.

Sin embargo, no todo no se reduce a la dación de más dispositivos legales, porque lo fundamental es aplicar con cabal efectividad las leyes y decretos vigentes. Por ejemplo, cuando desde abril existía un decreto supremo que prohibía la comercialización de kerosene en el VRAE, principal insumo para la elaboración de la pasta básica de cocaína y del clorhidrato, resultó curioso que transcurrieran más de cuatro meses para que recién las autoridades se dieran cuenta de que el tráfico de ese combustible seguía burlando los controles policiales a vista y paciencia de propios y extraños.

Por ello, no le ha quedado otra al Gobierno que aprobar un proyecto de ley que modifica la Ley de Insumos Químicos. De aprobarse esta propuesta en el Congreso de la República, será la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional (sede Lima) la que se encargará de dar la autorización para el ingreso del kerosene y de otros insumos en la zona del VRAE. De modo que esta medida, sumada a las recompensas para los informantes que conduzcan a la captura de cabecillas terroristas, podría ser acertada pero no suficiente dada la movilidad del enemigo que enfrentamos.

Manotazos de ahogado

El candidato presidencial del Partido Nacionalista, Ollanta Humala Tasso, ha salido a la prensa a querer dar lecciones de gobernabilidad y a proponer alternativas en materia de políticas de Estado.

Pero sólo se trata de una retórica mediática, la que además no le pertenece sino a su asesor Carlos Tapia, tal como trasunta su mensaje tanto por el estilo como por los clisés y la fraseología expuestos. Uno de los caudillos del clan Humala en realidad no tiene mucho que aportar ya que desde hace tiempo solo insiste en pedir la vacancia del actual presidente y en repetir hasta el hartazgo la convocatoria a una asamblea constituyente (hoy extemporánea e impracticable).

La verdad es que sin la injerencia chavista (comprobada en el proceso electoral del 2006), y sin las movidas que desde Caracas o La Paz se articulan cada cierto tiempo para generar el caos en el Perú con el fin de favorecer a Ollanta Humala, este dirigente político no figuraría en ninguna encuesta. De ahí la importancia de gobernar bien en el presente, para no facilitar a las posiciones radicales y velasquistas posibilidad alguna de inserción en las aspiraciones de la población. Si el régimen aprista deja a la deriva temas fundamentales que corresponden, por ejemplo, impulsar una idónea política energética; si no promueve el desarrollo socio-económico del sur del Perú; si no aplica una modernización en las cárceles; y si no revierte la violencia terrorista en el VRAE o la inseguridad ciudadana en el país, entonces sencillamente la frustración e insatisfacción de los pueblos –a lo largo y ancho del Perú– podrían quedar a merced de demagogos y populistas.

Por eso el elector tiene que madurar y conocer más la historia reciente, aquella que explica cómo a partir del golpe militar del 3 de octubre de 1968 comenzó la descapitalización del campo; la caída de nuestras exportaciones; el bajo nivel de la educación pública; el aumento de la pobreza; la multiplicación de empresas estatales, y con ello la burocracia inoperante e improductiva; hasta los puertos decayeron y nuestra marina mercante colapsó. Por supuesto, en esta muy apretada lista de secuelas negativas del velascato, tampoco se puede dejar de mencionar cómo –ante la pauperización del Perú y el enorme endeudamiento externo originado por la dictadura militar– se incrementó el narcotráfico, la delincuencia y el pandillaje, problemas que han llegado ahora a niveles inauditos.

Lamentablemente, Ollanta Humala defiende ese pasado, postula ese modelo que ha fracasado. No obstante, hay algo más que decir. La biografía del comandante Humala Tasso, más allá de sus acciones u omisiones en torno a rebeliones como la de Locumba y Andahuaylas, no tiene ninguna gravitación propia. Hasta antes del hecho noticioso de Locumba, por ejemplo, que ocurrió justo en el día en que Vladimiro Montesinos fugaba del Perú, nadie conocía a Ollanta Humala, ni siquiera destacó en la Escuela Militar de Chorrillos, de donde egresó. Entonces, sin una hoja de vida interesante, sin virtudes –toda vez que sigue admirando al responsable de la debacle de valores que experimenta el país, como es Velasco Alvarado–, y sin una trayectoria política madura, poco es lo que puede ofrecer el jefe “nacionalista”. Por eso las encuestas seguirán registrando su constante caída en las preferencias electorales. No obstante, cuando el gato está más encajonado es cuando hay que tener mejores reflejos

Ética parlamentaria

¿Padres de la patria? En menos de 72 horas se produjeron hechos que agravan la imagen del Congreso de la República y que ponen en cuestión las calidades humanas de algunos parlamentarios.
Las denuncias de dos ciudadanas (dos mujeres peruanas) han puesto en debate si, realmente, la congresista Rosario Sasieta (Acción Popular) y el parlamentario Ricardo Pando (Alianza Fujimorista) son correctos miembros de la representación nacional o si practican una doble moral que los desacredita ante la opinión pública.

