Una congresista del denominado Partido Nacionalista (PN), cuyo jefe es Ollanta Humala Tasso, tuvo entre su gabinete de asesores –y personal de confianza– a un sujeto que acaba de ser detenido portando 140 kilos de cocaína. Según esa parlamentaria (Nancy Obregón) la relación laboral terminó hace un tiempo y no guarda contacto con el investigado. Sin embargo ello no la exime de riesgo, ni cesa la preocupación acerca del devenir de un partido como el Nacionalista que posee un consabido discurso en defensa de los cocaleros informales que siembran y cosechan la hoja de coca para ser vendida a los narcotraficantes. Imaginemos qué hubiese sucedido si el asesor fuera hombre de confianza de un legislador de Unidad Nacional o el APRA. Los nacionalistas pedirían su desafuero inmediato. ¿O no?
Lamentamos que so pretexto de que los cocaleros son campesinos inocuos, existan políticos que sirven de caja de resonancia a las mafias y los carteles de la droga, olvidando que esos seudoagricultores son eslabones medulares de la “cadena narco”. Aquí existe entonces un innegable costo político que deben asumir la congresista y el PN. Y tendrán que hacerlo, pese a que sus organizaciones de base tienen en los cocaleros informales a una importante base electorera, gente que no sólo contamina los ríos y las tierras de la selva (con acetona, kerosene, ácido sulfúrico, ácido muriático, etc.) sino que tampoco siente remordimiento a sabiendas de que su vil negocio intoxica y mata a millones de adictos al clorhidrato de cocaína en el mundo.
Estamos pues ante una situación delicada. Ollanta Humala aspira a convertirse en conductor del Estado peruano, y en tal contexto acaso facilitaría mayor empatía con el génesis del narcotráfico: los cocaleros, siempre defendidos por su partido y su bancada parlamentaria. Más aún siendo obvio que Humala está adherido al pensamiento imperialista “bolivariano” de la droga y el petróleo que lidera Hugo Chávez, según el cual sólo Estados Unidos debe resolver el problema del tráfico de estupefacientes. Pero los hechos demuestran lo contrario en Venezuela. En los casi once años que viene gobernando Chávez, la captura de narcos en su país disminuyó; el tráfico de drogas aumentó; el número de consumidores subió; y las muertes por ajustes de cuenta ligados al consumo de drogas creció, al punto que inclusive las cifras oficiales señalan que han muerto 150 mil venezolanos durante el régimen chavista. Y esto se agrava, porque Chávez ha cortado todo tipo de convenio de lucha antidroga con los EE UU, habiendo incluso expulsado a la DEA y al NAS.
Miremos ese espejo y reflexionemos sobre lo que podría pasar en el Perú si Ollanta Humala accede a la Casa de Pizarro. De modo que por más que alguien alegue que no existe “vinculación alguna” entre una congresista humalista y su ex asesor –capturado con 140 kilos de cocaína pura–, la verdad es que los cocaleros informales –base del narcotráfico– se sentirían muy cómodos de actuar y proyectarse si –para mala suerte del Perú– existiese una administración pro chavista como la que representa el humalismo. Peor aún cuando la experiencia demuestra la manera como el narcotráfico trata de meter sus tentáculos en la política de los países donde actúa, como ocurre en tierras venezolanas.
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