Insuficientes resultados

Las inspecciones técnicas vehiculares (ITV) pasaron de las manos de la Municipalidad Metropolitana de Lima a las del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Son varios meses en que estas “revisiones” (como antiguamente se les llamaba) se realizan sobre el parque automotor nacional, especialmente de la gran Lima, pero los resultados son aún imperceptibles.

A esto se agregan las denuncias ciudadanas contra Lidercon y las sanciones impuestas por parte de Indecopi a esta entidad privada, generándose así una atmósfera poco propicia para alcanzar en el corto plazo un mejor reordenamiento del caótico tránsito capitalino, que concentra el 80 por ciento del parque vehicular del Perú.

Los objetivos de las ITV son varios: prevenir los accidentes de tránsito causados por fallas técnicas; exigir al conductor o propietario de un vehículo que mantenga su unidad móvil en buen estado; y contribuir con el control de la emisión de gases tóxicos, tan peligrosos para el medio ambiente y para la salud de las personas. Recordemos que una ITV no es un simple trámite administrativo sino un servicio cuyo principal fin es coadyuvar a mejorar la calidad de vida de los habitantes. En esta lista de objetivos está, entonces, involucrados la madurez y el deber cívico de millones de personas: choferes, peatones, policías, funcionarios del MTC, empleados de las plantas de inspección, etc.

Si cada una de las personas no es consciente de ello, y más bien tratan de sacarle la vuelta a la ley, las ITV fracasarán irremediablemente, tal como viene ocurriendo hasta hoy. Quizá sea muy corto el tiempo para sacar conclusiones definitivas, pero la tendencia ya acusa una proyección negativa. Basta mencionar que son miles los vehículos que están en condición de omisos, porque se pasaron del cronograma que les tocaba o porque prefieren circular furtivamente y “bajando una coima” cada vez que son pillados. Peor aún, no son pocos los dueños de automóviles que, si bien pasaron raspando las pruebas en Lidercon, lamentablemente –transcurridos los días y meses– no han sido capaces de invertir un sol para cumplir con las reparaciones recomendadas al momento que sus vehículos fueron inspeccionados.

Por cierto, no podemos negar que vivimos en una realidad donde el millón y pico de vehículos (autos, camionetas, unidades de transporte público y camiones) tiene en promedio una antigüedad de 16 años. No obstante, ello no es justificación para que las autoridades de tránsito (principalmente MTC y PNP) permitan transitar alegremente –ante sus narices– a vehículos que parecen verdaderas cafeteras rodantes, que dejan tras su paso por calles y avenidas una nube tóxica; o que se hagan de la vista gorda ante automóviles que tienen las placas de rodaje borrosas y magulladas, o las luces altas, bajas y direccionales en pésimo estado, o los neumáticos totalmente lisos. Si a esto sumamos los miles de triciclos y mototaxis que se cruzan por doquier, inclusive por distritos exclusivos como San Isidro o Miraflores, entonces no queda sino reconocer que el caos tiene para rato. ¿Quién pondrá coto a esta regresión ciudadana

Ética parlamentaria

¿Padres de la patria? En menos de 72 horas se produjeron hechos que agravan la imagen del Congreso de la República y que ponen en cuestión las calidades humanas de algunos parlamentarios.
Las denuncias de dos ciudadanas (dos mujeres peruanas) han puesto en debate si, realmente, la congresista Rosario Sasieta (Acción Popular) y el parlamentario Ricardo Pando (Alianza Fujimorista) son correctos miembros de la representación nacional o si practican una doble moral que los desacredita ante la opinión pública.

Una de las denuncias corresponde a una trabajadora del despacho congresal de la abogada Sasieta, en la cual se hacen públicos el maltrato y los agravios que dicha congresista dirige contra su personal, en particular hacia la denunciante, al punto de que la habría obligado a “lavarle los pies”. Por cierto que el temperamento y virulencia que caracteriza a la representante populista no abona mucho a su favor y más bien hecha serias dudas sobre su ecuanimidad frente a sus trabajadores. Pero a partir de esta denuncia contra la autodenominada “Señora Ley”, la reputación de esta congresista se pone de castaño a oscuro cuando, adicionalmente, se descubren indicios de que su pareja sentimental estaría usando un teléfono celular del Congreso y que además habría fungido de jefe de la oficina congresal. Si bien no se configuraría un posible nepotismo, la Comisión de Ética del Parlamento tendrá que esclarecer esos hechos.

La otra denuncia proviene nada menos que de la esposa del congresista Ricardo Pando. Se produce a partir de un acto de violencia que trajo como consecuencia que el parlamentario fujimorista resultase con una herida de arma punzocortante en la espalda, propinada por su consorte luego de una acalorada discusión familiar. Según la denunciante, en un momento de ofuscamiento tomó un cuchillo para defenderse de la agresión del parlamentario Pando. Ahora el congresista se recupera de sus heridas en una clínica local, pero la situación es más delicada aún, no sólo porque la denunciante asegura que este problema tiene larga data y que empeoró al detentar Pando más poder dada su función de parlamentario, sino por una serie de situaciones más íntimas que no viene al caso enumerar y que, en general, describen un cambio en la personalidad del “padre de la patria”.

Pese a cualquier concomitancia doméstica que encierran ambos casos, no podemos ponernos una venda a los ojos y negar la realidad de lo que la ciudadanía está viendo. Tanto en el affaire Sasieta como en el de Pando hay serios elementos que obligan a una seria reflexión: dos mujeres y ciudadanas han sido valientes al denunciar a gente con influencia y poder; y al hacerlo han puesto como tema de análisis la urgencia de que los electores tomen conciencia de que son ellos los que ponen a los congresistas en el primer poder del Estado. Por eso es menester que no repitan esa mala elección, al fortalecer a políticos que tarde o temprano van a decepcionar a más de uno. Es decir, le echamos la culpa al Congreso por su mala imagen pero no reparamos en que la mayor responsabilidad está en el origen mismo de la elección, en el momento en que acudimos a emitir nuestro voto preferencial. Definitivamente esperamos que estas situaciones bochornosas ayuden al elector a saber elegir en las próximas elecciones generales (2011).