Una de las denuncias corresponde a una trabajadora del despacho congresal de la abogada Sasieta, en la cual se hacen públicos el maltrato y los agravios que dicha congresista dirige contra su personal, en particular hacia la denunciante, al punto de que la habría obligado a “lavarle los pies”. Por cierto que el temperamento y virulencia que caracteriza a la representante populista no abona mucho a su favor y más bien hecha serias dudas sobre su ecuanimidad frente a sus trabajadores. Pero a partir de esta denuncia contra la autodenominada “Señora Ley”, la reputación de esta congresista se pone de castaño a oscuro cuando, adicionalmente, se descubren indicios de que su pareja sentimental estaría usando un teléfono celular del Congreso y que además habría fungido de jefe de la oficina congresal. Si bien no se configuraría un posible nepotismo, la Comisión de Ética del Parlamento tendrá que esclarecer esos hechos.

La otra denuncia proviene nada menos que de la esposa del congresista Ricardo Pando. Se produce a partir de un acto de violencia que trajo como consecuencia que el parlamentario fujimorista resultase con una herida de arma punzocortante en la espalda, propinada por su consorte luego de una acalorada discusión familiar. Según la denunciante, en un momento de ofuscamiento tomó un cuchillo para defenderse de la agresión del parlamentario Pando. Ahora el congresista se recupera de sus heridas en una clínica local, pero la situación es más delicada aún, no sólo porque la denunciante asegura que este problema tiene larga data y que empeoró al detentar Pando más poder dada su función de parlamentario, sino por una serie de situaciones más íntimas que no viene al caso enumerar y que, en general, describen un cambio en la personalidad del “padre de la patria”.

Pese a cualquier concomitancia doméstica que encierran ambos casos, no podemos ponernos una venda a los ojos y negar la realidad de lo que la ciudadanía está viendo. Tanto en el affaire Sasieta como en el de Pando hay serios elementos que obligan a una seria reflexión: dos mujeres y ciudadanas han sido valientes al denunciar a gente con influencia y poder; y al hacerlo han puesto como tema de análisis la urgencia de que los electores tomen conciencia de que son ellos los que ponen a los congresistas en el primer poder del Estado. Por eso es menester que no repitan esa mala elección, al fortalecer a políticos que tarde o temprano van a decepcionar a más de uno. Es decir, le echamos la culpa al Congreso por su mala imagen pero no reparamos en que la mayor responsabilidad está en el origen mismo de la elección, en el momento en que acudimos a emitir nuestro voto preferencial. Definitivamente esperamos que estas situaciones bochornosas ayuden al elector a saber elegir en las próximas elecciones generales (2011).

Museo de la Dincote

Un recuerdo digno de la victoria del Perú sobre el terrorismo se experimenta al ingresar a las instalaciones del Museo de la Dirección Nacional Contra el Terrorismo de la Policía Nacional (Dincote). Allí está ese espacio policial, y continúa por años mostrando objetos, folletería y reliquias pertenecientes al genocida Abimael Guzmán y a su demencial grupo terrorista denominado PCP-Sendero Luminoso,
así como se aprecia materiales tocantes al asesino MRTA de Víctor Polay. El museo es modesto, sencillo, y por ello persiste sin mayor ínfula ni estridencia en su mensaje profundo de compromiso con el deber cumplido.

Sin embargo, el Museo de la Dincote debería recibir más apoyo del Estado y la sociedad, porque es un verdadero faro, cuya luz guía a los defensores de la libertad. Este resplandor debería iluminarnos más a fin de recordarnos a quienes ofrendaron su vida, precisamente, para defender la existencia humana del prójimo. Entonces, que nadie cometa el yerro de desactivarlo o cerrarlo, puesto que hoy mismo sirve de elevado estímulo a las fuerzas del orden, que tienen entre sus muchas tareas la de estar siempre atentas a cualquier amenaza o atentado proveniente de lacras siniestras como el terrorismo.

