Papelón de ayayeros

La Universidad debería ser una institución fiel reflejo de la libertad de pensamiento, la acumulación de sabiduría y conocimiento, como también una tribuna de tolerancia donde se busca la verdad. Siglos de evolución histórica han hecho que la Academia sea hoy el espacio privilegiado donde, primordialmente, los jóvenes se preparan para conducir a la sociedad global. Y, frente a este marco, opinamos que en ningún momento el cardenal Juan Luis Cipriani atentó contra institución alguna cuando, ejerciendo su libertad de pensamiento y expresión, sostuvo que las autoridades de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) deben cumplir cabalmente el Ex corde Eclassiae, aprobado en 1991 por el Papa Juan Pablo II.

Es decir, solicitar que una casa superior de estudios –que lleva nada menos que los nombres de “pontificia” y “católica”– respete a la referida “Constitución Apostólica del Sumo Pontífice sobre las Universidades Católicas”, bastó para que el nuevo rector Marcial Rubio Correa y sus ayayeros, respondieran con prepotencia a tan importante autoridad eclesiástica, quien además de Cardenal es el Arzobispo de Lima. Se evidencia pues que los sectores caviares que respaldan a Rubio Correa –quien no debe estresarse tanto cuando se le recuerda su pasado velasquista y su militancia en el Partido Socialista Revolucionario PSR y su participación en Izquierda Unida–, se han puesto muy nerviosos hasta protagonizar inclusive un papelón mediático. Este escandaloso resbalón se materializó cuando la PUCP contrató costosos avisos en un medio escrito (por cierto con dinero de los estudiantes universitarios) para espetar y agraviar a monseñor Cipriani, así como para intentar refutar su pedido que esa universidad se adecue a los parámetros que hoy le permiten usufructuar –sin rubor– la condición de “pontificia” y católica”.

Pero, reiteramos, la cúpula enquistada en la PUCP patinó estrepitosamente no sólo al practicar el estilo montesinista de obligar a profesores, docentes y alumnos a firmar una suerte de “carta de sujeción” (como en su momento opinó el hábil periodista Aldo Mariátegui), sino porque supuestamente varios de quienes la suscribieron no recuerdan haber firmado un comunicado cuyo texto empezaba así: “Ante las recientes e infundadas declaraciones del Sr. Arzobispo de Lima, Cardenal Juan Luis Cipriani, en las que afirma que la Universidad está siendo ‘copada’ por ciertos grupos de poder desde hace casi 20 años (...)”. Por ello, 24 horas después los promotores de este mamotreto tuvieron que rectificarlo, publicando otro millonario aviso a toda página, aunque señalando torpemente que “el día de ayer se publicó otro texto por error” –es decir, cuando ya habían logrado su propósito de insultar al religioso– demostrando así que la camarilla que manda en la PUCP engañó a muchos de los firmantes, cuya intención no fue agraviar al cardenal Cipriani.

Mal comienzo del rectorado de Rubio Correa, pues de qué transparencia estamos hablando si sus allegados pasan de contrabando el texto de un comunicado para hacerlo firmar por muchos miembros de la comunidad universitaria de la PUCP, pero solo después de publicado algunos se dieron cuenta de que el tenor aparecido no era el que habían leído antes de suscribirlo, por lo que los autores del respaldo maquiavélico a Rubio tuvieron que enmendarlo, retirando el párrafo que atacaba al cardenal Cipriani. Este desaguisado no sólo pone sobre el tapete que “para mentir o comer pescado se debe tener mucho cuidado”, sino que resulta un deshonor para quienes hoy detentan altos cargos en la PUCP, quienes además equivocadamente quieren sorprender a la opinión pública diciendo que la autonomía universitaria está en peligro, cuando en realidad esto no es nada más que otra farsa de la cúpula enquistada en la PUCP.

Actores profesionales

El reparto de actores crece para agitar las aguas latinoamericanas con miras a instituir gobiernos títeres manipulados por la denominada “revolución bolivariana”. En el caso del Perú, las elecciones generales se realizarán en abril de 2011.

Sin embargo desde ahora la agitación frenética ha empezado en diversos escenarios. Por ejemplo, mientras el candidato favorito de Hugo Chávez, de nombre Ollanta Humala, adquiere roce internacional en elegantes foros europeos y en giras destinadas a quitarle la imagen de militarote velasquista, tozudo e insurrecto, otros son los que organizan las huelgas o, como las llaman ahora, “jornadas de lucha”, y desde el Parlamento se continúa con las tareas de agitación.

No cabe duda que ante el fracaso del paro programado para los días 7, 8 y 9 de julio, algo tenían que idear las huestes humalistas, aliadas a todo ese mosaico de grupos que van desde radicales de la izquierda infantil hasta facciones terroristas sumidas hoy en sus procesos de reconstrucción interna, pero todos alentados por el entusiasmo y los dólares del chavismo. Así, se tenía que buscar gente con cara de “yo no fui”, o personajes que simulan no matar ni una mosca. Para eso entró en escena el congresista Víctor Mayorga, quien permitió no sólo el ingreso de emerretistas al Congreso de la República, sino que les autorizó a dar allí una conferencia de prensa. Parte del guión fue mostrarse sorprendido por las declaraciones de la facción Patria Libre, que dicho sea de paso no es un nuevo partido que quiere participar en la política, sino que subrepticiamente lo hace desde 20 años atrás como fachada del MRTA.

Mientras Ollanta Humala quiere aparecer por encima del bien y del mal, aunque atacando a medios de prensa con falacias para no responder por sus temerarias declaraciones en el exterior, aquí en Perú el guión sigue exponiéndose capítulo por capítulo. Así un cándido Mayorga salió a disculparse por distintos medios pero su objetivo lo había logrado: poner ante los ojos de millones de televidentes a nada inofensivos dirigentes de Patria Libre, quienes tienen la misión de agudizar las contradicciones con miras a la campaña electoral que se aproxima. Lamentablemente en medio de ese teatro, donde todas las fuerzas de izquierda suman –unas desempeñando el rol de galán y otras en calidad de personajes secundarios–, tampoco podían faltar los “extras”, quienes se encargarán de aumentar el volumen de la caja de resonancia noticiosa sobre el resurgir de la izquierda antisistema bajo el “socialismo del siglo XXI” promovido por el imperialista petrolero Hugo Chávez.

Para aumentar el drama e intriga en la platea, uno de esos “extras” ha espetado: “los informes de inteligencia no sirven para nada” y exige que “termine la persecución política contra Patria Libre”, desconociendo que es vital para todo Estado libre prevenir amenazas presentes o futuras mediante la producción de inteligencia, y que esas acciones en sí mismas no constituyen “persecución”, toda vez que se hacen para evitar mayores acechos colectivos a la sociedad. Y otro “extra”, pese a haber sido ministro del Interior, ha dicho con total empacho que “el MRTA no existe”. Por Dios, con tanto ingenuo rentado por ONGs o motivado por la figuración, vemos que el país no supera yerros del pasado. Como cuando aquel ex ministro de gobierno belaundista, José María de la Jara, en la década del sesenta minimizó a grupos radicales que luego germinaron la lucha armada con el saldo de veinte mil muertos y miles de millones de dólares en pérdida

Alan García volverá a bailar con Gisela

Hace tiempo que el dirigente del Partido Nacionalista, Ollanta Humala, viene lavándose la cara para presentarse a las elecciones generales del 2011. Pero en Madrid (España) ha llegado al colmo de hacerse un peeling. El encuentro de Humala con el novelista Mario Vargas Llosa nos lleva a comprobar que se ha tomado muy en serio esta aspiración y está decidido inclusive a bajar el tono de sus postulados radicales –y simular un estratégico retroceso sobre sus formas políticas autoritarias– a fin de acabar de triunfador en las ánforas y constituirse –a como dé lugar– en presidente del Perú. Deben quedar plenamente establecidos varios elementos en esta suerte de nuevo estilo del nacionalista, quien por lo visto va por un lado mientras su bancada parlamentaria enrumba por otro, luego de conocerse los coqueteos de ésta con los seguidores del terrorista Víctor Polay, encarnados actualmente en “Patria Libre”, y hasta sirviéndoles de coordinadora para la conferencia de prensa lanzada desde el Congreso de la República para dar loas al gestor del asalto criminal (Néstor Cerpa Cartoloni) a la residencia del embajador del Japón en el Perú. Esta descoordinación “nacionalista” es la mejor prueba de la hipocresía y de la escopeta de dos cañones del humalismo, hechos que deben advertir los incautos a fin de que, al final de la campaña electoral –siempre engañosas–, no acaben apoyando a un chavista disfrazado de demócrata para conducir al país por un camino desastroso ya experimentado.

Pero esta táctica, exteriorizada desde Madrid, se afina justo después de la respuesta institucional hondureña al transfuguismo de Manuel Zelaya –converso de liberal a chavista–. Zelaya es la más reciente demostración de que la antropofagia de Hugo Chávez no tiene límites y que puede captar –obviamente “comprar” con fondos petroleros– a líderes disfrazados de demócratas, inclusive a políticos luego de que éstos juren como presidentes –como notamos en países vecinos y distantes– con la seguridad de hacerlos virar hacia la ruta de su denominado “socialismo del siglo XXI”. Tampoco olvidemos que en el objetivo de capturar el poder, uno de los partners de Chávez, Fidel Castro, hace medio siglo concretó similar maquiavelismo, cuando –por ejemplo– convocó a demócratas latinoamericanos y conformó misiones en países –hasta en el Perú– a fin de pedir ayuda para derrocar al dictador Batista, pero una vez que lo consiguió vendió su revolución al Partido Comunista del Kremlin.

