Las ONG políticas inocularon al gobierno transitorio de Paniagua y al régimen toledista con su ideología seudo derechohumanista, creada por algunos ingenuos proto académicos del derecho, consiguiendo así modificar la legislación antiterrorista para hacerla más blandengue y para facilitar la excarcelación de los condenados por terrorismo, sin contar que se produjo la penetración de representantes de la izquierda caviar en órganos especiales vinculados al sector Justicia, como fue el caso de la comisión de indultos.
Ante este desmontaje del marco jurídico antisubversivo el Ejecutivo actual viene adoptando medidas de enmienda. El pasado viernes, el primer mandatario, Alan García, promulgó la ley que dispone la improcedencia de beneficios penitenciarios para los sentenciados por terrorismo. De manera que los genocidas no se acojan a la redención de la pena por educación o trabajo. Tampoco podrán hacerlo al beneficio de semilibertad ni al de libertad condicional. Si bien son numerosos los casos en los cuales los condenados por terrorismo ya consiguieron la excarcelación –precisamente a través de estos mecanismos del derecho procesal penal otorgados por los gobiernos de Paniagua y Toledo, manipulados por las ONG–, ahora la nueva medida legal corrige esas aberrantes e injustas distorsiones.
Además, la promulgación de la ley en mención servirá para hacer frente a delitos graves como el secuestro y la extorsión, ya que prohíbe que los delincuentes incursos en estos ilícitos se acojan a beneficios penitenciarios. De sancionarse la norma, esos indeseables –y las ONG que los representan– ya no podrán gestionar su libertad apelando el beneficio de exención, consistente en un día de pena por siete días de trabajo efectivo, o por haber cumplido tres cuartos de su condena sin antes haber pagado el íntegro de la reparación civil. Esperamos ahora que los jueces sean estrictos en el cumplimiento de estas normas jurídicas y no distingan ahí donde la ley no distingue, de lo contrario cometerán prevaricato.
De otro lado, estamos ante una realidad innegable en la que muchos terroristas han ganado las calles, en especial desde el 2002 en adelante, gracias a gestiones personales de sendos directivos de ONG políticas que –por presión y/o extorsión a los regímenes paniaguista y toledano– se convirtieron en funcionarios del Ministerio de Justicia. Estamos hablando de cientos –o miles– de subversivos excarcelados, que incluso han entrado a la planilla estatal donde desempeñan diversos cargos, principalmente en el sector Educación. Están en instituciones educativas y en las UGEL de diversas regiones, incluyendo Lima y Callao. Pero también en el Poder Judicial, el Ministerio Público, Ministerio de Salud, Enapu, Enaco, Proyecto Chavimochic, etc., y hasta en el Ejército peruano. Todo por obra y gracia de aquellas ONG dizque derechohumanistas, porque sólo lo son de los terroristas
Se podrá decir que esos terroristas ya cumplieron su condena. Sin embargo aquello tampoco debe enervar la necesidad estratégica del Estado de estar alerta a lo que hace ésta gente al haber salido de la penitenciaría, aunque la característica de este tipo de sentenciados –hablamos de la formación ideológica que recibieron dentro de Sendero Luminoso o del MRTA, y a su grado de alineación y fundamentalismo– es que jamás renuncian a su único objetivo: la lucha armada –el terrorismo– por la conquista del poder.
lunes, 14 de septiembre de 2009
Insuficientes resultados
Las inspecciones técnicas vehiculares (ITV) pasaron de las manos de la Municipalidad Metropolitana de Lima a las del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Son varios meses en que estas “revisiones” (como antiguamente se les llamaba) se realizan sobre el parque automotor nacional, especialmente de la gran Lima, pero los resultados son aún imperceptibles.
A esto se agregan las denuncias ciudadanas contra Lidercon y las sanciones impuestas por parte de Indecopi a esta entidad privada, generándose así una atmósfera poco propicia para alcanzar en el corto plazo un mejor reordenamiento del caótico tránsito capitalino, que concentra el 80 por ciento del parque vehicular del Perú.
Los objetivos de las ITV son varios: prevenir los accidentes de tránsito causados por fallas técnicas; exigir al conductor o propietario de un vehículo que mantenga su unidad móvil en buen estado; y contribuir con el control de la emisión de gases tóxicos, tan peligrosos para el medio ambiente y para la salud de las personas. Recordemos que una ITV no es un simple trámite administrativo sino un servicio cuyo principal fin es coadyuvar a mejorar la calidad de vida de los habitantes. En esta lista de objetivos está, entonces, involucrados la madurez y el deber cívico de millones de personas: choferes, peatones, policías, funcionarios del MTC, empleados de las plantas de inspección, etc.
Si cada una de las personas no es consciente de ello, y más bien tratan de sacarle la vuelta a la ley, las ITV fracasarán irremediablemente, tal como viene ocurriendo hasta hoy. Quizá sea muy corto el tiempo para sacar conclusiones definitivas, pero la tendencia ya acusa una proyección negativa. Basta mencionar que son miles los vehículos que están en condición de omisos, porque se pasaron del cronograma que les tocaba o porque prefieren circular furtivamente y “bajando una coima” cada vez que son pillados. Peor aún, no son pocos los dueños de automóviles que, si bien pasaron raspando las pruebas en Lidercon, lamentablemente –transcurridos los días y meses– no han sido capaces de invertir un sol para cumplir con las reparaciones recomendadas al momento que sus vehículos fueron inspeccionados.
Por cierto, no podemos negar que vivimos en una realidad donde el millón y pico de vehículos (autos, camionetas, unidades de transporte público y camiones) tiene en promedio una antigüedad de 16 años. No obstante, ello no es justificación para que las autoridades de tránsito (principalmente MTC y PNP) permitan transitar alegremente –ante sus narices– a vehículos que parecen verdaderas cafeteras rodantes, que dejan tras su paso por calles y avenidas una nube tóxica; o que se hagan de la vista gorda ante automóviles que tienen las placas de rodaje borrosas y magulladas, o las luces altas, bajas y direccionales en pésimo estado, o los neumáticos totalmente lisos. Si a esto sumamos los miles de triciclos y mototaxis que se cruzan por doquier, inclusive por distritos exclusivos como San Isidro o Miraflores, entonces no queda sino reconocer que el caos tiene para rato. ¿Quién pondrá coto a esta regresión ciudadana
A esto se agregan las denuncias ciudadanas contra Lidercon y las sanciones impuestas por parte de Indecopi a esta entidad privada, generándose así una atmósfera poco propicia para alcanzar en el corto plazo un mejor reordenamiento del caótico tránsito capitalino, que concentra el 80 por ciento del parque vehicular del Perú.
Los objetivos de las ITV son varios: prevenir los accidentes de tránsito causados por fallas técnicas; exigir al conductor o propietario de un vehículo que mantenga su unidad móvil en buen estado; y contribuir con el control de la emisión de gases tóxicos, tan peligrosos para el medio ambiente y para la salud de las personas. Recordemos que una ITV no es un simple trámite administrativo sino un servicio cuyo principal fin es coadyuvar a mejorar la calidad de vida de los habitantes. En esta lista de objetivos está, entonces, involucrados la madurez y el deber cívico de millones de personas: choferes, peatones, policías, funcionarios del MTC, empleados de las plantas de inspección, etc.
Si cada una de las personas no es consciente de ello, y más bien tratan de sacarle la vuelta a la ley, las ITV fracasarán irremediablemente, tal como viene ocurriendo hasta hoy. Quizá sea muy corto el tiempo para sacar conclusiones definitivas, pero la tendencia ya acusa una proyección negativa. Basta mencionar que son miles los vehículos que están en condición de omisos, porque se pasaron del cronograma que les tocaba o porque prefieren circular furtivamente y “bajando una coima” cada vez que son pillados. Peor aún, no son pocos los dueños de automóviles que, si bien pasaron raspando las pruebas en Lidercon, lamentablemente –transcurridos los días y meses– no han sido capaces de invertir un sol para cumplir con las reparaciones recomendadas al momento que sus vehículos fueron inspeccionados.
Por cierto, no podemos negar que vivimos en una realidad donde el millón y pico de vehículos (autos, camionetas, unidades de transporte público y camiones) tiene en promedio una antigüedad de 16 años. No obstante, ello no es justificación para que las autoridades de tránsito (principalmente MTC y PNP) permitan transitar alegremente –ante sus narices– a vehículos que parecen verdaderas cafeteras rodantes, que dejan tras su paso por calles y avenidas una nube tóxica; o que se hagan de la vista gorda ante automóviles que tienen las placas de rodaje borrosas y magulladas, o las luces altas, bajas y direccionales en pésimo estado, o los neumáticos totalmente lisos. Si a esto sumamos los miles de triciclos y mototaxis que se cruzan por doquier, inclusive por distritos exclusivos como San Isidro o Miraflores, entonces no queda sino reconocer que el caos tiene para rato. ¿Quién pondrá coto a esta regresión ciudadana
Recompensa por información
En la lucha contra el terrorismo, la información de inteligencia es clave para dar con los cabecillas de las huestes asesinas de la subversión. Pero si en esta tarea se involucra a la sociedad en su conjunto, los resultados pueden ser mejores y oportunos, precisamente, antes de que se siga causando más daño al país y atentando contra la vida de las personas. Para nuestro país este tipo de medidas no es desconocido pues se aplicó desde el segundo lustro de los años ochenta y se extendió hasta finales de la década del noventa.
Y en los años 2001 al 2003 se usó mucho este mecanismo para dar con Vladimiro Montesinos y otros pillos de su entorno. Obviamente, antes de ello muchos mandos políticos y militares de Sendero Luminoso y del MRTA fueron capturados a partir de los datos proporcionados por ciudadanos anónimos e inclusive por subversivos que decidieron abandona las filas terroristas.
En esta línea, la decisión adoptada por el Consejo de Ministros de enviar un proyecto de ley que propone elevar hasta un millón de soles el monto de la recompensa a las personas que brinden información útil para la captura de terroristas, es sencillamente pertinente. No podía esperarse más tiempo dados los enfrentamientos constantes en el VRAE y el trágico saldo de soldados muertos o heridos. Sin embargo, el Congreso de la República a la hora del debate de esa iniciativa del Ejecutivo, podría mejorarla y hacerla extensiva a los jefes de las mafias de narcotraficantes. Lógicamente, de la certeza del legislador y de la precisión en la reglamentación de esta clase de normas, se podría conseguir finalmente una norma que de ningún modo vulnere los derechos de las personas, sino que -por el contrario- garantice a la colectividad un instrumento táctico contra el narcotráfico y el terrorismo, ya que no debemos minimizar a ninguna de estas lacras que frenan nuestro desarrollo como nación y nuestro progreso económico.
Sin embargo, no todo no se reduce a la dación de más dispositivos legales, porque lo fundamental es aplicar con cabal efectividad las leyes y decretos vigentes. Por ejemplo, cuando desde abril existía un decreto supremo que prohibía la comercialización de kerosene en el VRAE, principal insumo para la elaboración de la pasta básica de cocaína y del clorhidrato, resultó curioso que transcurrieran más de cuatro meses para que recién las autoridades se dieran cuenta de que el tráfico de ese combustible seguía burlando los controles policiales a vista y paciencia de propios y extraños.
Por ello, no le ha quedado otra al Gobierno que aprobar un proyecto de ley que modifica la Ley de Insumos Químicos. De aprobarse esta propuesta en el Congreso de la República, será la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional (sede Lima) la que se encargará de dar la autorización para el ingreso del kerosene y de otros insumos en la zona del VRAE. De modo que esta medida, sumada a las recompensas para los informantes que conduzcan a la captura de cabecillas terroristas, podría ser acertada pero no suficiente dada la movilidad del enemigo que enfrentamos.
Y en los años 2001 al 2003 se usó mucho este mecanismo para dar con Vladimiro Montesinos y otros pillos de su entorno. Obviamente, antes de ello muchos mandos políticos y militares de Sendero Luminoso y del MRTA fueron capturados a partir de los datos proporcionados por ciudadanos anónimos e inclusive por subversivos que decidieron abandona las filas terroristas.
En esta línea, la decisión adoptada por el Consejo de Ministros de enviar un proyecto de ley que propone elevar hasta un millón de soles el monto de la recompensa a las personas que brinden información útil para la captura de terroristas, es sencillamente pertinente. No podía esperarse más tiempo dados los enfrentamientos constantes en el VRAE y el trágico saldo de soldados muertos o heridos. Sin embargo, el Congreso de la República a la hora del debate de esa iniciativa del Ejecutivo, podría mejorarla y hacerla extensiva a los jefes de las mafias de narcotraficantes. Lógicamente, de la certeza del legislador y de la precisión en la reglamentación de esta clase de normas, se podría conseguir finalmente una norma que de ningún modo vulnere los derechos de las personas, sino que -por el contrario- garantice a la colectividad un instrumento táctico contra el narcotráfico y el terrorismo, ya que no debemos minimizar a ninguna de estas lacras que frenan nuestro desarrollo como nación y nuestro progreso económico.
Sin embargo, no todo no se reduce a la dación de más dispositivos legales, porque lo fundamental es aplicar con cabal efectividad las leyes y decretos vigentes. Por ejemplo, cuando desde abril existía un decreto supremo que prohibía la comercialización de kerosene en el VRAE, principal insumo para la elaboración de la pasta básica de cocaína y del clorhidrato, resultó curioso que transcurrieran más de cuatro meses para que recién las autoridades se dieran cuenta de que el tráfico de ese combustible seguía burlando los controles policiales a vista y paciencia de propios y extraños.
Por ello, no le ha quedado otra al Gobierno que aprobar un proyecto de ley que modifica la Ley de Insumos Químicos. De aprobarse esta propuesta en el Congreso de la República, será la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional (sede Lima) la que se encargará de dar la autorización para el ingreso del kerosene y de otros insumos en la zona del VRAE. De modo que esta medida, sumada a las recompensas para los informantes que conduzcan a la captura de cabecillas terroristas, podría ser acertada pero no suficiente dada la movilidad del enemigo que enfrentamos.
viernes, 11 de septiembre de 2009
Manotazos de ahogado
El candidato presidencial del Partido Nacionalista, Ollanta Humala Tasso, ha salido a la prensa a querer dar lecciones de gobernabilidad y a proponer alternativas en materia de políticas de Estado.
Pero sólo se trata de una retórica mediática, la que además no le pertenece sino a su asesor Carlos Tapia, tal como trasunta su mensaje tanto por el estilo como por los clisés y la fraseología expuestos. Uno de los caudillos del clan Humala en realidad no tiene mucho que aportar ya que desde hace tiempo solo insiste en pedir la vacancia del actual presidente y en repetir hasta el hartazgo la convocatoria a una asamblea constituyente (hoy extemporánea e impracticable).
La verdad es que sin la injerencia chavista (comprobada en el proceso electoral del 2006), y sin las movidas que desde Caracas o La Paz se articulan cada cierto tiempo para generar el caos en el Perú con el fin de favorecer a Ollanta Humala, este dirigente político no figuraría en ninguna encuesta. De ahí la importancia de gobernar bien en el presente, para no facilitar a las posiciones radicales y velasquistas posibilidad alguna de inserción en las aspiraciones de la población. Si el régimen aprista deja a la deriva temas fundamentales que corresponden, por ejemplo, impulsar una idónea política energética; si no promueve el desarrollo socio-económico del sur del Perú; si no aplica una modernización en las cárceles; y si no revierte la violencia terrorista en el VRAE o la inseguridad ciudadana en el país, entonces sencillamente la frustración e insatisfacción de los pueblos –a lo largo y ancho del Perú– podrían quedar a merced de demagogos y populistas.
Por eso el elector tiene que madurar y conocer más la historia reciente, aquella que explica cómo a partir del golpe militar del 3 de octubre de 1968 comenzó la descapitalización del campo; la caída de nuestras exportaciones; el bajo nivel de la educación pública; el aumento de la pobreza; la multiplicación de empresas estatales, y con ello la burocracia inoperante e improductiva; hasta los puertos decayeron y nuestra marina mercante colapsó. Por supuesto, en esta muy apretada lista de secuelas negativas del velascato, tampoco se puede dejar de mencionar cómo –ante la pauperización del Perú y el enorme endeudamiento externo originado por la dictadura militar– se incrementó el narcotráfico, la delincuencia y el pandillaje, problemas que han llegado ahora a niveles inauditos.
Lamentablemente, Ollanta Humala defiende ese pasado, postula ese modelo que ha fracasado. No obstante, hay algo más que decir. La biografía del comandante Humala Tasso, más allá de sus acciones u omisiones en torno a rebeliones como la de Locumba y Andahuaylas, no tiene ninguna gravitación propia. Hasta antes del hecho noticioso de Locumba, por ejemplo, que ocurrió justo en el día en que Vladimiro Montesinos fugaba del Perú, nadie conocía a Ollanta Humala, ni siquiera destacó en la Escuela Militar de Chorrillos, de donde egresó. Entonces, sin una hoja de vida interesante, sin virtudes –toda vez que sigue admirando al responsable de la debacle de valores que experimenta el país, como es Velasco Alvarado–, y sin una trayectoria política madura, poco es lo que puede ofrecer el jefe “nacionalista”. Por eso las encuestas seguirán registrando su constante caída en las preferencias electorales. No obstante, cuando el gato está más encajonado es cuando hay que tener mejores reflejos
Pero sólo se trata de una retórica mediática, la que además no le pertenece sino a su asesor Carlos Tapia, tal como trasunta su mensaje tanto por el estilo como por los clisés y la fraseología expuestos. Uno de los caudillos del clan Humala en realidad no tiene mucho que aportar ya que desde hace tiempo solo insiste en pedir la vacancia del actual presidente y en repetir hasta el hartazgo la convocatoria a una asamblea constituyente (hoy extemporánea e impracticable).
La verdad es que sin la injerencia chavista (comprobada en el proceso electoral del 2006), y sin las movidas que desde Caracas o La Paz se articulan cada cierto tiempo para generar el caos en el Perú con el fin de favorecer a Ollanta Humala, este dirigente político no figuraría en ninguna encuesta. De ahí la importancia de gobernar bien en el presente, para no facilitar a las posiciones radicales y velasquistas posibilidad alguna de inserción en las aspiraciones de la población. Si el régimen aprista deja a la deriva temas fundamentales que corresponden, por ejemplo, impulsar una idónea política energética; si no promueve el desarrollo socio-económico del sur del Perú; si no aplica una modernización en las cárceles; y si no revierte la violencia terrorista en el VRAE o la inseguridad ciudadana en el país, entonces sencillamente la frustración e insatisfacción de los pueblos –a lo largo y ancho del Perú– podrían quedar a merced de demagogos y populistas.
Por eso el elector tiene que madurar y conocer más la historia reciente, aquella que explica cómo a partir del golpe militar del 3 de octubre de 1968 comenzó la descapitalización del campo; la caída de nuestras exportaciones; el bajo nivel de la educación pública; el aumento de la pobreza; la multiplicación de empresas estatales, y con ello la burocracia inoperante e improductiva; hasta los puertos decayeron y nuestra marina mercante colapsó. Por supuesto, en esta muy apretada lista de secuelas negativas del velascato, tampoco se puede dejar de mencionar cómo –ante la pauperización del Perú y el enorme endeudamiento externo originado por la dictadura militar– se incrementó el narcotráfico, la delincuencia y el pandillaje, problemas que han llegado ahora a niveles inauditos.
Lamentablemente, Ollanta Humala defiende ese pasado, postula ese modelo que ha fracasado. No obstante, hay algo más que decir. La biografía del comandante Humala Tasso, más allá de sus acciones u omisiones en torno a rebeliones como la de Locumba y Andahuaylas, no tiene ninguna gravitación propia. Hasta antes del hecho noticioso de Locumba, por ejemplo, que ocurrió justo en el día en que Vladimiro Montesinos fugaba del Perú, nadie conocía a Ollanta Humala, ni siquiera destacó en la Escuela Militar de Chorrillos, de donde egresó. Entonces, sin una hoja de vida interesante, sin virtudes –toda vez que sigue admirando al responsable de la debacle de valores que experimenta el país, como es Velasco Alvarado–, y sin una trayectoria política madura, poco es lo que puede ofrecer el jefe “nacionalista”. Por eso las encuestas seguirán registrando su constante caída en las preferencias electorales. No obstante, cuando el gato está más encajonado es cuando hay que tener mejores reflejos
jueves, 10 de septiembre de 2009
Ética parlamentaria
¿Padres de la patria? En menos de 72 horas se produjeron hechos que agravan la imagen del Congreso de la República y que ponen en cuestión las calidades humanas de algunos parlamentarios.
