Recompensa por información

En la lucha contra el terrorismo, la información de inteligencia es clave para dar con los cabecillas de las huestes asesinas de la subversión. Pero si en esta tarea se involucra a la sociedad en su conjunto, los resultados pueden ser mejores y oportunos, precisamente, antes de que se siga causando más daño al país y atentando contra la vida de las personas. Para nuestro país este tipo de medidas no es desconocido pues se aplicó desde el segundo lustro de los años ochenta y se extendió hasta finales de la década del noventa.

Y en los años 2001 al 2003 se usó mucho este mecanismo para dar con Vladimiro Montesinos y otros pillos de su entorno. Obviamente, antes de ello muchos mandos políticos y militares de Sendero Luminoso y del MRTA fueron capturados a partir de los datos proporcionados por ciudadanos anónimos e inclusive por subversivos que decidieron abandona las filas terroristas.

En esta línea, la decisión adoptada por el Consejo de Ministros de enviar un proyecto de ley que propone elevar hasta un millón de soles el monto de la recompensa a las personas que brinden información útil para la captura de terroristas, es sencillamente pertinente. No podía esperarse más tiempo dados los enfrentamientos constantes en el VRAE y el trágico saldo de soldados muertos o heridos. Sin embargo, el Congreso de la República a la hora del debate de esa iniciativa del Ejecutivo, podría mejorarla y hacerla extensiva a los jefes de las mafias de narcotraficantes. Lógicamente, de la certeza del legislador y de la precisión en la reglamentación de esta clase de normas, se podría conseguir finalmente una norma que de ningún modo vulnere los derechos de las personas, sino que -por el contrario- garantice a la colectividad un instrumento táctico contra el narcotráfico y el terrorismo, ya que no debemos minimizar a ninguna de estas lacras que frenan nuestro desarrollo como nación y nuestro progreso económico.

Sin embargo, no todo no se reduce a la dación de más dispositivos legales, porque lo fundamental es aplicar con cabal efectividad las leyes y decretos vigentes. Por ejemplo, cuando desde abril existía un decreto supremo que prohibía la comercialización de kerosene en el VRAE, principal insumo para la elaboración de la pasta básica de cocaína y del clorhidrato, resultó curioso que transcurrieran más de cuatro meses para que recién las autoridades se dieran cuenta de que el tráfico de ese combustible seguía burlando los controles policiales a vista y paciencia de propios y extraños.

Por ello, no le ha quedado otra al Gobierno que aprobar un proyecto de ley que modifica la Ley de Insumos Químicos. De aprobarse esta propuesta en el Congreso de la República, será la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional (sede Lima) la que se encargará de dar la autorización para el ingreso del kerosene y de otros insumos en la zona del VRAE. De modo que esta medida, sumada a las recompensas para los informantes que conduzcan a la captura de cabecillas terroristas, podría ser acertada pero no suficiente dada la movilidad del enemigo que enfrentamos.