Análisis transaccional

Más de uno al leer la palabra “transaccional” pensará que se trata de un término caviar que tiene que ver con las ONG dedicadas a los derechos humanos. No es así. Sucede que a finales de la década de los noventa la izquierda progre no encontró mejor idea que copiar –plagiar– un término que venía usando la psicología analítica desde los años setenta; y así, al usufructuar de ese concepto, tuvo inclusive la desfachatez de fundar entidades como el Centro Internacional de Justicia Transaccional (CIJT), una de las tantas ONG que la representa en nuestro país a la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh). Sin embargo, valga esta oportunidad –en la que Lima será sede del XXIX Congreso Internacional de Análisis Transaccional (del 5 al 8 de agosto próximo)– para demostrar que el vocablo “transaccional” es muy anterior a la ideología derechohumanista de las ONG; y, dicho sea de paso, para denunciar la piratería intelectual de los autodenominados defensores de los dd hh, quienes están a la caza de palabras rebuscadas para llenar sus discursos retóricos no sólo con el tema de los dd hh, sino también para interferir en los mecanismos procesales penales digitando a jueces y fiscales, la forma más perversa –pero efectiva– para perseguir a políticos, militares y policías supuestamente violadores de dd hh.

Para deshonra de las ONG políticas –que en los últimos años han querido ganar prestigio presentándose, por ejemplo, como pioneros de la justicia “transaccional”– la verdad es que ese término ya es aplicado por la psicología desde la década de los setenta, para buscar el desarrollo, salud y felicidad del ser humano mediante la resolución de conflictos sociales, familiares, empresariales o de pareja. Entre sus terapias destaca la redecisión en acción, la alfabetización emocional; la sobrevivencia de la sociedad, la reestructuración de nuevos patrones de comportamiento cultural, entre otros. El análisis transaccional parte pues de la teoría de la personalidad para mejorar la calidad de vida e incrementar la paz social.

Precisamente ahora el Perú ha sido elegido sede del referido evento, por ser uno de los países más activos en este campo y por su experiencia de más treinta años en el entrenamiento de profesionales acreditados como “analistas transaccionales”. Pensamos que en este momento –donde no sólo vimos con dolor por los luctuosos sucesos de Bagua, sino que asistimos como mudos testigos a los crueles asesinatos de una folclorista y de un estilista–, aplicar el análisis transaccional en la resolución de conflictos, de diverso origen y nivel, resulta una oportunidad inmejorable para hacer partícipe al público de esos contenidos que, sin duda, servirán de fuente de enriquecimiento intelectual y contacto humano donde la persona puede empoderarse de la urgencia de promover el bienestar. Hay que saludar a los organizadores, psicólogos nacionales y extranjero, por elegir al Perú como anfitrión de este Congreso denominado “Nueva vida desde viejas raíces”, nombre quizá establecido así porque en esta tierra surgió una de las culturas más antiguas de la civilización, la misma que puede servir de inspiración para fomentar el autoconocimiento e interacción con los demás, buscando a la vez una filosofía de vida y la mejor comunicación humana. Si esto cada persona no lo asimila, aunque sea empíricamente, los conflictos seguirán agravándose y multiplicándose.

OEA decorativa

La Organización de Estados Americanos (OEA) debe bajar de las ineficaces “cumbres” a las que está acostumbrada a un terreno más seguro y firme donde se encuentren soluciones concretas a los problemas que atentan contra la democracia y la paz del continente. Por ejemplo, hay dos temas actuales en los que la OEA funge de ente errático y decorativo. Uno de ellos tiene que ver con la coyuntura hondureña, donde los instrumentos del organismo multilateral de marras no están suficientemente prestos para coadyuvar en la defensa real de la democracia, la que muchas veces es vista en sus aspectos formales más que funcionales. Condenar la acción desesperada de las instituciones de Honduras, Corte Suprema, Congreso, Tribunal Electoral, Ministerio Público, partidos políticos, iglesia y fuerzas armadas, para evitar que su democracia sea sustituida por el totalitarismo de un político tránsfuga como Manuel Zelaya entregado a las fauces del mesiánico imperialista Hugo Chávez, habla mucho del sesgo y miopía de la OEA, pues antes debió advertir y condenar el modo brutal como el chavismo perpetra la más desembozada injerencia en asuntos internos de los paises latinoamericanos para que sus gobernantes destruyan el estado de derecho a fin de reelegirse indefinidamente en el poder al más puro estilo de Venezuela y sus satélites Ecuador, Bolivia, etc., o como Fidel Castro, quien en un ejercicio monárquico del comunismo –nunca cuestionada por la izquierda– le cedió la posta a su hermano Raúl.

