Manotazos de ahogado

El candidato presidencial del Partido Nacionalista, Ollanta Humala Tasso, ha salido a la prensa a querer dar lecciones de gobernabilidad y a proponer alternativas en materia de políticas de Estado.

Pero sólo se trata de una retórica mediática, la que además no le pertenece sino a su asesor Carlos Tapia, tal como trasunta su mensaje tanto por el estilo como por los clisés y la fraseología expuestos. Uno de los caudillos del clan Humala en realidad no tiene mucho que aportar ya que desde hace tiempo solo insiste en pedir la vacancia del actual presidente y en repetir hasta el hartazgo la convocatoria a una asamblea constituyente (hoy extemporánea e impracticable).

La verdad es que sin la injerencia chavista (comprobada en el proceso electoral del 2006), y sin las movidas que desde Caracas o La Paz se articulan cada cierto tiempo para generar el caos en el Perú con el fin de favorecer a Ollanta Humala, este dirigente político no figuraría en ninguna encuesta. De ahí la importancia de gobernar bien en el presente, para no facilitar a las posiciones radicales y velasquistas posibilidad alguna de inserción en las aspiraciones de la población. Si el régimen aprista deja a la deriva temas fundamentales que corresponden, por ejemplo, impulsar una idónea política energética; si no promueve el desarrollo socio-económico del sur del Perú; si no aplica una modernización en las cárceles; y si no revierte la violencia terrorista en el VRAE o la inseguridad ciudadana en el país, entonces sencillamente la frustración e insatisfacción de los pueblos –a lo largo y ancho del Perú– podrían quedar a merced de demagogos y populistas.

Por eso el elector tiene que madurar y conocer más la historia reciente, aquella que explica cómo a partir del golpe militar del 3 de octubre de 1968 comenzó la descapitalización del campo; la caída de nuestras exportaciones; el bajo nivel de la educación pública; el aumento de la pobreza; la multiplicación de empresas estatales, y con ello la burocracia inoperante e improductiva; hasta los puertos decayeron y nuestra marina mercante colapsó. Por supuesto, en esta muy apretada lista de secuelas negativas del velascato, tampoco se puede dejar de mencionar cómo –ante la pauperización del Perú y el enorme endeudamiento externo originado por la dictadura militar– se incrementó el narcotráfico, la delincuencia y el pandillaje, problemas que han llegado ahora a niveles inauditos.

Lamentablemente, Ollanta Humala defiende ese pasado, postula ese modelo que ha fracasado. No obstante, hay algo más que decir. La biografía del comandante Humala Tasso, más allá de sus acciones u omisiones en torno a rebeliones como la de Locumba y Andahuaylas, no tiene ninguna gravitación propia. Hasta antes del hecho noticioso de Locumba, por ejemplo, que ocurrió justo en el día en que Vladimiro Montesinos fugaba del Perú, nadie conocía a Ollanta Humala, ni siquiera destacó en la Escuela Militar de Chorrillos, de donde egresó. Entonces, sin una hoja de vida interesante, sin virtudes –toda vez que sigue admirando al responsable de la debacle de valores que experimenta el país, como es Velasco Alvarado–, y sin una trayectoria política madura, poco es lo que puede ofrecer el jefe “nacionalista”. Por eso las encuestas seguirán registrando su constante caída en las preferencias electorales. No obstante, cuando el gato está más encajonado es cuando hay que tener mejores reflejos

Comprensible inquietud

Todos los peruanos están preocupados con la escalada que vienen tomando las cobardes emboscadas terroristas en el VRAE. Por supuesto, dentro de ese enorme conjunto humano, el empresariado vinculado al sector Turismo no puede ser la excepción.

Es más, sus voceros y principales representantes no sólo condenan la espiral de violencia en zona tan agreste y olvidada por el Estado, sobre todo entre los años correspondientes a las administraciones de Paniagua y Toledo, sino que advierten que de continuar ese tipo de atentados pronto veremos que el Perú como destino turístico sufrirá funestas consecuencias.

