Museo de la Dincote

Un recuerdo digno de la victoria del Perú sobre el terrorismo se experimenta al ingresar a las instalaciones del Museo de la Dirección Nacional Contra el Terrorismo de la Policía Nacional (Dincote). Allí está ese espacio policial, y continúa por años mostrando objetos, folletería y reliquias pertenecientes al genocida Abimael Guzmán y a su demencial grupo terrorista denominado PCP-Sendero Luminoso,
así como se aprecia materiales tocantes al asesino MRTA de Víctor Polay. El museo es modesto, sencillo, y por ello persiste sin mayor ínfula ni estridencia en su mensaje profundo de compromiso con el deber cumplido.

Sin embargo, el Museo de la Dincote debería recibir más apoyo del Estado y la sociedad, porque es un verdadero faro, cuya luz guía a los defensores de la libertad. Este resplandor debería iluminarnos más a fin de recordarnos a quienes ofrendaron su vida, precisamente, para defender la existencia humana del prójimo. Entonces, que nadie cometa el yerro de desactivarlo o cerrarlo, puesto que hoy mismo sirve de elevado estímulo a las fuerzas del orden, que tienen entre sus muchas tareas la de estar siempre atentas a cualquier amenaza o atentado proveniente de lacras siniestras como el terrorismo.

En cambio otra es la realidad que envuelve al malhadado e hipócrita proyecto promovido por las ONG políticas dedicadas al negocio de los derechos humanos: el “museo de la memoria”. Fue la izquierda proxeneta de la subversión en el país la que –en alianza con sus mentores en el extranjero y en foros terriblemente ideologizados como la Corte Interamericana de Derechos Humanos– logró parir con fórceps no solo una CVR, sino que formó parte de ella, poniendo ahí a sus conspicuos representantes junto a algunos ingenuos que les servían de comparsa, y además promovió resoluciones evacuadas desde San José de Costa Rica que exigían al Perú “homenajear a todos los caídos durante el período de violencia política”. Porque así, entre eufemismos y medias verdades, las ONG llaman a la lucha armada y al terrorismo senderista: “violencia política”. Pero esas ONG fueron más lejos: utilizaron, como siempre lo han hecho, a ciudadanos aparentes para ponerlos como mascarón de proa frente a proyectos que pasan por agua tibia al terrorismo –como el del “museo de la memoria”– no sin antes haberle conseguido de Alemania –es lo que mejor saben hacer– dos millones de euros, a efectos de construir ese museo “memorioso”.

Censuramos la falta de visión de gobiernos como el paniagüista o toledista, de los que las ONG consiguieron una CVR; a los que les hicieron allanarse –en realidad al Estado peruano– ante la CIDH; y a los que encima comprometieron para poner dinero del contribuyente en el monumento “El Ojo que Llora”. Hoy hacen lo mismo con el régimen aprista, llevándole a “olvidar” que Sendero Luminoso y el MRTA asesinaron a mil militantes apristas. En consecuencia, si ahora el APRA permite que desparezca el Museo de la Dincote –obligándolo a que transfiera sus tesoros de combate al “museo de la memoria”–, la verdad es que el oficialismo habrá cometido un error imperdonable que agraviará por siempre el recuerdo legítimo y diáfano que merecen los policías y soldados que murieron defendiendo a la nación del terrorismo genocida.

Malas juntas

Una congresista del denominado Partido Nacionalista (PN), cuyo jefe es Ollanta Humala Tasso, tuvo entre su gabinete de asesores –y personal de confianza– a un sujeto que acaba de ser detenido portando 140 kilos de cocaína. Según esa parlamentaria (Nancy Obregón) la relación laboral terminó hace un tiempo y no guarda contacto con el investigado. Sin embargo ello no la exime de riesgo, ni cesa la preocupación acerca del devenir de un partido como el Nacionalista que posee un consabido discurso en defensa de los cocaleros informales que siembran y cosechan la hoja de coca para ser vendida a los narcotraficantes. Imaginemos qué hubiese sucedido si el asesor fuera hombre de confianza de un legislador de Unidad Nacional o el APRA. Los nacionalistas pedirían su desafuero inmediato. ¿O no?