Deuda interna

En la década de los ochenta se habló demasiado de la deuda externa, cuyo pago el Perú viene cumpliendo religiosamente. Sin embargo, pese a haber ingresado al tercer milenio, la deuda interna continúa sin ser atendida en varias de sus múltiples facetas. Corresponde al Estado cancelar lo que adeuda a los ciudadanos despojados de sus propiedades por la reforma agraria (RA), decisión revanchista del velasquismo adoptada por ucase y sin estudios, planes ni criterio técnico o jurídico, y lo que al final del día resultó un fracaso. Sólo hizo transitar al Perú por una aventura socializante que ha generado desencanto, miseria en el campo (ni siquiera pobreza), retroceso tecnológico y competitivo del Perú. El dictador Velasco Alvarado nunca cumplió con pagar el justiprecio real ni las indemnizaciones a los agricultores, que los había grandes, medianos y pequeños. Porque cuando se habla que éstos recibieron bonos, en la práctica fueron papeles que no cumplieron el fin de resarcir a quienes sufrieron la confiscación no solo de sus tierras sino también la muerte lenta de su ganado, la depredación de sus maquinarias, equipos y herramientas. Porque cuando la dictadura socialista de Velasco repartió millones de hectáreas a campesinos sin recursos financieros ni experiencia administrativa, aparecieron las sociedades agrarias de interés social y las cooperativas –tierra de nadie y fuente de abuso con el campesino por parte de tecnócratas y políticos– donde irresponsables vieron sus ambiciones antes que la necesidad de los pobres y, por tanto, todo se fue por la borda.

Si existía la leyenda acerca de malos gamonales o del abuso en las haciendas, lo cierto es que ésta era una visión parcial y oprobiosa de la vida peruana. Pues en forma interesada se ignoró la otra cara: la armonía, bonanza y la eficiencia que se vivía en la mayoría de aquellas unidades productivas que en conjunto hicieran del Perú la tercera potencia agrícola de Latinoamérica. Para muestra un botón: después de 40 años de RA, recién el 2005 alcanzamos el índice del PBI per cápita que había en 1969. De otro lado, mientras la evolución histórica del Perú, como la de cualquier otro país, avanzaba gradualmente a solucionar los problemas de la tierra mediante cambios aplicados con racionalidad y respeto al orden jurídico (Manuel Prado y Fernando Belaunde trabajaron al respecto), un mesiánico como Velasco tuvo la infeliz idea de patear el tablero de la Constitución para hacer a su manera una seudo “revolución agraria” que sólo trajo injusticia, ya que los campesinos se sumieron en medio de discursos retóricos y palabrería hueca que no les llenó el estómago ni les permitió un futuro mejor para sus hijos. Es más, muchos de ellos (por necesidad) tuvieron que sembrar coca para el narcotráfico, con todo el drama que ello representa.

Lamentablemente han pasado varios gobiernos democráticos sin que hasta ahora se supere esta fractura nacional. Un adeudo que debe ya concluir a través del pago de la deuda que mantiene el Estado con los confiscados de la RA. No olvidemos que muchos de ellos sólo tenían su terreno agrícola, activo que fuera trabajado con dedicación para el sustento de sus familias, el salario de los campesinos, y el pago de impuestos al país. Pues bien, ¿cuándo se va a indemnizarlos por la confiscación de la que fueron víctimas? ¿O es que son ciudadanos de segunda cuyos derechos humanos no tienen valor? No se puede hablar de estado de derecho, entonces, mientras esta obligación no esté saldada.

OEA decorativa

La Organización de Estados Americanos (OEA) debe bajar de las ineficaces “cumbres” a las que está acostumbrada a un terreno más seguro y firme donde se encuentren soluciones concretas a los problemas que atentan contra la democracia y la paz del continente. Por ejemplo, hay dos temas actuales en los que la OEA funge de ente errático y decorativo. Uno de ellos tiene que ver con la coyuntura hondureña, donde los instrumentos del organismo multilateral de marras no están suficientemente prestos para coadyuvar en la defensa real de la democracia, la que muchas veces es vista en sus aspectos formales más que funcionales. Condenar la acción desesperada de las instituciones de Honduras, Corte Suprema, Congreso, Tribunal Electoral, Ministerio Público, partidos políticos, iglesia y fuerzas armadas, para evitar que su democracia sea sustituida por el totalitarismo de un político tránsfuga como Manuel Zelaya entregado a las fauces del mesiánico imperialista Hugo Chávez, habla mucho del sesgo y miopía de la OEA, pues antes debió advertir y condenar el modo brutal como el chavismo perpetra la más desembozada injerencia en asuntos internos de los paises latinoamericanos para que sus gobernantes destruyan el estado de derecho a fin de reelegirse indefinidamente en el poder al más puro estilo de Venezuela y sus satélites Ecuador, Bolivia, etc., o como Fidel Castro, quien en un ejercicio monárquico del comunismo –nunca cuestionada por la izquierda– le cedió la posta a su hermano Raúl.

El segundo problema, más inmediato, que cuestiona hoy la efectividad y viabilidad de la OEA es el grosero armamentismo que practica uno de sus miembros, Chile, sin que este organismo sea capaz de abordar el tema ni menos llamar la atención por el fomento del belicismo en la región sudamericana. Y no podía ser de otra manera si vemos tan sesgada la labor del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, no sólo por su nacionalidad chilena sino porque ya apuesta a la reelección en dicho cargo, para lo cual necesita no sólo de mucho cálculo y maniobra sino también contar con los votos de los nueve países que pertenecen al ALBA (satélites de la Caracas “bolivariana”, sede de un reinado voraz representado por el discípulo de Fidel Castro, Hugo Chávez).

