Enmendando al caviarismo

Las ONG políticas inocularon al gobierno transitorio de Paniagua y al régimen toledista con su ideología seudo derechohumanista, creada por algunos ingenuos proto académicos del derecho, consiguiendo así modificar la legislación antiterrorista para hacerla más blandengue y para facilitar la excarcelación de los condenados por terrorismo, sin contar que se produjo la penetración de representantes de la izquierda caviar en órganos especiales vinculados al sector Justicia, como fue el caso de la comisión de indultos.


Ante este desmontaje del marco jurídico antisubversivo el Ejecutivo actual viene adoptando medidas de enmienda. El pasado viernes, el primer mandatario, Alan García, promulgó la ley que dispone la improcedencia de beneficios penitenciarios para los sentenciados por terrorismo. De manera que los genocidas no se acojan a la redención de la pena por educación o trabajo. Tampoco podrán hacerlo al beneficio de semilibertad ni al de libertad condicional. Si bien son numerosos los casos en los cuales los condenados por terrorismo ya consiguieron la excarcelación –precisamente a través de estos mecanismos del derecho procesal penal otorgados por los gobiernos de Paniagua y Toledo, manipulados por las ONG–, ahora la nueva medida legal corrige esas aberrantes e injustas distorsiones.

Además, la promulgación de la ley en mención servirá para hacer frente a delitos graves como el secuestro y la extorsión, ya que prohíbe que los delincuentes incursos en estos ilícitos se acojan a beneficios penitenciarios. De sancionarse la norma, esos indeseables –y las ONG que los representan– ya no podrán gestionar su libertad apelando el beneficio de exención, consistente en un día de pena por siete días de trabajo efectivo, o por haber cumplido tres cuartos de su condena sin antes haber pagado el íntegro de la reparación civil. Esperamos ahora que los jueces sean estrictos en el cumplimiento de estas normas jurídicas y no distingan ahí donde la ley no distingue, de lo contrario cometerán prevaricato.

De otro lado, estamos ante una realidad innegable en la que muchos terroristas han ganado las calles, en especial desde el 2002 en adelante, gracias a gestiones personales de sendos directivos de ONG políticas que –por presión y/o extorsión a los regímenes paniaguista y toledano– se convirtieron en funcionarios del Ministerio de Justicia. Estamos hablando de cientos –o miles– de subversivos excarcelados, que incluso han entrado a la planilla estatal donde desempeñan diversos cargos, principalmente en el sector Educación. Están en instituciones educativas y en las UGEL de diversas regiones, incluyendo Lima y Callao. Pero también en el Poder Judicial, el Ministerio Público, Ministerio de Salud, Enapu, Enaco, Proyecto Chavimochic, etc., y hasta en el Ejército peruano. Todo por obra y gracia de aquellas ONG dizque derechohumanistas, porque sólo lo son de los terroristas

Se podrá decir que esos terroristas ya cumplieron su condena. Sin embargo aquello tampoco debe enervar la necesidad estratégica del Estado de estar alerta a lo que hace ésta gente al haber salido de la penitenciaría, aunque la característica de este tipo de sentenciados –hablamos de la formación ideológica que recibieron dentro de Sendero Luminoso o del MRTA, y a su grado de alineación y fundamentalismo– es que jamás renuncian a su único objetivo: la lucha armada –el terrorismo– por la conquista del poder.

Recompensa por información

En la lucha contra el terrorismo, la información de inteligencia es clave para dar con los cabecillas de las huestes asesinas de la subversión. Pero si en esta tarea se involucra a la sociedad en su conjunto, los resultados pueden ser mejores y oportunos, precisamente, antes de que se siga causando más daño al país y atentando contra la vida de las personas. Para nuestro país este tipo de medidas no es desconocido pues se aplicó desde el segundo lustro de los años ochenta y se extendió hasta finales de la década del noventa.

Y en los años 2001 al 2003 se usó mucho este mecanismo para dar con Vladimiro Montesinos y otros pillos de su entorno. Obviamente, antes de ello muchos mandos políticos y militares de Sendero Luminoso y del MRTA fueron capturados a partir de los datos proporcionados por ciudadanos anónimos e inclusive por subversivos que decidieron abandona las filas terroristas.

