Enmendando al caviarismo

Las ONG políticas inocularon al gobierno transitorio de Paniagua y al régimen toledista con su ideología seudo derechohumanista, creada por algunos ingenuos proto académicos del derecho, consiguiendo así modificar la legislación antiterrorista para hacerla más blandengue y para facilitar la excarcelación de los condenados por terrorismo, sin contar que se produjo la penetración de representantes de la izquierda caviar en órganos especiales vinculados al sector Justicia, como fue el caso de la comisión de indultos.


Ante este desmontaje del marco jurídico antisubversivo el Ejecutivo actual viene adoptando medidas de enmienda. El pasado viernes, el primer mandatario, Alan García, promulgó la ley que dispone la improcedencia de beneficios penitenciarios para los sentenciados por terrorismo. De manera que los genocidas no se acojan a la redención de la pena por educación o trabajo. Tampoco podrán hacerlo al beneficio de semilibertad ni al de libertad condicional. Si bien son numerosos los casos en los cuales los condenados por terrorismo ya consiguieron la excarcelación –precisamente a través de estos mecanismos del derecho procesal penal otorgados por los gobiernos de Paniagua y Toledo, manipulados por las ONG–, ahora la nueva medida legal corrige esas aberrantes e injustas distorsiones.

Además, la promulgación de la ley en mención servirá para hacer frente a delitos graves como el secuestro y la extorsión, ya que prohíbe que los delincuentes incursos en estos ilícitos se acojan a beneficios penitenciarios. De sancionarse la norma, esos indeseables –y las ONG que los representan– ya no podrán gestionar su libertad apelando el beneficio de exención, consistente en un día de pena por siete días de trabajo efectivo, o por haber cumplido tres cuartos de su condena sin antes haber pagado el íntegro de la reparación civil. Esperamos ahora que los jueces sean estrictos en el cumplimiento de estas normas jurídicas y no distingan ahí donde la ley no distingue, de lo contrario cometerán prevaricato.

De otro lado, estamos ante una realidad innegable en la que muchos terroristas han ganado las calles, en especial desde el 2002 en adelante, gracias a gestiones personales de sendos directivos de ONG políticas que –por presión y/o extorsión a los regímenes paniaguista y toledano– se convirtieron en funcionarios del Ministerio de Justicia. Estamos hablando de cientos –o miles– de subversivos excarcelados, que incluso han entrado a la planilla estatal donde desempeñan diversos cargos, principalmente en el sector Educación. Están en instituciones educativas y en las UGEL de diversas regiones, incluyendo Lima y Callao. Pero también en el Poder Judicial, el Ministerio Público, Ministerio de Salud, Enapu, Enaco, Proyecto Chavimochic, etc., y hasta en el Ejército peruano. Todo por obra y gracia de aquellas ONG dizque derechohumanistas, porque sólo lo son de los terroristas

Se podrá decir que esos terroristas ya cumplieron su condena. Sin embargo aquello tampoco debe enervar la necesidad estratégica del Estado de estar alerta a lo que hace ésta gente al haber salido de la penitenciaría, aunque la característica de este tipo de sentenciados –hablamos de la formación ideológica que recibieron dentro de Sendero Luminoso o del MRTA, y a su grado de alineación y fundamentalismo– es que jamás renuncian a su único objetivo: la lucha armada –el terrorismo– por la conquista del poder.

Caso Rivero Lazo

EXPRESO se caracteriza por abordar el tema de derechos humanos sin hipocresías ni dobles discursos, como sí lo hacen las ONG políticas, siempre horrorizadas de lo que etiquetan como “políticamente incorrecto”.
No queda duda de que éstas han orquestado una venganza contra todos los uniformados, en especial contra quienes por cuestiones de función o azar se cruzaron en el camino de Fujimori o Montesinos. Aún así, que sepamos la ley castiga a quienes cometieron delitos y no a las personas que –en virtud de las circunstancias– trabajaron en alguna dirección de inteligencia de las Fuerzas Armadas.

En ese sentido, nadie es culpable per se por el simple hecho de haber sido director de inteligencia del Ejército, más aún si a lo largo de ocho años y medio de investigación y procesamiento no hay prueba que lo incrimine por el delito imputado. Este es el caso del general EP Juan Rivero Lazo, cuya esposa, hijos y nietos sienten en carne propia la carcelería injusta y antojadiza a partir de lo que denominan una concertación antihumanitaria entre la ONG IDL y ciertos magistrados de la Fiscalía y el Poder Judicial. Todo indica que estamos ante un affaire en el cual a los oficiales del Ejército del Perú aquella ONG denigró acusándolos sin prueba fehaciente alguna de los atroces crímenes de la Cantuta y Barrios Altos.

No puede compararse o meterse en un mismo costal a criminales de esa talla con oficiales como el general Rivero Lazo. Además no existe justificación para que se le mantenga encerrado en una celda hace ya más de ocho años y seis meses, sin sentencia y, peor aún, sin visos de demostrársele algún ilícito. En esta casa periodística no ponemos las manos al fuego por alguien. Pero todo hace pensar que existe una consigna, un plan perverso para escarmentar a los militares –por venganza tras la derrota que éstos infligieron al terrorismo que hoy defienden las ONG– a quienes, pese a no demostrárseles participación directa en algún hecho de sangre, se insiste en mantener procesados y encarcelados aparentemente de por vida.

