Regionalización y educación pública

A las numerosas taras burocráticas que arrastra la descentralización en el país –vía la regionalización–, hay que sumar un tema de particular importancia que, en lugar de progresar, se agrava peligrosamente: la gestión en materia de educación. Siendo la enseñanza pública una herramienta primordial para sentar las bases de un desarrollo social, económico y cultural sostenible a futuro, lamentablemente los gobiernos regionales (GR) no le han prestado –ni le prestan– la atención que este asunto merece. Encima de ello, la mayoría de GR le endilga a Lima la responsabilidad por todos los problemas que la administración descentralizada debería resolver, sin darse cuenta que hace tiempo se le transfirieron las competencias, funciones y presupuestos correspondientes que antes eran manejados por el Ministerio de Educación. No olvidemos que en cada región existen las Direcciones Regionales de Educación (DRE), entidades que tienen independencia a la hora de diseñar planes financieros o sus inversiones, y hasta cierta autonomía para conducir el desarrollo pedagógico y didáctico en sus circunscripciones; sin dejar de lado, por supuesto, sus tareas de contratación, promoción y supervisión del personal en cada una de las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) o en las instituciones educativas (IE), como se llamaba antes a los centros educativos.

Obvio que tampoco queremos excluir a Lima de esta crítica, ya que tiene su propia DRE y además debería dar el ejemplo en materia de eficiencia administrativa a sus homólogas del interior. Sin embargo, no lo hace. El punto es que las cosas andan mal en las UGEL y en no pocos colegios estatales de Inicial, Primaria y Secundaria. Por ejemplo no paran las denuncias de corrupción contra directores, personal administrativo, profesores y hasta contra miembros de las asociaciones de padres de familia. Cuidado con esto porque en cuestión de desarrollo educativo no sólo se trata de ponderar –como lo reitera frecuentemente el jefe de Estado Alan García– de que “ya redujimos el analfabetismo”, o que “se entregaron más de cien mil mini laptops a los escolares”, o que “avanza la capacitación de los docentes en el marco de la carrera público magisterial”.

Si bien todo ello está bien que se diga, no es suficiente; peor cuando los GR y el Ejecutivo no son capaces de generar las condiciones para que en cada espacio administrativo y pedagógico del sector Educación se dé un buen clima institucional, armonía y madurez. Y si existe corrupción en muchas instancias educativas, entonces qué ejemplo le podemos dar a los educandos y al profesorado. Por eso, en este tema volvemos a señalarle a las autoridades del Estado (centrales y regionales), que no se pierda el ímpetu inicial, ese que se evidenció después del 28 de julio de 2006 y que sirvió para que algunos hablen de una “revolución educativa”, porque la verdad es que con mucha pena ahora constatamos que la frase fue un exceso. Hoy nos damos cuenta que los problemas se mantienen tan igual como hace tres años, al punto que las corruptelas entre Ugeles y directores de colegios parece continuar con la misma complacencia –y a veces complicidad– de un sindicato enquistado en la enseñanza pública (hace más de tres décadas) como lo es el Sutep. Sin duda, en materia de educación pública hay mucho por hacer, y pronto.

Caso Rivero Lazo

EXPRESO se caracteriza por abordar el tema de derechos humanos sin hipocresías ni dobles discursos, como sí lo hacen las ONG políticas, siempre horrorizadas de lo que etiquetan como “políticamente incorrecto”.
No queda duda de que éstas han orquestado una venganza contra todos los uniformados, en especial contra quienes por cuestiones de función o azar se cruzaron en el camino de Fujimori o Montesinos. Aún así, que sepamos la ley castiga a quienes cometieron delitos y no a las personas que –en virtud de las circunstancias– trabajaron en alguna dirección de inteligencia de las Fuerzas Armadas.

En ese sentido, nadie es culpable per se por el simple hecho de haber sido director de inteligencia del Ejército, más aún si a lo largo de ocho años y medio de investigación y procesamiento no hay prueba que lo incrimine por el delito imputado. Este es el caso del general EP Juan Rivero Lazo, cuya esposa, hijos y nietos sienten en carne propia la carcelería injusta y antojadiza a partir de lo que denominan una concertación antihumanitaria entre la ONG IDL y ciertos magistrados de la Fiscalía y el Poder Judicial. Todo indica que estamos ante un affaire en el cual a los oficiales del Ejército del Perú aquella ONG denigró acusándolos sin prueba fehaciente alguna de los atroces crímenes de la Cantuta y Barrios Altos.

