Regionalización y educación pública

A las numerosas taras burocráticas que arrastra la descentralización en el país –vía la regionalización–, hay que sumar un tema de particular importancia que, en lugar de progresar, se agrava peligrosamente: la gestión en materia de educación. Siendo la enseñanza pública una herramienta primordial para sentar las bases de un desarrollo social, económico y cultural sostenible a futuro, lamentablemente los gobiernos regionales (GR) no le han prestado –ni le prestan– la atención que este asunto merece. Encima de ello, la mayoría de GR le endilga a Lima la responsabilidad por todos los problemas que la administración descentralizada debería resolver, sin darse cuenta que hace tiempo se le transfirieron las competencias, funciones y presupuestos correspondientes que antes eran manejados por el Ministerio de Educación. No olvidemos que en cada región existen las Direcciones Regionales de Educación (DRE), entidades que tienen independencia a la hora de diseñar planes financieros o sus inversiones, y hasta cierta autonomía para conducir el desarrollo pedagógico y didáctico en sus circunscripciones; sin dejar de lado, por supuesto, sus tareas de contratación, promoción y supervisión del personal en cada una de las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) o en las instituciones educativas (IE), como se llamaba antes a los centros educativos.

Obvio que tampoco queremos excluir a Lima de esta crítica, ya que tiene su propia DRE y además debería dar el ejemplo en materia de eficiencia administrativa a sus homólogas del interior. Sin embargo, no lo hace. El punto es que las cosas andan mal en las UGEL y en no pocos colegios estatales de Inicial, Primaria y Secundaria. Por ejemplo no paran las denuncias de corrupción contra directores, personal administrativo, profesores y hasta contra miembros de las asociaciones de padres de familia. Cuidado con esto porque en cuestión de desarrollo educativo no sólo se trata de ponderar –como lo reitera frecuentemente el jefe de Estado Alan García– de que “ya redujimos el analfabetismo”, o que “se entregaron más de cien mil mini laptops a los escolares”, o que “avanza la capacitación de los docentes en el marco de la carrera público magisterial”.

Si bien todo ello está bien que se diga, no es suficiente; peor cuando los GR y el Ejecutivo no son capaces de generar las condiciones para que en cada espacio administrativo y pedagógico del sector Educación se dé un buen clima institucional, armonía y madurez. Y si existe corrupción en muchas instancias educativas, entonces qué ejemplo le podemos dar a los educandos y al profesorado. Por eso, en este tema volvemos a señalarle a las autoridades del Estado (centrales y regionales), que no se pierda el ímpetu inicial, ese que se evidenció después del 28 de julio de 2006 y que sirvió para que algunos hablen de una “revolución educativa”, porque la verdad es que con mucha pena ahora constatamos que la frase fue un exceso. Hoy nos damos cuenta que los problemas se mantienen tan igual como hace tres años, al punto que las corruptelas entre Ugeles y directores de colegios parece continuar con la misma complacencia –y a veces complicidad– de un sindicato enquistado en la enseñanza pública (hace más de tres décadas) como lo es el Sutep. Sin duda, en materia de educación pública hay mucho por hacer, y pronto.