Las denuncias de dos ciudadanas (dos mujeres peruanas) han puesto en debate si, realmente, la congresista Rosario Sasieta (Acción Popular) y el parlamentario Ricardo Pando (Alianza Fujimorista) son correctos miembros de la representación nacional o si practican una doble moral que los desacredita ante la opinión pública.
Una de las denuncias corresponde a una trabajadora del despacho congresal de la abogada Sasieta, en la cual se hacen públicos el maltrato y los agravios que dicha congresista dirige contra su personal, en particular hacia la denunciante, al punto de que la habría obligado a “lavarle los pies”. Por cierto que el temperamento y virulencia que caracteriza a la representante populista no abona mucho a su favor y más bien hecha serias dudas sobre su ecuanimidad frente a sus trabajadores. Pero a partir de esta denuncia contra la autodenominada “Señora Ley”, la reputación de esta congresista se pone de castaño a oscuro cuando, adicionalmente, se descubren indicios de que su pareja sentimental estaría usando un teléfono celular del Congreso y que además habría fungido de jefe de la oficina congresal. Si bien no se configuraría un posible nepotismo, la Comisión de Ética del Parlamento tendrá que esclarecer esos hechos.
La otra denuncia proviene nada menos que de la esposa del congresista Ricardo Pando. Se produce a partir de un acto de violencia que trajo como consecuencia que el parlamentario fujimorista resultase con una herida de arma punzocortante en la espalda, propinada por su consorte luego de una acalorada discusión familiar. Según la denunciante, en un momento de ofuscamiento tomó un cuchillo para defenderse de la agresión del parlamentario Pando. Ahora el congresista se recupera de sus heridas en una clínica local, pero la situación es más delicada aún, no sólo porque la denunciante asegura que este problema tiene larga data y que empeoró al detentar Pando más poder dada su función de parlamentario, sino por una serie de situaciones más íntimas que no viene al caso enumerar y que, en general, describen un cambio en la personalidad del “padre de la patria”.
Pese a cualquier concomitancia doméstica que encierran ambos casos, no podemos ponernos una venda a los ojos y negar la realidad de lo que la ciudadanía está viendo. Tanto en el affaire Sasieta como en el de Pando hay serios elementos que obligan a una seria reflexión: dos mujeres y ciudadanas han sido valientes al denunciar a gente con influencia y poder; y al hacerlo han puesto como tema de análisis la urgencia de que los electores tomen conciencia de que son ellos los que ponen a los congresistas en el primer poder del Estado. Por eso es menester que no repitan esa mala elección, al fortalecer a políticos que tarde o temprano van a decepcionar a más de uno. Es decir, le echamos la culpa al Congreso por su mala imagen pero no reparamos en que la mayor responsabilidad está en el origen mismo de la elección, en el momento en que acudimos a emitir nuestro voto preferencial. Definitivamente esperamos que estas situaciones bochornosas ayuden al elector a saber elegir en las próximas elecciones generales (2011).
Las denuncias de dos ciudadanas (dos mujeres peruanas) han puesto en debate si, realmente, la congresista Rosario Sasieta (Acción Popular) y el parlamentario Ricardo Pando (Alianza Fujimorista) son correctos miembros de la representación nacional o si practican una doble moral que los desacredita ante la opinión pública.
Una de las denuncias corresponde a una trabajadora del despacho congresal de la abogada Sasieta, en la cual se hacen públicos el maltrato y los agravios que dicha congresista dirige contra su personal, en particular hacia la denunciante, al punto de que la habría obligado a “lavarle los pies”. Por cierto que el temperamento y virulencia que caracteriza a la representante populista no abona mucho a su favor y más bien hecha serias dudas sobre su ecuanimidad frente a sus trabajadores. Pero a partir de esta denuncia contra la autodenominada “Señora Ley”, la reputación de esta congresista se pone de castaño a oscuro cuando, adicionalmente, se descubren indicios de que su pareja sentimental estaría usando un teléfono celular del Congreso y que además habría fungido de jefe de la oficina congresal. Si bien no se configuraría un posible nepotismo, la Comisión de Ética del Parlamento tendrá que esclarecer esos hechos.
La otra denuncia proviene nada menos que de la esposa del congresista Ricardo Pando. Se produce a partir de un acto de violencia que trajo como consecuencia que el parlamentario fujimorista resultase con una herida de arma punzocortante en la espalda, propinada por su consorte luego de una acalorada discusión familiar. Según la denunciante, en un momento de ofuscamiento tomó un cuchillo para defenderse de la agresión del parlamentario Pando. Ahora el congresista se recupera de sus heridas en una clínica local, pero la situación es más delicada aún, no sólo porque la denunciante asegura que este problema tiene larga data y que empeoró al detentar Pando más poder dada su función de parlamentario, sino por una serie de situaciones más íntimas que no viene al caso enumerar y que, en general, describen un cambio en la personalidad del “padre de la patria”.
Pese a cualquier concomitancia doméstica que encierran ambos casos, no podemos ponernos una venda a los ojos y negar la realidad de lo que la ciudadanía está viendo. Tanto en el affaire Sasieta como en el de Pando hay serios elementos que obligan a una seria reflexión: dos mujeres y ciudadanas han sido valientes al denunciar a gente con influencia y poder; y al hacerlo han puesto como tema de análisis la urgencia de que los electores tomen conciencia de que son ellos los que ponen a los congresistas en el primer poder del Estado. Por eso es menester que no repitan esa mala elección, al fortalecer a políticos que tarde o temprano van a decepcionar a más de uno. Es decir, le echamos la culpa al Congreso por su mala imagen pero no reparamos en que la mayor responsabilidad está en el origen mismo de la elección, en el momento en que acudimos a emitir nuestro voto preferencial. Definitivamente esperamos que estas situaciones bochornosas ayuden al elector a saber elegir en las próximas elecciones generales (2011).
miércoles, 9 de septiembre de 2009
Museo de la Dincote
Un recuerdo digno de la victoria del Perú sobre el terrorismo se experimenta al ingresar a las instalaciones del Museo de la Dirección Nacional Contra el Terrorismo de la Policía Nacional (Dincote). Allí está ese espacio policial, y continúa por años mostrando objetos, folletería y reliquias pertenecientes al genocida Abimael Guzmán y a su demencial grupo terrorista denominado PCP-Sendero Luminoso,
así como se aprecia materiales tocantes al asesino MRTA de Víctor Polay. El museo es modesto, sencillo, y por ello persiste sin mayor ínfula ni estridencia en su mensaje profundo de compromiso con el deber cumplido.
Sin embargo, el Museo de la Dincote debería recibir más apoyo del Estado y la sociedad, porque es un verdadero faro, cuya luz guía a los defensores de la libertad. Este resplandor debería iluminarnos más a fin de recordarnos a quienes ofrendaron su vida, precisamente, para defender la existencia humana del prójimo. Entonces, que nadie cometa el yerro de desactivarlo o cerrarlo, puesto que hoy mismo sirve de elevado estímulo a las fuerzas del orden, que tienen entre sus muchas tareas la de estar siempre atentas a cualquier amenaza o atentado proveniente de lacras siniestras como el terrorismo.
En cambio otra es la realidad que envuelve al malhadado e hipócrita proyecto promovido por las ONG políticas dedicadas al negocio de los derechos humanos: el “museo de la memoria”. Fue la izquierda proxeneta de la subversión en el país la que –en alianza con sus mentores en el extranjero y en foros terriblemente ideologizados como la Corte Interamericana de Derechos Humanos– logró parir con fórceps no solo una CVR, sino que formó parte de ella, poniendo ahí a sus conspicuos representantes junto a algunos ingenuos que les servían de comparsa, y además promovió resoluciones evacuadas desde San José de Costa Rica que exigían al Perú “homenajear a todos los caídos durante el período de violencia política”. Porque así, entre eufemismos y medias verdades, las ONG llaman a la lucha armada y al terrorismo senderista: “violencia política”. Pero esas ONG fueron más lejos: utilizaron, como siempre lo han hecho, a ciudadanos aparentes para ponerlos como mascarón de proa frente a proyectos que pasan por agua tibia al terrorismo –como el del “museo de la memoria”– no sin antes haberle conseguido de Alemania –es lo que mejor saben hacer– dos millones de euros, a efectos de construir ese museo “memorioso”.
Censuramos la falta de visión de gobiernos como el paniagüista o toledista, de los que las ONG consiguieron una CVR; a los que les hicieron allanarse –en realidad al Estado peruano– ante la CIDH; y a los que encima comprometieron para poner dinero del contribuyente en el monumento “El Ojo que Llora”. Hoy hacen lo mismo con el régimen aprista, llevándole a “olvidar” que Sendero Luminoso y el MRTA asesinaron a mil militantes apristas. En consecuencia, si ahora el APRA permite que desparezca el Museo de la Dincote –obligándolo a que transfiera sus tesoros de combate al “museo de la memoria”–, la verdad es que el oficialismo habrá cometido un error imperdonable que agraviará por siempre el recuerdo legítimo y diáfano que merecen los policías y soldados que murieron defendiendo a la nación del terrorismo genocida.
así como se aprecia materiales tocantes al asesino MRTA de Víctor Polay. El museo es modesto, sencillo, y por ello persiste sin mayor ínfula ni estridencia en su mensaje profundo de compromiso con el deber cumplido.
Sin embargo, el Museo de la Dincote debería recibir más apoyo del Estado y la sociedad, porque es un verdadero faro, cuya luz guía a los defensores de la libertad. Este resplandor debería iluminarnos más a fin de recordarnos a quienes ofrendaron su vida, precisamente, para defender la existencia humana del prójimo. Entonces, que nadie cometa el yerro de desactivarlo o cerrarlo, puesto que hoy mismo sirve de elevado estímulo a las fuerzas del orden, que tienen entre sus muchas tareas la de estar siempre atentas a cualquier amenaza o atentado proveniente de lacras siniestras como el terrorismo.
En cambio otra es la realidad que envuelve al malhadado e hipócrita proyecto promovido por las ONG políticas dedicadas al negocio de los derechos humanos: el “museo de la memoria”. Fue la izquierda proxeneta de la subversión en el país la que –en alianza con sus mentores en el extranjero y en foros terriblemente ideologizados como la Corte Interamericana de Derechos Humanos– logró parir con fórceps no solo una CVR, sino que formó parte de ella, poniendo ahí a sus conspicuos representantes junto a algunos ingenuos que les servían de comparsa, y además promovió resoluciones evacuadas desde San José de Costa Rica que exigían al Perú “homenajear a todos los caídos durante el período de violencia política”. Porque así, entre eufemismos y medias verdades, las ONG llaman a la lucha armada y al terrorismo senderista: “violencia política”. Pero esas ONG fueron más lejos: utilizaron, como siempre lo han hecho, a ciudadanos aparentes para ponerlos como mascarón de proa frente a proyectos que pasan por agua tibia al terrorismo –como el del “museo de la memoria”– no sin antes haberle conseguido de Alemania –es lo que mejor saben hacer– dos millones de euros, a efectos de construir ese museo “memorioso”.
Censuramos la falta de visión de gobiernos como el paniagüista o toledista, de los que las ONG consiguieron una CVR; a los que les hicieron allanarse –en realidad al Estado peruano– ante la CIDH; y a los que encima comprometieron para poner dinero del contribuyente en el monumento “El Ojo que Llora”. Hoy hacen lo mismo con el régimen aprista, llevándole a “olvidar” que Sendero Luminoso y el MRTA asesinaron a mil militantes apristas. En consecuencia, si ahora el APRA permite que desparezca el Museo de la Dincote –obligándolo a que transfiera sus tesoros de combate al “museo de la memoria”–, la verdad es que el oficialismo habrá cometido un error imperdonable que agraviará por siempre el recuerdo legítimo y diáfano que merecen los policías y soldados que murieron defendiendo a la nación del terrorismo genocida.
martes, 8 de septiembre de 2009
Regionalización y educación pública
A las numerosas taras burocráticas que arrastra la descentralización en el país –vía la regionalización–, hay que sumar un tema de particular importancia que, en lugar de progresar, se agrava peligrosamente: la gestión en materia de educación. Siendo la enseñanza pública una herramienta primordial para sentar las bases de un desarrollo social, económico y cultural sostenible a futuro, lamentablemente los gobiernos regionales (GR) no le han prestado –ni le prestan– la atención que este asunto merece. Encima de ello, la mayoría de GR le endilga a Lima la responsabilidad por todos los problemas que la administración descentralizada debería resolver, sin darse cuenta que hace tiempo se le transfirieron las competencias, funciones y presupuestos correspondientes que antes eran manejados por el Ministerio de Educación. No olvidemos que en cada región existen las Direcciones Regionales de Educación (DRE), entidades que tienen independencia a la hora de diseñar planes financieros o sus inversiones, y hasta cierta autonomía para conducir el desarrollo pedagógico y didáctico en sus circunscripciones; sin dejar de lado, por supuesto, sus tareas de contratación, promoción y supervisión del personal en cada una de las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) o en las instituciones educativas (IE), como se llamaba antes a los centros educativos.
Obvio que tampoco queremos excluir a Lima de esta crítica, ya que tiene su propia DRE y además debería dar el ejemplo en materia de eficiencia administrativa a sus homólogas del interior. Sin embargo, no lo hace. El punto es que las cosas andan mal en las UGEL y en no pocos colegios estatales de Inicial, Primaria y Secundaria. Por ejemplo no paran las denuncias de corrupción contra directores, personal administrativo, profesores y hasta contra miembros de las asociaciones de padres de familia. Cuidado con esto porque en cuestión de desarrollo educativo no sólo se trata de ponderar –como lo reitera frecuentemente el jefe de Estado Alan García– de que “ya redujimos el analfabetismo”, o que “se entregaron más de cien mil mini laptops a los escolares”, o que “avanza la capacitación de los docentes en el marco de la carrera público magisterial”.
Si bien todo ello está bien que se diga, no es suficiente; peor cuando los GR y el Ejecutivo no son capaces de generar las condiciones para que en cada espacio administrativo y pedagógico del sector Educación se dé un buen clima institucional, armonía y madurez. Y si existe corrupción en muchas instancias educativas, entonces qué ejemplo le podemos dar a los educandos y al profesorado. Por eso, en este tema volvemos a señalarle a las autoridades del Estado (centrales y regionales), que no se pierda el ímpetu inicial, ese que se evidenció después del 28 de julio de 2006 y que sirvió para que algunos hablen de una “revolución educativa”, porque la verdad es que con mucha pena ahora constatamos que la frase fue un exceso. Hoy nos damos cuenta que los problemas se mantienen tan igual como hace tres años, al punto que las corruptelas entre Ugeles y directores de colegios parece continuar con la misma complacencia –y a veces complicidad– de un sindicato enquistado en la enseñanza pública (hace más de tres décadas) como lo es el Sutep. Sin duda, en materia de educación pública hay mucho por hacer, y pronto.
Obvio que tampoco queremos excluir a Lima de esta crítica, ya que tiene su propia DRE y además debería dar el ejemplo en materia de eficiencia administrativa a sus homólogas del interior. Sin embargo, no lo hace. El punto es que las cosas andan mal en las UGEL y en no pocos colegios estatales de Inicial, Primaria y Secundaria. Por ejemplo no paran las denuncias de corrupción contra directores, personal administrativo, profesores y hasta contra miembros de las asociaciones de padres de familia. Cuidado con esto porque en cuestión de desarrollo educativo no sólo se trata de ponderar –como lo reitera frecuentemente el jefe de Estado Alan García– de que “ya redujimos el analfabetismo”, o que “se entregaron más de cien mil mini laptops a los escolares”, o que “avanza la capacitación de los docentes en el marco de la carrera público magisterial”.
Si bien todo ello está bien que se diga, no es suficiente; peor cuando los GR y el Ejecutivo no son capaces de generar las condiciones para que en cada espacio administrativo y pedagógico del sector Educación se dé un buen clima institucional, armonía y madurez. Y si existe corrupción en muchas instancias educativas, entonces qué ejemplo le podemos dar a los educandos y al profesorado. Por eso, en este tema volvemos a señalarle a las autoridades del Estado (centrales y regionales), que no se pierda el ímpetu inicial, ese que se evidenció después del 28 de julio de 2006 y que sirvió para que algunos hablen de una “revolución educativa”, porque la verdad es que con mucha pena ahora constatamos que la frase fue un exceso. Hoy nos damos cuenta que los problemas se mantienen tan igual como hace tres años, al punto que las corruptelas entre Ugeles y directores de colegios parece continuar con la misma complacencia –y a veces complicidad– de un sindicato enquistado en la enseñanza pública (hace más de tres décadas) como lo es el Sutep. Sin duda, en materia de educación pública hay mucho por hacer, y pronto.
Caso Rivero Lazo
EXPRESO se caracteriza por abordar el tema de derechos humanos sin hipocresías ni dobles discursos, como sí lo hacen las ONG políticas, siempre horrorizadas de lo que etiquetan como “políticamente incorrecto”.
No queda duda de que éstas han orquestado una venganza contra todos los uniformados, en especial contra quienes por cuestiones de función o azar se cruzaron en el camino de Fujimori o Montesinos. Aún así, que sepamos la ley castiga a quienes cometieron delitos y no a las personas que –en virtud de las circunstancias– trabajaron en alguna dirección de inteligencia de las Fuerzas Armadas.
En ese sentido, nadie es culpable per se por el simple hecho de haber sido director de inteligencia del Ejército, más aún si a lo largo de ocho años y medio de investigación y procesamiento no hay prueba que lo incrimine por el delito imputado. Este es el caso del general EP Juan Rivero Lazo, cuya esposa, hijos y nietos sienten en carne propia la carcelería injusta y antojadiza a partir de lo que denominan una concertación antihumanitaria entre la ONG IDL y ciertos magistrados de la Fiscalía y el Poder Judicial. Todo indica que estamos ante un affaire en el cual a los oficiales del Ejército del Perú aquella ONG denigró acusándolos sin prueba fehaciente alguna de los atroces crímenes de la Cantuta y Barrios Altos.
No puede compararse o meterse en un mismo costal a criminales de esa talla con oficiales como el general Rivero Lazo. Además no existe justificación para que se le mantenga encerrado en una celda hace ya más de ocho años y seis meses, sin sentencia y, peor aún, sin visos de demostrársele algún ilícito. En esta casa periodística no ponemos las manos al fuego por alguien. Pero todo hace pensar que existe una consigna, un plan perverso para escarmentar a los militares –por venganza tras la derrota que éstos infligieron al terrorismo que hoy defienden las ONG– a quienes, pese a no demostrárseles participación directa en algún hecho de sangre, se insiste en mantener procesados y encarcelados aparentemente de por vida.
Este propósito político, antijurídico e ideologizado de las ONG enquistadas en el Estado se consagró cuando pasaron por el Ministerio de Justicia personajes como Diego García Sayán y Javier Ciurlizza. Este último asiduo visitante del genocida Abimael Guzmán. Incluso este Ciurlizza hasta hoy no ha esclarecido si el genocida Guzmán o su cónyuge Iparraguirre le pidieron que integre a Carlos Tapia, el hoy asesor personal de Ollanta Humala, a la nefasta Comisión de la Verdad. El caso es que se hicieron cosas tremendas que los gobiernos de Paniagua y Toledo mostraran empatía con los cabecillas de Sendero Luminoso en esas entrevistas furtivas, como excarcelar a terroristas sentenciados a cadena perpetua, conmutar penas, indultar o suavizar las condiciones carcelarias de esta escoria, como demuestra la consorte del genocida Guzmán quien insiste en que la dejen estar en intimidad con el más grande asesino del Perú.
Incluso un abogado del genocida Guzmán, de apellido Crespo, sostiene que ya están libres más de 2800 senderistas y quedan pocos por liberar. Es decir, la batalla judicial la viene ganando el terrorismo, toda vez que aún se mantiene en ascuas a generales del Ejército como Rivero Lazo simplemente por una teoría endeble como es la autoría mediata; aparte de chantajes como el hecho que un abogado del IDL que, según la esposa del general, le ofreció libertad a cambio de que inculpe a Fujimori. Nada justifica que un ser humano esté privado de su libertad por cerca de nueve años, sin sentencia. Y menos por venganza política, como parece ser en este caso.
No queda duda de que éstas han orquestado una venganza contra todos los uniformados, en especial contra quienes por cuestiones de función o azar se cruzaron en el camino de Fujimori o Montesinos. Aún así, que sepamos la ley castiga a quienes cometieron delitos y no a las personas que –en virtud de las circunstancias– trabajaron en alguna dirección de inteligencia de las Fuerzas Armadas.