El cambio de estrategia también puede funcionar al revés. Es decir desde la periferia de Venezuela y no sólo desde el centro del chavismo (Palacio de Miraflores). Ocurre cuando los adláteres de Hugo Chávez –Ollanta Humala en el caso peruano– aguzan sus planes mediáticos ya sea comprando o alquilando medios de comunicación, o reuniéndose con connotados intelectuales liberales para “blanquearse” y entonar mejor con el elector promedio, a quien engatusan para captar el voto situado en el centro. Por eso no escatiman ponderar ahora a favor de la inversión privada o del libre mercado, dando así –sin rubor– un giro de 180 grados respecto a sus propuestas y discursos de hace solo meses. En este proceso, a Ollanta Humala no le interesa asumir pequeños costos. Total, sus huestes radicalizadas suman muy poco para ganar una elección. Lo importante para él es llegar al gobierno trampeando al elector de centro. Y una vez consolidado en el mando supremo imponer su ideología original. Entonces el debate no va por el significado de la palabra “nacionalismo” (discusión bizantina) sino por las actitudes de quien lo encarna: arbitrariedad, engaño, estatismo, totalitarismo y mesianismo.

Reenganche de licenciados

No cabe duda de que las Fuerzas Armadas tienen un rol constitucional de primer orden en el desarrollo del país. En el caso específico del Ejército del Perú (EP), dada su homogénea presencia en los rincones más alejados de la costa, sierra y selva, queda en evidencia su estrecha vinculación con la población de todos los segmentos sociales. Por eso es menester atender el pedido de su comandante general, el Gral. EP Otto Guibovich, quien ha ratificado la importancia de que el Congreso de la República apruebe el proyecto de ley que permite “reenganchar” al personal licenciado de las FF AA a sus respectivas instituciones en las cuales cumplieron el servicio militar, a fin de contar con tropas especializadas y permanentemente actualizadas. Inclusive, en aspectos que tienen relación con la modernización y operatividad estratégica, no es apropiada la manera como actualmente muchos jóvenes cumplen su servicio militar a la patria (voluntario por cierto, pues lamentablemente así se modificó la ley) ya que ellos no reciben el debido apoyo del Estado para que cuenten con incentivos que les permitan seguir una verdadera carrera en los institutos castrenses. Si a esto se agrega que el personal de tropa tiene mucha rotación, la consecuencia es que –en el tiempo– no se tendrá ni mantendrá el número adecuado y constante de efectivos preparados –y una reserva debidamente entrenada– que una nación requiere para garantizar su seguridad. En medio de este negativo contexto lo único que se consigue es malgastar recursos que al final dificultarán dar el salto cualitativo en cuanto se refiere a la buena gerencia de los recursos humanos en las FF AA.

Pero además dicha iniciativa legislativa permitiría evitará que algunos “reservistas” resulten alienados por doctrinas radicales o por irresponsables demagogos antisistema. En ese sentido, entiende muy bien el comandante general del Ejército que de esta manera se podría recuperar a jóvenes “reservistas” que en este momento están dando vueltas, sin trabajo y desperdiciando su tiempo. Según el general EP Otto Guibovich: “Si esos muchachos que están por allí desean reincorporarse, es bueno que tengan las puertas abiertas para hacerlo y pueden hacer una carrera como soldados permanentes”. Por eso creemos que es oportuno que se debata y apruebe un proyecto de ley de esta envergadura, que permita a los jóvenes que han logrado licenciarse, y que no tienen bien en claro qué opción tomar en sus vidas, contar con una norma legal que les aliente a seguir en las FF AA, engrosando las filas de nuevos cuerpos especializados permanentes, y mejor si están integrados por gente proveniente del servicio militar que desea hacer una carrera sólida y respetable.

Esperamos que este tema, visto ya en la Comisión de Defensa del Congreso de la República, se concrete en la próxima legislatura y se convierta en ley. El Perú necesita fortalecer sus FF AA y esta es una de las tantas fórmulas que coadyuvarán a este objetivo nacional.

Reglas de tránsito

Es de locos que el Congreso de la República apruebe leyes –y que el Ejecutivo las reglamente con decretos supremos– pero que luego esas mismas normas sean reparadas en seudo “mesas de diálogo” conformadas entre las autoridades (llamadas a hacerlas cumplir) y cualquier imberbe disfrazado de dirigente (también obligado a acatarlas), para que finalmente sean enmendadas mediante “actas” firmadas por representantes del Ejecutivo. Los miembros del gobierno tienen que erradicar esa actitud sumisa e improvisada frente a las presiones de grupos que sólo buscan vivir en el desorden y se resisten a construir una sociedad civilizada. La institucionalidad y el estado de derecho también está en las pistas y carreteras. Este asunto no es un tema menos grave que, por ejemplo, el acontecido en Bagua –donde la turba azuzada por “dirigentes” indígenas asesinó a 24 policías y hasta hoy nadie está en la cárcel– pues anualmente hay más muertes causadas por accidentes automovilísticos ocasionados por energúmenos e incapaces que no distinguen entre la norma y el salvajismo. Por eso respaldamos a los ciudadanos que demandan mayor sanción a quienes infringen el Código de Tránsito, como los familiares de aquellos que perdieron la vida –o quedaron tullidos– a causa de malos chóferes del servicio público o particular.

A lo largo de la última década ya bastante se ha modificado el Código aludido. Pero ahora un sector del gremio de transportistas exige impedir su cumplimiento, recurriendo a un nuevo paro para exigir que la norma sea modificada más de lo que ya está. Entonces es sencillamente la autoridad la que, con sus retrocesos y ambigüedades, está propiciando que las leyes sean en el Perú un saludo a la bandera, y que otros grupos sociales hagan lo propio, pues éstos advierten que con medidas de lucha, jornadas violentas o movilizaciones el gobierno pone los pies en polvorosa, en vez de imponer su autoridad para hacer respetar las sanciones previstas para los malos conductores. Al respecto, censuramos que ahora el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) alegue que se restringirá la función de la Policía de Tránsito durante las intervenciones a los chóferes y vehículos, y que se compensarán con más “puntos” a los infractores de tránsito a cambio de capacitación.

También deploramos que un sector de transportistas insista con el paro para conseguir –a la mala– la rebaja de las multas a las que se hacen acreedores por su salvajismo. En este extremo, si bien el ministro de Transportes y Comunicaciones ha señalado que se trata de “un asunto no negociable”, pensamos que ya está saliéndose de la raya ese método chantajista que pone contra las cuerdas al Estado peruano, predicando el vandalismo como sistema para desacatar las leyes, vía su derogatoria o modificación. Los gremios de transportistas no tienen autoridad moral para reclamar, ya que inclusive muchos de sus miembros tienen innumerables papeletas impagas desde hace años, y pese a ello hoy quieren que los montos de las multas por infracciones sean modificados. En esta situación, señores del gobierno, el único lema es hacer cumplir la ley y no retroceder ante la sinrazón.

En torno a Salud

¿Cuán unidos estamos para enfrentar eficazmente la pandemia de la gripe AH1N1? Hace apenas unas semanas nos preciábamos de ser la nación con menor número de víctimas fatales y con la más reducida estadística de morbilidad en relación a ese nocivo virus de la influenza. Es verdad que aún no hemos llegado a los extremos experimentados en México, Chile o Argentina, pero tampoco debemos quedarnos en medio de esta contemplación. Necesitamos actuar ahora reconociendo la importancia de articular energías y políticas a fin de evitar que la pandemia se salga de control en el país, pese a las noticias provenientes del exterior que informan acerca del descenso de la curva de contagios en el mundo. Actualmente, y por cierto con más coordinación desde la experiencia vivida por el Perú a principios de la década de los noventa cuando se expandió el cólera, el Ministerio de Salud (Minsa) está desempeñando un rol articulador y es escuchado por los demás sectores como nunca antes. Lo hace Educación, Defensa, Justicia, etc. El adelanto de vacaciones escolares de medio año no obstante que quizá debió plantearse un poco antes; la postergación del desfile militar por Fiestas Patrias; o la vacunación contra la gripe entre los reclusos como una forma de prevención entre la población penitenciaria, hablan de una voluntad coherente por defender al país de peores consecuencias. A esto hay que sumar el papel desarrollado por la actividad privada, gremios empresariales, corporaciones, laboratorios, clínicas, etc., aunque primero hubo una aislada actitud irresponsable de un colegio particular que en medio de la alerta mundial envió a una promoción de alumnos a Punta Cana, pero lo concreto es que todos se movilizan en pro de la salud.

Pueden haber cabos sueltos por atar, algunas descoordinaciones con gobiernos regionales, sin embargo transformemos positivamente este trance haciendo de la crisis una oportunidad para lograr que sea el Perú uno de los países que con mayor éxito enfrentó la pandemia de la influenza AH1N1. Hay dos lemas vertebradores: “El Perú unido contra la influenza” y “El Perú avanza”. Trabajemos para que no sean frases propias de algún marketing político gubernamental sino que se conviertan en inteligencia genuina, músculo y técnica a favor de los valores y acciones que permitirán defender a nuestra comunidad. Similar situación debería practicar la dirigencia nacional frente a la crisis económica mundial. En esto también el reto es el mismo: morigerar los efectos de la recesión global sobre nuestro desarrollo y crecimiento.

Por supuesto que aquello no significa ignorar deficiencias, errores o desaciertos. Al contrario, si tenemos la ruta trazada y objetivos claros, debemos cuestionar cuando se improvisa en algunos hospitales o no se avanza como es debido. Naturalmente siempre las críticas constructivas son las valederas y no las zancadillas puestas de mala fe. Superemos los problemas de gestión para preservar del foco de contagio a nuestros compatriotas y a los ciudadanos extranjeros que están de visita en el Perú. Seamos conscientes que como nunca antes estamos preocupados y unidos en torno a la salud y es la oportunidad de que el Minsa genere disciplina y voluntad para hacer frente no sólo a la influenza sino también a otros males como la tuberculosis, la hepatitis B o la neumonía presente en zonas altoandinas.

Municipio mayor

En la semana que transcurrió la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) anotó varios puntos en favor del habitante de nuestra megaciudad. La más importante ha sido escuchar a los vecinos que viven –y a quienes transitan– por las inmediaciones del Campo de Marte frente a esa decisión demencial del Concejo Distrital de Jesús María de construir una obra en medio de la vía pública.
La alternativa acertada de la MML ha sido entonces demoler esa edificación ilegal, arbitraria y descabellada. En realidad no entendemos qué pasa por la cabeza del burgomaestre de esa localidad, cuando permite este tipo de proyecto que entorpece el tráfico automovilístico y rompe la perspectiva arquitectónica de un lugar caracterizado por su diseño en base a amplios espacios abiertos.