En síntesis, se supone que la OEA “reúne a los países del hemisferio occidental para fortalecer la cooperación mutua en torno a los valores de la democracia”, pero no dice nada cuando de manera sistemática y autoritaria se descolocan a las instituciones democráticas vía el imperialismo petrolero chavista que no escatima esfuerzo en cooptar, comprar o enrolar a Estados en torno a los designios de un supuesto socialismo pro cubano y a la vez llanero. Del mismo modo, se supone que la OEA existe “para defender los intereses comunes de sus miembros, como es la paz y la integración, así como debatir los grandes temas de la región”. No obstante permite el armamentismo chileno, que no sólo genera corrupción sino que alienta la muerte, ya que las armas sofisticadas que, por ejemplo, adquiere Chile no son para decorar fiestas infantiles sino para matar personas. Sin duda las estructuras anquilosadas de la OEA ya no están a la altura de la vida y de la historia.

Tercer premier

El primer mandatario, Alan García Pérez, desde que asumió el mando supremo de la nación, ha realizado dos cambios de titular en la Presidencia del Consejo de Ministros. De este modo, ahora el país ya cuenta con el tercer premier; y tan alta responsabilidad de Estado ha recaído en la persona del doctor Javier Velásquez Quesquén, todavía presidente del Congreso de la República, militante aprista y exponente provinciano de la pujante región de Lambayeque.

La tarea no será fácil si tomamos como referencia el dato por el cual el primer ministro Del Castillo duró en el cargo 27 meses, pero vimos cómo el segundo jefe del gabinete, el doctor Yehude Simon (ante el agravamiento de la conflictividad política, social y económica), sólo se mantuvo en el puesto por el lapso de 8 meses. Entonces asistimos a serias circunstancias de desgaste, las que en parte son propias del desenvolvimiento de todo gobierno aunque, asimismo, también se debe a las consecuencias de la injerencia chavista en asonadas violentistas, comprobadas contundentemente –y hasta la saciedad– por EXPRESO, y a otros factores como la corrupción, la recesión de la economía internacional y la fragmentación del sistema de partidos, entre otros.

Al nuevo Gabinete le quedan retos urgentes. Aprovechar el tiempo para evitar que acabe la segunda administración del presidente García sin haber dado pasos sustantivos en la reforma del Estado. Al respecto se han hecho algunos avances pero no en la magnitud ni velocidad que el país requiere. Peor cuando hay “indicadores de buen gobierno” dados a conocer recientemente por el Banco Mundial, cuyo ranking acusa el retroceso del Perú en varios ítems. Por ejemplo, en materia estabilidad política y ausencia de violencia, hemos retrocedido pasando a una situación de menor seguridad a la que teníamos hace diez años. En cuestión de control de la corrupción nos califican con 49% de efectividad, mientras que países como Chile o Uruguay pasan el 80%, vale decir estas naciones resultan con mejor indicador contra la inmoralidad en la gestión pública. Y en cuanto a la aplicación y respeto del derecho, el puntaje del Perú ha venido descendiendo en los últimos cinco años.

El nuevo premier necesita tener buena performance no sólo para enfrentar esos problemas propios de la pesada estructura burocrática, sino también otros asuntos más dramáticos del día a día. Estar a la altura del roce internacional tampoco puede quedar atrás, máxime en una coyuntura donde las aguas están movidas en el vecindario regional. De ahí que el estilo y la voz del premier ayudarán mucho a comunicar y reforzar mejor los aspectos estratégicos de la política exterior diseñada por el presidente de la República y el canciller del Perú. Por el bienestar y mejor futuro de 28 millones de peruanos, formulamos votos porque el doctor Velásquez no sólo conforme sino que coordine, de manera coherente, un equipo ministerial que refresque positivamente al Ejecutivo.

EE UU permisivo

El aparentemente bien informado presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, olvida la historia que registra la manera como la diplomacia de su país participó de forma activa (entre 1883 y 1884) para que Perú y Chile llegaran a un acuerdo de paz (Tratado de Ancón) luego de la cruenta guerra iniciada en 1879.
Es más, en otro tratado peruano-chileno, el de Lima (suscrito el 3 de junio de 1929), apareció como la “mediadora” nada menos que la figura presidencial estadounidense para resolver los asuntos posbélicos referidos a la suerte definitiva de Tacna y Arica. De manera que la presencia de los EE UU en las relaciones de ambas naciones sudamericanas no es soslayable, sino que está regida por un pétreo marco moral, histórico y jurídico.

En ese sentido, por más que países soberanos como Chile y EE UU quieran negociar la compra-venta de armas sofisticadas, de eminente carácter ofensivo, los peruanos tenemos el derecho a cuestionar y criticar la procacidad de los gobernantes de esos dos países, y en particular la cuestionable actuación del presidente Obama, quien resulta envuelto en el lobby de una maquinaria belicista, mercenaria y mercantil poco adicta al respeto y al cumplimiento de honorables formas de la política exterior de la Casa Blanca en materia de paz, sobre todo en Sudamérica. Peor aún para EE UU cuando el Perú es también su socio comercial en el marco del TLC.

El ciudadano afroamericano que llegó este año a la más alta magistratura estadounidense olvida que fue Jimmy Carter, un líder de su propio partido –el Demócrata–, quien a finales de la década del setenta prohibió la venta de armamento tecnológicamente avanzado a los países latinoamericanos. Pero fue el lobby chileno, país que al igual que los EE UU se encuentra militarizado y adicto a la industria bélica, el que sedujo a la administración norteamericana a romper esta medida prohibitiva. Gracias a ello Santiago cuenta ya con una flota de aviones F-16. Ese mismo lobby mapocho, que también se ha dado sus visitas por Holanda (país nada menos que sede del Tribunal de La Haya), insiste ahora en comprar piezas de artillería autopropulsada, con la complacencia de los fabricantes estadounidenses (dueños de patentes y arsenales para los F-16 u otros equipos), sino también con el visto bueno del Capitolio (ama de llaves en esa clase de negociaciones).

Lástima por EE UU y por su presidente, Barack Obama, pues en este caso sus discursos llenos de retórica dizque a favor de la integración, de la cooperación continental, de la paz entre naciones latinoamericanas y de amor por los países sudamericanos devienen en ridículos, mucho más cuando un presidente estadounidense fue el “mediador” en el Tratado de 1929 firmado entre Perú y Chile. Pero el tema es más deplorable aún, ya que Obama no necesita ser zahorí para saber contra quién y por qué se arma Chile, si no es contra otro socio del Tío Sam. Por tanto, resulta irresponsable la posición del primer mandatario estadounidense y poco ética su actitud para con la región. Por supuesto que los peruanos, sabedores del prestigio de los togados de la Corte Internacional de Justicia, confiamos en que esas demostraciones de fuerza y dispendio de millones de dólares no consolidarán el juego de oscuras influencias, para ganar con ayudas extrajurídicas lo que se puede perder en la mesa del derecho y la razón.