En ese sentido, nadie es culpable per se por el simple hecho de haber sido director de inteligencia del Ejército, más aún si a lo largo de ocho años y medio de investigación y procesamiento no hay prueba que lo incrimine por el delito imputado. Este es el caso del general EP Juan Rivero Lazo, cuya esposa, hijos y nietos sienten en carne propia la carcelería injusta y antojadiza a partir de lo que denominan una concertación antihumanitaria entre la ONG IDL y ciertos magistrados de la Fiscalía y el Poder Judicial. Todo indica que estamos ante un affaire en el cual a los oficiales del Ejército del Perú aquella ONG denigró acusándolos sin prueba fehaciente alguna de los atroces crímenes de la Cantuta y Barrios Altos.
No puede compararse o meterse en un mismo costal a criminales de esa talla con oficiales como el general Rivero Lazo. Además no existe justificación para que se le mantenga encerrado en una celda hace ya más de ocho años y seis meses, sin sentencia y, peor aún, sin visos de demostrársele algún ilícito. En esta casa periodística no ponemos las manos al fuego por alguien. Pero todo hace pensar que existe una consigna, un plan perverso para escarmentar a los militares –por venganza tras la derrota que éstos infligieron al terrorismo que hoy defienden las ONG– a quienes, pese a no demostrárseles participación directa en algún hecho de sangre, se insiste en mantener procesados y encarcelados aparentemente de por vida.
Este propósito político, antijurídico e ideologizado de las ONG enquistadas en el Estado se consagró cuando pasaron por el Ministerio de Justicia personajes como Diego García Sayán y Javier Ciurlizza. Este último asiduo visitante del genocida Abimael Guzmán. Incluso este Ciurlizza hasta hoy no ha esclarecido si el genocida Guzmán o su cónyuge Iparraguirre le pidieron que integre a Carlos Tapia, el hoy asesor personal de Ollanta Humala, a la nefasta Comisión de la Verdad. El caso es que se hicieron cosas tremendas que los gobiernos de Paniagua y Toledo mostraran empatía con los cabecillas de Sendero Luminoso en esas entrevistas furtivas, como excarcelar a terroristas sentenciados a cadena perpetua, conmutar penas, indultar o suavizar las condiciones carcelarias de esta escoria, como demuestra la consorte del genocida Guzmán quien insiste en que la dejen estar en intimidad con el más grande asesino del Perú.
Incluso un abogado del genocida Guzmán, de apellido Crespo, sostiene que ya están libres más de 2800 senderistas y quedan pocos por liberar. Es decir, la batalla judicial la viene ganando el terrorismo, toda vez que aún se mantiene en ascuas a generales del Ejército como Rivero Lazo simplemente por una teoría endeble como es la autoría mediata; aparte de chantajes como el hecho que un abogado del IDL que, según la esposa del general, le ofreció libertad a cambio de que inculpe a Fujimori. Nada justifica que un ser humano esté privado de su libertad por cerca de nueve años, sin sentencia. Y menos por venganza política, como parece ser en este caso.
Comprensible inquietud
Todos los peruanos están preocupados con la escalada que vienen tomando las cobardes emboscadas terroristas en el VRAE. Por supuesto, dentro de ese enorme conjunto humano, el empresariado vinculado al sector Turismo no puede ser la excepción.
Es más, sus voceros y principales representantes no sólo condenan la espiral de violencia en zona tan agreste y olvidada por el Estado, sobre todo entre los años correspondientes a las administraciones de Paniagua y Toledo, sino que advierten que de continuar ese tipo de atentados pronto veremos que el Perú como destino turístico sufrirá funestas consecuencias.
Datos recientes informan de la reducción de turistas en nuestro país. Obviamente la recesión internacional es parte de la causa de esta realidad. Pero la otra parte, quizá por el momento en mínimo grado pero merma al fin, se debe a las acciones terroristas. No esperemos que se prolongue el tiempo de zozobra en el VRAE, pues de seguir el ritmo de inseguridad y muerte, más temprano que tarde un segmento importante de turistas borrará a nuestra nación de su agenda de viajes. De ahí que el presidente del Comité de Turismo (Comtur) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) recomienda al gobierno mantener una postura firme frente al problema, ya que un Estado débil genera desconfianza en los visitantes, quienes sólo quieren pasar un momento agradable durante su estancia en un país con tantos atractivos como el nuestro.
Los medios de comunicación del mundo, las agencias internacionales de noticias ahora comienzan a poner sus reflectores y a llenar sus portadas y titulares con los sucesos de combate en el VRAE. El impacto de estas informaciones –por cierto–, que puede atemorizar a muchos, y es natural que ello suceda, es negativa, por lo que evitemos repetir lo vivido en la década de los años ochenta y especialmente lo experimentado hasta antes del 12 de setiembre de 1992. Fecha en la cual fue capturado el asesino y sanguinario Abimael Guzmán Reynoso, presidente del Partido Comunista Sendero Luminoso, cuyo 17° aniversario se conmemorará dentro de unos días. Recordemos que en ese período previo a la detención del cabecilla terrorista, entonces el más buscado por las fuerzas del orden, la industria sin humo languideció y sólo algunos empresarios del turismo pudieron subsistir estoicamente.
Sin embargo, por encima de la merecida preservación de la imagen del Perú, sea como destino turístico o como marca país, e inclusive más allá del ambiente propicio para la llegada de inversiones, está la vida de nuestros soldados y los derechos humanos de millones de peruanos que quieren vivir en paz y mantener el rumbo enfocado hacia el progreso. Es en este horizonte en el cual se deben organizar los mejores planes de seguridad y desarrollo en la zona del VRAE, y ejecutarlos con éxito, pero no sólo ello sino también en otros lugares a donde han comenzado a trasladarse aquellos cocaleros más estrechamente vinculados a los carteles de la droga. La lucha será larga, pero de lo que hagamos hoy dependerá que no se extiendan demasiado en el espacio o en el tiempo las lacras del terrorismo y del narcotráfico
Es más, sus voceros y principales representantes no sólo condenan la espiral de violencia en zona tan agreste y olvidada por el Estado, sobre todo entre los años correspondientes a las administraciones de Paniagua y Toledo, sino que advierten que de continuar ese tipo de atentados pronto veremos que el Perú como destino turístico sufrirá funestas consecuencias.
Datos recientes informan de la reducción de turistas en nuestro país. Obviamente la recesión internacional es parte de la causa de esta realidad. Pero la otra parte, quizá por el momento en mínimo grado pero merma al fin, se debe a las acciones terroristas. No esperemos que se prolongue el tiempo de zozobra en el VRAE, pues de seguir el ritmo de inseguridad y muerte, más temprano que tarde un segmento importante de turistas borrará a nuestra nación de su agenda de viajes. De ahí que el presidente del Comité de Turismo (Comtur) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) recomienda al gobierno mantener una postura firme frente al problema, ya que un Estado débil genera desconfianza en los visitantes, quienes sólo quieren pasar un momento agradable durante su estancia en un país con tantos atractivos como el nuestro.
Los medios de comunicación del mundo, las agencias internacionales de noticias ahora comienzan a poner sus reflectores y a llenar sus portadas y titulares con los sucesos de combate en el VRAE. El impacto de estas informaciones –por cierto–, que puede atemorizar a muchos, y es natural que ello suceda, es negativa, por lo que evitemos repetir lo vivido en la década de los años ochenta y especialmente lo experimentado hasta antes del 12 de setiembre de 1992. Fecha en la cual fue capturado el asesino y sanguinario Abimael Guzmán Reynoso, presidente del Partido Comunista Sendero Luminoso, cuyo 17° aniversario se conmemorará dentro de unos días. Recordemos que en ese período previo a la detención del cabecilla terrorista, entonces el más buscado por las fuerzas del orden, la industria sin humo languideció y sólo algunos empresarios del turismo pudieron subsistir estoicamente.
Sin embargo, por encima de la merecida preservación de la imagen del Perú, sea como destino turístico o como marca país, e inclusive más allá del ambiente propicio para la llegada de inversiones, está la vida de nuestros soldados y los derechos humanos de millones de peruanos que quieren vivir en paz y mantener el rumbo enfocado hacia el progreso. Es en este horizonte en el cual se deben organizar los mejores planes de seguridad y desarrollo en la zona del VRAE, y ejecutarlos con éxito, pero no sólo ello sino también en otros lugares a donde han comenzado a trasladarse aquellos cocaleros más estrechamente vinculados a los carteles de la droga. La lucha será larga, pero de lo que hagamos hoy dependerá que no se extiendan demasiado en el espacio o en el tiempo las lacras del terrorismo y del narcotráfico
“Gasolinazo” en la PNP
La otra guerra que libra el Perú –aparte de la lucha frente al terrorismo y narcotráfico- es contra la corrupción. Los tentáculos de la inmoralidad no diferencian instituciones públicas grandes o pequeñas. Es más, se ramifican con soltura en organismos estatales importantes como la Policía Nacional del Perú (PNP).
Al respecto este medio jugó un rol de primer orden en materia de denuncia y fiscalización, y seguirá haciéndolo, en el destape del tráfico ilícito del combustible destinado a vehículos policiales, habiéndose demostrado en el camino que la cuantiosa fuga de dinero supera los 24 millones de soles anuales.
Desde que diéramos a conocer que algo andaba mal en el abastecimiento de diésel y gasolina de centenares de unidades policiales, los órganos de control interno de la PNP y la Fiscalía realizaron un intenso trabajo, que involucró meses de pesquisas, entrevistas y cotejo de pruebas, concluyéndose recientemente –por parte del Ministerio Público– que existen serios indicios de responsabilidad en este entuerto delictivo que abarcan a un ex inspector general de la Policía y a 74 oficiales y técnicos, así como comprendiéndose en la denuncia fiscal a 25 civiles vinculados a los grifos que servían para la comisión de estos supuestos hechos ilícitos materia de investigación penal en el Poder Judicial.
El tema del robo de combustible, conocido como “gasolinazo” en la PNP, se va esclareciendo, gracias a miembros de la PNP dignos, valientes y honrados, como los coroneles José Trinidad Muñoz -ex inspector de las Unidades Especializadas (Dirincri, Dircote, Dirandro, etc.)- y Julio Maza, quienes pese a presiones y amenazas de muerte –de las que fueron víctimas en el curso de sus investigaciones– siguieron con su labor fiscalizadora. Hoy corresponde pedir que se les valore y reconozca dignamente que hicieron un trabajo limpio a favor de la profilaxis de su institución. Consideramos que lo menos que puede hacer el Estado –y las máximas instancias del Ministerio del Interior– es condecorarlos, ya que a ellos fácil les hubiera resultado soslayar la labor perversa de las mafias, y sin embargo prefirieron el honor y el combate a la corrupción.
Si no hubiera sido por esos dos oficiales, la doctora Mercedes Cabanillas, cuando estuvo al frente del portafolio del Ministerio del Interior, no hubiera tenido elementos a su alcance para anular –el pasado mes de abril– todas las licitaciones de servicio en grifos de la capital y disponer que en adelante sea Petroperú la encargada de abastecer de combustible a las unidades vehiculares de la PNP. Pero al mismo tiempo lamentamos que, desde un inicio, los más altos oficiales de PNP –desde la Inspectoría General hasta la Dirincri, Dirandro, Dircote, entre otras unidades especializadas- no hubiesen zanjado con la situación ilícita que percibían a su alrededor. Pero todo eso abona para sentirnos con el deber cumplido, al haber conocido y publicado aspectos centrales de la heroica lucha de aquellos policías honestos a los que nos hemos referido –y a quienes pedimos un reconocimiento–, correspondiéndole ahora a la Judicatura tomar cartas en el asunto y proceder a sancionar -sin que le tiemble la mano- a aquellos que encuentre responsables.
Al respecto este medio jugó un rol de primer orden en materia de denuncia y fiscalización, y seguirá haciéndolo, en el destape del tráfico ilícito del combustible destinado a vehículos policiales, habiéndose demostrado en el camino que la cuantiosa fuga de dinero supera los 24 millones de soles anuales.
Desde que diéramos a conocer que algo andaba mal en el abastecimiento de diésel y gasolina de centenares de unidades policiales, los órganos de control interno de la PNP y la Fiscalía realizaron un intenso trabajo, que involucró meses de pesquisas, entrevistas y cotejo de pruebas, concluyéndose recientemente –por parte del Ministerio Público– que existen serios indicios de responsabilidad en este entuerto delictivo que abarcan a un ex inspector general de la Policía y a 74 oficiales y técnicos, así como comprendiéndose en la denuncia fiscal a 25 civiles vinculados a los grifos que servían para la comisión de estos supuestos hechos ilícitos materia de investigación penal en el Poder Judicial.
El tema del robo de combustible, conocido como “gasolinazo” en la PNP, se va esclareciendo, gracias a miembros de la PNP dignos, valientes y honrados, como los coroneles José Trinidad Muñoz -ex inspector de las Unidades Especializadas (Dirincri, Dircote, Dirandro, etc.)- y Julio Maza, quienes pese a presiones y amenazas de muerte –de las que fueron víctimas en el curso de sus investigaciones– siguieron con su labor fiscalizadora. Hoy corresponde pedir que se les valore y reconozca dignamente que hicieron un trabajo limpio a favor de la profilaxis de su institución. Consideramos que lo menos que puede hacer el Estado –y las máximas instancias del Ministerio del Interior– es condecorarlos, ya que a ellos fácil les hubiera resultado soslayar la labor perversa de las mafias, y sin embargo prefirieron el honor y el combate a la corrupción.
Si no hubiera sido por esos dos oficiales, la doctora Mercedes Cabanillas, cuando estuvo al frente del portafolio del Ministerio del Interior, no hubiera tenido elementos a su alcance para anular –el pasado mes de abril– todas las licitaciones de servicio en grifos de la capital y disponer que en adelante sea Petroperú la encargada de abastecer de combustible a las unidades vehiculares de la PNP. Pero al mismo tiempo lamentamos que, desde un inicio, los más altos oficiales de PNP –desde la Inspectoría General hasta la Dirincri, Dirandro, Dircote, entre otras unidades especializadas- no hubiesen zanjado con la situación ilícita que percibían a su alrededor. Pero todo eso abona para sentirnos con el deber cumplido, al haber conocido y publicado aspectos centrales de la heroica lucha de aquellos policías honestos a los que nos hemos referido –y a quienes pedimos un reconocimiento–, correspondiéndole ahora a la Judicatura tomar cartas en el asunto y proceder a sancionar -sin que le tiemble la mano- a aquellos que encuentre responsables.
Lesa humanidad
La Fuerza Aérea del Perú (FAP) entregó a dos de sus oficiales y a un técnico a la larga lista de héroes de la lucha contra el terrorismo. Honor y gloria a estos valientes que mediante el sacrificio de sus propias vidas intentan dejarnos un país mejor. Pero hay políticos que pagan mal esta inmolación. Ollanta Humala, por ejemplo, quien en España dijo –ante un grupo de compatriotas residentes en ese país– que Sendero Luminoso y el MRTA ya no existen y que tampoco representan un peligro para el Perú.
Pero los hechos contradicen a esta clase de temeridades, toda vez que resulta obvio que los senderistas actúan en pared con quien fuere. Ahora el turno es de los narcos y los rezagos emerretistas que contactan con las FARC. Y todo con la finalidad exclusiva de reanudar más delante su lucha armada para conquistar el poder de la nación peruana. Hace varios años alertamos que el cierre de decenas de bases contrasubversivas sería una equivocada decisión, en vista de que atentaría contra la seguridad nacional. Lamentablemente tuvimos un gobierno como el de Alejandro Toledo, obsecuente y concesivo con el pedido de venganza de las ONG izquierdistas de derechos humanos contra las fuerzas armadas de la patria. Igual advertimos sobre la cobarde y extraña excarcelación de centenares de terroristas, gracias a sus abogados del IDL, Aprodeh y demás ONG agrupados en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH), cuyos directivos inclusive fueron designados funcionarios del Estado e integraron la denominada “comisión de indultos”.
Entonces, de las consecuencias ante tan malas decisiones hoy todos somos testigos. Se repite el capítulo terrorífico donde aparecen más muertes de uniformados que enlutan a familias enteras, dejando niños menores de edad sin padre y viudas sumidas en el dolor y la tragedia. Bajo estas penosas circunstancias, debemos decirle al país que el último miércoles 2 de setiembre se ha cometido una violación atroz de los derechos humanos, en realidad se ha perpetrado un acto de lesa humanidad, acontecimiento sobre el cual callarán las ONG políticas, pues lo que han hecho los terroristas ha sido disparar a una nave de auxilio que intentaba recoger soldados heridos y trasladarlos para prestarles asistencia médica.
Pero si las cosas hubieran sido al revés, ya tendríamos en este momento al mundo ensordecido por el sonoro coro de las ONG políticas, denunciando la violación de los derechos humanos de terroristas heridos. Ahora bien, frente al silencio de esa turba que, por ejemplo, impulsó y conformó la CVR, cabe la pregunta: ¿no significa acaso esa indiferencia una negación de los derechos humanos de los soldados peruanos, y con mayor razón si están con heridas de bala requiriendo atención médica urgente pero que ese auxilio fue impedido por el ataque senderista a una aeronave que buscaba ese fin humanitario? De modo que la condena –y el combate– a los terroristas en el VRAE tiene que ser total. Y pese a esta verdad monumental, tenemos que deplorar que hay ingenuos que aún no tienen la visión suficiente como para darse cuenta que la lucha contra la barbarie terrorista no ha terminado, y que menos se puede seguir alentando la construcción de un “museo de la memoria” que ensalzará inclusive a los verdugos de los buenos peruanos que murieron a consecuencia de las balas y la dinamita senderista o emerretista.
Pero los hechos contradicen a esta clase de temeridades, toda vez que resulta obvio que los senderistas actúan en pared con quien fuere. Ahora el turno es de los narcos y los rezagos emerretistas que contactan con las FARC. Y todo con la finalidad exclusiva de reanudar más delante su lucha armada para conquistar el poder de la nación peruana. Hace varios años alertamos que el cierre de decenas de bases contrasubversivas sería una equivocada decisión, en vista de que atentaría contra la seguridad nacional. Lamentablemente tuvimos un gobierno como el de Alejandro Toledo, obsecuente y concesivo con el pedido de venganza de las ONG izquierdistas de derechos humanos contra las fuerzas armadas de la patria. Igual advertimos sobre la cobarde y extraña excarcelación de centenares de terroristas, gracias a sus abogados del IDL, Aprodeh y demás ONG agrupados en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH), cuyos directivos inclusive fueron designados funcionarios del Estado e integraron la denominada “comisión de indultos”.
Entonces, de las consecuencias ante tan malas decisiones hoy todos somos testigos. Se repite el capítulo terrorífico donde aparecen más muertes de uniformados que enlutan a familias enteras, dejando niños menores de edad sin padre y viudas sumidas en el dolor y la tragedia. Bajo estas penosas circunstancias, debemos decirle al país que el último miércoles 2 de setiembre se ha cometido una violación atroz de los derechos humanos, en realidad se ha perpetrado un acto de lesa humanidad, acontecimiento sobre el cual callarán las ONG políticas, pues lo que han hecho los terroristas ha sido disparar a una nave de auxilio que intentaba recoger soldados heridos y trasladarlos para prestarles asistencia médica.
Pero si las cosas hubieran sido al revés, ya tendríamos en este momento al mundo ensordecido por el sonoro coro de las ONG políticas, denunciando la violación de los derechos humanos de terroristas heridos. Ahora bien, frente al silencio de esa turba que, por ejemplo, impulsó y conformó la CVR, cabe la pregunta: ¿no significa acaso esa indiferencia una negación de los derechos humanos de los soldados peruanos, y con mayor razón si están con heridas de bala requiriendo atención médica urgente pero que ese auxilio fue impedido por el ataque senderista a una aeronave que buscaba ese fin humanitario? De modo que la condena –y el combate– a los terroristas en el VRAE tiene que ser total. Y pese a esta verdad monumental, tenemos que deplorar que hay ingenuos que aún no tienen la visión suficiente como para darse cuenta que la lucha contra la barbarie terrorista no ha terminado, y que menos se puede seguir alentando la construcción de un “museo de la memoria” que ensalzará inclusive a los verdugos de los buenos peruanos que murieron a consecuencia de las balas y la dinamita senderista o emerretista.