Por eso hay que felicitar a la MML que ha hecho que miles de limeños se sientan protegidos ante el capricho e incoherencia de ciertas autoridades distritales, muchas de las cuales no saben en qué gastar el dinero del contribuyente, y proceden a aprobar obras que resultan verdaderos bodrios, en vez de invertir eficazmente esos recursos. Por más que diga el alcalde de Jesús María que cuenta con el apoyo de un grupo de vecinos o que sólo busca construir –dizque– un local para el adulto mayor de su circunscripción, sencillamente le decimos que se equivocó. Porque no se puede hacer una obra de esa envergadura en medio de una calzada, pista que no sólo es curva –a un lado del Campo de Marte– sino que no se presta para edificar ahí un salón, poniendo así en peligro la vida del adulto mayor que desee ingresar o salir de ese ambiente. Los accidentes de tránsito están a la vuelta de la esquina, pero por fortuna la MML supo ponerle coto a este tema.

De otro lado, otro punto a favor de la capital ha sido el reforzamiento de la seguridad en el Centro de Lima. Durante la semana pasada, el alcalde Luis Castañeda Lossio entregó modernas unidades motorizadas económicas y ecológicas (40 patrulleros, 15 camionetas, 60 motos), pues usarán gas natural –aparte de 100 bicicletas para los “serenos”– destinadas a garantizar la seguridad de los vecinos y turistas. Esta iniciativa ha sido posible gracias a una inversión que supera los S/. 4 millones. Además, se sabe que la antigua flota de vehículos de la MML será repotenciada y entregada a los distritos que no cuentan con tales unidades, a fin de que velen por la seguridad ciudadana de sus lugareños, lográndose de esta manera poner en práctica el denominado programa “Serenazgo sin Fronteras”.

Basta ver los dos ejemplos que ponemos a consideración de nuestros lectores –en los cuales la MML ratificó una misión especial como si fuera, literalmente, el hermano mayor de los municipios limeños–, para darnos cuenta de que hay múltiples y complejos problemas en la ciudad. Pero precisamente muchos de esos inconvenientes son fomentados, inclusive, por las propias autoridades locales, como el caso de la comuna de Jesús María, por lo que urge el concurso de todos los gobiernos locales para encontrar soluciones coordinadas que hagan finalmente de la Gran Capital un lugar idóneo para vivir.

Ex presidente

Como medio periodístico que contribuye a formar opinión, naturalmente respetamos las ideas cuando éstas son vertidas por actores políticos válidos. Pero las rechazamos cuando provienen de demagogos o imberbes que fungen de suma autoridad. Esto último, a propósito de las recientes, incalificables expresiones despectivas del ex presidente Alejandro Toledo, dirigidas contra el actual jefe del Gabinete, palabras que calificamos de impertinentes, excesivas y pendencieras. Deploramos que un ex presidente haya usado los medios de prensa para lanzar infundios –en un momento de evidente tensión política interna–, recurriendo a calificativos que convierten su intervención en vergonzoso desliz.

Que no se malinterprete. No intentamos asumir la defensa del premier, pues creemos que él puede hacerlo solo, con sus colaboradores, o con el partido al cual pertenece. De lo que se trata es de llamar la atención sobre la actuación electorera de Alejandro Toledo, quien insiste de manera sistemática en usar a la prensa para explayarse sobre temas de política, acostumbrado a declarar corriendo al o del aeropuerto –porque, por boca del propio Toledo, su apretada agenda cosmopolita lo lleva a viajar constantemente por los cinco continentes–. Toledo tiene el derecho a opinar pero, definitivamente, no descendiendo a su acostumbrado nivel arrabalero, y encima ocultándole al país su verdadero objetivo: demoler la gobernabilidad para –en forma temeraria– allanar el camino de su candidatura para el 2011.

Peor aún, resulta insultante que este ex mandatario señale que el ex presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, ha sido “sacado del fondo de la olla”, y que es “un político de tercera línea”, un “chí señó” del gobierno actual. Ante esa díscola fraseología debemos decir que Toledo no es precisamente un individuo que exhiba verbo redondo ni ironía fina y educada, dos condiciones elementales para la polémica. Está a años luz de la elegancia de un Fernando Belaunde Terry, por ejemplo, hombre hábil en la esgrima verbal. Por cierto no hay punto de comparación, pero Toledo insiste en ese estilo venenoso que solo contribuye a consolidar el espíritu subversivo que viene imponiendo la ultra como práctica política. Y cuidado que Toledo deberá responder por un asunto puntual que esa misma ultra va a usar como consigna electorera: la falta del gas de Camisea para satisfacer el mercado interno, debido a los cuestionables, oscuros contratos suscritos en su gestión.

En consecuencia, la torva artillería verbal de Alejandro Toledo confirma que no es –nunca fue y jamás será– un estadista ni tampoco un académico con solvencia intelectual y debida madurez, a pesar de haber transitado por la primera magistratura de la República. El Perú necesita centrar el debate de los problemas institucionales, sociales y económicos del país, lejos de la pedestre demagogia, fuera del irresponsable titular o de la huachafa pachotada para la platea. Los que se consideran líderes deben estar por encima de la “chaveta política”, más todavía cuando alguno fue jefe de Estado, estando obligado a conservar la sindéresis de tal investidura. Predicar con el ejemplo es lo mejor. El asunto es que Alejandro Toledo demuestra consistentemente que no puede hacerlo.

Cuidado con los plazos

Nos ponemos en los zapatos de los deudos de los policías asesinados como consecuencia de la asonada humalista de enero de 2005, acto sedicioso conocido como el “Andahuaylazo” donde el Perú quedó en zozobra a causa de una mentalidad perversa e ideológicamente trastocada.
Pero qué indignación y desconsuelo pueden sentir los deudos de seres humanos que vistieron el uniforme del Escuadrón Verde de la PNP, quienes fueron enviados a Apurímac a reponer la paz luego que el sicópata Antauro Humala –cabecilla que usó a los “reservistas” para saltar a la palestra política del país– asaltara la comisaría y tomara rehenes para proclamar una supuesta rebelión “etnocacerista”, aunque después no tuvo ningún resquemor en retroceder cobardemente tras haber asesinado a los agentes del orden.

Estamos ante un hecho que configura evidentemente un delito mayor contra el Estado y la sociedad. Un crimen con pérdida de vidas humanas de por medio. Pero lamentablemente el caso hasta hoy no es resuelto por el Poder Judicial, debido no solo a la lentitud de los magistrados y auxiliares de justicia, sino a las estrategias de la defensa de los reos que se dedicaron a faltarle el respeto a la Justicia como estrategia para por demorar el proceso. A propósito, nos imaginamos cómo caminarán otros procesos penales sin la connotación mediática ni la trascendencia política del “Andahuaylazo”, con la subsiguiente injusticia que genera toda tardanza para los agraviados, los inculpados y la propia sociedad.

Mientras tanto hay mucha gente en prisión –como Antauro Humala– sin sentencia por más de 36 meses de iniciado el proceso, existiendo para esta circunstancia una ley expresa que manda que nadie deba estar encarcelado más allá de ese período de tiempo. Entonces la primera impresión que tenemos es que todavía existen problemas muy serios en la administración de justicia, que atentan contra la celeridad y la eficiencia de los órganos jurisdiccionales. También entendemos que mucho se habla de “reforma judicial” pero, increíblemente, muy poco de ella se lleva satisfactoriamente a la práctica. Dicho sea de paso, ¿y con tamaños agravantes los magistrados se oponen a la capacitación y evaluación continuas?

No obstante, para ese tipo de enredos procesales siempre hay salidas. Por ejemplo, en el caso de Antauro Humala, se señala que es correcta la prórroga de su detención porque este indeseable fue amonestado múltiples veces y expulsado en cinco ocasiones del recinto judicial por la Primera Sala para Reos en Cárcel, debido a su indigna, atrevida conducta durante el juicio (sanciones que se produjeron el 21 de julio y 13 de octubre de 2008, así como el 23 de febrero, 11 de mayo y 9 de julio del 2009), retrasando así las fases del mismo. Ahora bien, por encima de lo que pida la defensa del reo Antauro Humala, o más allá de lo que determine el Tribunal Constitucional –uno de cuyos integrantes, Ricardo Beaumont Callirgos, ha tenido la temeridad de adelantar opinión en este gravísimo caso, que deberá tomar muy en cuenta los estropicios cometidos por el acusado Humala para demorar en forma adrede su proceso–, el problema estriba en la ineficiencia estructural de la Judicatura, que no va a tono con la evolución social y económica nacional que, pese a la crisis externa, avanza, mientras la Justicia discurre en los tiempos de la carreta. Frente a esta realidad, ¿es posible pensar en ser una gran Nación bajo esa perspectiva? Invocamos a magistrados y ciudadanos a tener mayor compromiso con sus deberes.

Devaluando su profesión

Nos solidarizamos con la ciudadanía –en particular con la queja del paciente que acude a los servicios de salud estatales a implorar ayuda por sus dolencias– pues ha rechazado las acciones de fuerzas de una cúpula politizada de galenos.
La respuesta de la población no podía ser otra, porque en este momento el país no sólo sobrepasa los 2,200 casos de influenza AH1N1 sino que –como muchas otras naciones del planeta– transita por la terrible realidad de una pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud y porque, en temporada invernal, los habitantes de la costa sufren más los estragos de las alergias respiratorias, y los pobladores altoandinos sujetos a la inclemencia de friajes y heladas.

Qué indignante que el gremio médico haya incurrido en la misma desconsideración acostumbrada de la CGTP comunista. Hasta ha repetido los mismos términos que usa la camarilla socialista cuando, como parte de sus protestas, desciende a vulgares galimatías. Por ejemplo al señalar que su “paro nacional” es una simple “jornada de lucha”. ¿Cuál es la diferencia entre “paro” y “jornada de movilización” si para los efectos prácticos ambos alteran el normal desenvolvimiento de los centros de salud, con lamentables consecuencias, a veces fatales, para los pacientes u otros médicos que sí quieren laborar? El país está harto de paros y, en concreto, de las huelgas médicas que paralizan el sector Salud, pues la sociedad se encuentra en alerta amarilla ante la probabilidad que se agrave la presencia de un virus de gripe que ya ha cobrado la vida de varios compatriotas.