Lamentamos que so pretexto de que los cocaleros son campesinos inocuos, existan políticos que sirven de caja de resonancia a las mafias y los carteles de la droga, olvidando que esos seudoagricultores son eslabones medulares de la “cadena narco”. Aquí existe entonces un innegable costo político que deben asumir la congresista y el PN. Y tendrán que hacerlo, pese a que sus organizaciones de base tienen en los cocaleros informales a una importante base electorera, gente que no sólo contamina los ríos y las tierras de la selva (con acetona, kerosene, ácido sulfúrico, ácido muriático, etc.) sino que tampoco siente remordimiento a sabiendas de que su vil negocio intoxica y mata a millones de adictos al clorhidrato de cocaína en el mundo.

Estamos pues ante una situación delicada. Ollanta Humala aspira a convertirse en conductor del Estado peruano, y en tal contexto acaso facilitaría mayor empatía con el génesis del narcotráfico: los cocaleros, siempre defendidos por su partido y su bancada parlamentaria. Más aún siendo obvio que Humala está adherido al pensamiento imperialista “bolivariano” de la droga y el petróleo que lidera Hugo Chávez, según el cual sólo Estados Unidos debe resolver el problema del tráfico de estupefacientes. Pero los hechos demuestran lo contrario en Venezuela. En los casi once años que viene gobernando Chávez, la captura de narcos en su país disminuyó; el tráfico de drogas aumentó; el número de consumidores subió; y las muertes por ajustes de cuenta ligados al consumo de drogas creció, al punto que inclusive las cifras oficiales señalan que han muerto 150 mil venezolanos durante el régimen chavista. Y esto se agrava, porque Chávez ha cortado todo tipo de convenio de lucha antidroga con los EE UU, habiendo incluso expulsado a la DEA y al NAS.

Miremos ese espejo y reflexionemos sobre lo que podría pasar en el Perú si Ollanta Humala accede a la Casa de Pizarro. De modo que por más que alguien alegue que no existe “vinculación alguna” entre una congresista humalista y su ex asesor –capturado con 140 kilos de cocaína pura–, la verdad es que los cocaleros informales –base del narcotráfico– se sentirían muy cómodos de actuar y proyectarse si –para mala suerte del Perú– existiese una administración pro chavista como la que representa el humalismo. Peor aún cuando la experiencia demuestra la manera como el narcotráfico trata de meter sus tentáculos en la política de los países donde actúa, como ocurre en tierras venezolanas.

Actores profesionales

El reparto de actores crece para agitar las aguas latinoamericanas con miras a instituir gobiernos títeres manipulados por la denominada “revolución bolivariana”. En el caso del Perú, las elecciones generales se realizarán en abril de 2011.

Sin embargo desde ahora la agitación frenética ha empezado en diversos escenarios. Por ejemplo, mientras el candidato favorito de Hugo Chávez, de nombre Ollanta Humala, adquiere roce internacional en elegantes foros europeos y en giras destinadas a quitarle la imagen de militarote velasquista, tozudo e insurrecto, otros son los que organizan las huelgas o, como las llaman ahora, “jornadas de lucha”, y desde el Parlamento se continúa con las tareas de agitación.

No cabe duda que ante el fracaso del paro programado para los días 7, 8 y 9 de julio, algo tenían que idear las huestes humalistas, aliadas a todo ese mosaico de grupos que van desde radicales de la izquierda infantil hasta facciones terroristas sumidas hoy en sus procesos de reconstrucción interna, pero todos alentados por el entusiasmo y los dólares del chavismo. Así, se tenía que buscar gente con cara de “yo no fui”, o personajes que simulan no matar ni una mosca. Para eso entró en escena el congresista Víctor Mayorga, quien permitió no sólo el ingreso de emerretistas al Congreso de la República, sino que les autorizó a dar allí una conferencia de prensa. Parte del guión fue mostrarse sorprendido por las declaraciones de la facción Patria Libre, que dicho sea de paso no es un nuevo partido que quiere participar en la política, sino que subrepticiamente lo hace desde 20 años atrás como fachada del MRTA.