Penas e incitadores
Inevitable pronunciarnos sobre la sesión del Congreso de la República que aprobó la ley que pena con cárcel efectiva a los antisociales reincidentes en faltas menores (concretamente en el caso de escaperos que suelen arrebatar celulares, relojes, carteras, zapatillas, bicicletas, etc.). Modestia aparte, hemos estado –y estamos– en primera línea de combate contra la delincuencia, sea cual fuese su procedencia, clase o motivo.
Ene veces hemos sugerido ampliar y profundizar el espectro de sanciones para quienes delinquen y atentan contra el bienestar de los habitantes. Por ello saludamos al Parlamento por haber entonado su función con la gran preocupación ciudadana que clama por más seguridad y mayor tranquilidad pública frente a la criminalidad. Sin embargo debemos ser realistas y quizá hasta aguafiestas si reparamos en la perspectiva de que esa norma legal podría quedar como tantas otras, vale decir como papel mojado en tinta. Veamos por qué.
Primero, en teoría, la ley que sanciona a reincidentes y reducidores con penas efectivas, elevaría el número de internos en las cárceles de la costa, sierra y selva. Pero, ¿tenemos acaso un buen sistema penitenciario o suficientes prisiones adecuadamente equipadas para rehabilitar o resocializar al que purga alguna condena? La respuesta es obvia: la política criminal y los centros penitenciarios están en situación caótica. En segundo lugar, es casi un hecho que al radicalizar las penas no se influye automáticamente en la reducción del número o en la intensidad de los delitos. Y ello ocurre, por ejemplo, desde que las autoridades municipales y la Sunat permiten puntos de venta informales de receptadores disfrazados de comerciantes. Mientras haya grandes centros donde se compran y venden cosas robadas, sencillamente el delito va a continuar.
Por otro lado, los canales de prevención del delito –tema que no sólo es policial– están oxidados o brillan por su ausencia. Los funcionarios de los gobiernos regionales, locales y de los sectores del Ejecutivo (Ministerio de Trabajo, Ministerio de la Mujer, Instituto Peruano del Deporte, etc.,) no ven ni sienten el problema ni están preparados para enfrentar, por ejemplo, el abandono de la niñez, de adolescentes y jóvenes de hogares fracturados o de familias promiscuas, permitiendo así la multiplicación de ambientes que facilitan el pase de esas personas a pandillas o bandas de delincuentes. Es más, si no se trabaja con los padres en programas antidelito ad hoc, vamos a seguir siendo testigos –o víctimas– de robos.
En conclusión, somos conscientes de que el Legislativo ha dado un paso importante al aprobar un proyecto de ley que castiga con más dureza a reincidentes y receptadores; no obstante si las demás instancias del Estado no hacen lo que les toca, la norma quedará mediatizada sin lograr su objetivo: defender al ciudadano del accionar de los maleantes.
Ene veces hemos sugerido ampliar y profundizar el espectro de sanciones para quienes delinquen y atentan contra el bienestar de los habitantes. Por ello saludamos al Parlamento por haber entonado su función con la gran preocupación ciudadana que clama por más seguridad y mayor tranquilidad pública frente a la criminalidad. Sin embargo debemos ser realistas y quizá hasta aguafiestas si reparamos en la perspectiva de que esa norma legal podría quedar como tantas otras, vale decir como papel mojado en tinta. Veamos por qué.
Primero, en teoría, la ley que sanciona a reincidentes y reducidores con penas efectivas, elevaría el número de internos en las cárceles de la costa, sierra y selva. Pero, ¿tenemos acaso un buen sistema penitenciario o suficientes prisiones adecuadamente equipadas para rehabilitar o resocializar al que purga alguna condena? La respuesta es obvia: la política criminal y los centros penitenciarios están en situación caótica. En segundo lugar, es casi un hecho que al radicalizar las penas no se influye automáticamente en la reducción del número o en la intensidad de los delitos. Y ello ocurre, por ejemplo, desde que las autoridades municipales y la Sunat permiten puntos de venta informales de receptadores disfrazados de comerciantes. Mientras haya grandes centros donde se compran y venden cosas robadas, sencillamente el delito va a continuar.
Por otro lado, los canales de prevención del delito –tema que no sólo es policial– están oxidados o brillan por su ausencia. Los funcionarios de los gobiernos regionales, locales y de los sectores del Ejecutivo (Ministerio de Trabajo, Ministerio de la Mujer, Instituto Peruano del Deporte, etc.,) no ven ni sienten el problema ni están preparados para enfrentar, por ejemplo, el abandono de la niñez, de adolescentes y jóvenes de hogares fracturados o de familias promiscuas, permitiendo así la multiplicación de ambientes que facilitan el pase de esas personas a pandillas o bandas de delincuentes. Es más, si no se trabaja con los padres en programas antidelito ad hoc, vamos a seguir siendo testigos –o víctimas– de robos.
En conclusión, somos conscientes de que el Legislativo ha dado un paso importante al aprobar un proyecto de ley que castiga con más dureza a reincidentes y receptadores; no obstante si las demás instancias del Estado no hacen lo que les toca, la norma quedará mediatizada sin lograr su objetivo: defender al ciudadano del accionar de los maleantes.
miércoles, 2 de septiembre de 2009
Malas juntas
Una congresista del denominado Partido Nacionalista (PN), cuyo jefe es Ollanta Humala Tasso, tuvo entre su gabinete de asesores –y personal de confianza– a un sujeto que acaba de ser detenido portando 140 kilos de cocaína. Según esa parlamentaria (Nancy Obregón) la relación laboral terminó hace un tiempo y no guarda contacto con el investigado. Sin embargo ello no la exime de riesgo, ni cesa la preocupación acerca del devenir de un partido como el Nacionalista que posee un consabido discurso en defensa de los cocaleros informales que siembran y cosechan la hoja de coca para ser vendida a los narcotraficantes. Imaginemos qué hubiese sucedido si el asesor fuera hombre de confianza de un legislador de Unidad Nacional o el APRA. Los nacionalistas pedirían su desafuero inmediato. ¿O no?
Lamentamos que so pretexto de que los cocaleros son campesinos inocuos, existan políticos que sirven de caja de resonancia a las mafias y los carteles de la droga, olvidando que esos seudoagricultores son eslabones medulares de la “cadena narco”. Aquí existe entonces un innegable costo político que deben asumir la congresista y el PN. Y tendrán que hacerlo, pese a que sus organizaciones de base tienen en los cocaleros informales a una importante base electorera, gente que no sólo contamina los ríos y las tierras de la selva (con acetona, kerosene, ácido sulfúrico, ácido muriático, etc.) sino que tampoco siente remordimiento a sabiendas de que su vil negocio intoxica y mata a millones de adictos al clorhidrato de cocaína en el mundo.
Estamos pues ante una situación delicada. Ollanta Humala aspira a convertirse en conductor del Estado peruano, y en tal contexto acaso facilitaría mayor empatía con el génesis del narcotráfico: los cocaleros, siempre defendidos por su partido y su bancada parlamentaria. Más aún siendo obvio que Humala está adherido al pensamiento imperialista “bolivariano” de la droga y el petróleo que lidera Hugo Chávez, según el cual sólo Estados Unidos debe resolver el problema del tráfico de estupefacientes. Pero los hechos demuestran lo contrario en Venezuela. En los casi once años que viene gobernando Chávez, la captura de narcos en su país disminuyó; el tráfico de drogas aumentó; el número de consumidores subió; y las muertes por ajustes de cuenta ligados al consumo de drogas creció, al punto que inclusive las cifras oficiales señalan que han muerto 150 mil venezolanos durante el régimen chavista. Y esto se agrava, porque Chávez ha cortado todo tipo de convenio de lucha antidroga con los EE UU, habiendo incluso expulsado a la DEA y al NAS.
Miremos ese espejo y reflexionemos sobre lo que podría pasar en el Perú si Ollanta Humala accede a la Casa de Pizarro. De modo que por más que alguien alegue que no existe “vinculación alguna” entre una congresista humalista y su ex asesor –capturado con 140 kilos de cocaína pura–, la verdad es que los cocaleros informales –base del narcotráfico– se sentirían muy cómodos de actuar y proyectarse si –para mala suerte del Perú– existiese una administración pro chavista como la que representa el humalismo. Peor aún cuando la experiencia demuestra la manera como el narcotráfico trata de meter sus tentáculos en la política de los países donde actúa, como ocurre en tierras venezolanas.
Lamentamos que so pretexto de que los cocaleros son campesinos inocuos, existan políticos que sirven de caja de resonancia a las mafias y los carteles de la droga, olvidando que esos seudoagricultores son eslabones medulares de la “cadena narco”. Aquí existe entonces un innegable costo político que deben asumir la congresista y el PN. Y tendrán que hacerlo, pese a que sus organizaciones de base tienen en los cocaleros informales a una importante base electorera, gente que no sólo contamina los ríos y las tierras de la selva (con acetona, kerosene, ácido sulfúrico, ácido muriático, etc.) sino que tampoco siente remordimiento a sabiendas de que su vil negocio intoxica y mata a millones de adictos al clorhidrato de cocaína en el mundo.
Estamos pues ante una situación delicada. Ollanta Humala aspira a convertirse en conductor del Estado peruano, y en tal contexto acaso facilitaría mayor empatía con el génesis del narcotráfico: los cocaleros, siempre defendidos por su partido y su bancada parlamentaria. Más aún siendo obvio que Humala está adherido al pensamiento imperialista “bolivariano” de la droga y el petróleo que lidera Hugo Chávez, según el cual sólo Estados Unidos debe resolver el problema del tráfico de estupefacientes. Pero los hechos demuestran lo contrario en Venezuela. En los casi once años que viene gobernando Chávez, la captura de narcos en su país disminuyó; el tráfico de drogas aumentó; el número de consumidores subió; y las muertes por ajustes de cuenta ligados al consumo de drogas creció, al punto que inclusive las cifras oficiales señalan que han muerto 150 mil venezolanos durante el régimen chavista. Y esto se agrava, porque Chávez ha cortado todo tipo de convenio de lucha antidroga con los EE UU, habiendo incluso expulsado a la DEA y al NAS.
Miremos ese espejo y reflexionemos sobre lo que podría pasar en el Perú si Ollanta Humala accede a la Casa de Pizarro. De modo que por más que alguien alegue que no existe “vinculación alguna” entre una congresista humalista y su ex asesor –capturado con 140 kilos de cocaína pura–, la verdad es que los cocaleros informales –base del narcotráfico– se sentirían muy cómodos de actuar y proyectarse si –para mala suerte del Perú– existiese una administración pro chavista como la que representa el humalismo. Peor aún cuando la experiencia demuestra la manera como el narcotráfico trata de meter sus tentáculos en la política de los países donde actúa, como ocurre en tierras venezolanas.
martes, 1 de septiembre de 2009
Callao: Problema mayor
¿Podremos tener un puerto –el del Callao– seguro y a la vez que no ahuyente al visitante que se acerca al mismo para conocer sus atractivos turísticos? Más aún, ¿podremos darle condiciones mínimas de tranquilidad pública y seguridad ciudadana a la población chalaca, la que en su mayoría es decente y trabajadora, pero vive amenazada por un reducidísimo clan de antisociales que desacretida a una región estrechamente vinculada a Lima?
Ante los terribles hechos de sangre registrados en el Callao durante los últimos días, la Policía Nacional ha realizado varios operativos contra la delincuencia común. Pero no hace mucho, cuando en el Ministerio del Interior estaba el doctor Luis Alva Castro, también se realizaron rastrillajes en diversas zonas del puerto. No obstante es evidente que sirvieron de poco, pues terminada la razzia los delincuentes se reagruparon para continuar sembrando muerte y dolor no solo en las arterias urbanas chalacas sino que desde ahí salen a cometer sus fechorías en distintos puntos de la Gran Lima, cuando no también al interior del país.
Entonces nos enfrentamos a un problema mayor, donde la autoridad regional y local del primer puerto del país requiere de la ayuda del gobierno nacional y de las instituciones públicas y privadas. Lamentamos que hasta ahora ningún político se haya propuesto efectivizar esta iniciativa, para acabar con la indefensión y temor en que viven miles de ciudadanos que viven allí o que por diversos motivos tienen que pasar por el Callao, siendo muchas veces presas de los criminales. Es decir, pasan las administraciones y el problema se agrava con situaciones cada vez más espeluznantes, como cuando bandas de jóvenes y adultos actúan con armas de alto poder de fuego –pistolas automáticas, fusiles de corto y largo alcance o granadas de guerra– que poseen sin problema alguno.
Estamos pues ante una delicada realidad y sin que aparezca una voz que se ocupe de los derechos humanos de tanto niño, adolescente, hombres y mujeres que habitan en el Callao. Las ONG políticas dizque de dd hh nunca lo van a hacer. A esas sólo les preocupan los casos donde puedan sacarle dinero al Estado o a las víctimas, sea mediante reparaciones o indemnizaciones ganadas en cortes internacionales a las cuales cualquier mortal no puede acceder sino está patrocinado por ellas. Entonces los medios de comunicación debemos esforzarnos para que las cosas comiencen a cambiar en el Callao. Proponemos que a los megaoperativos policiales se sume una acción social decidida del gobierno regional, que cuente la vez con un plan piloto en el que participen las organizaciones que quieran colaborar con esa autoridad a fin de impulsar, por ejemplo, el tratamiento idóneo a los jóvenes envueltos en el consumo de drogas o en pandillas, así como materializar una seria labor de resocialización de los ex reclusos que viven en el puerto.
De no hacerlo, pasados los operativos policiales de estos días, todo volverá como antes. Un problema que nadie soluciona, no obstante el número de víctimas que deja en el camino.
Ante los terribles hechos de sangre registrados en el Callao durante los últimos días, la Policía Nacional ha realizado varios operativos contra la delincuencia común. Pero no hace mucho, cuando en el Ministerio del Interior estaba el doctor Luis Alva Castro, también se realizaron rastrillajes en diversas zonas del puerto. No obstante es evidente que sirvieron de poco, pues terminada la razzia los delincuentes se reagruparon para continuar sembrando muerte y dolor no solo en las arterias urbanas chalacas sino que desde ahí salen a cometer sus fechorías en distintos puntos de la Gran Lima, cuando no también al interior del país.
Entonces nos enfrentamos a un problema mayor, donde la autoridad regional y local del primer puerto del país requiere de la ayuda del gobierno nacional y de las instituciones públicas y privadas. Lamentamos que hasta ahora ningún político se haya propuesto efectivizar esta iniciativa, para acabar con la indefensión y temor en que viven miles de ciudadanos que viven allí o que por diversos motivos tienen que pasar por el Callao, siendo muchas veces presas de los criminales. Es decir, pasan las administraciones y el problema se agrava con situaciones cada vez más espeluznantes, como cuando bandas de jóvenes y adultos actúan con armas de alto poder de fuego –pistolas automáticas, fusiles de corto y largo alcance o granadas de guerra– que poseen sin problema alguno.
Estamos pues ante una delicada realidad y sin que aparezca una voz que se ocupe de los derechos humanos de tanto niño, adolescente, hombres y mujeres que habitan en el Callao. Las ONG políticas dizque de dd hh nunca lo van a hacer. A esas sólo les preocupan los casos donde puedan sacarle dinero al Estado o a las víctimas, sea mediante reparaciones o indemnizaciones ganadas en cortes internacionales a las cuales cualquier mortal no puede acceder sino está patrocinado por ellas. Entonces los medios de comunicación debemos esforzarnos para que las cosas comiencen a cambiar en el Callao. Proponemos que a los megaoperativos policiales se sume una acción social decidida del gobierno regional, que cuente la vez con un plan piloto en el que participen las organizaciones que quieran colaborar con esa autoridad a fin de impulsar, por ejemplo, el tratamiento idóneo a los jóvenes envueltos en el consumo de drogas o en pandillas, así como materializar una seria labor de resocialización de los ex reclusos que viven en el puerto.
De no hacerlo, pasados los operativos policiales de estos días, todo volverá como antes. Un problema que nadie soluciona, no obstante el número de víctimas que deja en el camino.
lunes, 31 de agosto de 2009
sábado, 25 de julio de 2009
Papelón de ayayeros
La Universidad debería ser una institución fiel reflejo de la libertad de pensamiento, la acumulación de sabiduría y conocimiento, como también una tribuna de tolerancia donde se busca la verdad. Siglos de evolución histórica han hecho que la Academia sea hoy el espacio privilegiado donde, primordialmente, los jóvenes se preparan para conducir a la sociedad global. Y, frente a este marco, opinamos que en ningún momento el cardenal Juan Luis Cipriani atentó contra institución alguna cuando, ejerciendo su libertad de pensamiento y expresión, sostuvo que las autoridades de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) deben cumplir cabalmente el Ex corde Eclassiae, aprobado en 1991 por el Papa Juan Pablo II.
Es decir, solicitar que una casa superior de estudios –que lleva nada menos que los nombres de “pontificia” y “católica”– respete a la referida “Constitución Apostólica del Sumo Pontífice sobre las Universidades Católicas”, bastó para que el nuevo rector Marcial Rubio Correa y sus ayayeros, respondieran con prepotencia a tan importante autoridad eclesiástica, quien además de Cardenal es el Arzobispo de Lima. Se evidencia pues que los sectores caviares que respaldan a Rubio Correa –quien no debe estresarse tanto cuando se le recuerda su pasado velasquista y su militancia en el Partido Socialista Revolucionario PSR y su participación en Izquierda Unida–, se han puesto muy nerviosos hasta protagonizar inclusive un papelón mediático. Este escandaloso resbalón se materializó cuando la PUCP contrató costosos avisos en un medio escrito (por cierto con dinero de los estudiantes universitarios) para espetar y agraviar a monseñor Cipriani, así como para intentar refutar su pedido que esa universidad se adecue a los parámetros que hoy le permiten usufructuar –sin rubor– la condición de “pontificia” y católica”.
Pero, reiteramos, la cúpula enquistada en la PUCP patinó estrepitosamente no sólo al practicar el estilo montesinista de obligar a profesores, docentes y alumnos a firmar una suerte de “carta de sujeción” (como en su momento opinó el hábil periodista Aldo Mariátegui), sino porque supuestamente varios de quienes la suscribieron no recuerdan haber firmado un comunicado cuyo texto empezaba así: “Ante las recientes e infundadas declaraciones del Sr. Arzobispo de Lima, Cardenal Juan Luis Cipriani, en las que afirma que la Universidad está siendo ‘copada’ por ciertos grupos de poder desde hace casi 20 años (...)”. Por ello, 24 horas después los promotores de este mamotreto tuvieron que rectificarlo, publicando otro millonario aviso a toda página, aunque señalando torpemente que “el día de ayer se publicó otro texto por error” –es decir, cuando ya habían logrado su propósito de insultar al religioso– demostrando así que la camarilla que manda en la PUCP engañó a muchos de los firmantes, cuya intención no fue agraviar al cardenal Cipriani.
Mal comienzo del rectorado de Rubio Correa, pues de qué transparencia estamos hablando si sus allegados pasan de contrabando el texto de un comunicado para hacerlo firmar por muchos miembros de la comunidad universitaria de la PUCP, pero solo después de publicado algunos se dieron cuenta de que el tenor aparecido no era el que habían leído antes de suscribirlo, por lo que los autores del respaldo maquiavélico a Rubio tuvieron que enmendarlo, retirando el párrafo que atacaba al cardenal Cipriani. Este desaguisado no sólo pone sobre el tapete que “para mentir o comer pescado se debe tener mucho cuidado”, sino que resulta un deshonor para quienes hoy detentan altos cargos en la PUCP, quienes además equivocadamente quieren sorprender a la opinión pública diciendo que la autonomía universitaria está en peligro, cuando en realidad esto no es nada más que otra farsa de la cúpula enquistada en la PUCP.
Es decir, solicitar que una casa superior de estudios –que lleva nada menos que los nombres de “pontificia” y “católica”– respete a la referida “Constitución Apostólica del Sumo Pontífice sobre las Universidades Católicas”, bastó para que el nuevo rector Marcial Rubio Correa y sus ayayeros, respondieran con prepotencia a tan importante autoridad eclesiástica, quien además de Cardenal es el Arzobispo de Lima. Se evidencia pues que los sectores caviares que respaldan a Rubio Correa –quien no debe estresarse tanto cuando se le recuerda su pasado velasquista y su militancia en el Partido Socialista Revolucionario PSR y su participación en Izquierda Unida–, se han puesto muy nerviosos hasta protagonizar inclusive un papelón mediático. Este escandaloso resbalón se materializó cuando la PUCP contrató costosos avisos en un medio escrito (por cierto con dinero de los estudiantes universitarios) para espetar y agraviar a monseñor Cipriani, así como para intentar refutar su pedido que esa universidad se adecue a los parámetros que hoy le permiten usufructuar –sin rubor– la condición de “pontificia” y católica”.