Pero la situación se torna repudiable cuando, en esencia, el pliego de reclamos de los médicos del Ministerio de Salud se basa en un punto: ganar lo mismo que los galenos de EsSalud. Este es un capricho pueril, un gesto ambicioso y una muestra de absoluta ignorancia, ya que se trata de dos instituciones y realidades diferentes. Por un lado está el Ministerio de Salud (Minsa) –una entidad estatal de servicio público, y cuyos integrantes son funcionarios con el deber de atender, en especial, a los ciudadanos de menores recursos–; y de otra parte está EsSalud, organización autónoma con un directorio integrado por representantes de los trabajadores, los empleadores y el Estado, funcionando fundamentalmente dentro del marco del derecho privado. Es realmente infantil decir “quiero ganar como mi colega que viste guardapolvo turquesa”, y si no consigo esa homologación “dejo de atender a mis pacientes”. Intolerable desde todo punto de vista.

Exigimos a los profesionales que dirigen el sindicato de galenos que superen esa tonta ambición, este vil reclamo antojadizo. Sería racional y maduro que pidan mejoras salariales sin comparar sus ingresos con los médicos de EsSalud. Pero, sobre todo, que busquen su beneficio sin chantajear al país, pues sus “paros” o “jornadas de lucha” perjudican a los más pobres, es decir a quienes tienen serias dificultades para acceder a un servicio médico privado. Ya bastante drama viven estos pobladores como para, encima, sufrir la indiferencia de sus médicos politizados. De continuar las medidas de fuerza –como la de ayer– los médicos estatales estarán devaluando el prestigio de su profesión que, por encima de todo, está sujeta al juramento hipocrático.

Pasivo municipal

El primer consejo de ministros del gabinete que preside Javier Velásquez Quesquén aprobó transferir S/. 432 millones a los gobierno locales. El gesto del Ejecutivo es bueno pero esa cifra, según voceros de la Asociación de Municipalidades (Ampe), es insuficiente. Puede ser cierto esto último, pero también es una realidad que el Erario ha sufrido una contracción como consecuencia de la –aún sumamente seria– crisis económica mundial. Nadie niega que las provincias y distritos requieran fondos, toda vez que, por ejemplo, el dinero del Foncomún asimismo disminuyó por efecto de la crisis internacional, que presionó a la baja a la recaudación del Impuesto General a las Ventas, tributo que involucra el impuesto de promoción municipal. Por ello los alcaldes solicitan compensaciones. De acuerdo que así lo hagan, pero no se trata tampoco de ir alzando el tono de las protestas ni mucho menos confrontar con el MEF, el primer ministro, o con el propio presidente de la República. El Perú necesita que todas sus instituciones públicas coordinen y cooperen, evitando generar más zozobra o alteración de la paz social, que ya bastante tenemos con los conflictos sociales politizados. Lamentablemente para algunos lo más fácil es pedir, olvidando que existen problemas a causa de sus propias deficiencias.

Se supone que los mejores líderes locales son elegidos burgomaestres. Estos –acompañados por sus cuerpos de regidores– deben gobernar sus distritos o provincias con inteligencia, dedicación y emoción social. Sin embargo no todos entonan con la eficacia que la sociedad espera. Por eso, antes de pedir, las autoridades locales deben exhibir qué están haciendo realmente para cambiar el panorama de sus jurisdicciones. Para citar un ejemplo, las municipalidades son los primeros entes del Estado en ponerle trabas burocráticas al ciudadano. No olvidemos que del 100% de denuncias que existen en Indecopi por este concepto, el 75% corresponde a quejas contra los gobiernos locales. Y por si no lo saben los alcaldes, este problema aparentemente inofensivo afecta la oferta de trabajo al restarle competitividad a las empresas de sus zonas. Y además existen otras omisiones municipales como no pagar sus impuestos a la Sunat, ni estar al día con sus obligaciones a EsSalud.

Entonces no se trata de decir, de manera mediocre, no hay recursos, ya que un gobernante inteligente tiene que mejorar la eficiencia de su administración a fin de reducir costos. Asimismo necesita ejecutar proyectos productivos e innovar procesos que le generen nuevos fondos. De modo que antes de reclamar alegremente a papá gobierno, los alcaldes deben echar una mirada a su gestión, y comprobar si están cumpliendo con las promesas que hicieron al solicitar el voto del pueblo, así como analizar si realmente están trabajando –con entrega– para servir a aquel ciudadano que vía las ánforas los puso como autoridades. Peor todavía cuando existen comunas que incurren en sobrevaloraciones y otras irregularidades. Una de ellas es la del Cusco, donde el actual alcalde ha planteado serias denuncias contra sus antecesores, quienes dejaron en estado calamitoso la economía edil. De ello, por ejemplo, ¿por qué no se ocupa la Ampe?

Análisis transaccional

Más de uno al leer la palabra “transaccional” pensará que se trata de un término caviar que tiene que ver con las ONG dedicadas a los derechos humanos. No es así. Sucede que a finales de la década de los noventa la izquierda progre no encontró mejor idea que copiar –plagiar– un término que venía usando la psicología analítica desde los años setenta; y así, al usufructuar de ese concepto, tuvo inclusive la desfachatez de fundar entidades como el Centro Internacional de Justicia Transaccional (CIJT), una de las tantas ONG que la representa en nuestro país a la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh). Sin embargo, valga esta oportunidad –en la que Lima será sede del XXIX Congreso Internacional de Análisis Transaccional (del 5 al 8 de agosto próximo)– para demostrar que el vocablo “transaccional” es muy anterior a la ideología derechohumanista de las ONG; y, dicho sea de paso, para denunciar la piratería intelectual de los autodenominados defensores de los dd hh, quienes están a la caza de palabras rebuscadas para llenar sus discursos retóricos no sólo con el tema de los dd hh, sino también para interferir en los mecanismos procesales penales digitando a jueces y fiscales, la forma más perversa –pero efectiva– para perseguir a políticos, militares y policías supuestamente violadores de dd hh.

Para deshonra de las ONG políticas –que en los últimos años han querido ganar prestigio presentándose, por ejemplo, como pioneros de la justicia “transaccional”– la verdad es que ese término ya es aplicado por la psicología desde la década de los setenta, para buscar el desarrollo, salud y felicidad del ser humano mediante la resolución de conflictos sociales, familiares, empresariales o de pareja. Entre sus terapias destaca la redecisión en acción, la alfabetización emocional; la sobrevivencia de la sociedad, la reestructuración de nuevos patrones de comportamiento cultural, entre otros. El análisis transaccional parte pues de la teoría de la personalidad para mejorar la calidad de vida e incrementar la paz social.

Precisamente ahora el Perú ha sido elegido sede del referido evento, por ser uno de los países más activos en este campo y por su experiencia de más treinta años en el entrenamiento de profesionales acreditados como “analistas transaccionales”. Pensamos que en este momento –donde no sólo vimos con dolor por los luctuosos sucesos de Bagua, sino que asistimos como mudos testigos a los crueles asesinatos de una folclorista y de un estilista–, aplicar el análisis transaccional en la resolución de conflictos, de diverso origen y nivel, resulta una oportunidad inmejorable para hacer partícipe al público de esos contenidos que, sin duda, servirán de fuente de enriquecimiento intelectual y contacto humano donde la persona puede empoderarse de la urgencia de promover el bienestar. Hay que saludar a los organizadores, psicólogos nacionales y extranjero, por elegir al Perú como anfitrión de este Congreso denominado “Nueva vida desde viejas raíces”, nombre quizá establecido así porque en esta tierra surgió una de las culturas más antiguas de la civilización, la misma que puede servir de inspiración para fomentar el autoconocimiento e interacción con los demás, buscando a la vez una filosofía de vida y la mejor comunicación humana. Si esto cada persona no lo asimila, aunque sea empíricamente, los conflictos seguirán agravándose y multiplicándose.

Deuda interna

En la década de los ochenta se habló demasiado de la deuda externa, cuyo pago el Perú viene cumpliendo religiosamente. Sin embargo, pese a haber ingresado al tercer milenio, la deuda interna continúa sin ser atendida en varias de sus múltiples facetas. Corresponde al Estado cancelar lo que adeuda a los ciudadanos despojados de sus propiedades por la reforma agraria (RA), decisión revanchista del velasquismo adoptada por ucase y sin estudios, planes ni criterio técnico o jurídico, y lo que al final del día resultó un fracaso. Sólo hizo transitar al Perú por una aventura socializante que ha generado desencanto, miseria en el campo (ni siquiera pobreza), retroceso tecnológico y competitivo del Perú. El dictador Velasco Alvarado nunca cumplió con pagar el justiprecio real ni las indemnizaciones a los agricultores, que los había grandes, medianos y pequeños. Porque cuando se habla que éstos recibieron bonos, en la práctica fueron papeles que no cumplieron el fin de resarcir a quienes sufrieron la confiscación no solo de sus tierras sino también la muerte lenta de su ganado, la depredación de sus maquinarias, equipos y herramientas. Porque cuando la dictadura socialista de Velasco repartió millones de hectáreas a campesinos sin recursos financieros ni experiencia administrativa, aparecieron las sociedades agrarias de interés social y las cooperativas –tierra de nadie y fuente de abuso con el campesino por parte de tecnócratas y políticos– donde irresponsables vieron sus ambiciones antes que la necesidad de los pobres y, por tanto, todo se fue por la borda.