Nuevo premier

El jefe de Estado anunció que el viernes de esta semana presentará al nuevo presidente del Consejo de Ministros. De cumplirse esta información, estamos en la víspera de la salida del Ejecutivo de Yehude Simon Munaro. Más que hacer un balance de su gestión, preferimos evaluar el contexto en el que le tocará desenvolverse a quien ocupe el despacho de la PCM. En primer lugar, no debe ser premier quien se maneje en medio del cálculo electoral. Los ciudadanos tienen todo el derecho a proyectar su candidatura presidencial para el 2011; pero si quien conducirá la PCM llevara ese perfil, no tendrá el camino despejado para enfrentar la problemática del país, peor cuando ésta se agrava por conflictos sociales politizados, muchos de éstos impulsados por la maña chavista. No olvidemos que el cariz pre-electoral lo tuvo tanto el ex premier Jorge del Castillo, como el saliente Yehude Simon. Pero en ese puesto no se debe estar con Dios y con el diablo. Es imposible ejercer el mando sólo pensando en asumir el activo de una administración, tratando de evitar el pasivo. Es decir, mirando al corto plazo que descuida la solución de los problemas. Este temperamento errático daña la gobernabilidad y al final no endosa el aplauso esperado por el candidato en ciernes. Sucedió con ambos personajes que pasaron por la jefatura del Gabinete, cuyas actuaciones efectistas acabaron chamuscándolos, tanto como al propio gobierno.

En segundo término, la nueva cabeza de la PCM necesita predicar con el ejemplo, y ser el primero en cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. Está bien el diálogo siempre que éste no se produzca con una pistola en la cabeza de la autoridad. Lamentablemente tanto el doctor Del Castillo como el premier Simon prometieron no dialogar en situaciones de fuerza; sin embargo en la práctica claudicaron y la calle les presionó desautorizándolos muchas veces. Esas señales de debilidad y desconcierto, en el seno del Estado, han instituido ahora el uso y abuso de las llamadas “mesas de diálogo”, cenáculos inviables que cuentan con la presencia de aquellas cúpulas intransigentes que organizan a los llamados “Frentes de Defensa”, verdaderos antros de azuzadores salvajes que engañan a las masas poco informadas, poniéndolas como carne de cañón en las carreteras. Internacionalmente hablando esas seudodirigencias le han infligido un golpe moral al gobierno, acusándolo de abusivo y hasta de genocida. En consecuencia, el nuevo premier necesita contar con una estrategia efectiva para restituir el principio de autoridad.

En tercer lugar, se habla que el nuevo premier debe representar a una ancha base de la opinión pública. Y se discute también los pro y contra de su pertenencia al APRA, mientras se privilegia una trayectoria técnica favorable. Sin embargo, por encima de ambas ponderaciones, el nuevo titular de la PCM necesita basar su liderazgo –tanto al interior como al exterior del Gabinete– en la coherencia. Solo así podrá evitar peligrosos desencuentros con el Legislativo o con los gobiernos regionales y locales. Recordemos que el fatal “Baguazo” se debió en buena medida a la congénita falta de comunicación entre los poderes del Estado. Pero no pensamos en forma monocorde, pues la política es dinámica. Por ello concluimos en que lo más importante en el perfil del próximo primer ministro será en primer lugar su congruencia, luego su temperamento, y sin duda su idoneidad para enfrentar objetiva, inteligentemente los problemas nacionales.

Debilidad palpable

Exponentes de un minúsculo clan de “comunicadores” y “analistas políticos” –por ejemplo, uno que durante el fujimorato integró el Indecopi y comisiones privatizadoras, u otros que militaron en partidos comunistas (hoy reciclados como “periodistas estrella”)–, vociferan que aquellos medios de prensa que solicitan se aplique la ley a los revoltosos que bloquean carreteras, calles o plazas, en rigor lo que hacemos es promover la arremetida de la PNP contra los gremios, los manifestantes, el pueblos que quiere protestar. Se horrorizan porque dizque incentivamos a la Policía a entrar “a sangre y fuego” contra los protestantes. Lo cierto es que esos “opinólogos” tergiversan hipócrita e interesadamente el mensaje y la actitud con la que se necesita enfrentar la escalada comunista de movilizaciones violentas que atenta contra el país. Por eso nos ratificamos en que quien cumple el mandato de la Carta Magna y exige que se aplique el Código Penal no comete excesos. Sólo está usando las herramientas jurídicas para hacer respetar el estado de derecho y el orden constitucional. También nos reafirmamos en que existe mucha contemplación por parte del Ejecutivo –reflejada en la debilidad policial– al momento de confrontar con los agitadores, quienes –infringiendo flagrantemente la ley– interrumpen de manera impune y salvaje las vías de comunicación, tanto en zonas rurales como urbanas, violando el interés de las mayorías.

De un tiempo a esta parte, las autoridades políticas y policiales son presa de la inoperancia e incumplimiento del deber funcional. Ignoran clamorosamente el derecho de 28 millones de peruanos al libre tránsito, al trabajo y a la tranquilidad pública, dándole cabida a la grita de una elite violentista que, lamentablemente, viene marcando la agenda nacional al impedir que el país desarrolle sus actividades con normalidad si el Estado no satisface todo lo que reclaman los grupúsculos disociadores. Por supuesto que nadie pide llevar al paredón a los bárbaros como en Cuba, paradigma de la dirigencia comunista peruana que promueve y ejecuta los reclamos armados. Acá simplemente exigimos respeto a la ley. ¿O acaso las normas legales están de adorno? Entonces demandamos que nuestras fuerzas del orden aprecien su uniforme e impongan la ley. Lamentablemente en el Ministerio del Interior hay quienes actúan a contrapelo de lo que manda la Constitución y la norma, poniendo paños tibios y guantes de seda donde hace falta detener a los revoltosos, ponerlos a disposición de la Justicia y que ésta los lleve donde corresponde: al calabozo.