Datos recientes informan de la reducción de turistas en nuestro país. Obviamente la recesión internacional es parte de la causa de esta realidad. Pero la otra parte, quizá por el momento en mínimo grado pero merma al fin, se debe a las acciones terroristas. No esperemos que se prolongue el tiempo de zozobra en el VRAE, pues de seguir el ritmo de inseguridad y muerte, más temprano que tarde un segmento importante de turistas borrará a nuestra nación de su agenda de viajes. De ahí que el presidente del Comité de Turismo (Comtur) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) recomienda al gobierno mantener una postura firme frente al problema, ya que un Estado débil genera desconfianza en los visitantes, quienes sólo quieren pasar un momento agradable durante su estancia en un país con tantos atractivos como el nuestro.

Los medios de comunicación del mundo, las agencias internacionales de noticias ahora comienzan a poner sus reflectores y a llenar sus portadas y titulares con los sucesos de combate en el VRAE. El impacto de estas informaciones –por cierto–, que puede atemorizar a muchos, y es natural que ello suceda, es negativa, por lo que evitemos repetir lo vivido en la década de los años ochenta y especialmente lo experimentado hasta antes del 12 de setiembre de 1992. Fecha en la cual fue capturado el asesino y sanguinario Abimael Guzmán Reynoso, presidente del Partido Comunista Sendero Luminoso, cuyo 17° aniversario se conmemorará dentro de unos días. Recordemos que en ese período previo a la detención del cabecilla terrorista, entonces el más buscado por las fuerzas del orden, la industria sin humo languideció y sólo algunos empresarios del turismo pudieron subsistir estoicamente.

Sin embargo, por encima de la merecida preservación de la imagen del Perú, sea como destino turístico o como marca país, e inclusive más allá del ambiente propicio para la llegada de inversiones, está la vida de nuestros soldados y los derechos humanos de millones de peruanos que quieren vivir en paz y mantener el rumbo enfocado hacia el progreso. Es en este horizonte en el cual se deben organizar los mejores planes de seguridad y desarrollo en la zona del VRAE, y ejecutarlos con éxito, pero no sólo ello sino también en otros lugares a donde han comenzado a trasladarse aquellos cocaleros más estrechamente vinculados a los carteles de la droga. La lucha será larga, pero de lo que hagamos hoy dependerá que no se extiendan demasiado en el espacio o en el tiempo las lacras del terrorismo y del narcotráfico

Malas juntas

Una congresista del denominado Partido Nacionalista (PN), cuyo jefe es Ollanta Humala Tasso, tuvo entre su gabinete de asesores –y personal de confianza– a un sujeto que acaba de ser detenido portando 140 kilos de cocaína. Según esa parlamentaria (Nancy Obregón) la relación laboral terminó hace un tiempo y no guarda contacto con el investigado. Sin embargo ello no la exime de riesgo, ni cesa la preocupación acerca del devenir de un partido como el Nacionalista que posee un consabido discurso en defensa de los cocaleros informales que siembran y cosechan la hoja de coca para ser vendida a los narcotraficantes. Imaginemos qué hubiese sucedido si el asesor fuera hombre de confianza de un legislador de Unidad Nacional o el APRA. Los nacionalistas pedirían su desafuero inmediato. ¿O no?

Lamentamos que so pretexto de que los cocaleros son campesinos inocuos, existan políticos que sirven de caja de resonancia a las mafias y los carteles de la droga, olvidando que esos seudoagricultores son eslabones medulares de la “cadena narco”. Aquí existe entonces un innegable costo político que deben asumir la congresista y el PN. Y tendrán que hacerlo, pese a que sus organizaciones de base tienen en los cocaleros informales a una importante base electorera, gente que no sólo contamina los ríos y las tierras de la selva (con acetona, kerosene, ácido sulfúrico, ácido muriático, etc.) sino que tampoco siente remordimiento a sabiendas de que su vil negocio intoxica y mata a millones de adictos al clorhidrato de cocaína en el mundo.