En esta línea, la decisión adoptada por el Consejo de Ministros de enviar un proyecto de ley que propone elevar hasta un millón de soles el monto de la recompensa a las personas que brinden información útil para la captura de terroristas, es sencillamente pertinente. No podía esperarse más tiempo dados los enfrentamientos constantes en el VRAE y el trágico saldo de soldados muertos o heridos. Sin embargo, el Congreso de la República a la hora del debate de esa iniciativa del Ejecutivo, podría mejorarla y hacerla extensiva a los jefes de las mafias de narcotraficantes. Lógicamente, de la certeza del legislador y de la precisión en la reglamentación de esta clase de normas, se podría conseguir finalmente una norma que de ningún modo vulnere los derechos de las personas, sino que -por el contrario- garantice a la colectividad un instrumento táctico contra el narcotráfico y el terrorismo, ya que no debemos minimizar a ninguna de estas lacras que frenan nuestro desarrollo como nación y nuestro progreso económico.

Sin embargo, no todo no se reduce a la dación de más dispositivos legales, porque lo fundamental es aplicar con cabal efectividad las leyes y decretos vigentes. Por ejemplo, cuando desde abril existía un decreto supremo que prohibía la comercialización de kerosene en el VRAE, principal insumo para la elaboración de la pasta básica de cocaína y del clorhidrato, resultó curioso que transcurrieran más de cuatro meses para que recién las autoridades se dieran cuenta de que el tráfico de ese combustible seguía burlando los controles policiales a vista y paciencia de propios y extraños.

Por ello, no le ha quedado otra al Gobierno que aprobar un proyecto de ley que modifica la Ley de Insumos Químicos. De aprobarse esta propuesta en el Congreso de la República, será la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional (sede Lima) la que se encargará de dar la autorización para el ingreso del kerosene y de otros insumos en la zona del VRAE. De modo que esta medida, sumada a las recompensas para los informantes que conduzcan a la captura de cabecillas terroristas, podría ser acertada pero no suficiente dada la movilidad del enemigo que enfrentamos.

Museo de la Dincote

Un recuerdo digno de la victoria del Perú sobre el terrorismo se experimenta al ingresar a las instalaciones del Museo de la Dirección Nacional Contra el Terrorismo de la Policía Nacional (Dincote). Allí está ese espacio policial, y continúa por años mostrando objetos, folletería y reliquias pertenecientes al genocida Abimael Guzmán y a su demencial grupo terrorista denominado PCP-Sendero Luminoso,
así como se aprecia materiales tocantes al asesino MRTA de Víctor Polay. El museo es modesto, sencillo, y por ello persiste sin mayor ínfula ni estridencia en su mensaje profundo de compromiso con el deber cumplido.

Sin embargo, el Museo de la Dincote debería recibir más apoyo del Estado y la sociedad, porque es un verdadero faro, cuya luz guía a los defensores de la libertad. Este resplandor debería iluminarnos más a fin de recordarnos a quienes ofrendaron su vida, precisamente, para defender la existencia humana del prójimo. Entonces, que nadie cometa el yerro de desactivarlo o cerrarlo, puesto que hoy mismo sirve de elevado estímulo a las fuerzas del orden, que tienen entre sus muchas tareas la de estar siempre atentas a cualquier amenaza o atentado proveniente de lacras siniestras como el terrorismo.

En cambio otra es la realidad que envuelve al malhadado e hipócrita proyecto promovido por las ONG políticas dedicadas al negocio de los derechos humanos: el “museo de la memoria”. Fue la izquierda proxeneta de la subversión en el país la que –en alianza con sus mentores en el extranjero y en foros terriblemente ideologizados como la Corte Interamericana de Derechos Humanos– logró parir con fórceps no solo una CVR, sino que formó parte de ella, poniendo ahí a sus conspicuos representantes junto a algunos ingenuos que les servían de comparsa, y además promovió resoluciones evacuadas desde San José de Costa Rica que exigían al Perú “homenajear a todos los caídos durante el período de violencia política”. Porque así, entre eufemismos y medias verdades, las ONG llaman a la lucha armada y al terrorismo senderista: “violencia política”. Pero esas ONG fueron más lejos: utilizaron, como siempre lo han hecho, a ciudadanos aparentes para ponerlos como mascarón de proa frente a proyectos que pasan por agua tibia al terrorismo –como el del “museo de la memoria”– no sin antes haberle conseguido de Alemania –es lo que mejor saben hacer– dos millones de euros, a efectos de construir ese museo “memorioso”.