Si existía la leyenda acerca de malos gamonales o del abuso en las haciendas, lo cierto es que ésta era una visión parcial y oprobiosa de la vida peruana. Pues en forma interesada se ignoró la otra cara: la armonía, bonanza y la eficiencia que se vivía en la mayoría de aquellas unidades productivas que en conjunto hicieran del Perú la tercera potencia agrícola de Latinoamérica. Para muestra un botón: después de 40 años de RA, recién el 2005 alcanzamos el índice del PBI per cápita que había en 1969. De otro lado, mientras la evolución histórica del Perú, como la de cualquier otro país, avanzaba gradualmente a solucionar los problemas de la tierra mediante cambios aplicados con racionalidad y respeto al orden jurídico (Manuel Prado y Fernando Belaunde trabajaron al respecto), un mesiánico como Velasco tuvo la infeliz idea de patear el tablero de la Constitución para hacer a su manera una seudo “revolución agraria” que sólo trajo injusticia, ya que los campesinos se sumieron en medio de discursos retóricos y palabrería hueca que no les llenó el estómago ni les permitió un futuro mejor para sus hijos. Es más, muchos de ellos (por necesidad) tuvieron que sembrar coca para el narcotráfico, con todo el drama que ello representa.

Lamentablemente han pasado varios gobiernos democráticos sin que hasta ahora se supere esta fractura nacional. Un adeudo que debe ya concluir a través del pago de la deuda que mantiene el Estado con los confiscados de la RA. No olvidemos que muchos de ellos sólo tenían su terreno agrícola, activo que fuera trabajado con dedicación para el sustento de sus familias, el salario de los campesinos, y el pago de impuestos al país. Pues bien, ¿cuándo se va a indemnizarlos por la confiscación de la que fueron víctimas? ¿O es que son ciudadanos de segunda cuyos derechos humanos no tienen valor? No se puede hablar de estado de derecho, entonces, mientras esta obligación no esté saldada.

OEA decorativa

La Organización de Estados Americanos (OEA) debe bajar de las ineficaces “cumbres” a las que está acostumbrada a un terreno más seguro y firme donde se encuentren soluciones concretas a los problemas que atentan contra la democracia y la paz del continente. Por ejemplo, hay dos temas actuales en los que la OEA funge de ente errático y decorativo. Uno de ellos tiene que ver con la coyuntura hondureña, donde los instrumentos del organismo multilateral de marras no están suficientemente prestos para coadyuvar en la defensa real de la democracia, la que muchas veces es vista en sus aspectos formales más que funcionales. Condenar la acción desesperada de las instituciones de Honduras, Corte Suprema, Congreso, Tribunal Electoral, Ministerio Público, partidos políticos, iglesia y fuerzas armadas, para evitar que su democracia sea sustituida por el totalitarismo de un político tránsfuga como Manuel Zelaya entregado a las fauces del mesiánico imperialista Hugo Chávez, habla mucho del sesgo y miopía de la OEA, pues antes debió advertir y condenar el modo brutal como el chavismo perpetra la más desembozada injerencia en asuntos internos de los paises latinoamericanos para que sus gobernantes destruyan el estado de derecho a fin de reelegirse indefinidamente en el poder al más puro estilo de Venezuela y sus satélites Ecuador, Bolivia, etc., o como Fidel Castro, quien en un ejercicio monárquico del comunismo –nunca cuestionada por la izquierda– le cedió la posta a su hermano Raúl.

El segundo problema, más inmediato, que cuestiona hoy la efectividad y viabilidad de la OEA es el grosero armamentismo que practica uno de sus miembros, Chile, sin que este organismo sea capaz de abordar el tema ni menos llamar la atención por el fomento del belicismo en la región sudamericana. Y no podía ser de otra manera si vemos tan sesgada la labor del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, no sólo por su nacionalidad chilena sino porque ya apuesta a la reelección en dicho cargo, para lo cual necesita no sólo de mucho cálculo y maniobra sino también contar con los votos de los nueve países que pertenecen al ALBA (satélites de la Caracas “bolivariana”, sede de un reinado voraz representado por el discípulo de Fidel Castro, Hugo Chávez).

En síntesis, se supone que la OEA “reúne a los países del hemisferio occidental para fortalecer la cooperación mutua en torno a los valores de la democracia”, pero no dice nada cuando de manera sistemática y autoritaria se descolocan a las instituciones democráticas vía el imperialismo petrolero chavista que no escatima esfuerzo en cooptar, comprar o enrolar a Estados en torno a los designios de un supuesto socialismo pro cubano y a la vez llanero. Del mismo modo, se supone que la OEA existe “para defender los intereses comunes de sus miembros, como es la paz y la integración, así como debatir los grandes temas de la región”. No obstante permite el armamentismo chileno, que no sólo genera corrupción sino que alienta la muerte, ya que las armas sofisticadas que, por ejemplo, adquiere Chile no son para decorar fiestas infantiles sino para matar personas. Sin duda las estructuras anquilosadas de la OEA ya no están a la altura de la vida y de la historia.

Tercer premier

El primer mandatario, Alan García Pérez, desde que asumió el mando supremo de la nación, ha realizado dos cambios de titular en la Presidencia del Consejo de Ministros. De este modo, ahora el país ya cuenta con el tercer premier; y tan alta responsabilidad de Estado ha recaído en la persona del doctor Javier Velásquez Quesquén, todavía presidente del Congreso de la República, militante aprista y exponente provinciano de la pujante región de Lambayeque.

La tarea no será fácil si tomamos como referencia el dato por el cual el primer ministro Del Castillo duró en el cargo 27 meses, pero vimos cómo el segundo jefe del gabinete, el doctor Yehude Simon (ante el agravamiento de la conflictividad política, social y económica), sólo se mantuvo en el puesto por el lapso de 8 meses. Entonces asistimos a serias circunstancias de desgaste, las que en parte son propias del desenvolvimiento de todo gobierno aunque, asimismo, también se debe a las consecuencias de la injerencia chavista en asonadas violentistas, comprobadas contundentemente –y hasta la saciedad– por EXPRESO, y a otros factores como la corrupción, la recesión de la economía internacional y la fragmentación del sistema de partidos, entre otros.

Al nuevo Gabinete le quedan retos urgentes. Aprovechar el tiempo para evitar que acabe la segunda administración del presidente García sin haber dado pasos sustantivos en la reforma del Estado. Al respecto se han hecho algunos avances pero no en la magnitud ni velocidad que el país requiere. Peor cuando hay “indicadores de buen gobierno” dados a conocer recientemente por el Banco Mundial, cuyo ranking acusa el retroceso del Perú en varios ítems. Por ejemplo, en materia estabilidad política y ausencia de violencia, hemos retrocedido pasando a una situación de menor seguridad a la que teníamos hace diez años. En cuestión de control de la corrupción nos califican con 49% de efectividad, mientras que países como Chile o Uruguay pasan el 80%, vale decir estas naciones resultan con mejor indicador contra la inmoralidad en la gestión pública. Y en cuanto a la aplicación y respeto del derecho, el puntaje del Perú ha venido descendiendo en los últimos cinco años.

El nuevo premier necesita tener buena performance no sólo para enfrentar esos problemas propios de la pesada estructura burocrática, sino también otros asuntos más dramáticos del día a día. Estar a la altura del roce internacional tampoco puede quedar atrás, máxime en una coyuntura donde las aguas están movidas en el vecindario regional. De ahí que el estilo y la voz del premier ayudarán mucho a comunicar y reforzar mejor los aspectos estratégicos de la política exterior diseñada por el presidente de la República y el canciller del Perú. Por el bienestar y mejor futuro de 28 millones de peruanos, formulamos votos porque el doctor Velásquez no sólo conforme sino que coordine, de manera coherente, un equipo ministerial que refresque positivamente al Ejecutivo.

EE UU permisivo

El aparentemente bien informado presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, olvida la historia que registra la manera como la diplomacia de su país participó de forma activa (entre 1883 y 1884) para que Perú y Chile llegaran a un acuerdo de paz (Tratado de Ancón) luego de la cruenta guerra iniciada en 1879.
Es más, en otro tratado peruano-chileno, el de Lima (suscrito el 3 de junio de 1929), apareció como la “mediadora” nada menos que la figura presidencial estadounidense para resolver los asuntos posbélicos referidos a la suerte definitiva de Tacna y Arica. De manera que la presencia de los EE UU en las relaciones de ambas naciones sudamericanas no es soslayable, sino que está regida por un pétreo marco moral, histórico y jurídico.

En ese sentido, por más que países soberanos como Chile y EE UU quieran negociar la compra-venta de armas sofisticadas, de eminente carácter ofensivo, los peruanos tenemos el derecho a cuestionar y criticar la procacidad de los gobernantes de esos dos países, y en particular la cuestionable actuación del presidente Obama, quien resulta envuelto en el lobby de una maquinaria belicista, mercenaria y mercantil poco adicta al respeto y al cumplimiento de honorables formas de la política exterior de la Casa Blanca en materia de paz, sobre todo en Sudamérica. Peor aún para EE UU cuando el Perú es también su socio comercial en el marco del TLC.

El ciudadano afroamericano que llegó este año a la más alta magistratura estadounidense olvida que fue Jimmy Carter, un líder de su propio partido –el Demócrata–, quien a finales de la década del setenta prohibió la venta de armamento tecnológicamente avanzado a los países latinoamericanos. Pero fue el lobby chileno, país que al igual que los EE UU se encuentra militarizado y adicto a la industria bélica, el que sedujo a la administración norteamericana a romper esta medida prohibitiva. Gracias a ello Santiago cuenta ya con una flota de aviones F-16. Ese mismo lobby mapocho, que también se ha dado sus visitas por Holanda (país nada menos que sede del Tribunal de La Haya), insiste ahora en comprar piezas de artillería autopropulsada, con la complacencia de los fabricantes estadounidenses (dueños de patentes y arsenales para los F-16 u otros equipos), sino también con el visto bueno del Capitolio (ama de llaves en esa clase de negociaciones).

