Nuevo blog sobre conflictos sociales en el Perú

La consultora en conflictos sociales Irma Montes Patiño está recopilando sus artículos en el siguiente blog Valor compartido y beneficio. Aprovechamos desde este espacio en enviarle los mejores de los éxitos ya que consideramos que sus artículos y opiniones están entre los mas calificados.

Enmendando al caviarismo

Las ONG políticas inocularon al gobierno transitorio de Paniagua y al régimen toledista con su ideología seudo derechohumanista, creada por algunos ingenuos proto académicos del derecho, consiguiendo así modificar la legislación antiterrorista para hacerla más blandengue y para facilitar la excarcelación de los condenados por terrorismo, sin contar que se produjo la penetración de representantes de la izquierda caviar en órganos especiales vinculados al sector Justicia, como fue el caso de la comisión de indultos.


Ante este desmontaje del marco jurídico antisubversivo el Ejecutivo actual viene adoptando medidas de enmienda. El pasado viernes, el primer mandatario, Alan García, promulgó la ley que dispone la improcedencia de beneficios penitenciarios para los sentenciados por terrorismo. De manera que los genocidas no se acojan a la redención de la pena por educación o trabajo. Tampoco podrán hacerlo al beneficio de semilibertad ni al de libertad condicional. Si bien son numerosos los casos en los cuales los condenados por terrorismo ya consiguieron la excarcelación –precisamente a través de estos mecanismos del derecho procesal penal otorgados por los gobiernos de Paniagua y Toledo, manipulados por las ONG–, ahora la nueva medida legal corrige esas aberrantes e injustas distorsiones.

Además, la promulgación de la ley en mención servirá para hacer frente a delitos graves como el secuestro y la extorsión, ya que prohíbe que los delincuentes incursos en estos ilícitos se acojan a beneficios penitenciarios. De sancionarse la norma, esos indeseables –y las ONG que los representan– ya no podrán gestionar su libertad apelando el beneficio de exención, consistente en un día de pena por siete días de trabajo efectivo, o por haber cumplido tres cuartos de su condena sin antes haber pagado el íntegro de la reparación civil. Esperamos ahora que los jueces sean estrictos en el cumplimiento de estas normas jurídicas y no distingan ahí donde la ley no distingue, de lo contrario cometerán prevaricato.

De otro lado, estamos ante una realidad innegable en la que muchos terroristas han ganado las calles, en especial desde el 2002 en adelante, gracias a gestiones personales de sendos directivos de ONG políticas que –por presión y/o extorsión a los regímenes paniaguista y toledano– se convirtieron en funcionarios del Ministerio de Justicia. Estamos hablando de cientos –o miles– de subversivos excarcelados, que incluso han entrado a la planilla estatal donde desempeñan diversos cargos, principalmente en el sector Educación. Están en instituciones educativas y en las UGEL de diversas regiones, incluyendo Lima y Callao. Pero también en el Poder Judicial, el Ministerio Público, Ministerio de Salud, Enapu, Enaco, Proyecto Chavimochic, etc., y hasta en el Ejército peruano. Todo por obra y gracia de aquellas ONG dizque derechohumanistas, porque sólo lo son de los terroristas

Se podrá decir que esos terroristas ya cumplieron su condena. Sin embargo aquello tampoco debe enervar la necesidad estratégica del Estado de estar alerta a lo que hace ésta gente al haber salido de la penitenciaría, aunque la característica de este tipo de sentenciados –hablamos de la formación ideológica que recibieron dentro de Sendero Luminoso o del MRTA, y a su grado de alineación y fundamentalismo– es que jamás renuncian a su único objetivo: la lucha armada –el terrorismo– por la conquista del poder.

Insuficientes resultados

Las inspecciones técnicas vehiculares (ITV) pasaron de las manos de la Municipalidad Metropolitana de Lima a las del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Son varios meses en que estas “revisiones” (como antiguamente se les llamaba) se realizan sobre el parque automotor nacional, especialmente de la gran Lima, pero los resultados son aún imperceptibles.