Ahora, si bien no buscamos responsabilizar a la PNP de todo lo malo –las verdaderas culpables son las ONG políticas que, sobre todo desde el 2001 hasta la fecha, lograron inocular en la mente de numerosos funcionarios su perversa ideología “garantista” así como sus persecutorias amenazas judiciales, tanto contra los altos mandos de las fuerzas de seguridad como contra la oficialidad menor–, sin embargo rechazamos que la PNP siga permitiendo que se multipliquen ejemplos de debilidad, como el ocurrido en las afueras de Arequipa cuando un coronel de la PNP prefirió conversar sumisamente con los revoltosos, garantizándoles la libertad para que siguieran enervándole la vida a miles de ciudadanos que pugnaban por trabajar, o sencillamente por hacer su vida normal. Con ese mensaje de pusilanimidad el Estado alentará mayores protestas, y éstas deteriorarán aún más la imagen del Perú como destino para el turismo y las inversiones.

A trabajar

Según organismos multilaterales y oficinas internacionales de análisis económico, el Perú es uno de los pocos países que crecerá este año y que enfrentará con éxito relativo –pero éxito al fin– los embates de la recesión mundial. Este logro de por sí debería llenar de orgullo a los peruanos y motivarlos a trabajar más para consolidar nuestro liderazgo como nación emergente.
Por ello resulta contraproducente que existan compatriotas equivocados, quienes inclusive han convocado a un paro para los días 7, 8 y 9 de julio. Es más, tenemos que llamarles la atención por el sesgo demagógico del que hacen gala y la infantil plataforma politizada que proponen. No obstante, estamos plenamente seguros que los promotores de esa protesta no representan a la mayoría nacional.

Cualquier ser pensante que analice, desprovisto de mediocres intereses ideologizados propios del “socialismo (chavismo) del siglo XXI”, la “plataforma de lucha” de la entidad convocante a este paro (la CGTP comunista), verá que sólo representa a una verdadera pieza (modelo) de museo, dado el anacronismo y populismo que encierra. La propuesta política y económica de la CGTP, amén de una serie de peticiones que escapan de los fueros sindicales, resulta palabrería hueca que llevaría en corto tiempo a cualquier país a la quiebra. Los postulados programáticos de la cúpula cegetepista y el apoyo que reciben de los dirigentes zurdos de todo pelaje, sólo constituyen una supina irresponsabilidad. Por eso no exageramos si los calificamos de verdaderos traidores a la patria, sin contar por supuesto esa mala costumbre que tienen de convocar a paros en el mes de julio, mes tan significativo del calendario cívico nacional. Esto es así porque su intención no es otra que minar a los gobiernos elegidos democráticamente.

Entonces, con qué autoridad moral los promotores del paro plantean una lista de peticiones si las mismas no resisten una aplicación seria en la realidad. Reclamar, por ejemplo, aumento de sueldos a diestra y siniestra desfinanciaría a las pequeñas y medianas empresas, empujaría los precios al alza, desatándose la inflación; mientras que aumentar el gasto público, sin un respaldo técnico, haría quemar nuestras reservas internacionales netas que tanto esfuerzo han costado en los últimos años a los peruanos. En general, las fórmulas de la CGTP –ahora descaradamente chavista– las conocemos: las ha experimentado el Perú en la década del setenta y todos sabemos a donde nos condujeron, a ser un Estado burocratizado, deficitario y atrasado. De modo que el paro, por donde se mire, no tiene asidero. De ahí que sus organizadores siempre apuestan por la violencia a fin de amedrentar a transportistas y trabajadores.

En ese sentido, al gobierno le toca brindar las garantías para que los ciudadanos puedan movilizarse pacíficamente a sus centros de trabajo, y ello implica implementar una red vehicular con el apoyo de las entidades estatales para facilitar el traslado de las personas y que en el camino no sean interceptadas por vándalos. Sin embargo, como los capitostes “rojos” son tan valientes para convocar a un paro contra el Perú, igualmente deberán serlo si resultaran desgracias que lamentar, asumiendo la responsabilidad de posibles consecuencias funestas. Esperamos que la Fiscalía salga a registrar esos hechos y que la Defensoría colabore en la denuncia de los autores materiales e intelectuales de la barbarie que se pueda generar. Guerra avisada no mata gente.

¿”Día del Amigo”?

No siempre los ciudadanos tienen los canales adecuados para expresar su disconformidad con determinados sucesos que aparecen en su comunidad. Por ejemplo frente a una antojadiza campaña comercial –dizque por el “Día del Amigo”–, verdadero esperpento que cree basar el cariño por un amigo a través de la venta de alcohol, la sociedad tiene que exponer su punto de vista.
Seguro habrá escollos para que los consumidores exterioricen su rechazo maduro y democrático a guiones consumistas y, peor, de un tóxico como el alcohol; sin embargo no hay trabas cuando existen medios de prensa que abren sus puertas y páginas a un reclamo legítimo de hogares enteros, donde los padres de familia piensan que la cervecera –autora de esa publicidad– cometió un grave y lamentable atentado contra los valores que preservan de la desintegración a la “célula básica de la sociedad”.

EXPRESO aboga por un país libre e innovador. Por ello cree en la libertad y no en el libertinaje, extremo que tiene que corregirse a fin de que jóvenes y adolescentes –principalmente– no caigan en las garras del alcoholismo. Bajo ese marco principista, no se explica que –existiendo el 14 de febrero de cada año el Día de San Valentín o Día de la Amistad– aparezca ahora una entidad privada, fabricante de cerveza, que –basada en el poder de la imagen y de los avisos publicitarios– intenta meter en el cerebro de la gente el “Día del Amigo” (“el primer sábado del mes de julio”). Pensamos que esta crítica no es inclinación cucufata ni menos pensar que, a partir de ella, miles de ciudadanos o numerosas asociaciones de lucha contra las drogas o sociedades de alcohólicos anónimos expresen su rechazo a este contrabando que solo intenta generar una comercialización vulgar de licor, a la que se suma una cadena de autoservicios cuyos propietarios son chilenos.

