La otra guerra que libra el Perú –aparte de la lucha frente al terrorismo y narcotráfico- es contra la corrupción. Los tentáculos de la inmoralidad no diferencian instituciones públicas grandes o pequeñas. Es más, se ramifican con soltura en organismos estatales importantes como la Policía Nacional del Perú (PNP).
Al respecto este medio jugó un rol de primer orden en materia de denuncia y fiscalización, y seguirá haciéndolo, en el destape del tráfico ilícito del combustible destinado a vehículos policiales, habiéndose demostrado en el camino que la cuantiosa fuga de dinero supera los 24 millones de soles anuales.
Desde que diéramos a conocer que algo andaba mal en el abastecimiento de diésel y gasolina de centenares de unidades policiales, los órganos de control interno de la PNP y la Fiscalía realizaron un intenso trabajo, que involucró meses de pesquisas, entrevistas y cotejo de pruebas, concluyéndose recientemente –por parte del Ministerio Público– que existen serios indicios de responsabilidad en este entuerto delictivo que abarcan a un ex inspector general de la Policía y a 74 oficiales y técnicos, así como comprendiéndose en la denuncia fiscal a 25 civiles vinculados a los grifos que servían para la comisión de estos supuestos hechos ilícitos materia de investigación penal en el Poder Judicial.
El tema del robo de combustible, conocido como “gasolinazo” en la PNP, se va esclareciendo, gracias a miembros de la PNP dignos, valientes y honrados, como los coroneles José Trinidad Muñoz -ex inspector de las Unidades Especializadas (Dirincri, Dircote, Dirandro, etc.)- y Julio Maza, quienes pese a presiones y amenazas de muerte –de las que fueron víctimas en el curso de sus investigaciones– siguieron con su labor fiscalizadora. Hoy corresponde pedir que se les valore y reconozca dignamente que hicieron un trabajo limpio a favor de la profilaxis de su institución. Consideramos que lo menos que puede hacer el Estado –y las máximas instancias del Ministerio del Interior– es condecorarlos, ya que a ellos fácil les hubiera resultado soslayar la labor perversa de las mafias, y sin embargo prefirieron el honor y el combate a la corrupción.
Si no hubiera sido por esos dos oficiales, la doctora Mercedes Cabanillas, cuando estuvo al frente del portafolio del Ministerio del Interior, no hubiera tenido elementos a su alcance para anular –el pasado mes de abril– todas las licitaciones de servicio en grifos de la capital y disponer que en adelante sea Petroperú la encargada de abastecer de combustible a las unidades vehiculares de la PNP. Pero al mismo tiempo lamentamos que, desde un inicio, los más altos oficiales de PNP –desde la Inspectoría General hasta la Dirincri, Dirandro, Dircote, entre otras unidades especializadas- no hubiesen zanjado con la situación ilícita que percibían a su alrededor. Pero todo eso abona para sentirnos con el deber cumplido, al haber conocido y publicado aspectos centrales de la heroica lucha de aquellos policías honestos a los que nos hemos referido –y a quienes pedimos un reconocimiento–, correspondiéndole ahora a la Judicatura tomar cartas en el asunto y proceder a sancionar -sin que le tiemble la mano- a aquellos que encuentre responsables.
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