En cambio otra es la realidad que envuelve al malhadado e hipócrita proyecto promovido por las ONG políticas dedicadas al negocio de los derechos humanos: el “museo de la memoria”. Fue la izquierda proxeneta de la subversión en el país la que –en alianza con sus mentores en el extranjero y en foros terriblemente ideologizados como la Corte Interamericana de Derechos Humanos– logró parir con fórceps no solo una CVR, sino que formó parte de ella, poniendo ahí a sus conspicuos representantes junto a algunos ingenuos que les servían de comparsa, y además promovió resoluciones evacuadas desde San José de Costa Rica que exigían al Perú “homenajear a todos los caídos durante el período de violencia política”. Porque así, entre eufemismos y medias verdades, las ONG llaman a la lucha armada y al terrorismo senderista: “violencia política”. Pero esas ONG fueron más lejos: utilizaron, como siempre lo han hecho, a ciudadanos aparentes para ponerlos como mascarón de proa frente a proyectos que pasan por agua tibia al terrorismo –como el del “museo de la memoria”– no sin antes haberle conseguido de Alemania –es lo que mejor saben hacer– dos millones de euros, a efectos de construir ese museo “memorioso”.

Censuramos la falta de visión de gobiernos como el paniagüista o toledista, de los que las ONG consiguieron una CVR; a los que les hicieron allanarse –en realidad al Estado peruano– ante la CIDH; y a los que encima comprometieron para poner dinero del contribuyente en el monumento “El Ojo que Llora”. Hoy hacen lo mismo con el régimen aprista, llevándole a “olvidar” que Sendero Luminoso y el MRTA asesinaron a mil militantes apristas. En consecuencia, si ahora el APRA permite que desparezca el Museo de la Dincote –obligándolo a que transfiera sus tesoros de combate al “museo de la memoria”–, la verdad es que el oficialismo habrá cometido un error imperdonable que agraviará por siempre el recuerdo legítimo y diáfano que merecen los policías y soldados que murieron defendiendo a la nación del terrorismo genocida.

Regionalización y educación pública

A las numerosas taras burocráticas que arrastra la descentralización en el país –vía la regionalización–, hay que sumar un tema de particular importancia que, en lugar de progresar, se agrava peligrosamente: la gestión en materia de educación. Siendo la enseñanza pública una herramienta primordial para sentar las bases de un desarrollo social, económico y cultural sostenible a futuro, lamentablemente los gobiernos regionales (GR) no le han prestado –ni le prestan– la atención que este asunto merece. Encima de ello, la mayoría de GR le endilga a Lima la responsabilidad por todos los problemas que la administración descentralizada debería resolver, sin darse cuenta que hace tiempo se le transfirieron las competencias, funciones y presupuestos correspondientes que antes eran manejados por el Ministerio de Educación. No olvidemos que en cada región existen las Direcciones Regionales de Educación (DRE), entidades que tienen independencia a la hora de diseñar planes financieros o sus inversiones, y hasta cierta autonomía para conducir el desarrollo pedagógico y didáctico en sus circunscripciones; sin dejar de lado, por supuesto, sus tareas de contratación, promoción y supervisión del personal en cada una de las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) o en las instituciones educativas (IE), como se llamaba antes a los centros educativos.

Obvio que tampoco queremos excluir a Lima de esta crítica, ya que tiene su propia DRE y además debería dar el ejemplo en materia de eficiencia administrativa a sus homólogas del interior. Sin embargo, no lo hace. El punto es que las cosas andan mal en las UGEL y en no pocos colegios estatales de Inicial, Primaria y Secundaria. Por ejemplo no paran las denuncias de corrupción contra directores, personal administrativo, profesores y hasta contra miembros de las asociaciones de padres de familia. Cuidado con esto porque en cuestión de desarrollo educativo no sólo se trata de ponderar –como lo reitera frecuentemente el jefe de Estado Alan García– de que “ya redujimos el analfabetismo”, o que “se entregaron más de cien mil mini laptops a los escolares”, o que “avanza la capacitación de los docentes en el marco de la carrera público magisterial”.

Si bien todo ello está bien que se diga, no es suficiente; peor cuando los GR y el Ejecutivo no son capaces de generar las condiciones para que en cada espacio administrativo y pedagógico del sector Educación se dé un buen clima institucional, armonía y madurez. Y si existe corrupción en muchas instancias educativas, entonces qué ejemplo le podemos dar a los educandos y al profesorado. Por eso, en este tema volvemos a señalarle a las autoridades del Estado (centrales y regionales), que no se pierda el ímpetu inicial, ese que se evidenció después del 28 de julio de 2006 y que sirvió para que algunos hablen de una “revolución educativa”, porque la verdad es que con mucha pena ahora constatamos que la frase fue un exceso. Hoy nos damos cuenta que los problemas se mantienen tan igual como hace tres años, al punto que las corruptelas entre Ugeles y directores de colegios parece continuar con la misma complacencia –y a veces complicidad– de un sindicato enquistado en la enseñanza pública (hace más de tres décadas) como lo es el Sutep. Sin duda, en materia de educación pública hay mucho por hacer, y pronto.