Es verdad que cada empresa es libre de hacer la propaganda que quiera y difundirla por los medios de comunicación masiva. Pero la publicidad también tiene ética y parámetros. Aún más en una época donde la responsabilidad social se acentúa en la agenda corporativa del sector privado. Es cierto también que cada ciudadano tiene el discernimiento suficiente para aceptar o no determinados mensajes del marketing cervecero, y que los jefes de cada hogar tienen el control sobre sus hijos. Sin embargo ello no basta cuando vemos cómo instituciones del país batallan por detener esa racha fatal de accidentes de tránsito, esos crímenes pasionales, así como la proliferación del vicio, pandilleros y delitos que se cometen luego de la ingesta de alcohol, y principalmente de cerveza.

En medio de este karma por el que transitan las sociedades modernas, lanzar abierta o subliminalmente la iniciativa que se debe beber licor para festejar un procaz “Día del Amigo”, resulta sencillamente alucinante y peligrosísima. Basta meditar en el ambiente generado en centros educativos de secundaria de Lima y Callao el último fin de semana, para darnos cuenta cómo escolares adolescentes de 13, 14 ó 15 años hacían planes para poner en práctica la propuesta festiva alcohólica de una cervecería y una cadena chilena de autoservicios. La buena amistad no implica caer en vicios que después deriven en depravación. Por eso, en la próxima legislatura, la nueva Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso debe evaluar y frenar esta campaña. No obstante desde ya los Ministerios de Educación, Justicia, Interior, Transportes y Comunicaciones tienen mucho que decir. La niñez y la juventud, única reserva moral del Perú, está primero.

El maestro

En distintas instituciones educativas (colegios, como antes se les llamaba), desde el viernes pasado y hasta mañana lunes se realizan celebraciones por el Día del Maestro. Pero antes de saludar a los docentes, sentemos como premisa el hecho que desde la Edad Media se revaluó la importancia de la educación y, con mayor énfasis, lo fue en la sociedad moderna, donde Jean Jacques Rousseau, con su obra “Emilio”, estableció las características de una educación orientada a lograr una comunidad con ciudadanos libres. Precisamente Rousseau fue uno de los representantes más sesudos de la “Ilustración”, período que tan especial papel desplegó a favor de la pedagogía y la cultura universal. En ese sentido, el profesor debe estar siempre imbuido de decisión sincera y dedicación tesonera por la labor que realiza para moldear la mente y el espíritu de las futuras generaciones. De manera que su misión está por encima de las bajas pasiones o de la politización doméstica. Al respecto, cabe decir que hace unas semanas el Tribunal Constitucional emitió una sentencia en la cual precisa que “la educación es un servicio público esencial”, por lo que ante una huelga magisterial el gremio de maestros y el Estado están obligados a garantizar el número necesario de servidores al frente de las aulas para que las clases no se interrumpan. Vale decir, si el Sindicato Unitario en la Educación del Perú (SUTEP) quiere hacer su huelga que la haga, pero tendrá que mantener equipos de emergencia que eviten que los educandos pierdan clases. Para el efecto, de acuerdo al TC, el Estado deberá supervisar el cumplimiento de ese mandato constitucional.

En esta oportunidad queremos sumarnos a los festejos por el Día del Maestro, estrechar la mano a los docentes, sabedores que hay un contingente de profesores que aspira a una nueva mentalidad, que apuesta a la capacitación, a la evaluación y a la promoción de sus carreras por parte del Estado. Porque en el mundo global de hoy no se trata de ser individualistas, como paradójicamente busca la cúpula sindical enquistada en el magisterio que no se sonroja en afirmar que milita en el comunismo “clasista y combativo”, cuando, al revés, fomenta la mediocridad y la argolla, basando su acción en atornillar al maestro a un puesto público tras su nombramiento para luego permitirle –y fomentarle– que vegete en el cargo sin importarle lo que aprenden los niños. Así cualquiera es revolucionario, viviendo de la ubre burocrática del Estado.

He aquí un escollo que se acentuó durante la dictadura de Velasco, se agravó en el segundo gobierno de Acción Popular (1980-85) y en la primera gestión aprista (1985-90), períodos en los cuales gente incapacitada ingresó al magisterio. Las consecuencias las estamos viendo y tomará tiempo salir de la catastrófica educación pública. Por ello en esta fecha se debe meditar también en los alumnos, en la sociedad, reconociendo que una alternativa al problema estriba en desplegar capacidades y fuerzas para hacer que la enseñanza pública sea una herramienta de desarrollo social, económico y cultural del país. Con mayor razón lo tienen que hacer los profesores, esos a los cuales se les llama en el aula “segundos padres” de los escolares. Bajo ese compromiso, renovado cada año, recién se sentirá con más emoción esta efemérides del calendario cívico nacional.

Consultas tramposas

El artículo “Golpe mañoso” de Charito Rojas, cuya primera entrega apareció publicada ayer en EXPRESO, invita a evaluar una serie de consideraciones sobre la injerencia chavista en Honduras, especialmente en la actual coyuntura de protestas dentro del Perú que tienen por objeto presentar al sistema democrático como injusto, incompleto y deleznable, procurando la izquierda sustituirlo por un modelo donde las ánforas sean reemplazadas por plebiscitos y referéndums. Bajo ese esquema se enmarca, por ejemplo, el paro convocado por el Partido Nacionalista, la CGTP y la izquierda para el miércoles 8 de julio, al que también se han sumado los irresponsables del volante: los transportistas. ¿Qué buscan los agitadores financiados desde Caracas por la “revolución bolivariana”? El Poder. Y para ello tratan de demostrar a los pueblos incultos que la democracia no funciona, amén de hacerlos enemistar con los principios que sostienen la constitucionalidad de cualquier democracia bien nacida. Es decir los azuzadores se proponen romper el principio de los “checks and balances”, buscando traer abajo la división de poderes, para así concentrar el mando y las decisiones gubernamentales en una camarilla, como ocurre en Cuba o Venezuela; y lógicamente también pretenden someter al mismo diktat a los órganos electorales y al Tribunal Constitucional. Esto es lo que ha pasado en Honduras. Pero el pueblo hondureño está cansado de la injerencia chavista.