Lástima por EE UU y por su presidente, Barack Obama, pues en este caso sus discursos llenos de retórica dizque a favor de la integración, de la cooperación continental, de la paz entre naciones latinoamericanas y de amor por los países sudamericanos devienen en ridículos, mucho más cuando un presidente estadounidense fue el “mediador” en el Tratado de 1929 firmado entre Perú y Chile. Pero el tema es más deplorable aún, ya que Obama no necesita ser zahorí para saber contra quién y por qué se arma Chile, si no es contra otro socio del Tío Sam. Por tanto, resulta irresponsable la posición del primer mandatario estadounidense y poco ética su actitud para con la región. Por supuesto que los peruanos, sabedores del prestigio de los togados de la Corte Internacional de Justicia, confiamos en que esas demostraciones de fuerza y dispendio de millones de dólares no consolidarán el juego de oscuras influencias, para ganar con ayudas extrajurídicas lo que se puede perder en la mesa del derecho y la razón.

Nuevo premier

El jefe de Estado anunció que el viernes de esta semana presentará al nuevo presidente del Consejo de Ministros. De cumplirse esta información, estamos en la víspera de la salida del Ejecutivo de Yehude Simon Munaro. Más que hacer un balance de su gestión, preferimos evaluar el contexto en el que le tocará desenvolverse a quien ocupe el despacho de la PCM. En primer lugar, no debe ser premier quien se maneje en medio del cálculo electoral. Los ciudadanos tienen todo el derecho a proyectar su candidatura presidencial para el 2011; pero si quien conducirá la PCM llevara ese perfil, no tendrá el camino despejado para enfrentar la problemática del país, peor cuando ésta se agrava por conflictos sociales politizados, muchos de éstos impulsados por la maña chavista. No olvidemos que el cariz pre-electoral lo tuvo tanto el ex premier Jorge del Castillo, como el saliente Yehude Simon. Pero en ese puesto no se debe estar con Dios y con el diablo. Es imposible ejercer el mando sólo pensando en asumir el activo de una administración, tratando de evitar el pasivo. Es decir, mirando al corto plazo que descuida la solución de los problemas. Este temperamento errático daña la gobernabilidad y al final no endosa el aplauso esperado por el candidato en ciernes. Sucedió con ambos personajes que pasaron por la jefatura del Gabinete, cuyas actuaciones efectistas acabaron chamuscándolos, tanto como al propio gobierno.

En segundo término, la nueva cabeza de la PCM necesita predicar con el ejemplo, y ser el primero en cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. Está bien el diálogo siempre que éste no se produzca con una pistola en la cabeza de la autoridad. Lamentablemente tanto el doctor Del Castillo como el premier Simon prometieron no dialogar en situaciones de fuerza; sin embargo en la práctica claudicaron y la calle les presionó desautorizándolos muchas veces. Esas señales de debilidad y desconcierto, en el seno del Estado, han instituido ahora el uso y abuso de las llamadas “mesas de diálogo”, cenáculos inviables que cuentan con la presencia de aquellas cúpulas intransigentes que organizan a los llamados “Frentes de Defensa”, verdaderos antros de azuzadores salvajes que engañan a las masas poco informadas, poniéndolas como carne de cañón en las carreteras. Internacionalmente hablando esas seudodirigencias le han infligido un golpe moral al gobierno, acusándolo de abusivo y hasta de genocida. En consecuencia, el nuevo premier necesita contar con una estrategia efectiva para restituir el principio de autoridad.

En tercer lugar, se habla que el nuevo premier debe representar a una ancha base de la opinión pública. Y se discute también los pro y contra de su pertenencia al APRA, mientras se privilegia una trayectoria técnica favorable. Sin embargo, por encima de ambas ponderaciones, el nuevo titular de la PCM necesita basar su liderazgo –tanto al interior como al exterior del Gabinete– en la coherencia. Solo así podrá evitar peligrosos desencuentros con el Legislativo o con los gobiernos regionales y locales. Recordemos que el fatal “Baguazo” se debió en buena medida a la congénita falta de comunicación entre los poderes del Estado. Pero no pensamos en forma monocorde, pues la política es dinámica. Por ello concluimos en que lo más importante en el perfil del próximo primer ministro será en primer lugar su congruencia, luego su temperamento, y sin duda su idoneidad para enfrentar objetiva, inteligentemente los problemas nacionales.

Debilidad palpable

Exponentes de un minúsculo clan de “comunicadores” y “analistas políticos” –por ejemplo, uno que durante el fujimorato integró el Indecopi y comisiones privatizadoras, u otros que militaron en partidos comunistas (hoy reciclados como “periodistas estrella”)–, vociferan que aquellos medios de prensa que solicitan se aplique la ley a los revoltosos que bloquean carreteras, calles o plazas, en rigor lo que hacemos es promover la arremetida de la PNP contra los gremios, los manifestantes, el pueblos que quiere protestar. Se horrorizan porque dizque incentivamos a la Policía a entrar “a sangre y fuego” contra los protestantes. Lo cierto es que esos “opinólogos” tergiversan hipócrita e interesadamente el mensaje y la actitud con la que se necesita enfrentar la escalada comunista de movilizaciones violentas que atenta contra el país. Por eso nos ratificamos en que quien cumple el mandato de la Carta Magna y exige que se aplique el Código Penal no comete excesos. Sólo está usando las herramientas jurídicas para hacer respetar el estado de derecho y el orden constitucional. También nos reafirmamos en que existe mucha contemplación por parte del Ejecutivo –reflejada en la debilidad policial– al momento de confrontar con los agitadores, quienes –infringiendo flagrantemente la ley– interrumpen de manera impune y salvaje las vías de comunicación, tanto en zonas rurales como urbanas, violando el interés de las mayorías.

De un tiempo a esta parte, las autoridades políticas y policiales son presa de la inoperancia e incumplimiento del deber funcional. Ignoran clamorosamente el derecho de 28 millones de peruanos al libre tránsito, al trabajo y a la tranquilidad pública, dándole cabida a la grita de una elite violentista que, lamentablemente, viene marcando la agenda nacional al impedir que el país desarrolle sus actividades con normalidad si el Estado no satisface todo lo que reclaman los grupúsculos disociadores. Por supuesto que nadie pide llevar al paredón a los bárbaros como en Cuba, paradigma de la dirigencia comunista peruana que promueve y ejecuta los reclamos armados. Acá simplemente exigimos respeto a la ley. ¿O acaso las normas legales están de adorno? Entonces demandamos que nuestras fuerzas del orden aprecien su uniforme e impongan la ley. Lamentablemente en el Ministerio del Interior hay quienes actúan a contrapelo de lo que manda la Constitución y la norma, poniendo paños tibios y guantes de seda donde hace falta detener a los revoltosos, ponerlos a disposición de la Justicia y que ésta los lleve donde corresponde: al calabozo.

Ahora, si bien no buscamos responsabilizar a la PNP de todo lo malo –las verdaderas culpables son las ONG políticas que, sobre todo desde el 2001 hasta la fecha, lograron inocular en la mente de numerosos funcionarios su perversa ideología “garantista” así como sus persecutorias amenazas judiciales, tanto contra los altos mandos de las fuerzas de seguridad como contra la oficialidad menor–, sin embargo rechazamos que la PNP siga permitiendo que se multipliquen ejemplos de debilidad, como el ocurrido en las afueras de Arequipa cuando un coronel de la PNP prefirió conversar sumisamente con los revoltosos, garantizándoles la libertad para que siguieran enervándole la vida a miles de ciudadanos que pugnaban por trabajar, o sencillamente por hacer su vida normal. Con ese mensaje de pusilanimidad el Estado alentará mayores protestas, y éstas deteriorarán aún más la imagen del Perú como destino para el turismo y las inversiones.

A trabajar

Según organismos multilaterales y oficinas internacionales de análisis económico, el Perú es uno de los pocos países que crecerá este año y que enfrentará con éxito relativo –pero éxito al fin– los embates de la recesión mundial. Este logro de por sí debería llenar de orgullo a los peruanos y motivarlos a trabajar más para consolidar nuestro liderazgo como nación emergente.
Por ello resulta contraproducente que existan compatriotas equivocados, quienes inclusive han convocado a un paro para los días 7, 8 y 9 de julio. Es más, tenemos que llamarles la atención por el sesgo demagógico del que hacen gala y la infantil plataforma politizada que proponen. No obstante, estamos plenamente seguros que los promotores de esa protesta no representan a la mayoría nacional.

Cualquier ser pensante que analice, desprovisto de mediocres intereses ideologizados propios del “socialismo (chavismo) del siglo XXI”, la “plataforma de lucha” de la entidad convocante a este paro (la CGTP comunista), verá que sólo representa a una verdadera pieza (modelo) de museo, dado el anacronismo y populismo que encierra. La propuesta política y económica de la CGTP, amén de una serie de peticiones que escapan de los fueros sindicales, resulta palabrería hueca que llevaría en corto tiempo a cualquier país a la quiebra. Los postulados programáticos de la cúpula cegetepista y el apoyo que reciben de los dirigentes zurdos de todo pelaje, sólo constituyen una supina irresponsabilidad. Por eso no exageramos si los calificamos de verdaderos traidores a la patria, sin contar por supuesto esa mala costumbre que tienen de convocar a paros en el mes de julio, mes tan significativo del calendario cívico nacional. Esto es así porque su intención no es otra que minar a los gobiernos elegidos democráticamente.

Entonces, con qué autoridad moral los promotores del paro plantean una lista de peticiones si las mismas no resisten una aplicación seria en la realidad. Reclamar, por ejemplo, aumento de sueldos a diestra y siniestra desfinanciaría a las pequeñas y medianas empresas, empujaría los precios al alza, desatándose la inflación; mientras que aumentar el gasto público, sin un respaldo técnico, haría quemar nuestras reservas internacionales netas que tanto esfuerzo han costado en los últimos años a los peruanos. En general, las fórmulas de la CGTP –ahora descaradamente chavista– las conocemos: las ha experimentado el Perú en la década del setenta y todos sabemos a donde nos condujeron, a ser un Estado burocratizado, deficitario y atrasado. De modo que el paro, por donde se mire, no tiene asidero. De ahí que sus organizadores siempre apuestan por la violencia a fin de amedrentar a transportistas y trabajadores.

