Cuidado con los plazos

Nos ponemos en los zapatos de los deudos de los policías asesinados como consecuencia de la asonada humalista de enero de 2005, acto sedicioso conocido como el “Andahuaylazo” donde el Perú quedó en zozobra a causa de una mentalidad perversa e ideológicamente trastocada.
Pero qué indignación y desconsuelo pueden sentir los deudos de seres humanos que vistieron el uniforme del Escuadrón Verde de la PNP, quienes fueron enviados a Apurímac a reponer la paz luego que el sicópata Antauro Humala –cabecilla que usó a los “reservistas” para saltar a la palestra política del país– asaltara la comisaría y tomara rehenes para proclamar una supuesta rebelión “etnocacerista”, aunque después no tuvo ningún resquemor en retroceder cobardemente tras haber asesinado a los agentes del orden.

Estamos ante un hecho que configura evidentemente un delito mayor contra el Estado y la sociedad. Un crimen con pérdida de vidas humanas de por medio. Pero lamentablemente el caso hasta hoy no es resuelto por el Poder Judicial, debido no solo a la lentitud de los magistrados y auxiliares de justicia, sino a las estrategias de la defensa de los reos que se dedicaron a faltarle el respeto a la Justicia como estrategia para por demorar el proceso. A propósito, nos imaginamos cómo caminarán otros procesos penales sin la connotación mediática ni la trascendencia política del “Andahuaylazo”, con la subsiguiente injusticia que genera toda tardanza para los agraviados, los inculpados y la propia sociedad.

Mientras tanto hay mucha gente en prisión –como Antauro Humala– sin sentencia por más de 36 meses de iniciado el proceso, existiendo para esta circunstancia una ley expresa que manda que nadie deba estar encarcelado más allá de ese período de tiempo. Entonces la primera impresión que tenemos es que todavía existen problemas muy serios en la administración de justicia, que atentan contra la celeridad y la eficiencia de los órganos jurisdiccionales. También entendemos que mucho se habla de “reforma judicial” pero, increíblemente, muy poco de ella se lleva satisfactoriamente a la práctica. Dicho sea de paso, ¿y con tamaños agravantes los magistrados se oponen a la capacitación y evaluación continuas?

No obstante, para ese tipo de enredos procesales siempre hay salidas. Por ejemplo, en el caso de Antauro Humala, se señala que es correcta la prórroga de su detención porque este indeseable fue amonestado múltiples veces y expulsado en cinco ocasiones del recinto judicial por la Primera Sala para Reos en Cárcel, debido a su indigna, atrevida conducta durante el juicio (sanciones que se produjeron el 21 de julio y 13 de octubre de 2008, así como el 23 de febrero, 11 de mayo y 9 de julio del 2009), retrasando así las fases del mismo. Ahora bien, por encima de lo que pida la defensa del reo Antauro Humala, o más allá de lo que determine el Tribunal Constitucional –uno de cuyos integrantes, Ricardo Beaumont Callirgos, ha tenido la temeridad de adelantar opinión en este gravísimo caso, que deberá tomar muy en cuenta los estropicios cometidos por el acusado Humala para demorar en forma adrede su proceso–, el problema estriba en la ineficiencia estructural de la Judicatura, que no va a tono con la evolución social y económica nacional que, pese a la crisis externa, avanza, mientras la Justicia discurre en los tiempos de la carreta. Frente a esta realidad, ¿es posible pensar en ser una gran Nación bajo esa perspectiva? Invocamos a magistrados y ciudadanos a tener mayor compromiso con sus deberes.