Rojas cita el Artículo 350 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, que literalmente dice: “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”. Según aquello, no existe soberanía de Estados en el mundo. Que Venezuela consulte a China o Rusia si permiten que el ayatola venezolano, Hugo Chávez, aplique la Constitución Bolivariana en ambos países. Por eso los hondureños hicieron lo que los venezolanos no logran todavía: hacer valer su Constitución por encima de cualquier gobernante –local o foráneo- que pretenda violentarla. Además la autora acota algo que debe ser motivo de reflexión para los demócratas: “La pequeña nación centroamericana demostró que dejó de ser una república bananera para convertirse en un país que toma las riendas de su destino democrático. Aclaro esto, para que no me tilden de golpista: en Honduras no hubo golpe, no hubo militares tomando el poder, no hay juntas militares, no se disolvieron los poderes sino que al contrario, estos demostraron su imperio e independencia tomando las decisiones ajustadas a la ley. Los poderes actuaron a favor del estado de derecho y no en su contra”.

Estamos pues ante un fenómeno constitucional y sociológico sui géneris que incluso dista mucho del golpe de Fujimori del 5 de abril de 1992. Los escenarios son otros; las causas son distintas y los tiempos diferentes. A la luz de lo ocurrido en Honduras, ¿no es acaso pertinente evaluar qué pasaría en una nación si las autoridades elegidas por el pueblo son compradas por el imperio petrolero de Chávez, y luego mutan de conservadoras a socialistas y mueven los hilos de la inconstitucionalidad para perpetuarse en el poder (pasando por encima del Congreso, del Ministerio Público, del Tribunal Electoral y la Corte Suprema de la República)? Bueno, este ha sido el proceder de Manuel Zelaya. Sin embargo, por encima de él están las leyes, los usos y costumbres democráticas que no pueden ser reemplazadas por apócrifas “consultas populares”. Lamentablemente al señor Insulza no le interesa mucho esto. Seguro porque más ansía su reelección.

Coordinadora democrática

Este medio de prensa –honrado por la atención y preferencia de sus lectores- siente que no ha arado en el desierto cuando –en relación al tema de la injerencia de las ONG ideologizadas en asuntos soberanos– hace más de un lustro advirtió acerca de la seria deformación del desenvolvimiento de ellas sobre las políticas de gobierno y de Estado, a causa de la intromisión que practican esas poderosas asociaciones. Hoy el canciller del Perú afirma, reconoce y denuncia que hay ONGs en campaña contra el país.
Es más, su apreciación no es aislada ya que el propio presidente de la República ha reiterado que existe una “conspiración internacional”, desde varios frentes, siendo el principal de ellos la batalla de los organismos no gubernamentales (politizados) bajo el disfraz de promover los derechos humanos y la defensa del medio ambiente.

Para nadie es un secreto que hay ONGs y ONGs. Es decir, existen aquellas que desarrollan sus actividades con seriedad y buena fe. Por no generalizamos y siempre distinguimos a aquellas que rechazamos llamándolas ONG politizadas, ideologizadas, etc. En otras palabras, recusamos a aquellas organizaciones nacionales e internacionales cuyos directivos son negociantes crematísticos o ideológicos de los derechos humanos y de la defensa de la ecología. Este deslinde es pues necesario y siempre lo tenemos presente, identificando a aquellos ciudadanos que ayer nomás eran dirigentes de partidos marxistas totalitarios –que entonces luchaban por destruir la “sociedad burguesa” y el “sistema capitalista”– y que solo hoy han cambiado de método para lograr sus mismos objetivos.

No obstante, reconforta saber que las autoridades peruanas ya no están dispuestas a caer en la ingenuidad, como lo hicieron el presidente transitorio Valentín Paniaga y el economista Alejandro Toledo cuando les tocó desempeñar el mando supremo del Estado. Al respecto, para darnos cuenta que hace tiempo era menester que el Perú sepa visualizar dónde está y cómo se manifiesta el doble estándar de los dueños de aquellas ONG, basta mencionar en el tema de los derechos humanos la persecución judicial indiscriminada y muchas veces abusiva que se hizo a los militares y policías del Perú como consecuencia de la candidez de esos dos gobernantes. Complace saber ahora que el jefe de Estado, el canciller y los embajadores peruanos en el exterior –reunidos en Lima– han decidido enfrentar las campañas de injerencia y desinformación que de diversas ONG dentro y fuera del país.

El gesto gubernamental es positivo pero no suficiente, puesto que no solo se trata de defender al Perú sino también a la democracia. Y como actualmente Latinoamérica se ha convertido en el escenario preferido de las ONG y de las facciones radicales chavistas –allí están los recientes sucesos de Honduras-, resulta indispensable proponer que –a la par del cónclave de los embajadores– sean los propios actores sociales, en especial los partidos políticos liberales del continente, los que establezcan agendas para propender la vigencia de la democracia –y la preeminencia de los partidos políticos como ejes de la sociedad–, denunciando también las tretas de la “coordinadora bolivariana” para perpetuar en el poder a políticos autoritarios y demagogos comprados con barriles de petróleo. En suma, así como existe en el Perú una coordinadora chavista y una campaña antiperuana de muchas ONG, pues entonces que los partidos políticos peruanos trabajen proactivamente para rechazar ambas intromisiones.