A esto se agregan las denuncias ciudadanas contra Lidercon y las sanciones impuestas por parte de Indecopi a esta entidad privada, generándose así una atmósfera poco propicia para alcanzar en el corto plazo un mejor reordenamiento del caótico tránsito capitalino, que concentra el 80 por ciento del parque vehicular del Perú.

Los objetivos de las ITV son varios: prevenir los accidentes de tránsito causados por fallas técnicas; exigir al conductor o propietario de un vehículo que mantenga su unidad móvil en buen estado; y contribuir con el control de la emisión de gases tóxicos, tan peligrosos para el medio ambiente y para la salud de las personas. Recordemos que una ITV no es un simple trámite administrativo sino un servicio cuyo principal fin es coadyuvar a mejorar la calidad de vida de los habitantes. En esta lista de objetivos está, entonces, involucrados la madurez y el deber cívico de millones de personas: choferes, peatones, policías, funcionarios del MTC, empleados de las plantas de inspección, etc.

Si cada una de las personas no es consciente de ello, y más bien tratan de sacarle la vuelta a la ley, las ITV fracasarán irremediablemente, tal como viene ocurriendo hasta hoy. Quizá sea muy corto el tiempo para sacar conclusiones definitivas, pero la tendencia ya acusa una proyección negativa. Basta mencionar que son miles los vehículos que están en condición de omisos, porque se pasaron del cronograma que les tocaba o porque prefieren circular furtivamente y “bajando una coima” cada vez que son pillados. Peor aún, no son pocos los dueños de automóviles que, si bien pasaron raspando las pruebas en Lidercon, lamentablemente –transcurridos los días y meses– no han sido capaces de invertir un sol para cumplir con las reparaciones recomendadas al momento que sus vehículos fueron inspeccionados.

Por cierto, no podemos negar que vivimos en una realidad donde el millón y pico de vehículos (autos, camionetas, unidades de transporte público y camiones) tiene en promedio una antigüedad de 16 años. No obstante, ello no es justificación para que las autoridades de tránsito (principalmente MTC y PNP) permitan transitar alegremente –ante sus narices– a vehículos que parecen verdaderas cafeteras rodantes, que dejan tras su paso por calles y avenidas una nube tóxica; o que se hagan de la vista gorda ante automóviles que tienen las placas de rodaje borrosas y magulladas, o las luces altas, bajas y direccionales en pésimo estado, o los neumáticos totalmente lisos. Si a esto sumamos los miles de triciclos y mototaxis que se cruzan por doquier, inclusive por distritos exclusivos como San Isidro o Miraflores, entonces no queda sino reconocer que el caos tiene para rato. ¿Quién pondrá coto a esta regresión ciudadana

Recompensa por información

En la lucha contra el terrorismo, la información de inteligencia es clave para dar con los cabecillas de las huestes asesinas de la subversión. Pero si en esta tarea se involucra a la sociedad en su conjunto, los resultados pueden ser mejores y oportunos, precisamente, antes de que se siga causando más daño al país y atentando contra la vida de las personas. Para nuestro país este tipo de medidas no es desconocido pues se aplicó desde el segundo lustro de los años ochenta y se extendió hasta finales de la década del noventa.

Y en los años 2001 al 2003 se usó mucho este mecanismo para dar con Vladimiro Montesinos y otros pillos de su entorno. Obviamente, antes de ello muchos mandos políticos y militares de Sendero Luminoso y del MRTA fueron capturados a partir de los datos proporcionados por ciudadanos anónimos e inclusive por subversivos que decidieron abandona las filas terroristas.