No puede compararse o meterse en un mismo costal a criminales de esa talla con oficiales como el general Rivero Lazo. Además no existe justificación para que se le mantenga encerrado en una celda hace ya más de ocho años y seis meses, sin sentencia y, peor aún, sin visos de demostrársele algún ilícito. En esta casa periodística no ponemos las manos al fuego por alguien. Pero todo hace pensar que existe una consigna, un plan perverso para escarmentar a los militares –por venganza tras la derrota que éstos infligieron al terrorismo que hoy defienden las ONG– a quienes, pese a no demostrárseles participación directa en algún hecho de sangre, se insiste en mantener procesados y encarcelados aparentemente de por vida.

Este propósito político, antijurídico e ideologizado de las ONG enquistadas en el Estado se consagró cuando pasaron por el Ministerio de Justicia personajes como Diego García Sayán y Javier Ciurlizza. Este último asiduo visitante del genocida Abimael Guzmán. Incluso este Ciurlizza hasta hoy no ha esclarecido si el genocida Guzmán o su cónyuge Iparraguirre le pidieron que integre a Carlos Tapia, el hoy asesor personal de Ollanta Humala, a la nefasta Comisión de la Verdad. El caso es que se hicieron cosas tremendas que los gobiernos de Paniagua y Toledo mostraran empatía con los cabecillas de Sendero Luminoso en esas entrevistas furtivas, como excarcelar a terroristas sentenciados a cadena perpetua, conmutar penas, indultar o suavizar las condiciones carcelarias de esta escoria, como demuestra la consorte del genocida Guzmán quien insiste en que la dejen estar en intimidad con el más grande asesino del Perú.

Incluso un abogado del genocida Guzmán, de apellido Crespo, sostiene que ya están libres más de 2800 senderistas y quedan pocos por liberar. Es decir, la batalla judicial la viene ganando el terrorismo, toda vez que aún se mantiene en ascuas a generales del Ejército como Rivero Lazo simplemente por una teoría endeble como es la autoría mediata; aparte de chantajes como el hecho que un abogado del IDL que, según la esposa del general, le ofreció libertad a cambio de que inculpe a Fujimori. Nada justifica que un ser humano esté privado de su libertad por cerca de nueve años, sin sentencia. Y menos por venganza política, como parece ser en este caso.

Comprensible inquietud

Todos los peruanos están preocupados con la escalada que vienen tomando las cobardes emboscadas terroristas en el VRAE. Por supuesto, dentro de ese enorme conjunto humano, el empresariado vinculado al sector Turismo no puede ser la excepción.

Es más, sus voceros y principales representantes no sólo condenan la espiral de violencia en zona tan agreste y olvidada por el Estado, sobre todo entre los años correspondientes a las administraciones de Paniagua y Toledo, sino que advierten que de continuar ese tipo de atentados pronto veremos que el Perú como destino turístico sufrirá funestas consecuencias.

Datos recientes informan de la reducción de turistas en nuestro país. Obviamente la recesión internacional es parte de la causa de esta realidad. Pero la otra parte, quizá por el momento en mínimo grado pero merma al fin, se debe a las acciones terroristas. No esperemos que se prolongue el tiempo de zozobra en el VRAE, pues de seguir el ritmo de inseguridad y muerte, más temprano que tarde un segmento importante de turistas borrará a nuestra nación de su agenda de viajes. De ahí que el presidente del Comité de Turismo (Comtur) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) recomienda al gobierno mantener una postura firme frente al problema, ya que un Estado débil genera desconfianza en los visitantes, quienes sólo quieren pasar un momento agradable durante su estancia en un país con tantos atractivos como el nuestro.

Los medios de comunicación del mundo, las agencias internacionales de noticias ahora comienzan a poner sus reflectores y a llenar sus portadas y titulares con los sucesos de combate en el VRAE. El impacto de estas informaciones –por cierto–, que puede atemorizar a muchos, y es natural que ello suceda, es negativa, por lo que evitemos repetir lo vivido en la década de los años ochenta y especialmente lo experimentado hasta antes del 12 de setiembre de 1992. Fecha en la cual fue capturado el asesino y sanguinario Abimael Guzmán Reynoso, presidente del Partido Comunista Sendero Luminoso, cuyo 17° aniversario se conmemorará dentro de unos días. Recordemos que en ese período previo a la detención del cabecilla terrorista, entonces el más buscado por las fuerzas del orden, la industria sin humo languideció y sólo algunos empresarios del turismo pudieron subsistir estoicamente.

