El artículo “Golpe mañoso” de Charito Rojas, cuya primera entrega apareció publicada ayer en EXPRESO, invita a evaluar una serie de consideraciones sobre la injerencia chavista en Honduras, especialmente en la actual coyuntura de protestas dentro del Perú que tienen por objeto presentar al sistema democrático como injusto, incompleto y deleznable, procurando la izquierda sustituirlo por un modelo donde las ánforas sean reemplazadas por plebiscitos y referéndums. Bajo ese esquema se enmarca, por ejemplo, el paro convocado por el Partido Nacionalista, la CGTP y la izquierda para el miércoles 8 de julio, al que también se han sumado los irresponsables del volante: los transportistas. ¿Qué buscan los agitadores financiados desde Caracas por la “revolución bolivariana”? El Poder. Y para ello tratan de demostrar a los pueblos incultos que la democracia no funciona, amén de hacerlos enemistar con los principios que sostienen la constitucionalidad de cualquier democracia bien nacida. Es decir los azuzadores se proponen romper el principio de los “checks and balances”, buscando traer abajo la división de poderes, para así concentrar el mando y las decisiones gubernamentales en una camarilla, como ocurre en Cuba o Venezuela; y lógicamente también pretenden someter al mismo diktat a los órganos electorales y al Tribunal Constitucional. Esto es lo que ha pasado en Honduras. Pero el pueblo hondureño está cansado de la injerencia chavista.
Rojas cita el Artículo 350 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, que literalmente dice: “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”. Según aquello, no existe soberanía de Estados en el mundo. Que Venezuela consulte a China o Rusia si permiten que el ayatola venezolano, Hugo Chávez, aplique la Constitución Bolivariana en ambos países. Por eso los hondureños hicieron lo que los venezolanos no logran todavía: hacer valer su Constitución por encima de cualquier gobernante –local o foráneo- que pretenda violentarla. Además la autora acota algo que debe ser motivo de reflexión para los demócratas: “La pequeña nación centroamericana demostró que dejó de ser una república bananera para convertirse en un país que toma las riendas de su destino democrático. Aclaro esto, para que no me tilden de golpista: en Honduras no hubo golpe, no hubo militares tomando el poder, no hay juntas militares, no se disolvieron los poderes sino que al contrario, estos demostraron su imperio e independencia tomando las decisiones ajustadas a la ley. Los poderes actuaron a favor del estado de derecho y no en su contra”.
Estamos pues ante un fenómeno constitucional y sociológico sui géneris que incluso dista mucho del golpe de Fujimori del 5 de abril de 1992. Los escenarios son otros; las causas son distintas y los tiempos diferentes. A la luz de lo ocurrido en Honduras, ¿no es acaso pertinente evaluar qué pasaría en una nación si las autoridades elegidas por el pueblo son compradas por el imperio petrolero de Chávez, y luego mutan de conservadoras a socialistas y mueven los hilos de la inconstitucionalidad para perpetuarse en el poder (pasando por encima del Congreso, del Ministerio Público, del Tribunal Electoral y la Corte Suprema de la República)? Bueno, este ha sido el proceder de Manuel Zelaya. Sin embargo, por encima de él están las leyes, los usos y costumbres democráticas que no pueden ser reemplazadas por apócrifas “consultas populares”. Lamentablemente al señor Insulza no le interesa mucho esto. Seguro porque más ansía su reelección.
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