El segundo problema, más inmediato, que cuestiona hoy la efectividad y viabilidad de la OEA es el grosero armamentismo que practica uno de sus miembros, Chile, sin que este organismo sea capaz de abordar el tema ni menos llamar la atención por el fomento del belicismo en la región sudamericana. Y no podía ser de otra manera si vemos tan sesgada la labor del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, no sólo por su nacionalidad chilena sino porque ya apuesta a la reelección en dicho cargo, para lo cual necesita no sólo de mucho cálculo y maniobra sino también contar con los votos de los nueve países que pertenecen al ALBA (satélites de la Caracas “bolivariana”, sede de un reinado voraz representado por el discípulo de Fidel Castro, Hugo Chávez).

En síntesis, se supone que la OEA “reúne a los países del hemisferio occidental para fortalecer la cooperación mutua en torno a los valores de la democracia”, pero no dice nada cuando de manera sistemática y autoritaria se descolocan a las instituciones democráticas vía el imperialismo petrolero chavista que no escatima esfuerzo en cooptar, comprar o enrolar a Estados en torno a los designios de un supuesto socialismo pro cubano y a la vez llanero. Del mismo modo, se supone que la OEA existe “para defender los intereses comunes de sus miembros, como es la paz y la integración, así como debatir los grandes temas de la región”. No obstante permite el armamentismo chileno, que no sólo genera corrupción sino que alienta la muerte, ya que las armas sofisticadas que, por ejemplo, adquiere Chile no son para decorar fiestas infantiles sino para matar personas. Sin duda las estructuras anquilosadas de la OEA ya no están a la altura de la vida y de la historia.

EE UU permisivo

El aparentemente bien informado presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, olvida la historia que registra la manera como la diplomacia de su país participó de forma activa (entre 1883 y 1884) para que Perú y Chile llegaran a un acuerdo de paz (Tratado de Ancón) luego de la cruenta guerra iniciada en 1879.
Es más, en otro tratado peruano-chileno, el de Lima (suscrito el 3 de junio de 1929), apareció como la “mediadora” nada menos que la figura presidencial estadounidense para resolver los asuntos posbélicos referidos a la suerte definitiva de Tacna y Arica. De manera que la presencia de los EE UU en las relaciones de ambas naciones sudamericanas no es soslayable, sino que está regida por un pétreo marco moral, histórico y jurídico.

En ese sentido, por más que países soberanos como Chile y EE UU quieran negociar la compra-venta de armas sofisticadas, de eminente carácter ofensivo, los peruanos tenemos el derecho a cuestionar y criticar la procacidad de los gobernantes de esos dos países, y en particular la cuestionable actuación del presidente Obama, quien resulta envuelto en el lobby de una maquinaria belicista, mercenaria y mercantil poco adicta al respeto y al cumplimiento de honorables formas de la política exterior de la Casa Blanca en materia de paz, sobre todo en Sudamérica. Peor aún para EE UU cuando el Perú es también su socio comercial en el marco del TLC.