Sin embargo, por encima de la merecida preservación de la imagen del Perú, sea como destino turístico o como marca país, e inclusive más allá del ambiente propicio para la llegada de inversiones, está la vida de nuestros soldados y los derechos humanos de millones de peruanos que quieren vivir en paz y mantener el rumbo enfocado hacia el progreso. Es en este horizonte en el cual se deben organizar los mejores planes de seguridad y desarrollo en la zona del VRAE, y ejecutarlos con éxito, pero no sólo ello sino también en otros lugares a donde han comenzado a trasladarse aquellos cocaleros más estrechamente vinculados a los carteles de la droga. La lucha será larga, pero de lo que hagamos hoy dependerá que no se extiendan demasiado en el espacio o en el tiempo las lacras del terrorismo y del narcotráfico

“Gasolinazo” en la PNP

La otra guerra que libra el Perú –aparte de la lucha frente al terrorismo y narcotráfico- es contra la corrupción. Los tentáculos de la inmoralidad no diferencian instituciones públicas grandes o pequeñas. Es más, se ramifican con soltura en organismos estatales importantes como la Policía Nacional del Perú (PNP).
Al respecto este medio jugó un rol de primer orden en materia de denuncia y fiscalización, y seguirá haciéndolo, en el destape del tráfico ilícito del combustible destinado a vehículos policiales, habiéndose demostrado en el camino que la cuantiosa fuga de dinero supera los 24 millones de soles anuales.

Desde que diéramos a conocer que algo andaba mal en el abastecimiento de diésel y gasolina de centenares de unidades policiales, los órganos de control interno de la PNP y la Fiscalía realizaron un intenso trabajo, que involucró meses de pesquisas, entrevistas y cotejo de pruebas, concluyéndose recientemente –por parte del Ministerio Público– que existen serios indicios de responsabilidad en este entuerto delictivo que abarcan a un ex inspector general de la Policía y a 74 oficiales y técnicos, así como comprendiéndose en la denuncia fiscal a 25 civiles vinculados a los grifos que servían para la comisión de estos supuestos hechos ilícitos materia de investigación penal en el Poder Judicial.

El tema del robo de combustible, conocido como “gasolinazo” en la PNP, se va esclareciendo, gracias a miembros de la PNP dignos, valientes y honrados, como los coroneles José Trinidad Muñoz -ex inspector de las Unidades Especializadas (Dirincri, Dircote, Dirandro, etc.)- y Julio Maza, quienes pese a presiones y amenazas de muerte –de las que fueron víctimas en el curso de sus investigaciones– siguieron con su labor fiscalizadora. Hoy corresponde pedir que se les valore y reconozca dignamente que hicieron un trabajo limpio a favor de la profilaxis de su institución. Consideramos que lo menos que puede hacer el Estado –y las máximas instancias del Ministerio del Interior– es condecorarlos, ya que a ellos fácil les hubiera resultado soslayar la labor perversa de las mafias, y sin embargo prefirieron el honor y el combate a la corrupción.

Si no hubiera sido por esos dos oficiales, la doctora Mercedes Cabanillas, cuando estuvo al frente del portafolio del Ministerio del Interior, no hubiera tenido elementos a su alcance para anular –el pasado mes de abril– todas las licitaciones de servicio en grifos de la capital y disponer que en adelante sea Petroperú la encargada de abastecer de combustible a las unidades vehiculares de la PNP. Pero al mismo tiempo lamentamos que, desde un inicio, los más altos oficiales de PNP –desde la Inspectoría General hasta la Dirincri, Dirandro, Dircote, entre otras unidades especializadas- no hubiesen zanjado con la situación ilícita que percibían a su alrededor. Pero todo eso abona para sentirnos con el deber cumplido, al haber conocido y publicado aspectos centrales de la heroica lucha de aquellos policías honestos a los que nos hemos referido –y a quienes pedimos un reconocimiento–, correspondiéndole ahora a la Judicatura tomar cartas en el asunto y proceder a sancionar -sin que le tiemble la mano- a aquellos que encuentre responsables.

Lesa humanidad

La Fuerza Aérea del Perú (FAP) entregó a dos de sus oficiales y a un técnico a la larga lista de héroes de la lucha contra el terrorismo. Honor y gloria a estos valientes que mediante el sacrificio de sus propias vidas intentan dejarnos un país mejor. Pero hay políticos que pagan mal esta inmolación. Ollanta Humala, por ejemplo, quien en España dijo –ante un grupo de compatriotas residentes en ese país– que Sendero Luminoso y el MRTA ya no existen y que tampoco representan un peligro para el Perú.