Estamos pues ante una situación delicada. Ollanta Humala aspira a convertirse en conductor del Estado peruano, y en tal contexto acaso facilitaría mayor empatía con el génesis del narcotráfico: los cocaleros, siempre defendidos por su partido y su bancada parlamentaria. Más aún siendo obvio que Humala está adherido al pensamiento imperialista “bolivariano” de la droga y el petróleo que lidera Hugo Chávez, según el cual sólo Estados Unidos debe resolver el problema del tráfico de estupefacientes. Pero los hechos demuestran lo contrario en Venezuela. En los casi once años que viene gobernando Chávez, la captura de narcos en su país disminuyó; el tráfico de drogas aumentó; el número de consumidores subió; y las muertes por ajustes de cuenta ligados al consumo de drogas creció, al punto que inclusive las cifras oficiales señalan que han muerto 150 mil venezolanos durante el régimen chavista. Y esto se agrava, porque Chávez ha cortado todo tipo de convenio de lucha antidroga con los EE UU, habiendo incluso expulsado a la DEA y al NAS.

Miremos ese espejo y reflexionemos sobre lo que podría pasar en el Perú si Ollanta Humala accede a la Casa de Pizarro. De modo que por más que alguien alegue que no existe “vinculación alguna” entre una congresista humalista y su ex asesor –capturado con 140 kilos de cocaína pura–, la verdad es que los cocaleros informales –base del narcotráfico– se sentirían muy cómodos de actuar y proyectarse si –para mala suerte del Perú– existiese una administración pro chavista como la que representa el humalismo. Peor aún cuando la experiencia demuestra la manera como el narcotráfico trata de meter sus tentáculos en la política de los países donde actúa, como ocurre en tierras venezolanas.

Callao: Problema mayor

¿Podremos tener un puerto –el del Callao– seguro y a la vez que no ahuyente al visitante que se acerca al mismo para conocer sus atractivos turísticos? Más aún, ¿podremos darle condiciones mínimas de tranquilidad pública y seguridad ciudadana a la población chalaca, la que en su mayoría es decente y trabajadora, pero vive amenazada por un reducidísimo clan de antisociales que desacretida a una región estrechamente vinculada a Lima?

Ante los terribles hechos de sangre registrados en el Callao durante los últimos días, la Policía Nacional ha realizado varios operativos contra la delincuencia común. Pero no hace mucho, cuando en el Ministerio del Interior estaba el doctor Luis Alva Castro, también se realizaron rastrillajes en diversas zonas del puerto. No obstante es evidente que sirvieron de poco, pues terminada la razzia los delincuentes se reagruparon para continuar sembrando muerte y dolor no solo en las arterias urbanas chalacas sino que desde ahí salen a cometer sus fechorías en distintos puntos de la Gran Lima, cuando no también al interior del país.

Entonces nos enfrentamos a un problema mayor, donde la autoridad regional y local del primer puerto del país requiere de la ayuda del gobierno nacional y de las instituciones públicas y privadas. Lamentamos que hasta ahora ningún político se haya propuesto efectivizar esta iniciativa, para acabar con la indefensión y temor en que viven miles de ciudadanos que viven allí o que por diversos motivos tienen que pasar por el Callao, siendo muchas veces presas de los criminales. Es decir, pasan las administraciones y el problema se agrava con situaciones cada vez más espeluznantes, como cuando bandas de jóvenes y adultos actúan con armas de alto poder de fuego –pistolas automáticas, fusiles de corto y largo alcance o granadas de guerra– que poseen sin problema alguno.

Estamos pues ante una delicada realidad y sin que aparezca una voz que se ocupe de los derechos humanos de tanto niño, adolescente, hombres y mujeres que habitan en el Callao. Las ONG políticas dizque de dd hh nunca lo van a hacer. A esas sólo les preocupan los casos donde puedan sacarle dinero al Estado o a las víctimas, sea mediante reparaciones o indemnizaciones ganadas en cortes internacionales a las cuales cualquier mortal no puede acceder sino está patrocinado por ellas. Entonces los medios de comunicación debemos esforzarnos para que las cosas comiencen a cambiar en el Callao. Proponemos que a los megaoperativos policiales se sume una acción social decidida del gobierno regional, que cuente la vez con un plan piloto en el que participen las organizaciones que quieran colaborar con esa autoridad a fin de impulsar, por ejemplo, el tratamiento idóneo a los jóvenes envueltos en el consumo de drogas o en pandillas, así como materializar una seria labor de resocialización de los ex reclusos que viven en el puerto.

De no hacerlo, pasados los operativos policiales de estos días, todo volverá como antes. Un problema que nadie soluciona, no obstante el número de víctimas que deja en el camino.