El ciudadano afroamericano que llegó este año a la más alta magistratura estadounidense olvida que fue Jimmy Carter, un líder de su propio partido –el Demócrata–, quien a finales de la década del setenta prohibió la venta de armamento tecnológicamente avanzado a los países latinoamericanos. Pero fue el lobby chileno, país que al igual que los EE UU se encuentra militarizado y adicto a la industria bélica, el que sedujo a la administración norteamericana a romper esta medida prohibitiva. Gracias a ello Santiago cuenta ya con una flota de aviones F-16. Ese mismo lobby mapocho, que también se ha dado sus visitas por Holanda (país nada menos que sede del Tribunal de La Haya), insiste ahora en comprar piezas de artillería autopropulsada, con la complacencia de los fabricantes estadounidenses (dueños de patentes y arsenales para los F-16 u otros equipos), sino también con el visto bueno del Capitolio (ama de llaves en esa clase de negociaciones).

Lástima por EE UU y por su presidente, Barack Obama, pues en este caso sus discursos llenos de retórica dizque a favor de la integración, de la cooperación continental, de la paz entre naciones latinoamericanas y de amor por los países sudamericanos devienen en ridículos, mucho más cuando un presidente estadounidense fue el “mediador” en el Tratado de 1929 firmado entre Perú y Chile. Pero el tema es más deplorable aún, ya que Obama no necesita ser zahorí para saber contra quién y por qué se arma Chile, si no es contra otro socio del Tío Sam. Por tanto, resulta irresponsable la posición del primer mandatario estadounidense y poco ética su actitud para con la región. Por supuesto que los peruanos, sabedores del prestigio de los togados de la Corte Internacional de Justicia, confiamos en que esas demostraciones de fuerza y dispendio de millones de dólares no consolidarán el juego de oscuras influencias, para ganar con ayudas extrajurídicas lo que se puede perder en la mesa del derecho y la razón.

Consultas tramposas

El artículo “Golpe mañoso” de Charito Rojas, cuya primera entrega apareció publicada ayer en EXPRESO, invita a evaluar una serie de consideraciones sobre la injerencia chavista en Honduras, especialmente en la actual coyuntura de protestas dentro del Perú que tienen por objeto presentar al sistema democrático como injusto, incompleto y deleznable, procurando la izquierda sustituirlo por un modelo donde las ánforas sean reemplazadas por plebiscitos y referéndums. Bajo ese esquema se enmarca, por ejemplo, el paro convocado por el Partido Nacionalista, la CGTP y la izquierda para el miércoles 8 de julio, al que también se han sumado los irresponsables del volante: los transportistas. ¿Qué buscan los agitadores financiados desde Caracas por la “revolución bolivariana”? El Poder. Y para ello tratan de demostrar a los pueblos incultos que la democracia no funciona, amén de hacerlos enemistar con los principios que sostienen la constitucionalidad de cualquier democracia bien nacida. Es decir los azuzadores se proponen romper el principio de los “checks and balances”, buscando traer abajo la división de poderes, para así concentrar el mando y las decisiones gubernamentales en una camarilla, como ocurre en Cuba o Venezuela; y lógicamente también pretenden someter al mismo diktat a los órganos electorales y al Tribunal Constitucional. Esto es lo que ha pasado en Honduras. Pero el pueblo hondureño está cansado de la injerencia chavista.

Rojas cita el Artículo 350 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, que literalmente dice: “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”. Según aquello, no existe soberanía de Estados en el mundo. Que Venezuela consulte a China o Rusia si permiten que el ayatola venezolano, Hugo Chávez, aplique la Constitución Bolivariana en ambos países. Por eso los hondureños hicieron lo que los venezolanos no logran todavía: hacer valer su Constitución por encima de cualquier gobernante –local o foráneo- que pretenda violentarla. Además la autora acota algo que debe ser motivo de reflexión para los demócratas: “La pequeña nación centroamericana demostró que dejó de ser una república bananera para convertirse en un país que toma las riendas de su destino democrático. Aclaro esto, para que no me tilden de golpista: en Honduras no hubo golpe, no hubo militares tomando el poder, no hay juntas militares, no se disolvieron los poderes sino que al contrario, estos demostraron su imperio e independencia tomando las decisiones ajustadas a la ley. Los poderes actuaron a favor del estado de derecho y no en su contra”.

