Caso Rivero Lazo

EXPRESO se caracteriza por abordar el tema de derechos humanos sin hipocresías ni dobles discursos, como sí lo hacen las ONG políticas, siempre horrorizadas de lo que etiquetan como “políticamente incorrecto”.
No queda duda de que éstas han orquestado una venganza contra todos los uniformados, en especial contra quienes por cuestiones de función o azar se cruzaron en el camino de Fujimori o Montesinos. Aún así, que sepamos la ley castiga a quienes cometieron delitos y no a las personas que –en virtud de las circunstancias– trabajaron en alguna dirección de inteligencia de las Fuerzas Armadas.

En ese sentido, nadie es culpable per se por el simple hecho de haber sido director de inteligencia del Ejército, más aún si a lo largo de ocho años y medio de investigación y procesamiento no hay prueba que lo incrimine por el delito imputado. Este es el caso del general EP Juan Rivero Lazo, cuya esposa, hijos y nietos sienten en carne propia la carcelería injusta y antojadiza a partir de lo que denominan una concertación antihumanitaria entre la ONG IDL y ciertos magistrados de la Fiscalía y el Poder Judicial. Todo indica que estamos ante un affaire en el cual a los oficiales del Ejército del Perú aquella ONG denigró acusándolos sin prueba fehaciente alguna de los atroces crímenes de la Cantuta y Barrios Altos.

No puede compararse o meterse en un mismo costal a criminales de esa talla con oficiales como el general Rivero Lazo. Además no existe justificación para que se le mantenga encerrado en una celda hace ya más de ocho años y seis meses, sin sentencia y, peor aún, sin visos de demostrársele algún ilícito. En esta casa periodística no ponemos las manos al fuego por alguien. Pero todo hace pensar que existe una consigna, un plan perverso para escarmentar a los militares –por venganza tras la derrota que éstos infligieron al terrorismo que hoy defienden las ONG– a quienes, pese a no demostrárseles participación directa en algún hecho de sangre, se insiste en mantener procesados y encarcelados aparentemente de por vida.

Este propósito político, antijurídico e ideologizado de las ONG enquistadas en el Estado se consagró cuando pasaron por el Ministerio de Justicia personajes como Diego García Sayán y Javier Ciurlizza. Este último asiduo visitante del genocida Abimael Guzmán. Incluso este Ciurlizza hasta hoy no ha esclarecido si el genocida Guzmán o su cónyuge Iparraguirre le pidieron que integre a Carlos Tapia, el hoy asesor personal de Ollanta Humala, a la nefasta Comisión de la Verdad. El caso es que se hicieron cosas tremendas que los gobiernos de Paniagua y Toledo mostraran empatía con los cabecillas de Sendero Luminoso en esas entrevistas furtivas, como excarcelar a terroristas sentenciados a cadena perpetua, conmutar penas, indultar o suavizar las condiciones carcelarias de esta escoria, como demuestra la consorte del genocida Guzmán quien insiste en que la dejen estar en intimidad con el más grande asesino del Perú.

Incluso un abogado del genocida Guzmán, de apellido Crespo, sostiene que ya están libres más de 2800 senderistas y quedan pocos por liberar. Es decir, la batalla judicial la viene ganando el terrorismo, toda vez que aún se mantiene en ascuas a generales del Ejército como Rivero Lazo simplemente por una teoría endeble como es la autoría mediata; aparte de chantajes como el hecho que un abogado del IDL que, según la esposa del general, le ofreció libertad a cambio de que inculpe a Fujimori. Nada justifica que un ser humano esté privado de su libertad por cerca de nueve años, sin sentencia. Y menos por venganza política, como parece ser en este caso.