Pero, reiteramos, la cúpula enquistada en la PUCP patinó estrepitosamente no sólo al practicar el estilo montesinista de obligar a profesores, docentes y alumnos a firmar una suerte de “carta de sujeción” (como en su momento opinó el hábil periodista Aldo Mariátegui), sino porque supuestamente varios de quienes la suscribieron no recuerdan haber firmado un comunicado cuyo texto empezaba así: “Ante las recientes e infundadas declaraciones del Sr. Arzobispo de Lima, Cardenal Juan Luis Cipriani, en las que afirma que la Universidad está siendo ‘copada’ por ciertos grupos de poder desde hace casi 20 años (...)”. Por ello, 24 horas después los promotores de este mamotreto tuvieron que rectificarlo, publicando otro millonario aviso a toda página, aunque señalando torpemente que “el día de ayer se publicó otro texto por error” –es decir, cuando ya habían logrado su propósito de insultar al religioso– demostrando así que la camarilla que manda en la PUCP engañó a muchos de los firmantes, cuya intención no fue agraviar al cardenal Cipriani.
Mal comienzo del rectorado de Rubio Correa, pues de qué transparencia estamos hablando si sus allegados pasan de contrabando el texto de un comunicado para hacerlo firmar por muchos miembros de la comunidad universitaria de la PUCP, pero solo después de publicado algunos se dieron cuenta de que el tenor aparecido no era el que habían leído antes de suscribirlo, por lo que los autores del respaldo maquiavélico a Rubio tuvieron que enmendarlo, retirando el párrafo que atacaba al cardenal Cipriani. Este desaguisado no sólo pone sobre el tapete que “para mentir o comer pescado se debe tener mucho cuidado”, sino que resulta un deshonor para quienes hoy detentan altos cargos en la PUCP, quienes además equivocadamente quieren sorprender a la opinión pública diciendo que la autonomía universitaria está en peligro, cuando en realidad esto no es nada más que otra farsa de la cúpula enquistada en la PUCP.
viernes, 24 de julio de 2009
Actores profesionales
El reparto de actores crece para agitar las aguas latinoamericanas con miras a instituir gobiernos títeres manipulados por la denominada “revolución bolivariana”. En el caso del Perú, las elecciones generales se realizarán en abril de 2011.
Sin embargo desde ahora la agitación frenética ha empezado en diversos escenarios. Por ejemplo, mientras el candidato favorito de Hugo Chávez, de nombre Ollanta Humala, adquiere roce internacional en elegantes foros europeos y en giras destinadas a quitarle la imagen de militarote velasquista, tozudo e insurrecto, otros son los que organizan las huelgas o, como las llaman ahora, “jornadas de lucha”, y desde el Parlamento se continúa con las tareas de agitación.
No cabe duda que ante el fracaso del paro programado para los días 7, 8 y 9 de julio, algo tenían que idear las huestes humalistas, aliadas a todo ese mosaico de grupos que van desde radicales de la izquierda infantil hasta facciones terroristas sumidas hoy en sus procesos de reconstrucción interna, pero todos alentados por el entusiasmo y los dólares del chavismo. Así, se tenía que buscar gente con cara de “yo no fui”, o personajes que simulan no matar ni una mosca. Para eso entró en escena el congresista Víctor Mayorga, quien permitió no sólo el ingreso de emerretistas al Congreso de la República, sino que les autorizó a dar allí una conferencia de prensa. Parte del guión fue mostrarse sorprendido por las declaraciones de la facción Patria Libre, que dicho sea de paso no es un nuevo partido que quiere participar en la política, sino que subrepticiamente lo hace desde 20 años atrás como fachada del MRTA.
Mientras Ollanta Humala quiere aparecer por encima del bien y del mal, aunque atacando a medios de prensa con falacias para no responder por sus temerarias declaraciones en el exterior, aquí en Perú el guión sigue exponiéndose capítulo por capítulo. Así un cándido Mayorga salió a disculparse por distintos medios pero su objetivo lo había logrado: poner ante los ojos de millones de televidentes a nada inofensivos dirigentes de Patria Libre, quienes tienen la misión de agudizar las contradicciones con miras a la campaña electoral que se aproxima. Lamentablemente en medio de ese teatro, donde todas las fuerzas de izquierda suman –unas desempeñando el rol de galán y otras en calidad de personajes secundarios–, tampoco podían faltar los “extras”, quienes se encargarán de aumentar el volumen de la caja de resonancia noticiosa sobre el resurgir de la izquierda antisistema bajo el “socialismo del siglo XXI” promovido por el imperialista petrolero Hugo Chávez.
Para aumentar el drama e intriga en la platea, uno de esos “extras” ha espetado: “los informes de inteligencia no sirven para nada” y exige que “termine la persecución política contra Patria Libre”, desconociendo que es vital para todo Estado libre prevenir amenazas presentes o futuras mediante la producción de inteligencia, y que esas acciones en sí mismas no constituyen “persecución”, toda vez que se hacen para evitar mayores acechos colectivos a la sociedad. Y otro “extra”, pese a haber sido ministro del Interior, ha dicho con total empacho que “el MRTA no existe”. Por Dios, con tanto ingenuo rentado por ONGs o motivado por la figuración, vemos que el país no supera yerros del pasado. Como cuando aquel ex ministro de gobierno belaundista, José María de la Jara, en la década del sesenta minimizó a grupos radicales que luego germinaron la lucha armada con el saldo de veinte mil muertos y miles de millones de dólares en pérdida
Sin embargo desde ahora la agitación frenética ha empezado en diversos escenarios. Por ejemplo, mientras el candidato favorito de Hugo Chávez, de nombre Ollanta Humala, adquiere roce internacional en elegantes foros europeos y en giras destinadas a quitarle la imagen de militarote velasquista, tozudo e insurrecto, otros son los que organizan las huelgas o, como las llaman ahora, “jornadas de lucha”, y desde el Parlamento se continúa con las tareas de agitación.
No cabe duda que ante el fracaso del paro programado para los días 7, 8 y 9 de julio, algo tenían que idear las huestes humalistas, aliadas a todo ese mosaico de grupos que van desde radicales de la izquierda infantil hasta facciones terroristas sumidas hoy en sus procesos de reconstrucción interna, pero todos alentados por el entusiasmo y los dólares del chavismo. Así, se tenía que buscar gente con cara de “yo no fui”, o personajes que simulan no matar ni una mosca. Para eso entró en escena el congresista Víctor Mayorga, quien permitió no sólo el ingreso de emerretistas al Congreso de la República, sino que les autorizó a dar allí una conferencia de prensa. Parte del guión fue mostrarse sorprendido por las declaraciones de la facción Patria Libre, que dicho sea de paso no es un nuevo partido que quiere participar en la política, sino que subrepticiamente lo hace desde 20 años atrás como fachada del MRTA.
Mientras Ollanta Humala quiere aparecer por encima del bien y del mal, aunque atacando a medios de prensa con falacias para no responder por sus temerarias declaraciones en el exterior, aquí en Perú el guión sigue exponiéndose capítulo por capítulo. Así un cándido Mayorga salió a disculparse por distintos medios pero su objetivo lo había logrado: poner ante los ojos de millones de televidentes a nada inofensivos dirigentes de Patria Libre, quienes tienen la misión de agudizar las contradicciones con miras a la campaña electoral que se aproxima. Lamentablemente en medio de ese teatro, donde todas las fuerzas de izquierda suman –unas desempeñando el rol de galán y otras en calidad de personajes secundarios–, tampoco podían faltar los “extras”, quienes se encargarán de aumentar el volumen de la caja de resonancia noticiosa sobre el resurgir de la izquierda antisistema bajo el “socialismo del siglo XXI” promovido por el imperialista petrolero Hugo Chávez.
Para aumentar el drama e intriga en la platea, uno de esos “extras” ha espetado: “los informes de inteligencia no sirven para nada” y exige que “termine la persecución política contra Patria Libre”, desconociendo que es vital para todo Estado libre prevenir amenazas presentes o futuras mediante la producción de inteligencia, y que esas acciones en sí mismas no constituyen “persecución”, toda vez que se hacen para evitar mayores acechos colectivos a la sociedad. Y otro “extra”, pese a haber sido ministro del Interior, ha dicho con total empacho que “el MRTA no existe”. Por Dios, con tanto ingenuo rentado por ONGs o motivado por la figuración, vemos que el país no supera yerros del pasado. Como cuando aquel ex ministro de gobierno belaundista, José María de la Jara, en la década del sesenta minimizó a grupos radicales que luego germinaron la lucha armada con el saldo de veinte mil muertos y miles de millones de dólares en pérdida
jueves, 23 de julio de 2009
Alan García volverá a bailar con Gisela
Hace tiempo que el dirigente del Partido Nacionalista, Ollanta Humala, viene lavándose la cara para presentarse a las elecciones generales del 2011. Pero en Madrid (España) ha llegado al colmo de hacerse un peeling. El encuentro de Humala con el novelista Mario Vargas Llosa nos lleva a comprobar que se ha tomado muy en serio esta aspiración y está decidido inclusive a bajar el tono de sus postulados radicales –y simular un estratégico retroceso sobre sus formas políticas autoritarias– a fin de acabar de triunfador en las ánforas y constituirse –a como dé lugar– en presidente del Perú. Deben quedar plenamente establecidos varios elementos en esta suerte de nuevo estilo del nacionalista, quien por lo visto va por un lado mientras su bancada parlamentaria enrumba por otro, luego de conocerse los coqueteos de ésta con los seguidores del terrorista Víctor Polay, encarnados actualmente en “Patria Libre”, y hasta sirviéndoles de coordinadora para la conferencia de prensa lanzada desde el Congreso de la República para dar loas al gestor del asalto criminal (Néstor Cerpa Cartoloni) a la residencia del embajador del Japón en el Perú. Esta descoordinación “nacionalista” es la mejor prueba de la hipocresía y de la escopeta de dos cañones del humalismo, hechos que deben advertir los incautos a fin de que, al final de la campaña electoral –siempre engañosas–, no acaben apoyando a un chavista disfrazado de demócrata para conducir al país por un camino desastroso ya experimentado.
Pero esta táctica, exteriorizada desde Madrid, se afina justo después de la respuesta institucional hondureña al transfuguismo de Manuel Zelaya –converso de liberal a chavista–. Zelaya es la más reciente demostración de que la antropofagia de Hugo Chávez no tiene límites y que puede captar –obviamente “comprar” con fondos petroleros– a líderes disfrazados de demócratas, inclusive a políticos luego de que éstos juren como presidentes –como notamos en países vecinos y distantes– con la seguridad de hacerlos virar hacia la ruta de su denominado “socialismo del siglo XXI”. Tampoco olvidemos que en el objetivo de capturar el poder, uno de los partners de Chávez, Fidel Castro, hace medio siglo concretó similar maquiavelismo, cuando –por ejemplo– convocó a demócratas latinoamericanos y conformó misiones en países –hasta en el Perú– a fin de pedir ayuda para derrocar al dictador Batista, pero una vez que lo consiguió vendió su revolución al Partido Comunista del Kremlin.
El cambio de estrategia también puede funcionar al revés. Es decir desde la periferia de Venezuela y no sólo desde el centro del chavismo (Palacio de Miraflores). Ocurre cuando los adláteres de Hugo Chávez –Ollanta Humala en el caso peruano– aguzan sus planes mediáticos ya sea comprando o alquilando medios de comunicación, o reuniéndose con connotados intelectuales liberales para “blanquearse” y entonar mejor con el elector promedio, a quien engatusan para captar el voto situado en el centro. Por eso no escatiman ponderar ahora a favor de la inversión privada o del libre mercado, dando así –sin rubor– un giro de 180 grados respecto a sus propuestas y discursos de hace solo meses. En este proceso, a Ollanta Humala no le interesa asumir pequeños costos. Total, sus huestes radicalizadas suman muy poco para ganar una elección. Lo importante para él es llegar al gobierno trampeando al elector de centro. Y una vez consolidado en el mando supremo imponer su ideología original. Entonces el debate no va por el significado de la palabra “nacionalismo” (discusión bizantina) sino por las actitudes de quien lo encarna: arbitrariedad, engaño, estatismo, totalitarismo y mesianismo.
Pero esta táctica, exteriorizada desde Madrid, se afina justo después de la respuesta institucional hondureña al transfuguismo de Manuel Zelaya –converso de liberal a chavista–. Zelaya es la más reciente demostración de que la antropofagia de Hugo Chávez no tiene límites y que puede captar –obviamente “comprar” con fondos petroleros– a líderes disfrazados de demócratas, inclusive a políticos luego de que éstos juren como presidentes –como notamos en países vecinos y distantes– con la seguridad de hacerlos virar hacia la ruta de su denominado “socialismo del siglo XXI”. Tampoco olvidemos que en el objetivo de capturar el poder, uno de los partners de Chávez, Fidel Castro, hace medio siglo concretó similar maquiavelismo, cuando –por ejemplo– convocó a demócratas latinoamericanos y conformó misiones en países –hasta en el Perú– a fin de pedir ayuda para derrocar al dictador Batista, pero una vez que lo consiguió vendió su revolución al Partido Comunista del Kremlin.
El cambio de estrategia también puede funcionar al revés. Es decir desde la periferia de Venezuela y no sólo desde el centro del chavismo (Palacio de Miraflores). Ocurre cuando los adláteres de Hugo Chávez –Ollanta Humala en el caso peruano– aguzan sus planes mediáticos ya sea comprando o alquilando medios de comunicación, o reuniéndose con connotados intelectuales liberales para “blanquearse” y entonar mejor con el elector promedio, a quien engatusan para captar el voto situado en el centro. Por eso no escatiman ponderar ahora a favor de la inversión privada o del libre mercado, dando así –sin rubor– un giro de 180 grados respecto a sus propuestas y discursos de hace solo meses. En este proceso, a Ollanta Humala no le interesa asumir pequeños costos. Total, sus huestes radicalizadas suman muy poco para ganar una elección. Lo importante para él es llegar al gobierno trampeando al elector de centro. Y una vez consolidado en el mando supremo imponer su ideología original. Entonces el debate no va por el significado de la palabra “nacionalismo” (discusión bizantina) sino por las actitudes de quien lo encarna: arbitrariedad, engaño, estatismo, totalitarismo y mesianismo.
miércoles, 22 de julio de 2009
Reenganche de licenciados
No cabe duda de que las Fuerzas Armadas tienen un rol constitucional de primer orden en el desarrollo del país. En el caso específico del Ejército del Perú (EP), dada su homogénea presencia en los rincones más alejados de la costa, sierra y selva, queda en evidencia su estrecha vinculación con la población de todos los segmentos sociales. Por eso es menester atender el pedido de su comandante general, el Gral. EP Otto Guibovich, quien ha ratificado la importancia de que el Congreso de la República apruebe el proyecto de ley que permite “reenganchar” al personal licenciado de las FF AA a sus respectivas instituciones en las cuales cumplieron el servicio militar, a fin de contar con tropas especializadas y permanentemente actualizadas. Inclusive, en aspectos que tienen relación con la modernización y operatividad estratégica, no es apropiada la manera como actualmente muchos jóvenes cumplen su servicio militar a la patria (voluntario por cierto, pues lamentablemente así se modificó la ley) ya que ellos no reciben el debido apoyo del Estado para que cuenten con incentivos que les permitan seguir una verdadera carrera en los institutos castrenses. Si a esto se agrega que el personal de tropa tiene mucha rotación, la consecuencia es que –en el tiempo– no se tendrá ni mantendrá el número adecuado y constante de efectivos preparados –y una reserva debidamente entrenada– que una nación requiere para garantizar su seguridad. En medio de este negativo contexto lo único que se consigue es malgastar recursos que al final dificultarán dar el salto cualitativo en cuanto se refiere a la buena gerencia de los recursos humanos en las FF AA.
Pero además dicha iniciativa legislativa permitiría evitará que algunos “reservistas” resulten alienados por doctrinas radicales o por irresponsables demagogos antisistema. En ese sentido, entiende muy bien el comandante general del Ejército que de esta manera se podría recuperar a jóvenes “reservistas” que en este momento están dando vueltas, sin trabajo y desperdiciando su tiempo. Según el general EP Otto Guibovich: “Si esos muchachos que están por allí desean reincorporarse, es bueno que tengan las puertas abiertas para hacerlo y pueden hacer una carrera como soldados permanentes”. Por eso creemos que es oportuno que se debata y apruebe un proyecto de ley de esta envergadura, que permita a los jóvenes que han logrado licenciarse, y que no tienen bien en claro qué opción tomar en sus vidas, contar con una norma legal que les aliente a seguir en las FF AA, engrosando las filas de nuevos cuerpos especializados permanentes, y mejor si están integrados por gente proveniente del servicio militar que desea hacer una carrera sólida y respetable.
Esperamos que este tema, visto ya en la Comisión de Defensa del Congreso de la República, se concrete en la próxima legislatura y se convierta en ley. El Perú necesita fortalecer sus FF AA y esta es una de las tantas fórmulas que coadyuvarán a este objetivo nacional.
Pero además dicha iniciativa legislativa permitiría evitará que algunos “reservistas” resulten alienados por doctrinas radicales o por irresponsables demagogos antisistema. En ese sentido, entiende muy bien el comandante general del Ejército que de esta manera se podría recuperar a jóvenes “reservistas” que en este momento están dando vueltas, sin trabajo y desperdiciando su tiempo. Según el general EP Otto Guibovich: “Si esos muchachos que están por allí desean reincorporarse, es bueno que tengan las puertas abiertas para hacerlo y pueden hacer una carrera como soldados permanentes”. Por eso creemos que es oportuno que se debata y apruebe un proyecto de ley de esta envergadura, que permita a los jóvenes que han logrado licenciarse, y que no tienen bien en claro qué opción tomar en sus vidas, contar con una norma legal que les aliente a seguir en las FF AA, engrosando las filas de nuevos cuerpos especializados permanentes, y mejor si están integrados por gente proveniente del servicio militar que desea hacer una carrera sólida y respetable.
Esperamos que este tema, visto ya en la Comisión de Defensa del Congreso de la República, se concrete en la próxima legislatura y se convierta en ley. El Perú necesita fortalecer sus FF AA y esta es una de las tantas fórmulas que coadyuvarán a este objetivo nacional.
Reglas de tránsito
Es de locos que el Congreso de la República apruebe leyes –y que el Ejecutivo las reglamente con decretos supremos– pero que luego esas mismas normas sean reparadas en seudo “mesas de diálogo” conformadas entre las autoridades (llamadas a hacerlas cumplir) y cualquier imberbe disfrazado de dirigente (también obligado a acatarlas), para que finalmente sean enmendadas mediante “actas” firmadas por representantes del Ejecutivo. Los miembros del gobierno tienen que erradicar esa actitud sumisa e improvisada frente a las presiones de grupos que sólo buscan vivir en el desorden y se resisten a construir una sociedad civilizada. La institucionalidad y el estado de derecho también está en las pistas y carreteras. Este asunto no es un tema menos grave que, por ejemplo, el acontecido en Bagua –donde la turba azuzada por “dirigentes” indígenas asesinó a 24 policías y hasta hoy nadie está en la cárcel– pues anualmente hay más muertes causadas por accidentes automovilísticos ocasionados por energúmenos e incapaces que no distinguen entre la norma y el salvajismo. Por eso respaldamos a los ciudadanos que demandan mayor sanción a quienes infringen el Código de Tránsito, como los familiares de aquellos que perdieron la vida –o quedaron tullidos– a causa de malos chóferes del servicio público o particular.
A lo largo de la última década ya bastante se ha modificado el Código aludido. Pero ahora un sector del gremio de transportistas exige impedir su cumplimiento, recurriendo a un nuevo paro para exigir que la norma sea modificada más de lo que ya está. Entonces es sencillamente la autoridad la que, con sus retrocesos y ambigüedades, está propiciando que las leyes sean en el Perú un saludo a la bandera, y que otros grupos sociales hagan lo propio, pues éstos advierten que con medidas de lucha, jornadas violentas o movilizaciones el gobierno pone los pies en polvorosa, en vez de imponer su autoridad para hacer respetar las sanciones previstas para los malos conductores. Al respecto, censuramos que ahora el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) alegue que se restringirá la función de la Policía de Tránsito durante las intervenciones a los chóferes y vehículos, y que se compensarán con más “puntos” a los infractores de tránsito a cambio de capacitación.