Caso Rivero Lazo

EXPRESO se caracteriza por abordar el tema de derechos humanos sin hipocresías ni dobles discursos, como sí lo hacen las ONG políticas, siempre horrorizadas de lo que etiquetan como “políticamente incorrecto”.
No queda duda de que éstas han orquestado una venganza contra todos los uniformados, en especial contra quienes por cuestiones de función o azar se cruzaron en el camino de Fujimori o Montesinos. Aún así, que sepamos la ley castiga a quienes cometieron delitos y no a las personas que –en virtud de las circunstancias– trabajaron en alguna dirección de inteligencia de las Fuerzas Armadas.

En ese sentido, nadie es culpable per se por el simple hecho de haber sido director de inteligencia del Ejército, más aún si a lo largo de ocho años y medio de investigación y procesamiento no hay prueba que lo incrimine por el delito imputado. Este es el caso del general EP Juan Rivero Lazo, cuya esposa, hijos y nietos sienten en carne propia la carcelería injusta y antojadiza a partir de lo que denominan una concertación antihumanitaria entre la ONG IDL y ciertos magistrados de la Fiscalía y el Poder Judicial. Todo indica que estamos ante un affaire en el cual a los oficiales del Ejército del Perú aquella ONG denigró acusándolos sin prueba fehaciente alguna de los atroces crímenes de la Cantuta y Barrios Altos.

No puede compararse o meterse en un mismo costal a criminales de esa talla con oficiales como el general Rivero Lazo. Además no existe justificación para que se le mantenga encerrado en una celda hace ya más de ocho años y seis meses, sin sentencia y, peor aún, sin visos de demostrársele algún ilícito. En esta casa periodística no ponemos las manos al fuego por alguien. Pero todo hace pensar que existe una consigna, un plan perverso para escarmentar a los militares –por venganza tras la derrota que éstos infligieron al terrorismo que hoy defienden las ONG– a quienes, pese a no demostrárseles participación directa en algún hecho de sangre, se insiste en mantener procesados y encarcelados aparentemente de por vida.

Este propósito político, antijurídico e ideologizado de las ONG enquistadas en el Estado se consagró cuando pasaron por el Ministerio de Justicia personajes como Diego García Sayán y Javier Ciurlizza. Este último asiduo visitante del genocida Abimael Guzmán. Incluso este Ciurlizza hasta hoy no ha esclarecido si el genocida Guzmán o su cónyuge Iparraguirre le pidieron que integre a Carlos Tapia, el hoy asesor personal de Ollanta Humala, a la nefasta Comisión de la Verdad. El caso es que se hicieron cosas tremendas que los gobiernos de Paniagua y Toledo mostraran empatía con los cabecillas de Sendero Luminoso en esas entrevistas furtivas, como excarcelar a terroristas sentenciados a cadena perpetua, conmutar penas, indultar o suavizar las condiciones carcelarias de esta escoria, como demuestra la consorte del genocida Guzmán quien insiste en que la dejen estar en intimidad con el más grande asesino del Perú.

Incluso un abogado del genocida Guzmán, de apellido Crespo, sostiene que ya están libres más de 2800 senderistas y quedan pocos por liberar. Es decir, la batalla judicial la viene ganando el terrorismo, toda vez que aún se mantiene en ascuas a generales del Ejército como Rivero Lazo simplemente por una teoría endeble como es la autoría mediata; aparte de chantajes como el hecho que un abogado del IDL que, según la esposa del general, le ofreció libertad a cambio de que inculpe a Fujimori. Nada justifica que un ser humano esté privado de su libertad por cerca de nueve años, sin sentencia. Y menos por venganza política, como parece ser en este caso.

Comprensible inquietud

Todos los peruanos están preocupados con la escalada que vienen tomando las cobardes emboscadas terroristas en el VRAE. Por supuesto, dentro de ese enorme conjunto humano, el empresariado vinculado al sector Turismo no puede ser la excepción.

Es más, sus voceros y principales representantes no sólo condenan la espiral de violencia en zona tan agreste y olvidada por el Estado, sobre todo entre los años correspondientes a las administraciones de Paniagua y Toledo, sino que advierten que de continuar ese tipo de atentados pronto veremos que el Perú como destino turístico sufrirá funestas consecuencias.