En esta línea, la decisión adoptada por el Consejo de Ministros de enviar un proyecto de ley que propone elevar hasta un millón de soles el monto de la recompensa a las personas que brinden información útil para la captura de terroristas, es sencillamente pertinente. No podía esperarse más tiempo dados los enfrentamientos constantes en el VRAE y el trágico saldo de soldados muertos o heridos. Sin embargo, el Congreso de la República a la hora del debate de esa iniciativa del Ejecutivo, podría mejorarla y hacerla extensiva a los jefes de las mafias de narcotraficantes. Lógicamente, de la certeza del legislador y de la precisión en la reglamentación de esta clase de normas, se podría conseguir finalmente una norma que de ningún modo vulnere los derechos de las personas, sino que -por el contrario- garantice a la colectividad un instrumento táctico contra el narcotráfico y el terrorismo, ya que no debemos minimizar a ninguna de estas lacras que frenan nuestro desarrollo como nación y nuestro progreso económico.

Sin embargo, no todo no se reduce a la dación de más dispositivos legales, porque lo fundamental es aplicar con cabal efectividad las leyes y decretos vigentes. Por ejemplo, cuando desde abril existía un decreto supremo que prohibía la comercialización de kerosene en el VRAE, principal insumo para la elaboración de la pasta básica de cocaína y del clorhidrato, resultó curioso que transcurrieran más de cuatro meses para que recién las autoridades se dieran cuenta de que el tráfico de ese combustible seguía burlando los controles policiales a vista y paciencia de propios y extraños.

Por ello, no le ha quedado otra al Gobierno que aprobar un proyecto de ley que modifica la Ley de Insumos Químicos. De aprobarse esta propuesta en el Congreso de la República, será la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional (sede Lima) la que se encargará de dar la autorización para el ingreso del kerosene y de otros insumos en la zona del VRAE. De modo que esta medida, sumada a las recompensas para los informantes que conduzcan a la captura de cabecillas terroristas, podría ser acertada pero no suficiente dada la movilidad del enemigo que enfrentamos.

Manotazos de ahogado

El candidato presidencial del Partido Nacionalista, Ollanta Humala Tasso, ha salido a la prensa a querer dar lecciones de gobernabilidad y a proponer alternativas en materia de políticas de Estado.

Pero sólo se trata de una retórica mediática, la que además no le pertenece sino a su asesor Carlos Tapia, tal como trasunta su mensaje tanto por el estilo como por los clisés y la fraseología expuestos. Uno de los caudillos del clan Humala en realidad no tiene mucho que aportar ya que desde hace tiempo solo insiste en pedir la vacancia del actual presidente y en repetir hasta el hartazgo la convocatoria a una asamblea constituyente (hoy extemporánea e impracticable).

La verdad es que sin la injerencia chavista (comprobada en el proceso electoral del 2006), y sin las movidas que desde Caracas o La Paz se articulan cada cierto tiempo para generar el caos en el Perú con el fin de favorecer a Ollanta Humala, este dirigente político no figuraría en ninguna encuesta. De ahí la importancia de gobernar bien en el presente, para no facilitar a las posiciones radicales y velasquistas posibilidad alguna de inserción en las aspiraciones de la población. Si el régimen aprista deja a la deriva temas fundamentales que corresponden, por ejemplo, impulsar una idónea política energética; si no promueve el desarrollo socio-económico del sur del Perú; si no aplica una modernización en las cárceles; y si no revierte la violencia terrorista en el VRAE o la inseguridad ciudadana en el país, entonces sencillamente la frustración e insatisfacción de los pueblos –a lo largo y ancho del Perú– podrían quedar a merced de demagogos y populistas.

Por eso el elector tiene que madurar y conocer más la historia reciente, aquella que explica cómo a partir del golpe militar del 3 de octubre de 1968 comenzó la descapitalización del campo; la caída de nuestras exportaciones; el bajo nivel de la educación pública; el aumento de la pobreza; la multiplicación de empresas estatales, y con ello la burocracia inoperante e improductiva; hasta los puertos decayeron y nuestra marina mercante colapsó. Por supuesto, en esta muy apretada lista de secuelas negativas del velascato, tampoco se puede dejar de mencionar cómo –ante la pauperización del Perú y el enorme endeudamiento externo originado por la dictadura militar– se incrementó el narcotráfico, la delincuencia y el pandillaje, problemas que han llegado ahora a niveles inauditos.