Estamos pues ante un fenómeno constitucional y sociológico sui géneris que incluso dista mucho del golpe de Fujimori del 5 de abril de 1992. Los escenarios son otros; las causas son distintas y los tiempos diferentes. A la luz de lo ocurrido en Honduras, ¿no es acaso pertinente evaluar qué pasaría en una nación si las autoridades elegidas por el pueblo son compradas por el imperio petrolero de Chávez, y luego mutan de conservadoras a socialistas y mueven los hilos de la inconstitucionalidad para perpetuarse en el poder (pasando por encima del Congreso, del Ministerio Público, del Tribunal Electoral y la Corte Suprema de la República)? Bueno, este ha sido el proceder de Manuel Zelaya. Sin embargo, por encima de él están las leyes, los usos y costumbres democráticas que no pueden ser reemplazadas por apócrifas “consultas populares”. Lamentablemente al señor Insulza no le interesa mucho esto. Seguro porque más ansía su reelección.

Coordinadora democrática

Este medio de prensa –honrado por la atención y preferencia de sus lectores- siente que no ha arado en el desierto cuando –en relación al tema de la injerencia de las ONG ideologizadas en asuntos soberanos– hace más de un lustro advirtió acerca de la seria deformación del desenvolvimiento de ellas sobre las políticas de gobierno y de Estado, a causa de la intromisión que practican esas poderosas asociaciones. Hoy el canciller del Perú afirma, reconoce y denuncia que hay ONGs en campaña contra el país.
Es más, su apreciación no es aislada ya que el propio presidente de la República ha reiterado que existe una “conspiración internacional”, desde varios frentes, siendo el principal de ellos la batalla de los organismos no gubernamentales (politizados) bajo el disfraz de promover los derechos humanos y la defensa del medio ambiente.

Para nadie es un secreto que hay ONGs y ONGs. Es decir, existen aquellas que desarrollan sus actividades con seriedad y buena fe. Por no generalizamos y siempre distinguimos a aquellas que rechazamos llamándolas ONG politizadas, ideologizadas, etc. En otras palabras, recusamos a aquellas organizaciones nacionales e internacionales cuyos directivos son negociantes crematísticos o ideológicos de los derechos humanos y de la defensa de la ecología. Este deslinde es pues necesario y siempre lo tenemos presente, identificando a aquellos ciudadanos que ayer nomás eran dirigentes de partidos marxistas totalitarios –que entonces luchaban por destruir la “sociedad burguesa” y el “sistema capitalista”– y que solo hoy han cambiado de método para lograr sus mismos objetivos.

No obstante, reconforta saber que las autoridades peruanas ya no están dispuestas a caer en la ingenuidad, como lo hicieron el presidente transitorio Valentín Paniaga y el economista Alejandro Toledo cuando les tocó desempeñar el mando supremo del Estado. Al respecto, para darnos cuenta que hace tiempo era menester que el Perú sepa visualizar dónde está y cómo se manifiesta el doble estándar de los dueños de aquellas ONG, basta mencionar en el tema de los derechos humanos la persecución judicial indiscriminada y muchas veces abusiva que se hizo a los militares y policías del Perú como consecuencia de la candidez de esos dos gobernantes. Complace saber ahora que el jefe de Estado, el canciller y los embajadores peruanos en el exterior –reunidos en Lima– han decidido enfrentar las campañas de injerencia y desinformación que de diversas ONG dentro y fuera del país.

