Penas e incitadores

Inevitable pronunciarnos sobre la sesión del Congreso de la República que aprobó la ley que pena con cárcel efectiva a los antisociales reincidentes en faltas menores (concretamente en el caso de escaperos que suelen arrebatar celulares, relojes, carteras, zapatillas, bicicletas, etc.). Modestia aparte, hemos estado –y estamos– en primera línea de combate contra la delincuencia, sea cual fuese su procedencia, clase o motivo.

Ene veces hemos sugerido ampliar y profundizar el espectro de sanciones para quienes delinquen y atentan contra el bienestar de los habitantes. Por ello saludamos al Parlamento por haber entonado su función con la gran preocupación ciudadana que clama por más seguridad y mayor tranquilidad pública frente a la criminalidad. Sin embargo debemos ser realistas y quizá hasta aguafiestas si reparamos en la perspectiva de que esa norma legal podría quedar como tantas otras, vale decir como papel mojado en tinta. Veamos por qué.

Primero, en teoría, la ley que sanciona a reincidentes y reducidores con penas efectivas, elevaría el número de internos en las cárceles de la costa, sierra y selva. Pero, ¿tenemos acaso un buen sistema penitenciario o suficientes prisiones adecuadamente equipadas para rehabilitar o resocializar al que purga alguna condena? La respuesta es obvia: la política criminal y los centros penitenciarios están en situación caótica. En segundo lugar, es casi un hecho que al radicalizar las penas no se influye automáticamente en la reducción del número o en la intensidad de los delitos. Y ello ocurre, por ejemplo, desde que las autoridades municipales y la Sunat permiten puntos de venta informales de receptadores disfrazados de comerciantes. Mientras haya grandes centros donde se compran y venden cosas robadas, sencillamente el delito va a continuar.

Por otro lado, los canales de prevención del delito –tema que no sólo es policial– están oxidados o brillan por su ausencia. Los funcionarios de los gobiernos regionales, locales y de los sectores del Ejecutivo (Ministerio de Trabajo, Ministerio de la Mujer, Instituto Peruano del Deporte, etc.,) no ven ni sienten el problema ni están preparados para enfrentar, por ejemplo, el abandono de la niñez, de adolescentes y jóvenes de hogares fracturados o de familias promiscuas, permitiendo así la multiplicación de ambientes que facilitan el pase de esas personas a pandillas o bandas de delincuentes. Es más, si no se trabaja con los padres en programas antidelito ad hoc, vamos a seguir siendo testigos –o víctimas– de robos.

En conclusión, somos conscientes de que el Legislativo ha dado un paso importante al aprobar un proyecto de ley que castiga con más dureza a reincidentes y receptadores; no obstante si las demás instancias del Estado no hacen lo que les toca, la norma quedará mediatizada sin lograr su objetivo: defender al ciudadano del accionar de los maleantes.