Censuramos la falta de visión de gobiernos como el paniagüista o toledista, de los que las ONG consiguieron una CVR; a los que les hicieron allanarse –en realidad al Estado peruano– ante la CIDH; y a los que encima comprometieron para poner dinero del contribuyente en el monumento “El Ojo que Llora”. Hoy hacen lo mismo con el régimen aprista, llevándole a “olvidar” que Sendero Luminoso y el MRTA asesinaron a mil militantes apristas. En consecuencia, si ahora el APRA permite que desparezca el Museo de la Dincote –obligándolo a que transfiera sus tesoros de combate al “museo de la memoria”–, la verdad es que el oficialismo habrá cometido un error imperdonable que agraviará por siempre el recuerdo legítimo y diáfano que merecen los policías y soldados que murieron defendiendo a la nación del terrorismo genocida.

Caso Rivero Lazo

EXPRESO se caracteriza por abordar el tema de derechos humanos sin hipocresías ni dobles discursos, como sí lo hacen las ONG políticas, siempre horrorizadas de lo que etiquetan como “políticamente incorrecto”.
No queda duda de que éstas han orquestado una venganza contra todos los uniformados, en especial contra quienes por cuestiones de función o azar se cruzaron en el camino de Fujimori o Montesinos. Aún así, que sepamos la ley castiga a quienes cometieron delitos y no a las personas que –en virtud de las circunstancias– trabajaron en alguna dirección de inteligencia de las Fuerzas Armadas.

En ese sentido, nadie es culpable per se por el simple hecho de haber sido director de inteligencia del Ejército, más aún si a lo largo de ocho años y medio de investigación y procesamiento no hay prueba que lo incrimine por el delito imputado. Este es el caso del general EP Juan Rivero Lazo, cuya esposa, hijos y nietos sienten en carne propia la carcelería injusta y antojadiza a partir de lo que denominan una concertación antihumanitaria entre la ONG IDL y ciertos magistrados de la Fiscalía y el Poder Judicial. Todo indica que estamos ante un affaire en el cual a los oficiales del Ejército del Perú aquella ONG denigró acusándolos sin prueba fehaciente alguna de los atroces crímenes de la Cantuta y Barrios Altos.

No puede compararse o meterse en un mismo costal a criminales de esa talla con oficiales como el general Rivero Lazo. Además no existe justificación para que se le mantenga encerrado en una celda hace ya más de ocho años y seis meses, sin sentencia y, peor aún, sin visos de demostrársele algún ilícito. En esta casa periodística no ponemos las manos al fuego por alguien. Pero todo hace pensar que existe una consigna, un plan perverso para escarmentar a los militares –por venganza tras la derrota que éstos infligieron al terrorismo que hoy defienden las ONG– a quienes, pese a no demostrárseles participación directa en algún hecho de sangre, se insiste en mantener procesados y encarcelados aparentemente de por vida.

Este propósito político, antijurídico e ideologizado de las ONG enquistadas en el Estado se consagró cuando pasaron por el Ministerio de Justicia personajes como Diego García Sayán y Javier Ciurlizza. Este último asiduo visitante del genocida Abimael Guzmán. Incluso este Ciurlizza hasta hoy no ha esclarecido si el genocida Guzmán o su cónyuge Iparraguirre le pidieron que integre a Carlos Tapia, el hoy asesor personal de Ollanta Humala, a la nefasta Comisión de la Verdad. El caso es que se hicieron cosas tremendas que los gobiernos de Paniagua y Toledo mostraran empatía con los cabecillas de Sendero Luminoso en esas entrevistas furtivas, como excarcelar a terroristas sentenciados a cadena perpetua, conmutar penas, indultar o suavizar las condiciones carcelarias de esta escoria, como demuestra la consorte del genocida Guzmán quien insiste en que la dejen estar en intimidad con el más grande asesino del Perú.