En ese sentido, al gobierno le toca brindar las garantías para que los ciudadanos puedan movilizarse pacíficamente a sus centros de trabajo, y ello implica implementar una red vehicular con el apoyo de las entidades estatales para facilitar el traslado de las personas y que en el camino no sean interceptadas por vándalos. Sin embargo, como los capitostes “rojos” son tan valientes para convocar a un paro contra el Perú, igualmente deberán serlo si resultaran desgracias que lamentar, asumiendo la responsabilidad de posibles consecuencias funestas. Esperamos que la Fiscalía salga a registrar esos hechos y que la Defensoría colabore en la denuncia de los autores materiales e intelectuales de la barbarie que se pueda generar. Guerra avisada no mata gente.

¿”Día del Amigo”?

No siempre los ciudadanos tienen los canales adecuados para expresar su disconformidad con determinados sucesos que aparecen en su comunidad. Por ejemplo frente a una antojadiza campaña comercial –dizque por el “Día del Amigo”–, verdadero esperpento que cree basar el cariño por un amigo a través de la venta de alcohol, la sociedad tiene que exponer su punto de vista.
Seguro habrá escollos para que los consumidores exterioricen su rechazo maduro y democrático a guiones consumistas y, peor, de un tóxico como el alcohol; sin embargo no hay trabas cuando existen medios de prensa que abren sus puertas y páginas a un reclamo legítimo de hogares enteros, donde los padres de familia piensan que la cervecera –autora de esa publicidad– cometió un grave y lamentable atentado contra los valores que preservan de la desintegración a la “célula básica de la sociedad”.

EXPRESO aboga por un país libre e innovador. Por ello cree en la libertad y no en el libertinaje, extremo que tiene que corregirse a fin de que jóvenes y adolescentes –principalmente– no caigan en las garras del alcoholismo. Bajo ese marco principista, no se explica que –existiendo el 14 de febrero de cada año el Día de San Valentín o Día de la Amistad– aparezca ahora una entidad privada, fabricante de cerveza, que –basada en el poder de la imagen y de los avisos publicitarios– intenta meter en el cerebro de la gente el “Día del Amigo” (“el primer sábado del mes de julio”). Pensamos que esta crítica no es inclinación cucufata ni menos pensar que, a partir de ella, miles de ciudadanos o numerosas asociaciones de lucha contra las drogas o sociedades de alcohólicos anónimos expresen su rechazo a este contrabando que solo intenta generar una comercialización vulgar de licor, a la que se suma una cadena de autoservicios cuyos propietarios son chilenos.

Es verdad que cada empresa es libre de hacer la propaganda que quiera y difundirla por los medios de comunicación masiva. Pero la publicidad también tiene ética y parámetros. Aún más en una época donde la responsabilidad social se acentúa en la agenda corporativa del sector privado. Es cierto también que cada ciudadano tiene el discernimiento suficiente para aceptar o no determinados mensajes del marketing cervecero, y que los jefes de cada hogar tienen el control sobre sus hijos. Sin embargo ello no basta cuando vemos cómo instituciones del país batallan por detener esa racha fatal de accidentes de tránsito, esos crímenes pasionales, así como la proliferación del vicio, pandilleros y delitos que se cometen luego de la ingesta de alcohol, y principalmente de cerveza.

En medio de este karma por el que transitan las sociedades modernas, lanzar abierta o subliminalmente la iniciativa que se debe beber licor para festejar un procaz “Día del Amigo”, resulta sencillamente alucinante y peligrosísima. Basta meditar en el ambiente generado en centros educativos de secundaria de Lima y Callao el último fin de semana, para darnos cuenta cómo escolares adolescentes de 13, 14 ó 15 años hacían planes para poner en práctica la propuesta festiva alcohólica de una cervecería y una cadena chilena de autoservicios. La buena amistad no implica caer en vicios que después deriven en depravación. Por eso, en la próxima legislatura, la nueva Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso debe evaluar y frenar esta campaña. No obstante desde ya los Ministerios de Educación, Justicia, Interior, Transportes y Comunicaciones tienen mucho que decir. La niñez y la juventud, única reserva moral del Perú, está primero.

El maestro

En distintas instituciones educativas (colegios, como antes se les llamaba), desde el viernes pasado y hasta mañana lunes se realizan celebraciones por el Día del Maestro. Pero antes de saludar a los docentes, sentemos como premisa el hecho que desde la Edad Media se revaluó la importancia de la educación y, con mayor énfasis, lo fue en la sociedad moderna, donde Jean Jacques Rousseau, con su obra “Emilio”, estableció las características de una educación orientada a lograr una comunidad con ciudadanos libres. Precisamente Rousseau fue uno de los representantes más sesudos de la “Ilustración”, período que tan especial papel desplegó a favor de la pedagogía y la cultura universal. En ese sentido, el profesor debe estar siempre imbuido de decisión sincera y dedicación tesonera por la labor que realiza para moldear la mente y el espíritu de las futuras generaciones. De manera que su misión está por encima de las bajas pasiones o de la politización doméstica. Al respecto, cabe decir que hace unas semanas el Tribunal Constitucional emitió una sentencia en la cual precisa que “la educación es un servicio público esencial”, por lo que ante una huelga magisterial el gremio de maestros y el Estado están obligados a garantizar el número necesario de servidores al frente de las aulas para que las clases no se interrumpan. Vale decir, si el Sindicato Unitario en la Educación del Perú (SUTEP) quiere hacer su huelga que la haga, pero tendrá que mantener equipos de emergencia que eviten que los educandos pierdan clases. Para el efecto, de acuerdo al TC, el Estado deberá supervisar el cumplimiento de ese mandato constitucional.

En esta oportunidad queremos sumarnos a los festejos por el Día del Maestro, estrechar la mano a los docentes, sabedores que hay un contingente de profesores que aspira a una nueva mentalidad, que apuesta a la capacitación, a la evaluación y a la promoción de sus carreras por parte del Estado. Porque en el mundo global de hoy no se trata de ser individualistas, como paradójicamente busca la cúpula sindical enquistada en el magisterio que no se sonroja en afirmar que milita en el comunismo “clasista y combativo”, cuando, al revés, fomenta la mediocridad y la argolla, basando su acción en atornillar al maestro a un puesto público tras su nombramiento para luego permitirle –y fomentarle– que vegete en el cargo sin importarle lo que aprenden los niños. Así cualquiera es revolucionario, viviendo de la ubre burocrática del Estado.

He aquí un escollo que se acentuó durante la dictadura de Velasco, se agravó en el segundo gobierno de Acción Popular (1980-85) y en la primera gestión aprista (1985-90), períodos en los cuales gente incapacitada ingresó al magisterio. Las consecuencias las estamos viendo y tomará tiempo salir de la catastrófica educación pública. Por ello en esta fecha se debe meditar también en los alumnos, en la sociedad, reconociendo que una alternativa al problema estriba en desplegar capacidades y fuerzas para hacer que la enseñanza pública sea una herramienta de desarrollo social, económico y cultural del país. Con mayor razón lo tienen que hacer los profesores, esos a los cuales se les llama en el aula “segundos padres” de los escolares. Bajo ese compromiso, renovado cada año, recién se sentirá con más emoción esta efemérides del calendario cívico nacional.

Consultas tramposas

El artículo “Golpe mañoso” de Charito Rojas, cuya primera entrega apareció publicada ayer en EXPRESO, invita a evaluar una serie de consideraciones sobre la injerencia chavista en Honduras, especialmente en la actual coyuntura de protestas dentro del Perú que tienen por objeto presentar al sistema democrático como injusto, incompleto y deleznable, procurando la izquierda sustituirlo por un modelo donde las ánforas sean reemplazadas por plebiscitos y referéndums. Bajo ese esquema se enmarca, por ejemplo, el paro convocado por el Partido Nacionalista, la CGTP y la izquierda para el miércoles 8 de julio, al que también se han sumado los irresponsables del volante: los transportistas. ¿Qué buscan los agitadores financiados desde Caracas por la “revolución bolivariana”? El Poder. Y para ello tratan de demostrar a los pueblos incultos que la democracia no funciona, amén de hacerlos enemistar con los principios que sostienen la constitucionalidad de cualquier democracia bien nacida. Es decir los azuzadores se proponen romper el principio de los “checks and balances”, buscando traer abajo la división de poderes, para así concentrar el mando y las decisiones gubernamentales en una camarilla, como ocurre en Cuba o Venezuela; y lógicamente también pretenden someter al mismo diktat a los órganos electorales y al Tribunal Constitucional. Esto es lo que ha pasado en Honduras. Pero el pueblo hondureño está cansado de la injerencia chavista.

Rojas cita el Artículo 350 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, que literalmente dice: “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”. Según aquello, no existe soberanía de Estados en el mundo. Que Venezuela consulte a China o Rusia si permiten que el ayatola venezolano, Hugo Chávez, aplique la Constitución Bolivariana en ambos países. Por eso los hondureños hicieron lo que los venezolanos no logran todavía: hacer valer su Constitución por encima de cualquier gobernante –local o foráneo- que pretenda violentarla. Además la autora acota algo que debe ser motivo de reflexión para los demócratas: “La pequeña nación centroamericana demostró que dejó de ser una república bananera para convertirse en un país que toma las riendas de su destino democrático. Aclaro esto, para que no me tilden de golpista: en Honduras no hubo golpe, no hubo militares tomando el poder, no hay juntas militares, no se disolvieron los poderes sino que al contrario, estos demostraron su imperio e independencia tomando las decisiones ajustadas a la ley. Los poderes actuaron a favor del estado de derecho y no en su contra”.

Estamos pues ante un fenómeno constitucional y sociológico sui géneris que incluso dista mucho del golpe de Fujimori del 5 de abril de 1992. Los escenarios son otros; las causas son distintas y los tiempos diferentes. A la luz de lo ocurrido en Honduras, ¿no es acaso pertinente evaluar qué pasaría en una nación si las autoridades elegidas por el pueblo son compradas por el imperio petrolero de Chávez, y luego mutan de conservadoras a socialistas y mueven los hilos de la inconstitucionalidad para perpetuarse en el poder (pasando por encima del Congreso, del Ministerio Público, del Tribunal Electoral y la Corte Suprema de la República)? Bueno, este ha sido el proceder de Manuel Zelaya. Sin embargo, por encima de él están las leyes, los usos y costumbres democráticas que no pueden ser reemplazadas por apócrifas “consultas populares”. Lamentablemente al señor Insulza no le interesa mucho esto. Seguro porque más ansía su reelección.