También deploramos que un sector de transportistas insista con el paro para conseguir –a la mala– la rebaja de las multas a las que se hacen acreedores por su salvajismo. En este extremo, si bien el ministro de Transportes y Comunicaciones ha señalado que se trata de “un asunto no negociable”, pensamos que ya está saliéndose de la raya ese método chantajista que pone contra las cuerdas al Estado peruano, predicando el vandalismo como sistema para desacatar las leyes, vía su derogatoria o modificación. Los gremios de transportistas no tienen autoridad moral para reclamar, ya que inclusive muchos de sus miembros tienen innumerables papeletas impagas desde hace años, y pese a ello hoy quieren que los montos de las multas por infracciones sean modificados. En esta situación, señores del gobierno, el único lema es hacer cumplir la ley y no retroceder ante la sinrazón.
A lo largo de la última década ya bastante se ha modificado el Código aludido. Pero ahora un sector del gremio de transportistas exige impedir su cumplimiento, recurriendo a un nuevo paro para exigir que la norma sea modificada más de lo que ya está. Entonces es sencillamente la autoridad la que, con sus retrocesos y ambigüedades, está propiciando que las leyes sean en el Perú un saludo a la bandera, y que otros grupos sociales hagan lo propio, pues éstos advierten que con medidas de lucha, jornadas violentas o movilizaciones el gobierno pone los pies en polvorosa, en vez de imponer su autoridad para hacer respetar las sanciones previstas para los malos conductores. Al respecto, censuramos que ahora el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) alegue que se restringirá la función de la Policía de Tránsito durante las intervenciones a los chóferes y vehículos, y que se compensarán con más “puntos” a los infractores de tránsito a cambio de capacitación.
También deploramos que un sector de transportistas insista con el paro para conseguir –a la mala– la rebaja de las multas a las que se hacen acreedores por su salvajismo. En este extremo, si bien el ministro de Transportes y Comunicaciones ha señalado que se trata de “un asunto no negociable”, pensamos que ya está saliéndose de la raya ese método chantajista que pone contra las cuerdas al Estado peruano, predicando el vandalismo como sistema para desacatar las leyes, vía su derogatoria o modificación. Los gremios de transportistas no tienen autoridad moral para reclamar, ya que inclusive muchos de sus miembros tienen innumerables papeletas impagas desde hace años, y pese a ello hoy quieren que los montos de las multas por infracciones sean modificados. En esta situación, señores del gobierno, el único lema es hacer cumplir la ley y no retroceder ante la sinrazón.
lunes, 20 de julio de 2009
En torno a Salud
¿Cuán unidos estamos para enfrentar eficazmente la pandemia de la gripe AH1N1? Hace apenas unas semanas nos preciábamos de ser la nación con menor número de víctimas fatales y con la más reducida estadística de morbilidad en relación a ese nocivo virus de la influenza. Es verdad que aún no hemos llegado a los extremos experimentados en México, Chile o Argentina, pero tampoco debemos quedarnos en medio de esta contemplación. Necesitamos actuar ahora reconociendo la importancia de articular energías y políticas a fin de evitar que la pandemia se salga de control en el país, pese a las noticias provenientes del exterior que informan acerca del descenso de la curva de contagios en el mundo. Actualmente, y por cierto con más coordinación desde la experiencia vivida por el Perú a principios de la década de los noventa cuando se expandió el cólera, el Ministerio de Salud (Minsa) está desempeñando un rol articulador y es escuchado por los demás sectores como nunca antes. Lo hace Educación, Defensa, Justicia, etc. El adelanto de vacaciones escolares de medio año no obstante que quizá debió plantearse un poco antes; la postergación del desfile militar por Fiestas Patrias; o la vacunación contra la gripe entre los reclusos como una forma de prevención entre la población penitenciaria, hablan de una voluntad coherente por defender al país de peores consecuencias. A esto hay que sumar el papel desarrollado por la actividad privada, gremios empresariales, corporaciones, laboratorios, clínicas, etc., aunque primero hubo una aislada actitud irresponsable de un colegio particular que en medio de la alerta mundial envió a una promoción de alumnos a Punta Cana, pero lo concreto es que todos se movilizan en pro de la salud.
Pueden haber cabos sueltos por atar, algunas descoordinaciones con gobiernos regionales, sin embargo transformemos positivamente este trance haciendo de la crisis una oportunidad para lograr que sea el Perú uno de los países que con mayor éxito enfrentó la pandemia de la influenza AH1N1. Hay dos lemas vertebradores: “El Perú unido contra la influenza” y “El Perú avanza”. Trabajemos para que no sean frases propias de algún marketing político gubernamental sino que se conviertan en inteligencia genuina, músculo y técnica a favor de los valores y acciones que permitirán defender a nuestra comunidad. Similar situación debería practicar la dirigencia nacional frente a la crisis económica mundial. En esto también el reto es el mismo: morigerar los efectos de la recesión global sobre nuestro desarrollo y crecimiento.
Por supuesto que aquello no significa ignorar deficiencias, errores o desaciertos. Al contrario, si tenemos la ruta trazada y objetivos claros, debemos cuestionar cuando se improvisa en algunos hospitales o no se avanza como es debido. Naturalmente siempre las críticas constructivas son las valederas y no las zancadillas puestas de mala fe. Superemos los problemas de gestión para preservar del foco de contagio a nuestros compatriotas y a los ciudadanos extranjeros que están de visita en el Perú. Seamos conscientes que como nunca antes estamos preocupados y unidos en torno a la salud y es la oportunidad de que el Minsa genere disciplina y voluntad para hacer frente no sólo a la influenza sino también a otros males como la tuberculosis, la hepatitis B o la neumonía presente en zonas altoandinas.
Pueden haber cabos sueltos por atar, algunas descoordinaciones con gobiernos regionales, sin embargo transformemos positivamente este trance haciendo de la crisis una oportunidad para lograr que sea el Perú uno de los países que con mayor éxito enfrentó la pandemia de la influenza AH1N1. Hay dos lemas vertebradores: “El Perú unido contra la influenza” y “El Perú avanza”. Trabajemos para que no sean frases propias de algún marketing político gubernamental sino que se conviertan en inteligencia genuina, músculo y técnica a favor de los valores y acciones que permitirán defender a nuestra comunidad. Similar situación debería practicar la dirigencia nacional frente a la crisis económica mundial. En esto también el reto es el mismo: morigerar los efectos de la recesión global sobre nuestro desarrollo y crecimiento.
Por supuesto que aquello no significa ignorar deficiencias, errores o desaciertos. Al contrario, si tenemos la ruta trazada y objetivos claros, debemos cuestionar cuando se improvisa en algunos hospitales o no se avanza como es debido. Naturalmente siempre las críticas constructivas son las valederas y no las zancadillas puestas de mala fe. Superemos los problemas de gestión para preservar del foco de contagio a nuestros compatriotas y a los ciudadanos extranjeros que están de visita en el Perú. Seamos conscientes que como nunca antes estamos preocupados y unidos en torno a la salud y es la oportunidad de que el Minsa genere disciplina y voluntad para hacer frente no sólo a la influenza sino también a otros males como la tuberculosis, la hepatitis B o la neumonía presente en zonas altoandinas.
Municipio mayor
En la semana que transcurrió la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) anotó varios puntos en favor del habitante de nuestra megaciudad. La más importante ha sido escuchar a los vecinos que viven –y a quienes transitan– por las inmediaciones del Campo de Marte frente a esa decisión demencial del Concejo Distrital de Jesús María de construir una obra en medio de la vía pública.
La alternativa acertada de la MML ha sido entonces demoler esa edificación ilegal, arbitraria y descabellada. En realidad no entendemos qué pasa por la cabeza del burgomaestre de esa localidad, cuando permite este tipo de proyecto que entorpece el tráfico automovilístico y rompe la perspectiva arquitectónica de un lugar caracterizado por su diseño en base a amplios espacios abiertos.
Por eso hay que felicitar a la MML que ha hecho que miles de limeños se sientan protegidos ante el capricho e incoherencia de ciertas autoridades distritales, muchas de las cuales no saben en qué gastar el dinero del contribuyente, y proceden a aprobar obras que resultan verdaderos bodrios, en vez de invertir eficazmente esos recursos. Por más que diga el alcalde de Jesús María que cuenta con el apoyo de un grupo de vecinos o que sólo busca construir –dizque– un local para el adulto mayor de su circunscripción, sencillamente le decimos que se equivocó. Porque no se puede hacer una obra de esa envergadura en medio de una calzada, pista que no sólo es curva –a un lado del Campo de Marte– sino que no se presta para edificar ahí un salón, poniendo así en peligro la vida del adulto mayor que desee ingresar o salir de ese ambiente. Los accidentes de tránsito están a la vuelta de la esquina, pero por fortuna la MML supo ponerle coto a este tema.
De otro lado, otro punto a favor de la capital ha sido el reforzamiento de la seguridad en el Centro de Lima. Durante la semana pasada, el alcalde Luis Castañeda Lossio entregó modernas unidades motorizadas económicas y ecológicas (40 patrulleros, 15 camionetas, 60 motos), pues usarán gas natural –aparte de 100 bicicletas para los “serenos”– destinadas a garantizar la seguridad de los vecinos y turistas. Esta iniciativa ha sido posible gracias a una inversión que supera los S/. 4 millones. Además, se sabe que la antigua flota de vehículos de la MML será repotenciada y entregada a los distritos que no cuentan con tales unidades, a fin de que velen por la seguridad ciudadana de sus lugareños, lográndose de esta manera poner en práctica el denominado programa “Serenazgo sin Fronteras”.
Basta ver los dos ejemplos que ponemos a consideración de nuestros lectores –en los cuales la MML ratificó una misión especial como si fuera, literalmente, el hermano mayor de los municipios limeños–, para darnos cuenta de que hay múltiples y complejos problemas en la ciudad. Pero precisamente muchos de esos inconvenientes son fomentados, inclusive, por las propias autoridades locales, como el caso de la comuna de Jesús María, por lo que urge el concurso de todos los gobiernos locales para encontrar soluciones coordinadas que hagan finalmente de la Gran Capital un lugar idóneo para vivir.
La alternativa acertada de la MML ha sido entonces demoler esa edificación ilegal, arbitraria y descabellada. En realidad no entendemos qué pasa por la cabeza del burgomaestre de esa localidad, cuando permite este tipo de proyecto que entorpece el tráfico automovilístico y rompe la perspectiva arquitectónica de un lugar caracterizado por su diseño en base a amplios espacios abiertos.
Por eso hay que felicitar a la MML que ha hecho que miles de limeños se sientan protegidos ante el capricho e incoherencia de ciertas autoridades distritales, muchas de las cuales no saben en qué gastar el dinero del contribuyente, y proceden a aprobar obras que resultan verdaderos bodrios, en vez de invertir eficazmente esos recursos. Por más que diga el alcalde de Jesús María que cuenta con el apoyo de un grupo de vecinos o que sólo busca construir –dizque– un local para el adulto mayor de su circunscripción, sencillamente le decimos que se equivocó. Porque no se puede hacer una obra de esa envergadura en medio de una calzada, pista que no sólo es curva –a un lado del Campo de Marte– sino que no se presta para edificar ahí un salón, poniendo así en peligro la vida del adulto mayor que desee ingresar o salir de ese ambiente. Los accidentes de tránsito están a la vuelta de la esquina, pero por fortuna la MML supo ponerle coto a este tema.
De otro lado, otro punto a favor de la capital ha sido el reforzamiento de la seguridad en el Centro de Lima. Durante la semana pasada, el alcalde Luis Castañeda Lossio entregó modernas unidades motorizadas económicas y ecológicas (40 patrulleros, 15 camionetas, 60 motos), pues usarán gas natural –aparte de 100 bicicletas para los “serenos”– destinadas a garantizar la seguridad de los vecinos y turistas. Esta iniciativa ha sido posible gracias a una inversión que supera los S/. 4 millones. Además, se sabe que la antigua flota de vehículos de la MML será repotenciada y entregada a los distritos que no cuentan con tales unidades, a fin de que velen por la seguridad ciudadana de sus lugareños, lográndose de esta manera poner en práctica el denominado programa “Serenazgo sin Fronteras”.
Basta ver los dos ejemplos que ponemos a consideración de nuestros lectores –en los cuales la MML ratificó una misión especial como si fuera, literalmente, el hermano mayor de los municipios limeños–, para darnos cuenta de que hay múltiples y complejos problemas en la ciudad. Pero precisamente muchos de esos inconvenientes son fomentados, inclusive, por las propias autoridades locales, como el caso de la comuna de Jesús María, por lo que urge el concurso de todos los gobiernos locales para encontrar soluciones coordinadas que hagan finalmente de la Gran Capital un lugar idóneo para vivir.
sábado, 18 de julio de 2009
Ex presidente
Como medio periodístico que contribuye a formar opinión, naturalmente respetamos las ideas cuando éstas son vertidas por actores políticos válidos. Pero las rechazamos cuando provienen de demagogos o imberbes que fungen de suma autoridad. Esto último, a propósito de las recientes, incalificables expresiones despectivas del ex presidente Alejandro Toledo, dirigidas contra el actual jefe del Gabinete, palabras que calificamos de impertinentes, excesivas y pendencieras. Deploramos que un ex presidente haya usado los medios de prensa para lanzar infundios –en un momento de evidente tensión política interna–, recurriendo a calificativos que convierten su intervención en vergonzoso desliz.
Que no se malinterprete. No intentamos asumir la defensa del premier, pues creemos que él puede hacerlo solo, con sus colaboradores, o con el partido al cual pertenece. De lo que se trata es de llamar la atención sobre la actuación electorera de Alejandro Toledo, quien insiste de manera sistemática en usar a la prensa para explayarse sobre temas de política, acostumbrado a declarar corriendo al o del aeropuerto –porque, por boca del propio Toledo, su apretada agenda cosmopolita lo lleva a viajar constantemente por los cinco continentes–. Toledo tiene el derecho a opinar pero, definitivamente, no descendiendo a su acostumbrado nivel arrabalero, y encima ocultándole al país su verdadero objetivo: demoler la gobernabilidad para –en forma temeraria– allanar el camino de su candidatura para el 2011.
Peor aún, resulta insultante que este ex mandatario señale que el ex presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, ha sido “sacado del fondo de la olla”, y que es “un político de tercera línea”, un “chí señó” del gobierno actual. Ante esa díscola fraseología debemos decir que Toledo no es precisamente un individuo que exhiba verbo redondo ni ironía fina y educada, dos condiciones elementales para la polémica. Está a años luz de la elegancia de un Fernando Belaunde Terry, por ejemplo, hombre hábil en la esgrima verbal. Por cierto no hay punto de comparación, pero Toledo insiste en ese estilo venenoso que solo contribuye a consolidar el espíritu subversivo que viene imponiendo la ultra como práctica política. Y cuidado que Toledo deberá responder por un asunto puntual que esa misma ultra va a usar como consigna electorera: la falta del gas de Camisea para satisfacer el mercado interno, debido a los cuestionables, oscuros contratos suscritos en su gestión.
En consecuencia, la torva artillería verbal de Alejandro Toledo confirma que no es –nunca fue y jamás será– un estadista ni tampoco un académico con solvencia intelectual y debida madurez, a pesar de haber transitado por la primera magistratura de la República. El Perú necesita centrar el debate de los problemas institucionales, sociales y económicos del país, lejos de la pedestre demagogia, fuera del irresponsable titular o de la huachafa pachotada para la platea. Los que se consideran líderes deben estar por encima de la “chaveta política”, más todavía cuando alguno fue jefe de Estado, estando obligado a conservar la sindéresis de tal investidura. Predicar con el ejemplo es lo mejor. El asunto es que Alejandro Toledo demuestra consistentemente que no puede hacerlo.
Que no se malinterprete. No intentamos asumir la defensa del premier, pues creemos que él puede hacerlo solo, con sus colaboradores, o con el partido al cual pertenece. De lo que se trata es de llamar la atención sobre la actuación electorera de Alejandro Toledo, quien insiste de manera sistemática en usar a la prensa para explayarse sobre temas de política, acostumbrado a declarar corriendo al o del aeropuerto –porque, por boca del propio Toledo, su apretada agenda cosmopolita lo lleva a viajar constantemente por los cinco continentes–. Toledo tiene el derecho a opinar pero, definitivamente, no descendiendo a su acostumbrado nivel arrabalero, y encima ocultándole al país su verdadero objetivo: demoler la gobernabilidad para –en forma temeraria– allanar el camino de su candidatura para el 2011.
Peor aún, resulta insultante que este ex mandatario señale que el ex presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, ha sido “sacado del fondo de la olla”, y que es “un político de tercera línea”, un “chí señó” del gobierno actual. Ante esa díscola fraseología debemos decir que Toledo no es precisamente un individuo que exhiba verbo redondo ni ironía fina y educada, dos condiciones elementales para la polémica. Está a años luz de la elegancia de un Fernando Belaunde Terry, por ejemplo, hombre hábil en la esgrima verbal. Por cierto no hay punto de comparación, pero Toledo insiste en ese estilo venenoso que solo contribuye a consolidar el espíritu subversivo que viene imponiendo la ultra como práctica política. Y cuidado que Toledo deberá responder por un asunto puntual que esa misma ultra va a usar como consigna electorera: la falta del gas de Camisea para satisfacer el mercado interno, debido a los cuestionables, oscuros contratos suscritos en su gestión.
En consecuencia, la torva artillería verbal de Alejandro Toledo confirma que no es –nunca fue y jamás será– un estadista ni tampoco un académico con solvencia intelectual y debida madurez, a pesar de haber transitado por la primera magistratura de la República. El Perú necesita centrar el debate de los problemas institucionales, sociales y económicos del país, lejos de la pedestre demagogia, fuera del irresponsable titular o de la huachafa pachotada para la platea. Los que se consideran líderes deben estar por encima de la “chaveta política”, más todavía cuando alguno fue jefe de Estado, estando obligado a conservar la sindéresis de tal investidura. Predicar con el ejemplo es lo mejor. El asunto es que Alejandro Toledo demuestra consistentemente que no puede hacerlo.
viernes, 17 de julio de 2009
Cuidado con los plazos
Nos ponemos en los zapatos de los deudos de los policías asesinados como consecuencia de la asonada humalista de enero de 2005, acto sedicioso conocido como el “Andahuaylazo” donde el Perú quedó en zozobra a causa de una mentalidad perversa e ideológicamente trastocada.
Pero qué indignación y desconsuelo pueden sentir los deudos de seres humanos que vistieron el uniforme del Escuadrón Verde de la PNP, quienes fueron enviados a Apurímac a reponer la paz luego que el sicópata Antauro Humala –cabecilla que usó a los “reservistas” para saltar a la palestra política del país– asaltara la comisaría y tomara rehenes para proclamar una supuesta rebelión “etnocacerista”, aunque después no tuvo ningún resquemor en retroceder cobardemente tras haber asesinado a los agentes del orden.
Estamos ante un hecho que configura evidentemente un delito mayor contra el Estado y la sociedad. Un crimen con pérdida de vidas humanas de por medio. Pero lamentablemente el caso hasta hoy no es resuelto por el Poder Judicial, debido no solo a la lentitud de los magistrados y auxiliares de justicia, sino a las estrategias de la defensa de los reos que se dedicaron a faltarle el respeto a la Justicia como estrategia para por demorar el proceso. A propósito, nos imaginamos cómo caminarán otros procesos penales sin la connotación mediática ni la trascendencia política del “Andahuaylazo”, con la subsiguiente injusticia que genera toda tardanza para los agraviados, los inculpados y la propia sociedad.
Mientras tanto hay mucha gente en prisión –como Antauro Humala– sin sentencia por más de 36 meses de iniciado el proceso, existiendo para esta circunstancia una ley expresa que manda que nadie deba estar encarcelado más allá de ese período de tiempo. Entonces la primera impresión que tenemos es que todavía existen problemas muy serios en la administración de justicia, que atentan contra la celeridad y la eficiencia de los órganos jurisdiccionales. También entendemos que mucho se habla de “reforma judicial” pero, increíblemente, muy poco de ella se lleva satisfactoriamente a la práctica. Dicho sea de paso, ¿y con tamaños agravantes los magistrados se oponen a la capacitación y evaluación continuas?