Incluso un abogado del genocida Guzmán, de apellido Crespo, sostiene que ya están libres más de 2800 senderistas y quedan pocos por liberar. Es decir, la batalla judicial la viene ganando el terrorismo, toda vez que aún se mantiene en ascuas a generales del Ejército como Rivero Lazo simplemente por una teoría endeble como es la autoría mediata; aparte de chantajes como el hecho que un abogado del IDL que, según la esposa del general, le ofreció libertad a cambio de que inculpe a Fujimori. Nada justifica que un ser humano esté privado de su libertad por cerca de nueve años, sin sentencia. Y menos por venganza política, como parece ser en este caso.

Lesa humanidad

La Fuerza Aérea del Perú (FAP) entregó a dos de sus oficiales y a un técnico a la larga lista de héroes de la lucha contra el terrorismo. Honor y gloria a estos valientes que mediante el sacrificio de sus propias vidas intentan dejarnos un país mejor. Pero hay políticos que pagan mal esta inmolación. Ollanta Humala, por ejemplo, quien en España dijo –ante un grupo de compatriotas residentes en ese país– que Sendero Luminoso y el MRTA ya no existen y que tampoco representan un peligro para el Perú.

Pero los hechos contradicen a esta clase de temeridades, toda vez que resulta obvio que los senderistas actúan en pared con quien fuere. Ahora el turno es de los narcos y los rezagos emerretistas que contactan con las FARC. Y todo con la finalidad exclusiva de reanudar más delante su lucha armada para conquistar el poder de la nación peruana. Hace varios años alertamos que el cierre de decenas de bases contrasubversivas sería una equivocada decisión, en vista de que atentaría contra la seguridad nacional. Lamentablemente tuvimos un gobierno como el de Alejandro Toledo, obsecuente y concesivo con el pedido de venganza de las ONG izquierdistas de derechos humanos contra las fuerzas armadas de la patria. Igual advertimos sobre la cobarde y extraña excarcelación de centenares de terroristas, gracias a sus abogados del IDL, Aprodeh y demás ONG agrupados en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH), cuyos directivos inclusive fueron designados funcionarios del Estado e integraron la denominada “comisión de indultos”.

Entonces, de las consecuencias ante tan malas decisiones hoy todos somos testigos. Se repite el capítulo terrorífico donde aparecen más muertes de uniformados que enlutan a familias enteras, dejando niños menores de edad sin padre y viudas sumidas en el dolor y la tragedia. Bajo estas penosas circunstancias, debemos decirle al país que el último miércoles 2 de setiembre se ha cometido una violación atroz de los derechos humanos, en realidad se ha perpetrado un acto de lesa humanidad, acontecimiento sobre el cual callarán las ONG políticas, pues lo que han hecho los terroristas ha sido disparar a una nave de auxilio que intentaba recoger soldados heridos y trasladarlos para prestarles asistencia médica.

Pero si las cosas hubieran sido al revés, ya tendríamos en este momento al mundo ensordecido por el sonoro coro de las ONG políticas, denunciando la violación de los derechos humanos de terroristas heridos. Ahora bien, frente al silencio de esa turba que, por ejemplo, impulsó y conformó la CVR, cabe la pregunta: ¿no significa acaso esa indiferencia una negación de los derechos humanos de los soldados peruanos, y con mayor razón si están con heridas de bala requiriendo atención médica urgente pero que ese auxilio fue impedido por el ataque senderista a una aeronave que buscaba ese fin humanitario? De modo que la condena –y el combate– a los terroristas en el VRAE tiene que ser total. Y pese a esta verdad monumental, tenemos que deplorar que hay ingenuos que aún no tienen la visión suficiente como para darse cuenta que la lucha contra la barbarie terrorista no ha terminado, y que menos se puede seguir alentando la construcción de un “museo de la memoria” que ensalzará inclusive a los verdugos de los buenos peruanos que murieron a consecuencia de las balas y la dinamita senderista o emerretista.