Pero los hechos contradicen a esta clase de temeridades, toda vez que resulta obvio que los senderistas actúan en pared con quien fuere. Ahora el turno es de los narcos y los rezagos emerretistas que contactan con las FARC. Y todo con la finalidad exclusiva de reanudar más delante su lucha armada para conquistar el poder de la nación peruana. Hace varios años alertamos que el cierre de decenas de bases contrasubversivas sería una equivocada decisión, en vista de que atentaría contra la seguridad nacional. Lamentablemente tuvimos un gobierno como el de Alejandro Toledo, obsecuente y concesivo con el pedido de venganza de las ONG izquierdistas de derechos humanos contra las fuerzas armadas de la patria. Igual advertimos sobre la cobarde y extraña excarcelación de centenares de terroristas, gracias a sus abogados del IDL, Aprodeh y demás ONG agrupados en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH), cuyos directivos inclusive fueron designados funcionarios del Estado e integraron la denominada “comisión de indultos”.

Entonces, de las consecuencias ante tan malas decisiones hoy todos somos testigos. Se repite el capítulo terrorífico donde aparecen más muertes de uniformados que enlutan a familias enteras, dejando niños menores de edad sin padre y viudas sumidas en el dolor y la tragedia. Bajo estas penosas circunstancias, debemos decirle al país que el último miércoles 2 de setiembre se ha cometido una violación atroz de los derechos humanos, en realidad se ha perpetrado un acto de lesa humanidad, acontecimiento sobre el cual callarán las ONG políticas, pues lo que han hecho los terroristas ha sido disparar a una nave de auxilio que intentaba recoger soldados heridos y trasladarlos para prestarles asistencia médica.

Pero si las cosas hubieran sido al revés, ya tendríamos en este momento al mundo ensordecido por el sonoro coro de las ONG políticas, denunciando la violación de los derechos humanos de terroristas heridos. Ahora bien, frente al silencio de esa turba que, por ejemplo, impulsó y conformó la CVR, cabe la pregunta: ¿no significa acaso esa indiferencia una negación de los derechos humanos de los soldados peruanos, y con mayor razón si están con heridas de bala requiriendo atención médica urgente pero que ese auxilio fue impedido por el ataque senderista a una aeronave que buscaba ese fin humanitario? De modo que la condena –y el combate– a los terroristas en el VRAE tiene que ser total. Y pese a esta verdad monumental, tenemos que deplorar que hay ingenuos que aún no tienen la visión suficiente como para darse cuenta que la lucha contra la barbarie terrorista no ha terminado, y que menos se puede seguir alentando la construcción de un “museo de la memoria” que ensalzará inclusive a los verdugos de los buenos peruanos que murieron a consecuencia de las balas y la dinamita senderista o emerretista.

Penas e incitadores

Inevitable pronunciarnos sobre la sesión del Congreso de la República que aprobó la ley que pena con cárcel efectiva a los antisociales reincidentes en faltas menores (concretamente en el caso de escaperos que suelen arrebatar celulares, relojes, carteras, zapatillas, bicicletas, etc.). Modestia aparte, hemos estado –y estamos– en primera línea de combate contra la delincuencia, sea cual fuese su procedencia, clase o motivo.

Ene veces hemos sugerido ampliar y profundizar el espectro de sanciones para quienes delinquen y atentan contra el bienestar de los habitantes. Por ello saludamos al Parlamento por haber entonado su función con la gran preocupación ciudadana que clama por más seguridad y mayor tranquilidad pública frente a la criminalidad. Sin embargo debemos ser realistas y quizá hasta aguafiestas si reparamos en la perspectiva de que esa norma legal podría quedar como tantas otras, vale decir como papel mojado en tinta. Veamos por qué.

Primero, en teoría, la ley que sanciona a reincidentes y reducidores con penas efectivas, elevaría el número de internos en las cárceles de la costa, sierra y selva. Pero, ¿tenemos acaso un buen sistema penitenciario o suficientes prisiones adecuadamente equipadas para rehabilitar o resocializar al que purga alguna condena? La respuesta es obvia: la política criminal y los centros penitenciarios están en situación caótica. En segundo lugar, es casi un hecho que al radicalizar las penas no se influye automáticamente en la reducción del número o en la intensidad de los delitos. Y ello ocurre, por ejemplo, desde que las autoridades municipales y la Sunat permiten puntos de venta informales de receptadores disfrazados de comerciantes. Mientras haya grandes centros donde se compran y venden cosas robadas, sencillamente el delito va a continuar.