Datos recientes informan de la reducción de turistas en nuestro país. Obviamente la recesión internacional es parte de la causa de esta realidad. Pero la otra parte, quizá por el momento en mínimo grado pero merma al fin, se debe a las acciones terroristas. No esperemos que se prolongue el tiempo de zozobra en el VRAE, pues de seguir el ritmo de inseguridad y muerte, más temprano que tarde un segmento importante de turistas borrará a nuestra nación de su agenda de viajes. De ahí que el presidente del Comité de Turismo (Comtur) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) recomienda al gobierno mantener una postura firme frente al problema, ya que un Estado débil genera desconfianza en los visitantes, quienes sólo quieren pasar un momento agradable durante su estancia en un país con tantos atractivos como el nuestro.

Los medios de comunicación del mundo, las agencias internacionales de noticias ahora comienzan a poner sus reflectores y a llenar sus portadas y titulares con los sucesos de combate en el VRAE. El impacto de estas informaciones –por cierto–, que puede atemorizar a muchos, y es natural que ello suceda, es negativa, por lo que evitemos repetir lo vivido en la década de los años ochenta y especialmente lo experimentado hasta antes del 12 de setiembre de 1992. Fecha en la cual fue capturado el asesino y sanguinario Abimael Guzmán Reynoso, presidente del Partido Comunista Sendero Luminoso, cuyo 17° aniversario se conmemorará dentro de unos días. Recordemos que en ese período previo a la detención del cabecilla terrorista, entonces el más buscado por las fuerzas del orden, la industria sin humo languideció y sólo algunos empresarios del turismo pudieron subsistir estoicamente.

Sin embargo, por encima de la merecida preservación de la imagen del Perú, sea como destino turístico o como marca país, e inclusive más allá del ambiente propicio para la llegada de inversiones, está la vida de nuestros soldados y los derechos humanos de millones de peruanos que quieren vivir en paz y mantener el rumbo enfocado hacia el progreso. Es en este horizonte en el cual se deben organizar los mejores planes de seguridad y desarrollo en la zona del VRAE, y ejecutarlos con éxito, pero no sólo ello sino también en otros lugares a donde han comenzado a trasladarse aquellos cocaleros más estrechamente vinculados a los carteles de la droga. La lucha será larga, pero de lo que hagamos hoy dependerá que no se extiendan demasiado en el espacio o en el tiempo las lacras del terrorismo y del narcotráfico

“Gasolinazo” en la PNP

La otra guerra que libra el Perú –aparte de la lucha frente al terrorismo y narcotráfico- es contra la corrupción. Los tentáculos de la inmoralidad no diferencian instituciones públicas grandes o pequeñas. Es más, se ramifican con soltura en organismos estatales importantes como la Policía Nacional del Perú (PNP).
Al respecto este medio jugó un rol de primer orden en materia de denuncia y fiscalización, y seguirá haciéndolo, en el destape del tráfico ilícito del combustible destinado a vehículos policiales, habiéndose demostrado en el camino que la cuantiosa fuga de dinero supera los 24 millones de soles anuales.

Desde que diéramos a conocer que algo andaba mal en el abastecimiento de diésel y gasolina de centenares de unidades policiales, los órganos de control interno de la PNP y la Fiscalía realizaron un intenso trabajo, que involucró meses de pesquisas, entrevistas y cotejo de pruebas, concluyéndose recientemente –por parte del Ministerio Público– que existen serios indicios de responsabilidad en este entuerto delictivo que abarcan a un ex inspector general de la Policía y a 74 oficiales y técnicos, así como comprendiéndose en la denuncia fiscal a 25 civiles vinculados a los grifos que servían para la comisión de estos supuestos hechos ilícitos materia de investigación penal en el Poder Judicial.

El tema del robo de combustible, conocido como “gasolinazo” en la PNP, se va esclareciendo, gracias a miembros de la PNP dignos, valientes y honrados, como los coroneles José Trinidad Muñoz -ex inspector de las Unidades Especializadas (Dirincri, Dircote, Dirandro, etc.)- y Julio Maza, quienes pese a presiones y amenazas de muerte –de las que fueron víctimas en el curso de sus investigaciones– siguieron con su labor fiscalizadora. Hoy corresponde pedir que se les valore y reconozca dignamente que hicieron un trabajo limpio a favor de la profilaxis de su institución. Consideramos que lo menos que puede hacer el Estado –y las máximas instancias del Ministerio del Interior– es condecorarlos, ya que a ellos fácil les hubiera resultado soslayar la labor perversa de las mafias, y sin embargo prefirieron el honor y el combate a la corrupción.