Jugar al golpe

El lado oculto de la reciente y traumática experiencia que vive la República de Honduras aún no ha sido visto de manera objetiva. Se mira mediáticamente una cara del problema pero no la otra. ¿Quiénes y cómo originaron las condiciones de la salida de Manuel Zelaya? En la actualidad ese país centroamericano se encuentra hondamente dividido. Y es que hace tiempo la izquierda en Tegucigalpa y en las principales ciudades hondureñas, cada vez más dependiente de Hugo Chávez, viene jugando a configurar un agitado ambiente en torno a la estructura constitucional y política del país, signado por torvas contradicciones y amenazas.
Esas reformas, lamentablemente nada democráticas, tenían por objeto el perpetuar en el poder a un político –Manuel Zelaya– que ya se había vendido a la corriente “bolivariana” (la mecenas del “socialismo del Siglo XXI”). Frente a ello, haría bien nuestro continente en no quedarse atrapado en ese clisé que repite: “Nada justifica un golpe de Estado”. De acuerdo, pero también hay que avanzar en el debate con sinceridad y sin hipocresías sobre los términos reales y las limitaciones que encierra la democracia. La Organización de Estados Americanos (OEA) –acostumbrada siempre al simplismo teórico– debería aproximarse a una fase más proactiva, no dejando pasar por alto el análisis fáctico de las causas que originaron el desenlace (relativo aún) que ahora el mundo observa en Honduras.

Motivo importante para buscar la reflexión continental es abordar aspectos preventivos de futuros golpes –de derechas e izquierdas–, para que una situación como la que vemos hoy en Honduras no se repita en otra latitud latinoamericana. Con mayor razón, cuando constatamos en América Latina la tendencia de algunos de sus gobernantes –específicamente los ligados al credo chavista– a quebrar la democracia eliminando ese precepto pétreo que es la alternancia en el mando de un Estado. Pero los satélites de Chávez y de los hermanos Castro Ruz de Cuba se resisten a competir limpiamente en las ánforas. Para ello promueven plebiscitos, referéndums (figura dicho sea de paso contraria al marco constitucional hondureño) y reformas electorales estrafalarias dirigidas a reelegirse indefinidamente en el cargo. Recordemos que Zelaya debía dejar la magistratura presidencial en enero de 2010; sin embargo ya se encontraba digitando un plan protervo para eternizarse en el manejo de los destinos de Honduras cuatro años más, a través de anular la competencia electoral. Es decir, quería más poder, pisoteando el apotegma de Lord Acton que dice: “el poder corrompe pero el poder absoluto corrompe absolutamente”.

Últimamente los atentados contra la democracia latinoamericana provienen de los políticos que –por dinero– se adhieren al “ayatola Chávez”, un mesiánico que juega a ser emperador en Latinoamérica, y quien les señala el fácil camino de recurrir a “consultas populares” –maquilladas de constitucionalidad– para fabricar verdaderas dictaduras socialistas que acaben conculcando los derechos ciudadanos al mejor estilo cubano. Si no, recordemos el sandinismo de los ochenta que acabó envolviendo a Nicaragua en la peor crisis económica en medio de la corrupción. Paradójicamente, uno de los principales responsables de aquel régimen autoritario –Daniel Ortega– retornó al gobierno ayudado por el imperialista petrolero Hugo Chávez. ¿No es acaso el único culpable del drama hondureño, el chavismo enquistado en ese país, gracias a tránsfugas como Zelaya?

Transporte público

La problemática del sector transporte es compleja. Pero, descontando asuntos puntuales del tránsito interprovincial de pasajeros y de carga, ayer los gremios del transporte público urbano realizaron un paro de protesta, motivado –alegan– por su oposición al alza de las multas por infracciones de tránsito. En este tema el Estado debe ser muy coherente, pues no hace mucho el país entero reclamó a las autoridades sanciones drásticas contra los malos conductores; es decir a aquellos individuos que ocasionan anualmente miles de muertos en las pistas y muchísimas personas con discapacidad a consecuencias de esos siniestros. En tal sentido, el Ejecutivo y Legislativo, cada uno en aquello que le corresponde, tomaron en cuenta el clamor ciudadano y dispusieron un conjunto de acciones (algunas aún por implementar) a fin de cambiar ese trágico panorama donde el peatón o el pasajero no saben si al salir de casa para realizar sus quehaceres cotidianos, retornarán sanos y salvos. No olvidemos que la principal causa de los accidentes es la temeridad de los choferes, su grosera impericia, la ingesta de licor mientras conducen, las fallas mecánicas, y el mal estado de las pistas. Son innumerables los casos en los cuales verdaderos criminales del volante han protagonizado execrables accidentes matando a niños, mujeres y ancianos. Realmente no se sabe cómo esos sujetos consiguieron la licencia de conducir porque –valgan verdades– la mayoría de conductores de “combis” y “coaster” tiene serios problemas emocionales que, sumados a la irresponsabilidad y al estrés, los convierte en un peligro para la sociedad.

Pues bien, para cambiar de mentalidad y generar buenas prácticas en los gremios de choferes del transporte público y de taxistas, las multas y las medidas disciplinarias constituyen un primer escalón de castigo al mal ciudadano. De manera que el hombre o mujer serios, respetuosos de la vida propia y de la existencia de los transeúntes, no tienen nada que temer si conducen con cuidado para evitar las infracciones. No obstante, un sector de afiebrados choferes pretendió demostrara ayer que –al igual que en Bagua– el uso de la violencia es el camino para derogar las normas que incomodan a los salvajes del volante. No les importó apedrear a quienes pugnaban por trabajar, tampoco desinflar neumáticos de las unidades del Ejército y la PNP que buscaban prestar apoyo a los trabajadores, jóvenes y escolares que deseaban trasladarse hasta su centro de labores, a su vivienda o a alguna emergencia.

Ahora bien, el MTC y a las municipalidades deben mantenerse firmes. Ceder equivaldría a confirmar que las leyes las cambia o dicta la intemperancia y la sedición. Y lo cierto es que ni los dueños de los vehículos de transporte público, ni los choferes, “palancas” o “cobradores” se interesan en brindar un servicio seguro al país. El 95% de sus unidades está destartalado, con asientos en pésimo estado, fierros cortantes y oxidados, lunas que no se recomiendan para ventanas de microbuses, amén de otras irregularidades como no respetar los paraderos ni completar sus rutas a las que están obligados. Y todo ello sumado a la delictiva manera de conducir sus vehículos, principal causa de la muerte de cerca de 50 mil peruanos en los últimos años. El paso ahora no es otro que promover conciencia ante el clan de choferes públicos, sobre la importancia de respetar las normas para cuidar la vida de millones de peruanos.