Deuda interna

En la década de los ochenta se habló demasiado de la deuda externa, cuyo pago el Perú viene cumpliendo religiosamente. Sin embargo, pese a haber ingresado al tercer milenio, la deuda interna continúa sin ser atendida en varias de sus múltiples facetas. Corresponde al Estado cancelar lo que adeuda a los ciudadanos despojados de sus propiedades por la reforma agraria (RA), decisión revanchista del velasquismo adoptada por ucase y sin estudios, planes ni criterio técnico o jurídico, y lo que al final del día resultó un fracaso. Sólo hizo transitar al Perú por una aventura socializante que ha generado desencanto, miseria en el campo (ni siquiera pobreza), retroceso tecnológico y competitivo del Perú. El dictador Velasco Alvarado nunca cumplió con pagar el justiprecio real ni las indemnizaciones a los agricultores, que los había grandes, medianos y pequeños. Porque cuando se habla que éstos recibieron bonos, en la práctica fueron papeles que no cumplieron el fin de resarcir a quienes sufrieron la confiscación no solo de sus tierras sino también la muerte lenta de su ganado, la depredación de sus maquinarias, equipos y herramientas. Porque cuando la dictadura socialista de Velasco repartió millones de hectáreas a campesinos sin recursos financieros ni experiencia administrativa, aparecieron las sociedades agrarias de interés social y las cooperativas –tierra de nadie y fuente de abuso con el campesino por parte de tecnócratas y políticos– donde irresponsables vieron sus ambiciones antes que la necesidad de los pobres y, por tanto, todo se fue por la borda.

Si existía la leyenda acerca de malos gamonales o del abuso en las haciendas, lo cierto es que ésta era una visión parcial y oprobiosa de la vida peruana. Pues en forma interesada se ignoró la otra cara: la armonía, bonanza y la eficiencia que se vivía en la mayoría de aquellas unidades productivas que en conjunto hicieran del Perú la tercera potencia agrícola de Latinoamérica. Para muestra un botón: después de 40 años de RA, recién el 2005 alcanzamos el índice del PBI per cápita que había en 1969. De otro lado, mientras la evolución histórica del Perú, como la de cualquier otro país, avanzaba gradualmente a solucionar los problemas de la tierra mediante cambios aplicados con racionalidad y respeto al orden jurídico (Manuel Prado y Fernando Belaunde trabajaron al respecto), un mesiánico como Velasco tuvo la infeliz idea de patear el tablero de la Constitución para hacer a su manera una seudo “revolución agraria” que sólo trajo injusticia, ya que los campesinos se sumieron en medio de discursos retóricos y palabrería hueca que no les llenó el estómago ni les permitió un futuro mejor para sus hijos. Es más, muchos de ellos (por necesidad) tuvieron que sembrar coca para el narcotráfico, con todo el drama que ello representa.

Lamentablemente han pasado varios gobiernos democráticos sin que hasta ahora se supere esta fractura nacional. Un adeudo que debe ya concluir a través del pago de la deuda que mantiene el Estado con los confiscados de la RA. No olvidemos que muchos de ellos sólo tenían su terreno agrícola, activo que fuera trabajado con dedicación para el sustento de sus familias, el salario de los campesinos, y el pago de impuestos al país. Pues bien, ¿cuándo se va a indemnizarlos por la confiscación de la que fueron víctimas? ¿O es que son ciudadanos de segunda cuyos derechos humanos no tienen valor? No se puede hablar de estado de derecho, entonces, mientras esta obligación no esté saldada.