Este propósito político, antijurídico e ideologizado de las ONG enquistadas en el Estado se consagró cuando pasaron por el Ministerio de Justicia personajes como Diego García Sayán y Javier Ciurlizza. Este último asiduo visitante del genocida Abimael Guzmán. Incluso este Ciurlizza hasta hoy no ha esclarecido si el genocida Guzmán o su cónyuge Iparraguirre le pidieron que integre a Carlos Tapia, el hoy asesor personal de Ollanta Humala, a la nefasta Comisión de la Verdad. El caso es que se hicieron cosas tremendas que los gobiernos de Paniagua y Toledo mostraran empatía con los cabecillas de Sendero Luminoso en esas entrevistas furtivas, como excarcelar a terroristas sentenciados a cadena perpetua, conmutar penas, indultar o suavizar las condiciones carcelarias de esta escoria, como demuestra la consorte del genocida Guzmán quien insiste en que la dejen estar en intimidad con el más grande asesino del Perú.

Incluso un abogado del genocida Guzmán, de apellido Crespo, sostiene que ya están libres más de 2800 senderistas y quedan pocos por liberar. Es decir, la batalla judicial la viene ganando el terrorismo, toda vez que aún se mantiene en ascuas a generales del Ejército como Rivero Lazo simplemente por una teoría endeble como es la autoría mediata; aparte de chantajes como el hecho que un abogado del IDL que, según la esposa del general, le ofreció libertad a cambio de que inculpe a Fujimori. Nada justifica que un ser humano esté privado de su libertad por cerca de nueve años, sin sentencia. Y menos por venganza política, como parece ser en este caso.

Papelón de ayayeros

La Universidad debería ser una institución fiel reflejo de la libertad de pensamiento, la acumulación de sabiduría y conocimiento, como también una tribuna de tolerancia donde se busca la verdad. Siglos de evolución histórica han hecho que la Academia sea hoy el espacio privilegiado donde, primordialmente, los jóvenes se preparan para conducir a la sociedad global. Y, frente a este marco, opinamos que en ningún momento el cardenal Juan Luis Cipriani atentó contra institución alguna cuando, ejerciendo su libertad de pensamiento y expresión, sostuvo que las autoridades de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) deben cumplir cabalmente el Ex corde Eclassiae, aprobado en 1991 por el Papa Juan Pablo II.

Es decir, solicitar que una casa superior de estudios –que lleva nada menos que los nombres de “pontificia” y “católica”– respete a la referida “Constitución Apostólica del Sumo Pontífice sobre las Universidades Católicas”, bastó para que el nuevo rector Marcial Rubio Correa y sus ayayeros, respondieran con prepotencia a tan importante autoridad eclesiástica, quien además de Cardenal es el Arzobispo de Lima. Se evidencia pues que los sectores caviares que respaldan a Rubio Correa –quien no debe estresarse tanto cuando se le recuerda su pasado velasquista y su militancia en el Partido Socialista Revolucionario PSR y su participación en Izquierda Unida–, se han puesto muy nerviosos hasta protagonizar inclusive un papelón mediático. Este escandaloso resbalón se materializó cuando la PUCP contrató costosos avisos en un medio escrito (por cierto con dinero de los estudiantes universitarios) para espetar y agraviar a monseñor Cipriani, así como para intentar refutar su pedido que esa universidad se adecue a los parámetros que hoy le permiten usufructuar –sin rubor– la condición de “pontificia” y católica”.

Pero, reiteramos, la cúpula enquistada en la PUCP patinó estrepitosamente no sólo al practicar el estilo montesinista de obligar a profesores, docentes y alumnos a firmar una suerte de “carta de sujeción” (como en su momento opinó el hábil periodista Aldo Mariátegui), sino porque supuestamente varios de quienes la suscribieron no recuerdan haber firmado un comunicado cuyo texto empezaba así: “Ante las recientes e infundadas declaraciones del Sr. Arzobispo de Lima, Cardenal Juan Luis Cipriani, en las que afirma que la Universidad está siendo ‘copada’ por ciertos grupos de poder desde hace casi 20 años (...)”. Por ello, 24 horas después los promotores de este mamotreto tuvieron que rectificarlo, publicando otro millonario aviso a toda página, aunque señalando torpemente que “el día de ayer se publicó otro texto por error” –es decir, cuando ya habían logrado su propósito de insultar al religioso– demostrando así que la camarilla que manda en la PUCP engañó a muchos de los firmantes, cuya intención no fue agraviar al cardenal Cipriani.

Mal comienzo del rectorado de Rubio Correa, pues de qué transparencia estamos hablando si sus allegados pasan de contrabando el texto de un comunicado para hacerlo firmar por muchos miembros de la comunidad universitaria de la PUCP, pero solo después de publicado algunos se dieron cuenta de que el tenor aparecido no era el que habían leído antes de suscribirlo, por lo que los autores del respaldo maquiavélico a Rubio tuvieron que enmendarlo, retirando el párrafo que atacaba al cardenal Cipriani. Este desaguisado no sólo pone sobre el tapete que “para mentir o comer pescado se debe tener mucho cuidado”, sino que resulta un deshonor para quienes hoy detentan altos cargos en la PUCP, quienes además equivocadamente quieren sorprender a la opinión pública diciendo que la autonomía universitaria está en peligro, cuando en realidad esto no es nada más que otra farsa de la cúpula enquistada en la PUCP.