Por otro lado, los canales de prevención del delito –tema que no sólo es policial– están oxidados o brillan por su ausencia. Los funcionarios de los gobiernos regionales, locales y de los sectores del Ejecutivo (Ministerio de Trabajo, Ministerio de la Mujer, Instituto Peruano del Deporte, etc.,) no ven ni sienten el problema ni están preparados para enfrentar, por ejemplo, el abandono de la niñez, de adolescentes y jóvenes de hogares fracturados o de familias promiscuas, permitiendo así la multiplicación de ambientes que facilitan el pase de esas personas a pandillas o bandas de delincuentes. Es más, si no se trabaja con los padres en programas antidelito ad hoc, vamos a seguir siendo testigos –o víctimas– de robos.

En conclusión, somos conscientes de que el Legislativo ha dado un paso importante al aprobar un proyecto de ley que castiga con más dureza a reincidentes y receptadores; no obstante si las demás instancias del Estado no hacen lo que les toca, la norma quedará mediatizada sin lograr su objetivo: defender al ciudadano del accionar de los maleantes.

Malas juntas

Una congresista del denominado Partido Nacionalista (PN), cuyo jefe es Ollanta Humala Tasso, tuvo entre su gabinete de asesores –y personal de confianza– a un sujeto que acaba de ser detenido portando 140 kilos de cocaína. Según esa parlamentaria (Nancy Obregón) la relación laboral terminó hace un tiempo y no guarda contacto con el investigado. Sin embargo ello no la exime de riesgo, ni cesa la preocupación acerca del devenir de un partido como el Nacionalista que posee un consabido discurso en defensa de los cocaleros informales que siembran y cosechan la hoja de coca para ser vendida a los narcotraficantes. Imaginemos qué hubiese sucedido si el asesor fuera hombre de confianza de un legislador de Unidad Nacional o el APRA. Los nacionalistas pedirían su desafuero inmediato. ¿O no?

Lamentamos que so pretexto de que los cocaleros son campesinos inocuos, existan políticos que sirven de caja de resonancia a las mafias y los carteles de la droga, olvidando que esos seudoagricultores son eslabones medulares de la “cadena narco”. Aquí existe entonces un innegable costo político que deben asumir la congresista y el PN. Y tendrán que hacerlo, pese a que sus organizaciones de base tienen en los cocaleros informales a una importante base electorera, gente que no sólo contamina los ríos y las tierras de la selva (con acetona, kerosene, ácido sulfúrico, ácido muriático, etc.) sino que tampoco siente remordimiento a sabiendas de que su vil negocio intoxica y mata a millones de adictos al clorhidrato de cocaína en el mundo.

Estamos pues ante una situación delicada. Ollanta Humala aspira a convertirse en conductor del Estado peruano, y en tal contexto acaso facilitaría mayor empatía con el génesis del narcotráfico: los cocaleros, siempre defendidos por su partido y su bancada parlamentaria. Más aún siendo obvio que Humala está adherido al pensamiento imperialista “bolivariano” de la droga y el petróleo que lidera Hugo Chávez, según el cual sólo Estados Unidos debe resolver el problema del tráfico de estupefacientes. Pero los hechos demuestran lo contrario en Venezuela. En los casi once años que viene gobernando Chávez, la captura de narcos en su país disminuyó; el tráfico de drogas aumentó; el número de consumidores subió; y las muertes por ajustes de cuenta ligados al consumo de drogas creció, al punto que inclusive las cifras oficiales señalan que han muerto 150 mil venezolanos durante el régimen chavista. Y esto se agrava, porque Chávez ha cortado todo tipo de convenio de lucha antidroga con los EE UU, habiendo incluso expulsado a la DEA y al NAS.

Miremos ese espejo y reflexionemos sobre lo que podría pasar en el Perú si Ollanta Humala accede a la Casa de Pizarro. De modo que por más que alguien alegue que no existe “vinculación alguna” entre una congresista humalista y su ex asesor –capturado con 140 kilos de cocaína pura–, la verdad es que los cocaleros informales –base del narcotráfico– se sentirían muy cómodos de actuar y proyectarse si –para mala suerte del Perú– existiese una administración pro chavista como la que representa el humalismo. Peor aún cuando la experiencia demuestra la manera como el narcotráfico trata de meter sus tentáculos en la política de los países donde actúa, como ocurre en tierras venezolanas.