Si no hubiera sido por esos dos oficiales, la doctora Mercedes Cabanillas, cuando estuvo al frente del portafolio del Ministerio del Interior, no hubiera tenido elementos a su alcance para anular –el pasado mes de abril– todas las licitaciones de servicio en grifos de la capital y disponer que en adelante sea Petroperú la encargada de abastecer de combustible a las unidades vehiculares de la PNP. Pero al mismo tiempo lamentamos que, desde un inicio, los más altos oficiales de PNP –desde la Inspectoría General hasta la Dirincri, Dirandro, Dircote, entre otras unidades especializadas- no hubiesen zanjado con la situación ilícita que percibían a su alrededor. Pero todo eso abona para sentirnos con el deber cumplido, al haber conocido y publicado aspectos centrales de la heroica lucha de aquellos policías honestos a los que nos hemos referido –y a quienes pedimos un reconocimiento–, correspondiéndole ahora a la Judicatura tomar cartas en el asunto y proceder a sancionar -sin que le tiemble la mano- a aquellos que encuentre responsables.

Lesa humanidad

La Fuerza Aérea del Perú (FAP) entregó a dos de sus oficiales y a un técnico a la larga lista de héroes de la lucha contra el terrorismo. Honor y gloria a estos valientes que mediante el sacrificio de sus propias vidas intentan dejarnos un país mejor. Pero hay políticos que pagan mal esta inmolación. Ollanta Humala, por ejemplo, quien en España dijo –ante un grupo de compatriotas residentes en ese país– que Sendero Luminoso y el MRTA ya no existen y que tampoco representan un peligro para el Perú.

Pero los hechos contradicen a esta clase de temeridades, toda vez que resulta obvio que los senderistas actúan en pared con quien fuere. Ahora el turno es de los narcos y los rezagos emerretistas que contactan con las FARC. Y todo con la finalidad exclusiva de reanudar más delante su lucha armada para conquistar el poder de la nación peruana. Hace varios años alertamos que el cierre de decenas de bases contrasubversivas sería una equivocada decisión, en vista de que atentaría contra la seguridad nacional. Lamentablemente tuvimos un gobierno como el de Alejandro Toledo, obsecuente y concesivo con el pedido de venganza de las ONG izquierdistas de derechos humanos contra las fuerzas armadas de la patria. Igual advertimos sobre la cobarde y extraña excarcelación de centenares de terroristas, gracias a sus abogados del IDL, Aprodeh y demás ONG agrupados en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH), cuyos directivos inclusive fueron designados funcionarios del Estado e integraron la denominada “comisión de indultos”.

Entonces, de las consecuencias ante tan malas decisiones hoy todos somos testigos. Se repite el capítulo terrorífico donde aparecen más muertes de uniformados que enlutan a familias enteras, dejando niños menores de edad sin padre y viudas sumidas en el dolor y la tragedia. Bajo estas penosas circunstancias, debemos decirle al país que el último miércoles 2 de setiembre se ha cometido una violación atroz de los derechos humanos, en realidad se ha perpetrado un acto de lesa humanidad, acontecimiento sobre el cual callarán las ONG políticas, pues lo que han hecho los terroristas ha sido disparar a una nave de auxilio que intentaba recoger soldados heridos y trasladarlos para prestarles asistencia médica.

Pero si las cosas hubieran sido al revés, ya tendríamos en este momento al mundo ensordecido por el sonoro coro de las ONG políticas, denunciando la violación de los derechos humanos de terroristas heridos. Ahora bien, frente al silencio de esa turba que, por ejemplo, impulsó y conformó la CVR, cabe la pregunta: ¿no significa acaso esa indiferencia una negación de los derechos humanos de los soldados peruanos, y con mayor razón si están con heridas de bala requiriendo atención médica urgente pero que ese auxilio fue impedido por el ataque senderista a una aeronave que buscaba ese fin humanitario? De modo que la condena –y el combate– a los terroristas en el VRAE tiene que ser total. Y pese a esta verdad monumental, tenemos que deplorar que hay ingenuos que aún no tienen la visión suficiente como para darse cuenta que la lucha contra la barbarie terrorista no ha terminado, y que menos se puede seguir alentando la construcción de un “museo de la memoria” que ensalzará inclusive a los verdugos de los buenos peruanos que murieron a consecuencia de las balas y la dinamita senderista o emerretista.