Coordinadora democrática

Este medio de prensa –honrado por la atención y preferencia de sus lectores- siente que no ha arado en el desierto cuando –en relación al tema de la injerencia de las ONG ideologizadas en asuntos soberanos– hace más de un lustro advirtió acerca de la seria deformación del desenvolvimiento de ellas sobre las políticas de gobierno y de Estado, a causa de la intromisión que practican esas poderosas asociaciones. Hoy el canciller del Perú afirma, reconoce y denuncia que hay ONGs en campaña contra el país.
Es más, su apreciación no es aislada ya que el propio presidente de la República ha reiterado que existe una “conspiración internacional”, desde varios frentes, siendo el principal de ellos la batalla de los organismos no gubernamentales (politizados) bajo el disfraz de promover los derechos humanos y la defensa del medio ambiente.

Para nadie es un secreto que hay ONGs y ONGs. Es decir, existen aquellas que desarrollan sus actividades con seriedad y buena fe. Por no generalizamos y siempre distinguimos a aquellas que rechazamos llamándolas ONG politizadas, ideologizadas, etc. En otras palabras, recusamos a aquellas organizaciones nacionales e internacionales cuyos directivos son negociantes crematísticos o ideológicos de los derechos humanos y de la defensa de la ecología. Este deslinde es pues necesario y siempre lo tenemos presente, identificando a aquellos ciudadanos que ayer nomás eran dirigentes de partidos marxistas totalitarios –que entonces luchaban por destruir la “sociedad burguesa” y el “sistema capitalista”– y que solo hoy han cambiado de método para lograr sus mismos objetivos.

No obstante, reconforta saber que las autoridades peruanas ya no están dispuestas a caer en la ingenuidad, como lo hicieron el presidente transitorio Valentín Paniaga y el economista Alejandro Toledo cuando les tocó desempeñar el mando supremo del Estado. Al respecto, para darnos cuenta que hace tiempo era menester que el Perú sepa visualizar dónde está y cómo se manifiesta el doble estándar de los dueños de aquellas ONG, basta mencionar en el tema de los derechos humanos la persecución judicial indiscriminada y muchas veces abusiva que se hizo a los militares y policías del Perú como consecuencia de la candidez de esos dos gobernantes. Complace saber ahora que el jefe de Estado, el canciller y los embajadores peruanos en el exterior –reunidos en Lima– han decidido enfrentar las campañas de injerencia y desinformación que de diversas ONG dentro y fuera del país.

El gesto gubernamental es positivo pero no suficiente, puesto que no solo se trata de defender al Perú sino también a la democracia. Y como actualmente Latinoamérica se ha convertido en el escenario preferido de las ONG y de las facciones radicales chavistas –allí están los recientes sucesos de Honduras-, resulta indispensable proponer que –a la par del cónclave de los embajadores– sean los propios actores sociales, en especial los partidos políticos liberales del continente, los que establezcan agendas para propender la vigencia de la democracia –y la preeminencia de los partidos políticos como ejes de la sociedad–, denunciando también las tretas de la “coordinadora bolivariana” para perpetuar en el poder a políticos autoritarios y demagogos comprados con barriles de petróleo. En suma, así como existe en el Perú una coordinadora chavista y una campaña antiperuana de muchas ONG, pues entonces que los partidos políticos peruanos trabajen proactivamente para rechazar ambas intromisiones.

Jugar al golpe

El lado oculto de la reciente y traumática experiencia que vive la República de Honduras aún no ha sido visto de manera objetiva. Se mira mediáticamente una cara del problema pero no la otra. ¿Quiénes y cómo originaron las condiciones de la salida de Manuel Zelaya? En la actualidad ese país centroamericano se encuentra hondamente dividido. Y es que hace tiempo la izquierda en Tegucigalpa y en las principales ciudades hondureñas, cada vez más dependiente de Hugo Chávez, viene jugando a configurar un agitado ambiente en torno a la estructura constitucional y política del país, signado por torvas contradicciones y amenazas.
Esas reformas, lamentablemente nada democráticas, tenían por objeto el perpetuar en el poder a un político –Manuel Zelaya– que ya se había vendido a la corriente “bolivariana” (la mecenas del “socialismo del Siglo XXI”). Frente a ello, haría bien nuestro continente en no quedarse atrapado en ese clisé que repite: “Nada justifica un golpe de Estado”. De acuerdo, pero también hay que avanzar en el debate con sinceridad y sin hipocresías sobre los términos reales y las limitaciones que encierra la democracia. La Organización de Estados Americanos (OEA) –acostumbrada siempre al simplismo teórico– debería aproximarse a una fase más proactiva, no dejando pasar por alto el análisis fáctico de las causas que originaron el desenlace (relativo aún) que ahora el mundo observa en Honduras.

Motivo importante para buscar la reflexión continental es abordar aspectos preventivos de futuros golpes –de derechas e izquierdas–, para que una situación como la que vemos hoy en Honduras no se repita en otra latitud latinoamericana. Con mayor razón, cuando constatamos en América Latina la tendencia de algunos de sus gobernantes –específicamente los ligados al credo chavista– a quebrar la democracia eliminando ese precepto pétreo que es la alternancia en el mando de un Estado. Pero los satélites de Chávez y de los hermanos Castro Ruz de Cuba se resisten a competir limpiamente en las ánforas. Para ello promueven plebiscitos, referéndums (figura dicho sea de paso contraria al marco constitucional hondureño) y reformas electorales estrafalarias dirigidas a reelegirse indefinidamente en el cargo. Recordemos que Zelaya debía dejar la magistratura presidencial en enero de 2010; sin embargo ya se encontraba digitando un plan protervo para eternizarse en el manejo de los destinos de Honduras cuatro años más, a través de anular la competencia electoral. Es decir, quería más poder, pisoteando el apotegma de Lord Acton que dice: “el poder corrompe pero el poder absoluto corrompe absolutamente”.

Últimamente los atentados contra la democracia latinoamericana provienen de los políticos que –por dinero– se adhieren al “ayatola Chávez”, un mesiánico que juega a ser emperador en Latinoamérica, y quien les señala el fácil camino de recurrir a “consultas populares” –maquilladas de constitucionalidad– para fabricar verdaderas dictaduras socialistas que acaben conculcando los derechos ciudadanos al mejor estilo cubano. Si no, recordemos el sandinismo de los ochenta que acabó envolviendo a Nicaragua en la peor crisis económica en medio de la corrupción. Paradójicamente, uno de los principales responsables de aquel régimen autoritario –Daniel Ortega– retornó al gobierno ayudado por el imperialista petrolero Hugo Chávez. ¿No es acaso el único culpable del drama hondureño, el chavismo enquistado en ese país, gracias a tránsfugas como Zelaya?

Transporte público

La problemática del sector transporte es compleja. Pero, descontando asuntos puntuales del tránsito interprovincial de pasajeros y de carga, ayer los gremios del transporte público urbano realizaron un paro de protesta, motivado –alegan– por su oposición al alza de las multas por infracciones de tránsito. En este tema el Estado debe ser muy coherente, pues no hace mucho el país entero reclamó a las autoridades sanciones drásticas contra los malos conductores; es decir a aquellos individuos que ocasionan anualmente miles de muertos en las pistas y muchísimas personas con discapacidad a consecuencias de esos siniestros. En tal sentido, el Ejecutivo y Legislativo, cada uno en aquello que le corresponde, tomaron en cuenta el clamor ciudadano y dispusieron un conjunto de acciones (algunas aún por implementar) a fin de cambiar ese trágico panorama donde el peatón o el pasajero no saben si al salir de casa para realizar sus quehaceres cotidianos, retornarán sanos y salvos. No olvidemos que la principal causa de los accidentes es la temeridad de los choferes, su grosera impericia, la ingesta de licor mientras conducen, las fallas mecánicas, y el mal estado de las pistas. Son innumerables los casos en los cuales verdaderos criminales del volante han protagonizado execrables accidentes matando a niños, mujeres y ancianos. Realmente no se sabe cómo esos sujetos consiguieron la licencia de conducir porque –valgan verdades– la mayoría de conductores de “combis” y “coaster” tiene serios problemas emocionales que, sumados a la irresponsabilidad y al estrés, los convierte en un peligro para la sociedad.

Pues bien, para cambiar de mentalidad y generar buenas prácticas en los gremios de choferes del transporte público y de taxistas, las multas y las medidas disciplinarias constituyen un primer escalón de castigo al mal ciudadano. De manera que el hombre o mujer serios, respetuosos de la vida propia y de la existencia de los transeúntes, no tienen nada que temer si conducen con cuidado para evitar las infracciones. No obstante, un sector de afiebrados choferes pretendió demostrara ayer que –al igual que en Bagua– el uso de la violencia es el camino para derogar las normas que incomodan a los salvajes del volante. No les importó apedrear a quienes pugnaban por trabajar, tampoco desinflar neumáticos de las unidades del Ejército y la PNP que buscaban prestar apoyo a los trabajadores, jóvenes y escolares que deseaban trasladarse hasta su centro de labores, a su vivienda o a alguna emergencia.

Ahora bien, el MTC y a las municipalidades deben mantenerse firmes. Ceder equivaldría a confirmar que las leyes las cambia o dicta la intemperancia y la sedición. Y lo cierto es que ni los dueños de los vehículos de transporte público, ni los choferes, “palancas” o “cobradores” se interesan en brindar un servicio seguro al país. El 95% de sus unidades está destartalado, con asientos en pésimo estado, fierros cortantes y oxidados, lunas que no se recomiendan para ventanas de microbuses, amén de otras irregularidades como no respetar los paraderos ni completar sus rutas a las que están obligados. Y todo ello sumado a la delictiva manera de conducir sus vehículos, principal causa de la muerte de cerca de 50 mil peruanos en los últimos años. El paso ahora no es otro que promover conciencia ante el clan de choferes públicos, sobre la importancia de respetar las normas para cuidar la vida de millones de peruanos.