No obstante, para ese tipo de enredos procesales siempre hay salidas. Por ejemplo, en el caso de Antauro Humala, se señala que es correcta la prórroga de su detención porque este indeseable fue amonestado múltiples veces y expulsado en cinco ocasiones del recinto judicial por la Primera Sala para Reos en Cárcel, debido a su indigna, atrevida conducta durante el juicio (sanciones que se produjeron el 21 de julio y 13 de octubre de 2008, así como el 23 de febrero, 11 de mayo y 9 de julio del 2009), retrasando así las fases del mismo. Ahora bien, por encima de lo que pida la defensa del reo Antauro Humala, o más allá de lo que determine el Tribunal Constitucional –uno de cuyos integrantes, Ricardo Beaumont Callirgos, ha tenido la temeridad de adelantar opinión en este gravísimo caso, que deberá tomar muy en cuenta los estropicios cometidos por el acusado Humala para demorar en forma adrede su proceso–, el problema estriba en la ineficiencia estructural de la Judicatura, que no va a tono con la evolución social y económica nacional que, pese a la crisis externa, avanza, mientras la Justicia discurre en los tiempos de la carreta. Frente a esta realidad, ¿es posible pensar en ser una gran Nación bajo esa perspectiva? Invocamos a magistrados y ciudadanos a tener mayor compromiso con sus deberes.
Pero qué indignación y desconsuelo pueden sentir los deudos de seres humanos que vistieron el uniforme del Escuadrón Verde de la PNP, quienes fueron enviados a Apurímac a reponer la paz luego que el sicópata Antauro Humala –cabecilla que usó a los “reservistas” para saltar a la palestra política del país– asaltara la comisaría y tomara rehenes para proclamar una supuesta rebelión “etnocacerista”, aunque después no tuvo ningún resquemor en retroceder cobardemente tras haber asesinado a los agentes del orden.
Estamos ante un hecho que configura evidentemente un delito mayor contra el Estado y la sociedad. Un crimen con pérdida de vidas humanas de por medio. Pero lamentablemente el caso hasta hoy no es resuelto por el Poder Judicial, debido no solo a la lentitud de los magistrados y auxiliares de justicia, sino a las estrategias de la defensa de los reos que se dedicaron a faltarle el respeto a la Justicia como estrategia para por demorar el proceso. A propósito, nos imaginamos cómo caminarán otros procesos penales sin la connotación mediática ni la trascendencia política del “Andahuaylazo”, con la subsiguiente injusticia que genera toda tardanza para los agraviados, los inculpados y la propia sociedad.
Mientras tanto hay mucha gente en prisión –como Antauro Humala– sin sentencia por más de 36 meses de iniciado el proceso, existiendo para esta circunstancia una ley expresa que manda que nadie deba estar encarcelado más allá de ese período de tiempo. Entonces la primera impresión que tenemos es que todavía existen problemas muy serios en la administración de justicia, que atentan contra la celeridad y la eficiencia de los órganos jurisdiccionales. También entendemos que mucho se habla de “reforma judicial” pero, increíblemente, muy poco de ella se lleva satisfactoriamente a la práctica. Dicho sea de paso, ¿y con tamaños agravantes los magistrados se oponen a la capacitación y evaluación continuas?
No obstante, para ese tipo de enredos procesales siempre hay salidas. Por ejemplo, en el caso de Antauro Humala, se señala que es correcta la prórroga de su detención porque este indeseable fue amonestado múltiples veces y expulsado en cinco ocasiones del recinto judicial por la Primera Sala para Reos en Cárcel, debido a su indigna, atrevida conducta durante el juicio (sanciones que se produjeron el 21 de julio y 13 de octubre de 2008, así como el 23 de febrero, 11 de mayo y 9 de julio del 2009), retrasando así las fases del mismo. Ahora bien, por encima de lo que pida la defensa del reo Antauro Humala, o más allá de lo que determine el Tribunal Constitucional –uno de cuyos integrantes, Ricardo Beaumont Callirgos, ha tenido la temeridad de adelantar opinión en este gravísimo caso, que deberá tomar muy en cuenta los estropicios cometidos por el acusado Humala para demorar en forma adrede su proceso–, el problema estriba en la ineficiencia estructural de la Judicatura, que no va a tono con la evolución social y económica nacional que, pese a la crisis externa, avanza, mientras la Justicia discurre en los tiempos de la carreta. Frente a esta realidad, ¿es posible pensar en ser una gran Nación bajo esa perspectiva? Invocamos a magistrados y ciudadanos a tener mayor compromiso con sus deberes.
jueves, 16 de julio de 2009
Devaluando su profesión
Nos solidarizamos con la ciudadanía –en particular con la queja del paciente que acude a los servicios de salud estatales a implorar ayuda por sus dolencias– pues ha rechazado las acciones de fuerzas de una cúpula politizada de galenos.
La respuesta de la población no podía ser otra, porque en este momento el país no sólo sobrepasa los 2,200 casos de influenza AH1N1 sino que –como muchas otras naciones del planeta– transita por la terrible realidad de una pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud y porque, en temporada invernal, los habitantes de la costa sufren más los estragos de las alergias respiratorias, y los pobladores altoandinos sujetos a la inclemencia de friajes y heladas.
Qué indignante que el gremio médico haya incurrido en la misma desconsideración acostumbrada de la CGTP comunista. Hasta ha repetido los mismos términos que usa la camarilla socialista cuando, como parte de sus protestas, desciende a vulgares galimatías. Por ejemplo al señalar que su “paro nacional” es una simple “jornada de lucha”. ¿Cuál es la diferencia entre “paro” y “jornada de movilización” si para los efectos prácticos ambos alteran el normal desenvolvimiento de los centros de salud, con lamentables consecuencias, a veces fatales, para los pacientes u otros médicos que sí quieren laborar? El país está harto de paros y, en concreto, de las huelgas médicas que paralizan el sector Salud, pues la sociedad se encuentra en alerta amarilla ante la probabilidad que se agrave la presencia de un virus de gripe que ya ha cobrado la vida de varios compatriotas.
Pero la situación se torna repudiable cuando, en esencia, el pliego de reclamos de los médicos del Ministerio de Salud se basa en un punto: ganar lo mismo que los galenos de EsSalud. Este es un capricho pueril, un gesto ambicioso y una muestra de absoluta ignorancia, ya que se trata de dos instituciones y realidades diferentes. Por un lado está el Ministerio de Salud (Minsa) –una entidad estatal de servicio público, y cuyos integrantes son funcionarios con el deber de atender, en especial, a los ciudadanos de menores recursos–; y de otra parte está EsSalud, organización autónoma con un directorio integrado por representantes de los trabajadores, los empleadores y el Estado, funcionando fundamentalmente dentro del marco del derecho privado. Es realmente infantil decir “quiero ganar como mi colega que viste guardapolvo turquesa”, y si no consigo esa homologación “dejo de atender a mis pacientes”. Intolerable desde todo punto de vista.
Exigimos a los profesionales que dirigen el sindicato de galenos que superen esa tonta ambición, este vil reclamo antojadizo. Sería racional y maduro que pidan mejoras salariales sin comparar sus ingresos con los médicos de EsSalud. Pero, sobre todo, que busquen su beneficio sin chantajear al país, pues sus “paros” o “jornadas de lucha” perjudican a los más pobres, es decir a quienes tienen serias dificultades para acceder a un servicio médico privado. Ya bastante drama viven estos pobladores como para, encima, sufrir la indiferencia de sus médicos politizados. De continuar las medidas de fuerza –como la de ayer– los médicos estatales estarán devaluando el prestigio de su profesión que, por encima de todo, está sujeta al juramento hipocrático.
La respuesta de la población no podía ser otra, porque en este momento el país no sólo sobrepasa los 2,200 casos de influenza AH1N1 sino que –como muchas otras naciones del planeta– transita por la terrible realidad de una pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud y porque, en temporada invernal, los habitantes de la costa sufren más los estragos de las alergias respiratorias, y los pobladores altoandinos sujetos a la inclemencia de friajes y heladas.
Qué indignante que el gremio médico haya incurrido en la misma desconsideración acostumbrada de la CGTP comunista. Hasta ha repetido los mismos términos que usa la camarilla socialista cuando, como parte de sus protestas, desciende a vulgares galimatías. Por ejemplo al señalar que su “paro nacional” es una simple “jornada de lucha”. ¿Cuál es la diferencia entre “paro” y “jornada de movilización” si para los efectos prácticos ambos alteran el normal desenvolvimiento de los centros de salud, con lamentables consecuencias, a veces fatales, para los pacientes u otros médicos que sí quieren laborar? El país está harto de paros y, en concreto, de las huelgas médicas que paralizan el sector Salud, pues la sociedad se encuentra en alerta amarilla ante la probabilidad que se agrave la presencia de un virus de gripe que ya ha cobrado la vida de varios compatriotas.
Pero la situación se torna repudiable cuando, en esencia, el pliego de reclamos de los médicos del Ministerio de Salud se basa en un punto: ganar lo mismo que los galenos de EsSalud. Este es un capricho pueril, un gesto ambicioso y una muestra de absoluta ignorancia, ya que se trata de dos instituciones y realidades diferentes. Por un lado está el Ministerio de Salud (Minsa) –una entidad estatal de servicio público, y cuyos integrantes son funcionarios con el deber de atender, en especial, a los ciudadanos de menores recursos–; y de otra parte está EsSalud, organización autónoma con un directorio integrado por representantes de los trabajadores, los empleadores y el Estado, funcionando fundamentalmente dentro del marco del derecho privado. Es realmente infantil decir “quiero ganar como mi colega que viste guardapolvo turquesa”, y si no consigo esa homologación “dejo de atender a mis pacientes”. Intolerable desde todo punto de vista.
Exigimos a los profesionales que dirigen el sindicato de galenos que superen esa tonta ambición, este vil reclamo antojadizo. Sería racional y maduro que pidan mejoras salariales sin comparar sus ingresos con los médicos de EsSalud. Pero, sobre todo, que busquen su beneficio sin chantajear al país, pues sus “paros” o “jornadas de lucha” perjudican a los más pobres, es decir a quienes tienen serias dificultades para acceder a un servicio médico privado. Ya bastante drama viven estos pobladores como para, encima, sufrir la indiferencia de sus médicos politizados. De continuar las medidas de fuerza –como la de ayer– los médicos estatales estarán devaluando el prestigio de su profesión que, por encima de todo, está sujeta al juramento hipocrático.
miércoles, 15 de julio de 2009
Pasivo municipal
El primer consejo de ministros del gabinete que preside Javier Velásquez Quesquén aprobó transferir S/. 432 millones a los gobierno locales. El gesto del Ejecutivo es bueno pero esa cifra, según voceros de la Asociación de Municipalidades (Ampe), es insuficiente. Puede ser cierto esto último, pero también es una realidad que el Erario ha sufrido una contracción como consecuencia de la –aún sumamente seria– crisis económica mundial. Nadie niega que las provincias y distritos requieran fondos, toda vez que, por ejemplo, el dinero del Foncomún asimismo disminuyó por efecto de la crisis internacional, que presionó a la baja a la recaudación del Impuesto General a las Ventas, tributo que involucra el impuesto de promoción municipal. Por ello los alcaldes solicitan compensaciones. De acuerdo que así lo hagan, pero no se trata tampoco de ir alzando el tono de las protestas ni mucho menos confrontar con el MEF, el primer ministro, o con el propio presidente de la República. El Perú necesita que todas sus instituciones públicas coordinen y cooperen, evitando generar más zozobra o alteración de la paz social, que ya bastante tenemos con los conflictos sociales politizados. Lamentablemente para algunos lo más fácil es pedir, olvidando que existen problemas a causa de sus propias deficiencias.
Se supone que los mejores líderes locales son elegidos burgomaestres. Estos –acompañados por sus cuerpos de regidores– deben gobernar sus distritos o provincias con inteligencia, dedicación y emoción social. Sin embargo no todos entonan con la eficacia que la sociedad espera. Por eso, antes de pedir, las autoridades locales deben exhibir qué están haciendo realmente para cambiar el panorama de sus jurisdicciones. Para citar un ejemplo, las municipalidades son los primeros entes del Estado en ponerle trabas burocráticas al ciudadano. No olvidemos que del 100% de denuncias que existen en Indecopi por este concepto, el 75% corresponde a quejas contra los gobiernos locales. Y por si no lo saben los alcaldes, este problema aparentemente inofensivo afecta la oferta de trabajo al restarle competitividad a las empresas de sus zonas. Y además existen otras omisiones municipales como no pagar sus impuestos a la Sunat, ni estar al día con sus obligaciones a EsSalud.
Entonces no se trata de decir, de manera mediocre, no hay recursos, ya que un gobernante inteligente tiene que mejorar la eficiencia de su administración a fin de reducir costos. Asimismo necesita ejecutar proyectos productivos e innovar procesos que le generen nuevos fondos. De modo que antes de reclamar alegremente a papá gobierno, los alcaldes deben echar una mirada a su gestión, y comprobar si están cumpliendo con las promesas que hicieron al solicitar el voto del pueblo, así como analizar si realmente están trabajando –con entrega– para servir a aquel ciudadano que vía las ánforas los puso como autoridades. Peor todavía cuando existen comunas que incurren en sobrevaloraciones y otras irregularidades. Una de ellas es la del Cusco, donde el actual alcalde ha planteado serias denuncias contra sus antecesores, quienes dejaron en estado calamitoso la economía edil. De ello, por ejemplo, ¿por qué no se ocupa la Ampe?
Se supone que los mejores líderes locales son elegidos burgomaestres. Estos –acompañados por sus cuerpos de regidores– deben gobernar sus distritos o provincias con inteligencia, dedicación y emoción social. Sin embargo no todos entonan con la eficacia que la sociedad espera. Por eso, antes de pedir, las autoridades locales deben exhibir qué están haciendo realmente para cambiar el panorama de sus jurisdicciones. Para citar un ejemplo, las municipalidades son los primeros entes del Estado en ponerle trabas burocráticas al ciudadano. No olvidemos que del 100% de denuncias que existen en Indecopi por este concepto, el 75% corresponde a quejas contra los gobiernos locales. Y por si no lo saben los alcaldes, este problema aparentemente inofensivo afecta la oferta de trabajo al restarle competitividad a las empresas de sus zonas. Y además existen otras omisiones municipales como no pagar sus impuestos a la Sunat, ni estar al día con sus obligaciones a EsSalud.
Entonces no se trata de decir, de manera mediocre, no hay recursos, ya que un gobernante inteligente tiene que mejorar la eficiencia de su administración a fin de reducir costos. Asimismo necesita ejecutar proyectos productivos e innovar procesos que le generen nuevos fondos. De modo que antes de reclamar alegremente a papá gobierno, los alcaldes deben echar una mirada a su gestión, y comprobar si están cumpliendo con las promesas que hicieron al solicitar el voto del pueblo, así como analizar si realmente están trabajando –con entrega– para servir a aquel ciudadano que vía las ánforas los puso como autoridades. Peor todavía cuando existen comunas que incurren en sobrevaloraciones y otras irregularidades. Una de ellas es la del Cusco, donde el actual alcalde ha planteado serias denuncias contra sus antecesores, quienes dejaron en estado calamitoso la economía edil. De ello, por ejemplo, ¿por qué no se ocupa la Ampe?
martes, 14 de julio de 2009
Análisis transaccional
Más de uno al leer la palabra “transaccional” pensará que se trata de un término caviar que tiene que ver con las ONG dedicadas a los derechos humanos. No es así. Sucede que a finales de la década de los noventa la izquierda progre no encontró mejor idea que copiar –plagiar– un término que venía usando la psicología analítica desde los años setenta; y así, al usufructuar de ese concepto, tuvo inclusive la desfachatez de fundar entidades como el Centro Internacional de Justicia Transaccional (CIJT), una de las tantas ONG que la representa en nuestro país a la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh). Sin embargo, valga esta oportunidad –en la que Lima será sede del XXIX Congreso Internacional de Análisis Transaccional (del 5 al 8 de agosto próximo)– para demostrar que el vocablo “transaccional” es muy anterior a la ideología derechohumanista de las ONG; y, dicho sea de paso, para denunciar la piratería intelectual de los autodenominados defensores de los dd hh, quienes están a la caza de palabras rebuscadas para llenar sus discursos retóricos no sólo con el tema de los dd hh, sino también para interferir en los mecanismos procesales penales digitando a jueces y fiscales, la forma más perversa –pero efectiva– para perseguir a políticos, militares y policías supuestamente violadores de dd hh.
Para deshonra de las ONG políticas –que en los últimos años han querido ganar prestigio presentándose, por ejemplo, como pioneros de la justicia “transaccional”– la verdad es que ese término ya es aplicado por la psicología desde la década de los setenta, para buscar el desarrollo, salud y felicidad del ser humano mediante la resolución de conflictos sociales, familiares, empresariales o de pareja. Entre sus terapias destaca la redecisión en acción, la alfabetización emocional; la sobrevivencia de la sociedad, la reestructuración de nuevos patrones de comportamiento cultural, entre otros. El análisis transaccional parte pues de la teoría de la personalidad para mejorar la calidad de vida e incrementar la paz social.
Precisamente ahora el Perú ha sido elegido sede del referido evento, por ser uno de los países más activos en este campo y por su experiencia de más treinta años en el entrenamiento de profesionales acreditados como “analistas transaccionales”. Pensamos que en este momento –donde no sólo vimos con dolor por los luctuosos sucesos de Bagua, sino que asistimos como mudos testigos a los crueles asesinatos de una folclorista y de un estilista–, aplicar el análisis transaccional en la resolución de conflictos, de diverso origen y nivel, resulta una oportunidad inmejorable para hacer partícipe al público de esos contenidos que, sin duda, servirán de fuente de enriquecimiento intelectual y contacto humano donde la persona puede empoderarse de la urgencia de promover el bienestar. Hay que saludar a los organizadores, psicólogos nacionales y extranjero, por elegir al Perú como anfitrión de este Congreso denominado “Nueva vida desde viejas raíces”, nombre quizá establecido así porque en esta tierra surgió una de las culturas más antiguas de la civilización, la misma que puede servir de inspiración para fomentar el autoconocimiento e interacción con los demás, buscando a la vez una filosofía de vida y la mejor comunicación humana. Si esto cada persona no lo asimila, aunque sea empíricamente, los conflictos seguirán agravándose y multiplicándose.
Para deshonra de las ONG políticas –que en los últimos años han querido ganar prestigio presentándose, por ejemplo, como pioneros de la justicia “transaccional”– la verdad es que ese término ya es aplicado por la psicología desde la década de los setenta, para buscar el desarrollo, salud y felicidad del ser humano mediante la resolución de conflictos sociales, familiares, empresariales o de pareja. Entre sus terapias destaca la redecisión en acción, la alfabetización emocional; la sobrevivencia de la sociedad, la reestructuración de nuevos patrones de comportamiento cultural, entre otros. El análisis transaccional parte pues de la teoría de la personalidad para mejorar la calidad de vida e incrementar la paz social.
Precisamente ahora el Perú ha sido elegido sede del referido evento, por ser uno de los países más activos en este campo y por su experiencia de más treinta años en el entrenamiento de profesionales acreditados como “analistas transaccionales”. Pensamos que en este momento –donde no sólo vimos con dolor por los luctuosos sucesos de Bagua, sino que asistimos como mudos testigos a los crueles asesinatos de una folclorista y de un estilista–, aplicar el análisis transaccional en la resolución de conflictos, de diverso origen y nivel, resulta una oportunidad inmejorable para hacer partícipe al público de esos contenidos que, sin duda, servirán de fuente de enriquecimiento intelectual y contacto humano donde la persona puede empoderarse de la urgencia de promover el bienestar. Hay que saludar a los organizadores, psicólogos nacionales y extranjero, por elegir al Perú como anfitrión de este Congreso denominado “Nueva vida desde viejas raíces”, nombre quizá establecido así porque en esta tierra surgió una de las culturas más antiguas de la civilización, la misma que puede servir de inspiración para fomentar el autoconocimiento e interacción con los demás, buscando a la vez una filosofía de vida y la mejor comunicación humana. Si esto cada persona no lo asimila, aunque sea empíricamente, los conflictos seguirán agravándose y multiplicándose.
lunes, 13 de julio de 2009
Deuda interna
En la década de los ochenta se habló demasiado de la deuda externa, cuyo pago el Perú viene cumpliendo religiosamente. Sin embargo, pese a haber ingresado al tercer milenio, la deuda interna continúa sin ser atendida en varias de sus múltiples facetas. Corresponde al Estado cancelar lo que adeuda a los ciudadanos despojados de sus propiedades por la reforma agraria (RA), decisión revanchista del velasquismo adoptada por ucase y sin estudios, planes ni criterio técnico o jurídico, y lo que al final del día resultó un fracaso. Sólo hizo transitar al Perú por una aventura socializante que ha generado desencanto, miseria en el campo (ni siquiera pobreza), retroceso tecnológico y competitivo del Perú. El dictador Velasco Alvarado nunca cumplió con pagar el justiprecio real ni las indemnizaciones a los agricultores, que los había grandes, medianos y pequeños. Porque cuando se habla que éstos recibieron bonos, en la práctica fueron papeles que no cumplieron el fin de resarcir a quienes sufrieron la confiscación no solo de sus tierras sino también la muerte lenta de su ganado, la depredación de sus maquinarias, equipos y herramientas. Porque cuando la dictadura socialista de Velasco repartió millones de hectáreas a campesinos sin recursos financieros ni experiencia administrativa, aparecieron las sociedades agrarias de interés social y las cooperativas –tierra de nadie y fuente de abuso con el campesino por parte de tecnócratas y políticos– donde irresponsables vieron sus ambiciones antes que la necesidad de los pobres y, por tanto, todo se fue por la borda.