Mientras Ollanta Humala quiere aparecer por encima del bien y del mal, aunque atacando a medios de prensa con falacias para no responder por sus temerarias declaraciones en el exterior, aquí en Perú el guión sigue exponiéndose capítulo por capítulo. Así un cándido Mayorga salió a disculparse por distintos medios pero su objetivo lo había logrado: poner ante los ojos de millones de televidentes a nada inofensivos dirigentes de Patria Libre, quienes tienen la misión de agudizar las contradicciones con miras a la campaña electoral que se aproxima. Lamentablemente en medio de ese teatro, donde todas las fuerzas de izquierda suman –unas desempeñando el rol de galán y otras en calidad de personajes secundarios–, tampoco podían faltar los “extras”, quienes se encargarán de aumentar el volumen de la caja de resonancia noticiosa sobre el resurgir de la izquierda antisistema bajo el “socialismo del siglo XXI” promovido por el imperialista petrolero Hugo Chávez.

Para aumentar el drama e intriga en la platea, uno de esos “extras” ha espetado: “los informes de inteligencia no sirven para nada” y exige que “termine la persecución política contra Patria Libre”, desconociendo que es vital para todo Estado libre prevenir amenazas presentes o futuras mediante la producción de inteligencia, y que esas acciones en sí mismas no constituyen “persecución”, toda vez que se hacen para evitar mayores acechos colectivos a la sociedad. Y otro “extra”, pese a haber sido ministro del Interior, ha dicho con total empacho que “el MRTA no existe”. Por Dios, con tanto ingenuo rentado por ONGs o motivado por la figuración, vemos que el país no supera yerros del pasado. Como cuando aquel ex ministro de gobierno belaundista, José María de la Jara, en la década del sesenta minimizó a grupos radicales que luego germinaron la lucha armada con el saldo de veinte mil muertos y miles de millones de dólares en pérdida

Cuidado con los plazos

Nos ponemos en los zapatos de los deudos de los policías asesinados como consecuencia de la asonada humalista de enero de 2005, acto sedicioso conocido como el “Andahuaylazo” donde el Perú quedó en zozobra a causa de una mentalidad perversa e ideológicamente trastocada.
Pero qué indignación y desconsuelo pueden sentir los deudos de seres humanos que vistieron el uniforme del Escuadrón Verde de la PNP, quienes fueron enviados a Apurímac a reponer la paz luego que el sicópata Antauro Humala –cabecilla que usó a los “reservistas” para saltar a la palestra política del país– asaltara la comisaría y tomara rehenes para proclamar una supuesta rebelión “etnocacerista”, aunque después no tuvo ningún resquemor en retroceder cobardemente tras haber asesinado a los agentes del orden.

Estamos ante un hecho que configura evidentemente un delito mayor contra el Estado y la sociedad. Un crimen con pérdida de vidas humanas de por medio. Pero lamentablemente el caso hasta hoy no es resuelto por el Poder Judicial, debido no solo a la lentitud de los magistrados y auxiliares de justicia, sino a las estrategias de la defensa de los reos que se dedicaron a faltarle el respeto a la Justicia como estrategia para por demorar el proceso. A propósito, nos imaginamos cómo caminarán otros procesos penales sin la connotación mediática ni la trascendencia política del “Andahuaylazo”, con la subsiguiente injusticia que genera toda tardanza para los agraviados, los inculpados y la propia sociedad.

Mientras tanto hay mucha gente en prisión –como Antauro Humala– sin sentencia por más de 36 meses de iniciado el proceso, existiendo para esta circunstancia una ley expresa que manda que nadie deba estar encarcelado más allá de ese período de tiempo. Entonces la primera impresión que tenemos es que todavía existen problemas muy serios en la administración de justicia, que atentan contra la celeridad y la eficiencia de los órganos jurisdiccionales. También entendemos que mucho se habla de “reforma judicial” pero, increíblemente, muy poco de ella se lleva satisfactoriamente a la práctica. Dicho sea de paso, ¿y con tamaños agravantes los magistrados se oponen a la capacitación y evaluación continuas?