Penas e incitadores

Inevitable pronunciarnos sobre la sesión del Congreso de la República que aprobó la ley que pena con cárcel efectiva a los antisociales reincidentes en faltas menores (concretamente en el caso de escaperos que suelen arrebatar celulares, relojes, carteras, zapatillas, bicicletas, etc.). Modestia aparte, hemos estado –y estamos– en primera línea de combate contra la delincuencia, sea cual fuese su procedencia, clase o motivo.

Ene veces hemos sugerido ampliar y profundizar el espectro de sanciones para quienes delinquen y atentan contra el bienestar de los habitantes. Por ello saludamos al Parlamento por haber entonado su función con la gran preocupación ciudadana que clama por más seguridad y mayor tranquilidad pública frente a la criminalidad. Sin embargo debemos ser realistas y quizá hasta aguafiestas si reparamos en la perspectiva de que esa norma legal podría quedar como tantas otras, vale decir como papel mojado en tinta. Veamos por qué.

Primero, en teoría, la ley que sanciona a reincidentes y reducidores con penas efectivas, elevaría el número de internos en las cárceles de la costa, sierra y selva. Pero, ¿tenemos acaso un buen sistema penitenciario o suficientes prisiones adecuadamente equipadas para rehabilitar o resocializar al que purga alguna condena? La respuesta es obvia: la política criminal y los centros penitenciarios están en situación caótica. En segundo lugar, es casi un hecho que al radicalizar las penas no se influye automáticamente en la reducción del número o en la intensidad de los delitos. Y ello ocurre, por ejemplo, desde que las autoridades municipales y la Sunat permiten puntos de venta informales de receptadores disfrazados de comerciantes. Mientras haya grandes centros donde se compran y venden cosas robadas, sencillamente el delito va a continuar.

Por otro lado, los canales de prevención del delito –tema que no sólo es policial– están oxidados o brillan por su ausencia. Los funcionarios de los gobiernos regionales, locales y de los sectores del Ejecutivo (Ministerio de Trabajo, Ministerio de la Mujer, Instituto Peruano del Deporte, etc.,) no ven ni sienten el problema ni están preparados para enfrentar, por ejemplo, el abandono de la niñez, de adolescentes y jóvenes de hogares fracturados o de familias promiscuas, permitiendo así la multiplicación de ambientes que facilitan el pase de esas personas a pandillas o bandas de delincuentes. Es más, si no se trabaja con los padres en programas antidelito ad hoc, vamos a seguir siendo testigos –o víctimas– de robos.

En conclusión, somos conscientes de que el Legislativo ha dado un paso importante al aprobar un proyecto de ley que castiga con más dureza a reincidentes y receptadores; no obstante si las demás instancias del Estado no hacen lo que les toca, la norma quedará mediatizada sin lograr su objetivo: defender al ciudadano del accionar de los maleantes.

Malas juntas

Una congresista del denominado Partido Nacionalista (PN), cuyo jefe es Ollanta Humala Tasso, tuvo entre su gabinete de asesores –y personal de confianza– a un sujeto que acaba de ser detenido portando 140 kilos de cocaína. Según esa parlamentaria (Nancy Obregón) la relación laboral terminó hace un tiempo y no guarda contacto con el investigado. Sin embargo ello no la exime de riesgo, ni cesa la preocupación acerca del devenir de un partido como el Nacionalista que posee un consabido discurso en defensa de los cocaleros informales que siembran y cosechan la hoja de coca para ser vendida a los narcotraficantes. Imaginemos qué hubiese sucedido si el asesor fuera hombre de confianza de un legislador de Unidad Nacional o el APRA. Los nacionalistas pedirían su desafuero inmediato. ¿O no?

Lamentamos que so pretexto de que los cocaleros son campesinos inocuos, existan políticos que sirven de caja de resonancia a las mafias y los carteles de la droga, olvidando que esos seudoagricultores son eslabones medulares de la “cadena narco”. Aquí existe entonces un innegable costo político que deben asumir la congresista y el PN. Y tendrán que hacerlo, pese a que sus organizaciones de base tienen en los cocaleros informales a una importante base electorera, gente que no sólo contamina los ríos y las tierras de la selva (con acetona, kerosene, ácido sulfúrico, ácido muriático, etc.) sino que tampoco siente remordimiento a sabiendas de que su vil negocio intoxica y mata a millones de adictos al clorhidrato de cocaína en el mundo.