El gesto gubernamental es positivo pero no suficiente, puesto que no solo se trata de defender al Perú sino también a la democracia. Y como actualmente Latinoamérica se ha convertido en el escenario preferido de las ONG y de las facciones radicales chavistas –allí están los recientes sucesos de Honduras-, resulta indispensable proponer que –a la par del cónclave de los embajadores– sean los propios actores sociales, en especial los partidos políticos liberales del continente, los que establezcan agendas para propender la vigencia de la democracia –y la preeminencia de los partidos políticos como ejes de la sociedad–, denunciando también las tretas de la “coordinadora bolivariana” para perpetuar en el poder a políticos autoritarios y demagogos comprados con barriles de petróleo. En suma, así como existe en el Perú una coordinadora chavista y una campaña antiperuana de muchas ONG, pues entonces que los partidos políticos peruanos trabajen proactivamente para rechazar ambas intromisiones.

Jugar al golpe

El lado oculto de la reciente y traumática experiencia que vive la República de Honduras aún no ha sido visto de manera objetiva. Se mira mediáticamente una cara del problema pero no la otra. ¿Quiénes y cómo originaron las condiciones de la salida de Manuel Zelaya? En la actualidad ese país centroamericano se encuentra hondamente dividido. Y es que hace tiempo la izquierda en Tegucigalpa y en las principales ciudades hondureñas, cada vez más dependiente de Hugo Chávez, viene jugando a configurar un agitado ambiente en torno a la estructura constitucional y política del país, signado por torvas contradicciones y amenazas.
Esas reformas, lamentablemente nada democráticas, tenían por objeto el perpetuar en el poder a un político –Manuel Zelaya– que ya se había vendido a la corriente “bolivariana” (la mecenas del “socialismo del Siglo XXI”). Frente a ello, haría bien nuestro continente en no quedarse atrapado en ese clisé que repite: “Nada justifica un golpe de Estado”. De acuerdo, pero también hay que avanzar en el debate con sinceridad y sin hipocresías sobre los términos reales y las limitaciones que encierra la democracia. La Organización de Estados Americanos (OEA) –acostumbrada siempre al simplismo teórico– debería aproximarse a una fase más proactiva, no dejando pasar por alto el análisis fáctico de las causas que originaron el desenlace (relativo aún) que ahora el mundo observa en Honduras.

Motivo importante para buscar la reflexión continental es abordar aspectos preventivos de futuros golpes –de derechas e izquierdas–, para que una situación como la que vemos hoy en Honduras no se repita en otra latitud latinoamericana. Con mayor razón, cuando constatamos en América Latina la tendencia de algunos de sus gobernantes –específicamente los ligados al credo chavista– a quebrar la democracia eliminando ese precepto pétreo que es la alternancia en el mando de un Estado. Pero los satélites de Chávez y de los hermanos Castro Ruz de Cuba se resisten a competir limpiamente en las ánforas. Para ello promueven plebiscitos, referéndums (figura dicho sea de paso contraria al marco constitucional hondureño) y reformas electorales estrafalarias dirigidas a reelegirse indefinidamente en el cargo. Recordemos que Zelaya debía dejar la magistratura presidencial en enero de 2010; sin embargo ya se encontraba digitando un plan protervo para eternizarse en el manejo de los destinos de Honduras cuatro años más, a través de anular la competencia electoral. Es decir, quería más poder, pisoteando el apotegma de Lord Acton que dice: “el poder corrompe pero el poder absoluto corrompe absolutamente”.

Últimamente los atentados contra la democracia latinoamericana provienen de los políticos que –por dinero– se adhieren al “ayatola Chávez”, un mesiánico que juega a ser emperador en Latinoamérica, y quien les señala el fácil camino de recurrir a “consultas populares” –maquilladas de constitucionalidad– para fabricar verdaderas dictaduras socialistas que acaben conculcando los derechos ciudadanos al mejor estilo cubano. Si no, recordemos el sandinismo de los ochenta que acabó envolviendo a Nicaragua en la peor crisis económica en medio de la corrupción. Paradójicamente, uno de los principales responsables de aquel régimen autoritario –Daniel Ortega– retornó al gobierno ayudado por el imperialista petrolero Hugo Chávez. ¿No es acaso el único culpable del drama hondureño, el chavismo enquistado en ese país, gracias a tránsfugas como Zelaya?