Si existía la leyenda acerca de malos gamonales o del abuso en las haciendas, lo cierto es que ésta era una visión parcial y oprobiosa de la vida peruana. Pues en forma interesada se ignoró la otra cara: la armonía, bonanza y la eficiencia que se vivía en la mayoría de aquellas unidades productivas que en conjunto hicieran del Perú la tercera potencia agrícola de Latinoamérica. Para muestra un botón: después de 40 años de RA, recién el 2005 alcanzamos el índice del PBI per cápita que había en 1969. De otro lado, mientras la evolución histórica del Perú, como la de cualquier otro país, avanzaba gradualmente a solucionar los problemas de la tierra mediante cambios aplicados con racionalidad y respeto al orden jurídico (Manuel Prado y Fernando Belaunde trabajaron al respecto), un mesiánico como Velasco tuvo la infeliz idea de patear el tablero de la Constitución para hacer a su manera una seudo “revolución agraria” que sólo trajo injusticia, ya que los campesinos se sumieron en medio de discursos retóricos y palabrería hueca que no les llenó el estómago ni les permitió un futuro mejor para sus hijos. Es más, muchos de ellos (por necesidad) tuvieron que sembrar coca para el narcotráfico, con todo el drama que ello representa.
Lamentablemente han pasado varios gobiernos democráticos sin que hasta ahora se supere esta fractura nacional. Un adeudo que debe ya concluir a través del pago de la deuda que mantiene el Estado con los confiscados de la RA. No olvidemos que muchos de ellos sólo tenían su terreno agrícola, activo que fuera trabajado con dedicación para el sustento de sus familias, el salario de los campesinos, y el pago de impuestos al país. Pues bien, ¿cuándo se va a indemnizarlos por la confiscación de la que fueron víctimas? ¿O es que son ciudadanos de segunda cuyos derechos humanos no tienen valor? No se puede hablar de estado de derecho, entonces, mientras esta obligación no esté saldada.
Si existía la leyenda acerca de malos gamonales o del abuso en las haciendas, lo cierto es que ésta era una visión parcial y oprobiosa de la vida peruana. Pues en forma interesada se ignoró la otra cara: la armonía, bonanza y la eficiencia que se vivía en la mayoría de aquellas unidades productivas que en conjunto hicieran del Perú la tercera potencia agrícola de Latinoamérica. Para muestra un botón: después de 40 años de RA, recién el 2005 alcanzamos el índice del PBI per cápita que había en 1969. De otro lado, mientras la evolución histórica del Perú, como la de cualquier otro país, avanzaba gradualmente a solucionar los problemas de la tierra mediante cambios aplicados con racionalidad y respeto al orden jurídico (Manuel Prado y Fernando Belaunde trabajaron al respecto), un mesiánico como Velasco tuvo la infeliz idea de patear el tablero de la Constitución para hacer a su manera una seudo “revolución agraria” que sólo trajo injusticia, ya que los campesinos se sumieron en medio de discursos retóricos y palabrería hueca que no les llenó el estómago ni les permitió un futuro mejor para sus hijos. Es más, muchos de ellos (por necesidad) tuvieron que sembrar coca para el narcotráfico, con todo el drama que ello representa.
Lamentablemente han pasado varios gobiernos democráticos sin que hasta ahora se supere esta fractura nacional. Un adeudo que debe ya concluir a través del pago de la deuda que mantiene el Estado con los confiscados de la RA. No olvidemos que muchos de ellos sólo tenían su terreno agrícola, activo que fuera trabajado con dedicación para el sustento de sus familias, el salario de los campesinos, y el pago de impuestos al país. Pues bien, ¿cuándo se va a indemnizarlos por la confiscación de la que fueron víctimas? ¿O es que son ciudadanos de segunda cuyos derechos humanos no tienen valor? No se puede hablar de estado de derecho, entonces, mientras esta obligación no esté saldada.
OEA decorativa
La Organización de Estados Americanos (OEA) debe bajar de las ineficaces “cumbres” a las que está acostumbrada a un terreno más seguro y firme donde se encuentren soluciones concretas a los problemas que atentan contra la democracia y la paz del continente. Por ejemplo, hay dos temas actuales en los que la OEA funge de ente errático y decorativo. Uno de ellos tiene que ver con la coyuntura hondureña, donde los instrumentos del organismo multilateral de marras no están suficientemente prestos para coadyuvar en la defensa real de la democracia, la que muchas veces es vista en sus aspectos formales más que funcionales. Condenar la acción desesperada de las instituciones de Honduras, Corte Suprema, Congreso, Tribunal Electoral, Ministerio Público, partidos políticos, iglesia y fuerzas armadas, para evitar que su democracia sea sustituida por el totalitarismo de un político tránsfuga como Manuel Zelaya entregado a las fauces del mesiánico imperialista Hugo Chávez, habla mucho del sesgo y miopía de la OEA, pues antes debió advertir y condenar el modo brutal como el chavismo perpetra la más desembozada injerencia en asuntos internos de los paises latinoamericanos para que sus gobernantes destruyan el estado de derecho a fin de reelegirse indefinidamente en el poder al más puro estilo de Venezuela y sus satélites Ecuador, Bolivia, etc., o como Fidel Castro, quien en un ejercicio monárquico del comunismo –nunca cuestionada por la izquierda– le cedió la posta a su hermano Raúl.
El segundo problema, más inmediato, que cuestiona hoy la efectividad y viabilidad de la OEA es el grosero armamentismo que practica uno de sus miembros, Chile, sin que este organismo sea capaz de abordar el tema ni menos llamar la atención por el fomento del belicismo en la región sudamericana. Y no podía ser de otra manera si vemos tan sesgada la labor del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, no sólo por su nacionalidad chilena sino porque ya apuesta a la reelección en dicho cargo, para lo cual necesita no sólo de mucho cálculo y maniobra sino también contar con los votos de los nueve países que pertenecen al ALBA (satélites de la Caracas “bolivariana”, sede de un reinado voraz representado por el discípulo de Fidel Castro, Hugo Chávez).
En síntesis, se supone que la OEA “reúne a los países del hemisferio occidental para fortalecer la cooperación mutua en torno a los valores de la democracia”, pero no dice nada cuando de manera sistemática y autoritaria se descolocan a las instituciones democráticas vía el imperialismo petrolero chavista que no escatima esfuerzo en cooptar, comprar o enrolar a Estados en torno a los designios de un supuesto socialismo pro cubano y a la vez llanero. Del mismo modo, se supone que la OEA existe “para defender los intereses comunes de sus miembros, como es la paz y la integración, así como debatir los grandes temas de la región”. No obstante permite el armamentismo chileno, que no sólo genera corrupción sino que alienta la muerte, ya que las armas sofisticadas que, por ejemplo, adquiere Chile no son para decorar fiestas infantiles sino para matar personas. Sin duda las estructuras anquilosadas de la OEA ya no están a la altura de la vida y de la historia.
El segundo problema, más inmediato, que cuestiona hoy la efectividad y viabilidad de la OEA es el grosero armamentismo que practica uno de sus miembros, Chile, sin que este organismo sea capaz de abordar el tema ni menos llamar la atención por el fomento del belicismo en la región sudamericana. Y no podía ser de otra manera si vemos tan sesgada la labor del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, no sólo por su nacionalidad chilena sino porque ya apuesta a la reelección en dicho cargo, para lo cual necesita no sólo de mucho cálculo y maniobra sino también contar con los votos de los nueve países que pertenecen al ALBA (satélites de la Caracas “bolivariana”, sede de un reinado voraz representado por el discípulo de Fidel Castro, Hugo Chávez).
En síntesis, se supone que la OEA “reúne a los países del hemisferio occidental para fortalecer la cooperación mutua en torno a los valores de la democracia”, pero no dice nada cuando de manera sistemática y autoritaria se descolocan a las instituciones democráticas vía el imperialismo petrolero chavista que no escatima esfuerzo en cooptar, comprar o enrolar a Estados en torno a los designios de un supuesto socialismo pro cubano y a la vez llanero. Del mismo modo, se supone que la OEA existe “para defender los intereses comunes de sus miembros, como es la paz y la integración, así como debatir los grandes temas de la región”. No obstante permite el armamentismo chileno, que no sólo genera corrupción sino que alienta la muerte, ya que las armas sofisticadas que, por ejemplo, adquiere Chile no son para decorar fiestas infantiles sino para matar personas. Sin duda las estructuras anquilosadas de la OEA ya no están a la altura de la vida y de la historia.
Tercer premier
El primer mandatario, Alan García Pérez, desde que asumió el mando supremo de la nación, ha realizado dos cambios de titular en la Presidencia del Consejo de Ministros. De este modo, ahora el país ya cuenta con el tercer premier; y tan alta responsabilidad de Estado ha recaído en la persona del doctor Javier Velásquez Quesquén, todavía presidente del Congreso de la República, militante aprista y exponente provinciano de la pujante región de Lambayeque.
La tarea no será fácil si tomamos como referencia el dato por el cual el primer ministro Del Castillo duró en el cargo 27 meses, pero vimos cómo el segundo jefe del gabinete, el doctor Yehude Simon (ante el agravamiento de la conflictividad política, social y económica), sólo se mantuvo en el puesto por el lapso de 8 meses. Entonces asistimos a serias circunstancias de desgaste, las que en parte son propias del desenvolvimiento de todo gobierno aunque, asimismo, también se debe a las consecuencias de la injerencia chavista en asonadas violentistas, comprobadas contundentemente –y hasta la saciedad– por EXPRESO, y a otros factores como la corrupción, la recesión de la economía internacional y la fragmentación del sistema de partidos, entre otros.
Al nuevo Gabinete le quedan retos urgentes. Aprovechar el tiempo para evitar que acabe la segunda administración del presidente García sin haber dado pasos sustantivos en la reforma del Estado. Al respecto se han hecho algunos avances pero no en la magnitud ni velocidad que el país requiere. Peor cuando hay “indicadores de buen gobierno” dados a conocer recientemente por el Banco Mundial, cuyo ranking acusa el retroceso del Perú en varios ítems. Por ejemplo, en materia estabilidad política y ausencia de violencia, hemos retrocedido pasando a una situación de menor seguridad a la que teníamos hace diez años. En cuestión de control de la corrupción nos califican con 49% de efectividad, mientras que países como Chile o Uruguay pasan el 80%, vale decir estas naciones resultan con mejor indicador contra la inmoralidad en la gestión pública. Y en cuanto a la aplicación y respeto del derecho, el puntaje del Perú ha venido descendiendo en los últimos cinco años.
El nuevo premier necesita tener buena performance no sólo para enfrentar esos problemas propios de la pesada estructura burocrática, sino también otros asuntos más dramáticos del día a día. Estar a la altura del roce internacional tampoco puede quedar atrás, máxime en una coyuntura donde las aguas están movidas en el vecindario regional. De ahí que el estilo y la voz del premier ayudarán mucho a comunicar y reforzar mejor los aspectos estratégicos de la política exterior diseñada por el presidente de la República y el canciller del Perú. Por el bienestar y mejor futuro de 28 millones de peruanos, formulamos votos porque el doctor Velásquez no sólo conforme sino que coordine, de manera coherente, un equipo ministerial que refresque positivamente al Ejecutivo.
La tarea no será fácil si tomamos como referencia el dato por el cual el primer ministro Del Castillo duró en el cargo 27 meses, pero vimos cómo el segundo jefe del gabinete, el doctor Yehude Simon (ante el agravamiento de la conflictividad política, social y económica), sólo se mantuvo en el puesto por el lapso de 8 meses. Entonces asistimos a serias circunstancias de desgaste, las que en parte son propias del desenvolvimiento de todo gobierno aunque, asimismo, también se debe a las consecuencias de la injerencia chavista en asonadas violentistas, comprobadas contundentemente –y hasta la saciedad– por EXPRESO, y a otros factores como la corrupción, la recesión de la economía internacional y la fragmentación del sistema de partidos, entre otros.
Al nuevo Gabinete le quedan retos urgentes. Aprovechar el tiempo para evitar que acabe la segunda administración del presidente García sin haber dado pasos sustantivos en la reforma del Estado. Al respecto se han hecho algunos avances pero no en la magnitud ni velocidad que el país requiere. Peor cuando hay “indicadores de buen gobierno” dados a conocer recientemente por el Banco Mundial, cuyo ranking acusa el retroceso del Perú en varios ítems. Por ejemplo, en materia estabilidad política y ausencia de violencia, hemos retrocedido pasando a una situación de menor seguridad a la que teníamos hace diez años. En cuestión de control de la corrupción nos califican con 49% de efectividad, mientras que países como Chile o Uruguay pasan el 80%, vale decir estas naciones resultan con mejor indicador contra la inmoralidad en la gestión pública. Y en cuanto a la aplicación y respeto del derecho, el puntaje del Perú ha venido descendiendo en los últimos cinco años.
El nuevo premier necesita tener buena performance no sólo para enfrentar esos problemas propios de la pesada estructura burocrática, sino también otros asuntos más dramáticos del día a día. Estar a la altura del roce internacional tampoco puede quedar atrás, máxime en una coyuntura donde las aguas están movidas en el vecindario regional. De ahí que el estilo y la voz del premier ayudarán mucho a comunicar y reforzar mejor los aspectos estratégicos de la política exterior diseñada por el presidente de la República y el canciller del Perú. Por el bienestar y mejor futuro de 28 millones de peruanos, formulamos votos porque el doctor Velásquez no sólo conforme sino que coordine, de manera coherente, un equipo ministerial que refresque positivamente al Ejecutivo.
viernes, 10 de julio de 2009
EE UU permisivo
El aparentemente bien informado presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, olvida la historia que registra la manera como la diplomacia de su país participó de forma activa (entre 1883 y 1884) para que Perú y Chile llegaran a un acuerdo de paz (Tratado de Ancón) luego de la cruenta guerra iniciada en 1879.
Es más, en otro tratado peruano-chileno, el de Lima (suscrito el 3 de junio de 1929), apareció como la “mediadora” nada menos que la figura presidencial estadounidense para resolver los asuntos posbélicos referidos a la suerte definitiva de Tacna y Arica. De manera que la presencia de los EE UU en las relaciones de ambas naciones sudamericanas no es soslayable, sino que está regida por un pétreo marco moral, histórico y jurídico.
En ese sentido, por más que países soberanos como Chile y EE UU quieran negociar la compra-venta de armas sofisticadas, de eminente carácter ofensivo, los peruanos tenemos el derecho a cuestionar y criticar la procacidad de los gobernantes de esos dos países, y en particular la cuestionable actuación del presidente Obama, quien resulta envuelto en el lobby de una maquinaria belicista, mercenaria y mercantil poco adicta al respeto y al cumplimiento de honorables formas de la política exterior de la Casa Blanca en materia de paz, sobre todo en Sudamérica. Peor aún para EE UU cuando el Perú es también su socio comercial en el marco del TLC.
El ciudadano afroamericano que llegó este año a la más alta magistratura estadounidense olvida que fue Jimmy Carter, un líder de su propio partido –el Demócrata–, quien a finales de la década del setenta prohibió la venta de armamento tecnológicamente avanzado a los países latinoamericanos. Pero fue el lobby chileno, país que al igual que los EE UU se encuentra militarizado y adicto a la industria bélica, el que sedujo a la administración norteamericana a romper esta medida prohibitiva. Gracias a ello Santiago cuenta ya con una flota de aviones F-16. Ese mismo lobby mapocho, que también se ha dado sus visitas por Holanda (país nada menos que sede del Tribunal de La Haya), insiste ahora en comprar piezas de artillería autopropulsada, con la complacencia de los fabricantes estadounidenses (dueños de patentes y arsenales para los F-16 u otros equipos), sino también con el visto bueno del Capitolio (ama de llaves en esa clase de negociaciones).
Lástima por EE UU y por su presidente, Barack Obama, pues en este caso sus discursos llenos de retórica dizque a favor de la integración, de la cooperación continental, de la paz entre naciones latinoamericanas y de amor por los países sudamericanos devienen en ridículos, mucho más cuando un presidente estadounidense fue el “mediador” en el Tratado de 1929 firmado entre Perú y Chile. Pero el tema es más deplorable aún, ya que Obama no necesita ser zahorí para saber contra quién y por qué se arma Chile, si no es contra otro socio del Tío Sam. Por tanto, resulta irresponsable la posición del primer mandatario estadounidense y poco ética su actitud para con la región. Por supuesto que los peruanos, sabedores del prestigio de los togados de la Corte Internacional de Justicia, confiamos en que esas demostraciones de fuerza y dispendio de millones de dólares no consolidarán el juego de oscuras influencias, para ganar con ayudas extrajurídicas lo que se puede perder en la mesa del derecho y la razón.
Es más, en otro tratado peruano-chileno, el de Lima (suscrito el 3 de junio de 1929), apareció como la “mediadora” nada menos que la figura presidencial estadounidense para resolver los asuntos posbélicos referidos a la suerte definitiva de Tacna y Arica. De manera que la presencia de los EE UU en las relaciones de ambas naciones sudamericanas no es soslayable, sino que está regida por un pétreo marco moral, histórico y jurídico.
En ese sentido, por más que países soberanos como Chile y EE UU quieran negociar la compra-venta de armas sofisticadas, de eminente carácter ofensivo, los peruanos tenemos el derecho a cuestionar y criticar la procacidad de los gobernantes de esos dos países, y en particular la cuestionable actuación del presidente Obama, quien resulta envuelto en el lobby de una maquinaria belicista, mercenaria y mercantil poco adicta al respeto y al cumplimiento de honorables formas de la política exterior de la Casa Blanca en materia de paz, sobre todo en Sudamérica. Peor aún para EE UU cuando el Perú es también su socio comercial en el marco del TLC.
El ciudadano afroamericano que llegó este año a la más alta magistratura estadounidense olvida que fue Jimmy Carter, un líder de su propio partido –el Demócrata–, quien a finales de la década del setenta prohibió la venta de armamento tecnológicamente avanzado a los países latinoamericanos. Pero fue el lobby chileno, país que al igual que los EE UU se encuentra militarizado y adicto a la industria bélica, el que sedujo a la administración norteamericana a romper esta medida prohibitiva. Gracias a ello Santiago cuenta ya con una flota de aviones F-16. Ese mismo lobby mapocho, que también se ha dado sus visitas por Holanda (país nada menos que sede del Tribunal de La Haya), insiste ahora en comprar piezas de artillería autopropulsada, con la complacencia de los fabricantes estadounidenses (dueños de patentes y arsenales para los F-16 u otros equipos), sino también con el visto bueno del Capitolio (ama de llaves en esa clase de negociaciones).
Lástima por EE UU y por su presidente, Barack Obama, pues en este caso sus discursos llenos de retórica dizque a favor de la integración, de la cooperación continental, de la paz entre naciones latinoamericanas y de amor por los países sudamericanos devienen en ridículos, mucho más cuando un presidente estadounidense fue el “mediador” en el Tratado de 1929 firmado entre Perú y Chile. Pero el tema es más deplorable aún, ya que Obama no necesita ser zahorí para saber contra quién y por qué se arma Chile, si no es contra otro socio del Tío Sam. Por tanto, resulta irresponsable la posición del primer mandatario estadounidense y poco ética su actitud para con la región. Por supuesto que los peruanos, sabedores del prestigio de los togados de la Corte Internacional de Justicia, confiamos en que esas demostraciones de fuerza y dispendio de millones de dólares no consolidarán el juego de oscuras influencias, para ganar con ayudas extrajurídicas lo que se puede perder en la mesa del derecho y la razón.