Estamos pues ante una situación delicada. Ollanta Humala aspira a convertirse en conductor del Estado peruano, y en tal contexto acaso facilitaría mayor empatía con el génesis del narcotráfico: los cocaleros, siempre defendidos por su partido y su bancada parlamentaria. Más aún siendo obvio que Humala está adherido al pensamiento imperialista “bolivariano” de la droga y el petróleo que lidera Hugo Chávez, según el cual sólo Estados Unidos debe resolver el problema del tráfico de estupefacientes. Pero los hechos demuestran lo contrario en Venezuela. En los casi once años que viene gobernando Chávez, la captura de narcos en su país disminuyó; el tráfico de drogas aumentó; el número de consumidores subió; y las muertes por ajustes de cuenta ligados al consumo de drogas creció, al punto que inclusive las cifras oficiales señalan que han muerto 150 mil venezolanos durante el régimen chavista. Y esto se agrava, porque Chávez ha cortado todo tipo de convenio de lucha antidroga con los EE UU, habiendo incluso expulsado a la DEA y al NAS.

Miremos ese espejo y reflexionemos sobre lo que podría pasar en el Perú si Ollanta Humala accede a la Casa de Pizarro. De modo que por más que alguien alegue que no existe “vinculación alguna” entre una congresista humalista y su ex asesor –capturado con 140 kilos de cocaína pura–, la verdad es que los cocaleros informales –base del narcotráfico– se sentirían muy cómodos de actuar y proyectarse si –para mala suerte del Perú– existiese una administración pro chavista como la que representa el humalismo. Peor aún cuando la experiencia demuestra la manera como el narcotráfico trata de meter sus tentáculos en la política de los países donde actúa, como ocurre en tierras venezolanas.

Callao: Problema mayor

¿Podremos tener un puerto –el del Callao– seguro y a la vez que no ahuyente al visitante que se acerca al mismo para conocer sus atractivos turísticos? Más aún, ¿podremos darle condiciones mínimas de tranquilidad pública y seguridad ciudadana a la población chalaca, la que en su mayoría es decente y trabajadora, pero vive amenazada por un reducidísimo clan de antisociales que desacretida a una región estrechamente vinculada a Lima?

Ante los terribles hechos de sangre registrados en el Callao durante los últimos días, la Policía Nacional ha realizado varios operativos contra la delincuencia común. Pero no hace mucho, cuando en el Ministerio del Interior estaba el doctor Luis Alva Castro, también se realizaron rastrillajes en diversas zonas del puerto. No obstante es evidente que sirvieron de poco, pues terminada la razzia los delincuentes se reagruparon para continuar sembrando muerte y dolor no solo en las arterias urbanas chalacas sino que desde ahí salen a cometer sus fechorías en distintos puntos de la Gran Lima, cuando no también al interior del país.

Entonces nos enfrentamos a un problema mayor, donde la autoridad regional y local del primer puerto del país requiere de la ayuda del gobierno nacional y de las instituciones públicas y privadas. Lamentamos que hasta ahora ningún político se haya propuesto efectivizar esta iniciativa, para acabar con la indefensión y temor en que viven miles de ciudadanos que viven allí o que por diversos motivos tienen que pasar por el Callao, siendo muchas veces presas de los criminales. Es decir, pasan las administraciones y el problema se agrava con situaciones cada vez más espeluznantes, como cuando bandas de jóvenes y adultos actúan con armas de alto poder de fuego –pistolas automáticas, fusiles de corto y largo alcance o granadas de guerra– que poseen sin problema alguno.

Estamos pues ante una delicada realidad y sin que aparezca una voz que se ocupe de los derechos humanos de tanto niño, adolescente, hombres y mujeres que habitan en el Callao. Las ONG políticas dizque de dd hh nunca lo van a hacer. A esas sólo les preocupan los casos donde puedan sacarle dinero al Estado o a las víctimas, sea mediante reparaciones o indemnizaciones ganadas en cortes internacionales a las cuales cualquier mortal no puede acceder sino está patrocinado por ellas. Entonces los medios de comunicación debemos esforzarnos para que las cosas comiencen a cambiar en el Callao. Proponemos que a los megaoperativos policiales se sume una acción social decidida del gobierno regional, que cuente la vez con un plan piloto en el que participen las organizaciones que quieran colaborar con esa autoridad a fin de impulsar, por ejemplo, el tratamiento idóneo a los jóvenes envueltos en el consumo de drogas o en pandillas, así como materializar una seria labor de resocialización de los ex reclusos que viven en el puerto.

De no hacerlo, pasados los operativos policiales de estos días, todo volverá como antes. Un problema que nadie soluciona, no obstante el número de víctimas que deja en el camino.