Reglas de tránsito

Es de locos que el Congreso de la República apruebe leyes –y que el Ejecutivo las reglamente con decretos supremos– pero que luego esas mismas normas sean reparadas en seudo “mesas de diálogo” conformadas entre las autoridades (llamadas a hacerlas cumplir) y cualquier imberbe disfrazado de dirigente (también obligado a acatarlas), para que finalmente sean enmendadas mediante “actas” firmadas por representantes del Ejecutivo. Los miembros del gobierno tienen que erradicar esa actitud sumisa e improvisada frente a las presiones de grupos que sólo buscan vivir en el desorden y se resisten a construir una sociedad civilizada. La institucionalidad y el estado de derecho también está en las pistas y carreteras. Este asunto no es un tema menos grave que, por ejemplo, el acontecido en Bagua –donde la turba azuzada por “dirigentes” indígenas asesinó a 24 policías y hasta hoy nadie está en la cárcel– pues anualmente hay más muertes causadas por accidentes automovilísticos ocasionados por energúmenos e incapaces que no distinguen entre la norma y el salvajismo. Por eso respaldamos a los ciudadanos que demandan mayor sanción a quienes infringen el Código de Tránsito, como los familiares de aquellos que perdieron la vida –o quedaron tullidos– a causa de malos chóferes del servicio público o particular.

A lo largo de la última década ya bastante se ha modificado el Código aludido. Pero ahora un sector del gremio de transportistas exige impedir su cumplimiento, recurriendo a un nuevo paro para exigir que la norma sea modificada más de lo que ya está. Entonces es sencillamente la autoridad la que, con sus retrocesos y ambigüedades, está propiciando que las leyes sean en el Perú un saludo a la bandera, y que otros grupos sociales hagan lo propio, pues éstos advierten que con medidas de lucha, jornadas violentas o movilizaciones el gobierno pone los pies en polvorosa, en vez de imponer su autoridad para hacer respetar las sanciones previstas para los malos conductores. Al respecto, censuramos que ahora el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) alegue que se restringirá la función de la Policía de Tránsito durante las intervenciones a los chóferes y vehículos, y que se compensarán con más “puntos” a los infractores de tránsito a cambio de capacitación.

También deploramos que un sector de transportistas insista con el paro para conseguir –a la mala– la rebaja de las multas a las que se hacen acreedores por su salvajismo. En este extremo, si bien el ministro de Transportes y Comunicaciones ha señalado que se trata de “un asunto no negociable”, pensamos que ya está saliéndose de la raya ese método chantajista que pone contra las cuerdas al Estado peruano, predicando el vandalismo como sistema para desacatar las leyes, vía su derogatoria o modificación. Los gremios de transportistas no tienen autoridad moral para reclamar, ya que inclusive muchos de sus miembros tienen innumerables papeletas impagas desde hace años, y pese a ello hoy quieren que los montos de las multas por infracciones sean modificados. En esta situación, señores del gobierno, el único lema es hacer cumplir la ley y no retroceder ante la sinrazón.