Lamentablemente, Ollanta Humala defiende ese pasado, postula ese modelo que ha fracasado. No obstante, hay algo más que decir. La biografía del comandante Humala Tasso, más allá de sus acciones u omisiones en torno a rebeliones como la de Locumba y Andahuaylas, no tiene ninguna gravitación propia. Hasta antes del hecho noticioso de Locumba, por ejemplo, que ocurrió justo en el día en que Vladimiro Montesinos fugaba del Perú, nadie conocía a Ollanta Humala, ni siquiera destacó en la Escuela Militar de Chorrillos, de donde egresó. Entonces, sin una hoja de vida interesante, sin virtudes –toda vez que sigue admirando al responsable de la debacle de valores que experimenta el país, como es Velasco Alvarado–, y sin una trayectoria política madura, poco es lo que puede ofrecer el jefe “nacionalista”. Por eso las encuestas seguirán registrando su constante caída en las preferencias electorales. No obstante, cuando el gato está más encajonado es cuando hay que tener mejores reflejos

Ética parlamentaria

¿Padres de la patria? En menos de 72 horas se produjeron hechos que agravan la imagen del Congreso de la República y que ponen en cuestión las calidades humanas de algunos parlamentarios.
Las denuncias de dos ciudadanas (dos mujeres peruanas) han puesto en debate si, realmente, la congresista Rosario Sasieta (Acción Popular) y el parlamentario Ricardo Pando (Alianza Fujimorista) son correctos miembros de la representación nacional o si practican una doble moral que los desacredita ante la opinión pública.

Una de las denuncias corresponde a una trabajadora del despacho congresal de la abogada Sasieta, en la cual se hacen públicos el maltrato y los agravios que dicha congresista dirige contra su personal, en particular hacia la denunciante, al punto de que la habría obligado a “lavarle los pies”. Por cierto que el temperamento y virulencia que caracteriza a la representante populista no abona mucho a su favor y más bien hecha serias dudas sobre su ecuanimidad frente a sus trabajadores. Pero a partir de esta denuncia contra la autodenominada “Señora Ley”, la reputación de esta congresista se pone de castaño a oscuro cuando, adicionalmente, se descubren indicios de que su pareja sentimental estaría usando un teléfono celular del Congreso y que además habría fungido de jefe de la oficina congresal. Si bien no se configuraría un posible nepotismo, la Comisión de Ética del Parlamento tendrá que esclarecer esos hechos.

La otra denuncia proviene nada menos que de la esposa del congresista Ricardo Pando. Se produce a partir de un acto de violencia que trajo como consecuencia que el parlamentario fujimorista resultase con una herida de arma punzocortante en la espalda, propinada por su consorte luego de una acalorada discusión familiar. Según la denunciante, en un momento de ofuscamiento tomó un cuchillo para defenderse de la agresión del parlamentario Pando. Ahora el congresista se recupera de sus heridas en una clínica local, pero la situación es más delicada aún, no sólo porque la denunciante asegura que este problema tiene larga data y que empeoró al detentar Pando más poder dada su función de parlamentario, sino por una serie de situaciones más íntimas que no viene al caso enumerar y que, en general, describen un cambio en la personalidad del “padre de la patria”.