No obstante, para ese tipo de enredos procesales siempre hay salidas. Por ejemplo, en el caso de Antauro Humala, se señala que es correcta la prórroga de su detención porque este indeseable fue amonestado múltiples veces y expulsado en cinco ocasiones del recinto judicial por la Primera Sala para Reos en Cárcel, debido a su indigna, atrevida conducta durante el juicio (sanciones que se produjeron el 21 de julio y 13 de octubre de 2008, así como el 23 de febrero, 11 de mayo y 9 de julio del 2009), retrasando así las fases del mismo. Ahora bien, por encima de lo que pida la defensa del reo Antauro Humala, o más allá de lo que determine el Tribunal Constitucional –uno de cuyos integrantes, Ricardo Beaumont Callirgos, ha tenido la temeridad de adelantar opinión en este gravísimo caso, que deberá tomar muy en cuenta los estropicios cometidos por el acusado Humala para demorar en forma adrede su proceso–, el problema estriba en la ineficiencia estructural de la Judicatura, que no va a tono con la evolución social y económica nacional que, pese a la crisis externa, avanza, mientras la Justicia discurre en los tiempos de la carreta. Frente a esta realidad, ¿es posible pensar en ser una gran Nación bajo esa perspectiva? Invocamos a magistrados y ciudadanos a tener mayor compromiso con sus deberes.

Debilidad palpable

Exponentes de un minúsculo clan de “comunicadores” y “analistas políticos” –por ejemplo, uno que durante el fujimorato integró el Indecopi y comisiones privatizadoras, u otros que militaron en partidos comunistas (hoy reciclados como “periodistas estrella”)–, vociferan que aquellos medios de prensa que solicitan se aplique la ley a los revoltosos que bloquean carreteras, calles o plazas, en rigor lo que hacemos es promover la arremetida de la PNP contra los gremios, los manifestantes, el pueblos que quiere protestar. Se horrorizan porque dizque incentivamos a la Policía a entrar “a sangre y fuego” contra los protestantes. Lo cierto es que esos “opinólogos” tergiversan hipócrita e interesadamente el mensaje y la actitud con la que se necesita enfrentar la escalada comunista de movilizaciones violentas que atenta contra el país. Por eso nos ratificamos en que quien cumple el mandato de la Carta Magna y exige que se aplique el Código Penal no comete excesos. Sólo está usando las herramientas jurídicas para hacer respetar el estado de derecho y el orden constitucional. También nos reafirmamos en que existe mucha contemplación por parte del Ejecutivo –reflejada en la debilidad policial– al momento de confrontar con los agitadores, quienes –infringiendo flagrantemente la ley– interrumpen de manera impune y salvaje las vías de comunicación, tanto en zonas rurales como urbanas, violando el interés de las mayorías.

De un tiempo a esta parte, las autoridades políticas y policiales son presa de la inoperancia e incumplimiento del deber funcional. Ignoran clamorosamente el derecho de 28 millones de peruanos al libre tránsito, al trabajo y a la tranquilidad pública, dándole cabida a la grita de una elite violentista que, lamentablemente, viene marcando la agenda nacional al impedir que el país desarrolle sus actividades con normalidad si el Estado no satisface todo lo que reclaman los grupúsculos disociadores. Por supuesto que nadie pide llevar al paredón a los bárbaros como en Cuba, paradigma de la dirigencia comunista peruana que promueve y ejecuta los reclamos armados. Acá simplemente exigimos respeto a la ley. ¿O acaso las normas legales están de adorno? Entonces demandamos que nuestras fuerzas del orden aprecien su uniforme e impongan la ley. Lamentablemente en el Ministerio del Interior hay quienes actúan a contrapelo de lo que manda la Constitución y la norma, poniendo paños tibios y guantes de seda donde hace falta detener a los revoltosos, ponerlos a disposición de la Justicia y que ésta los lleve donde corresponde: al calabozo.

Ahora, si bien no buscamos responsabilizar a la PNP de todo lo malo –las verdaderas culpables son las ONG políticas que, sobre todo desde el 2001 hasta la fecha, lograron inocular en la mente de numerosos funcionarios su perversa ideología “garantista” así como sus persecutorias amenazas judiciales, tanto contra los altos mandos de las fuerzas de seguridad como contra la oficialidad menor–, sin embargo rechazamos que la PNP siga permitiendo que se multipliquen ejemplos de debilidad, como el ocurrido en las afueras de Arequipa cuando un coronel de la PNP prefirió conversar sumisamente con los revoltosos, garantizándoles la libertad para que siguieran enervándole la vida a miles de ciudadanos que pugnaban por trabajar, o sencillamente por hacer su vida normal. Con ese mensaje de pusilanimidad el Estado alentará mayores protestas, y éstas deteriorarán aún más la imagen del Perú como destino para el turismo y las inversiones.