Pese a cualquier concomitancia doméstica que encierran ambos casos, no podemos ponernos una venda a los ojos y negar la realidad de lo que la ciudadanía está viendo. Tanto en el affaire Sasieta como en el de Pando hay serios elementos que obligan a una seria reflexión: dos mujeres y ciudadanas han sido valientes al denunciar a gente con influencia y poder; y al hacerlo han puesto como tema de análisis la urgencia de que los electores tomen conciencia de que son ellos los que ponen a los congresistas en el primer poder del Estado. Por eso es menester que no repitan esa mala elección, al fortalecer a políticos que tarde o temprano van a decepcionar a más de uno. Es decir, le echamos la culpa al Congreso por su mala imagen pero no reparamos en que la mayor responsabilidad está en el origen mismo de la elección, en el momento en que acudimos a emitir nuestro voto preferencial. Definitivamente esperamos que estas situaciones bochornosas ayuden al elector a saber elegir en las próximas elecciones generales (2011).

Museo de la Dincote

Un recuerdo digno de la victoria del Perú sobre el terrorismo se experimenta al ingresar a las instalaciones del Museo de la Dirección Nacional Contra el Terrorismo de la Policía Nacional (Dincote). Allí está ese espacio policial, y continúa por años mostrando objetos, folletería y reliquias pertenecientes al genocida Abimael Guzmán y a su demencial grupo terrorista denominado PCP-Sendero Luminoso,
así como se aprecia materiales tocantes al asesino MRTA de Víctor Polay. El museo es modesto, sencillo, y por ello persiste sin mayor ínfula ni estridencia en su mensaje profundo de compromiso con el deber cumplido.

Sin embargo, el Museo de la Dincote debería recibir más apoyo del Estado y la sociedad, porque es un verdadero faro, cuya luz guía a los defensores de la libertad. Este resplandor debería iluminarnos más a fin de recordarnos a quienes ofrendaron su vida, precisamente, para defender la existencia humana del prójimo. Entonces, que nadie cometa el yerro de desactivarlo o cerrarlo, puesto que hoy mismo sirve de elevado estímulo a las fuerzas del orden, que tienen entre sus muchas tareas la de estar siempre atentas a cualquier amenaza o atentado proveniente de lacras siniestras como el terrorismo.

En cambio otra es la realidad que envuelve al malhadado e hipócrita proyecto promovido por las ONG políticas dedicadas al negocio de los derechos humanos: el “museo de la memoria”. Fue la izquierda proxeneta de la subversión en el país la que –en alianza con sus mentores en el extranjero y en foros terriblemente ideologizados como la Corte Interamericana de Derechos Humanos– logró parir con fórceps no solo una CVR, sino que formó parte de ella, poniendo ahí a sus conspicuos representantes junto a algunos ingenuos que les servían de comparsa, y además promovió resoluciones evacuadas desde San José de Costa Rica que exigían al Perú “homenajear a todos los caídos durante el período de violencia política”. Porque así, entre eufemismos y medias verdades, las ONG llaman a la lucha armada y al terrorismo senderista: “violencia política”. Pero esas ONG fueron más lejos: utilizaron, como siempre lo han hecho, a ciudadanos aparentes para ponerlos como mascarón de proa frente a proyectos que pasan por agua tibia al terrorismo –como el del “museo de la memoria”– no sin antes haberle conseguido de Alemania –es lo que mejor saben hacer– dos millones de euros, a efectos de construir ese museo “memorioso”.

Censuramos la falta de visión de gobiernos como el paniagüista o toledista, de los que las ONG consiguieron una CVR; a los que les hicieron allanarse –en realidad al Estado peruano– ante la CIDH; y a los que encima comprometieron para poner dinero del contribuyente en el monumento “El Ojo que Llora”. Hoy hacen lo mismo con el régimen aprista, llevándole a “olvidar” que Sendero Luminoso y el MRTA asesinaron a mil militantes apristas. En consecuencia, si ahora el APRA permite que desparezca el Museo de la Dincote –obligándolo a que transfiera sus tesoros de combate al “museo de la memoria”–, la verdad es que el oficialismo habrá cometido un error imperdonable que agraviará por siempre el recuerdo legítimo y diáfano que merecen los policías y soldados que murieron defendiendo a la nación del terrorismo genocida.