Transporte público

La problemática del sector transporte es compleja. Pero, descontando asuntos puntuales del tránsito interprovincial de pasajeros y de carga, ayer los gremios del transporte público urbano realizaron un paro de protesta, motivado –alegan– por su oposición al alza de las multas por infracciones de tránsito. En este tema el Estado debe ser muy coherente, pues no hace mucho el país entero reclamó a las autoridades sanciones drásticas contra los malos conductores; es decir a aquellos individuos que ocasionan anualmente miles de muertos en las pistas y muchísimas personas con discapacidad a consecuencias de esos siniestros. En tal sentido, el Ejecutivo y Legislativo, cada uno en aquello que le corresponde, tomaron en cuenta el clamor ciudadano y dispusieron un conjunto de acciones (algunas aún por implementar) a fin de cambiar ese trágico panorama donde el peatón o el pasajero no saben si al salir de casa para realizar sus quehaceres cotidianos, retornarán sanos y salvos. No olvidemos que la principal causa de los accidentes es la temeridad de los choferes, su grosera impericia, la ingesta de licor mientras conducen, las fallas mecánicas, y el mal estado de las pistas. Son innumerables los casos en los cuales verdaderos criminales del volante han protagonizado execrables accidentes matando a niños, mujeres y ancianos. Realmente no se sabe cómo esos sujetos consiguieron la licencia de conducir porque –valgan verdades– la mayoría de conductores de “combis” y “coaster” tiene serios problemas emocionales que, sumados a la irresponsabilidad y al estrés, los convierte en un peligro para la sociedad.

Pues bien, para cambiar de mentalidad y generar buenas prácticas en los gremios de choferes del transporte público y de taxistas, las multas y las medidas disciplinarias constituyen un primer escalón de castigo al mal ciudadano. De manera que el hombre o mujer serios, respetuosos de la vida propia y de la existencia de los transeúntes, no tienen nada que temer si conducen con cuidado para evitar las infracciones. No obstante, un sector de afiebrados choferes pretendió demostrara ayer que –al igual que en Bagua– el uso de la violencia es el camino para derogar las normas que incomodan a los salvajes del volante. No les importó apedrear a quienes pugnaban por trabajar, tampoco desinflar neumáticos de las unidades del Ejército y la PNP que buscaban prestar apoyo a los trabajadores, jóvenes y escolares que deseaban trasladarse hasta su centro de labores, a su vivienda o a alguna emergencia.

Ahora bien, el MTC y a las municipalidades deben mantenerse firmes. Ceder equivaldría a confirmar que las leyes las cambia o dicta la intemperancia y la sedición. Y lo cierto es que ni los dueños de los vehículos de transporte público, ni los choferes, “palancas” o “cobradores” se interesan en brindar un servicio seguro al país. El 95% de sus unidades está destartalado, con asientos en pésimo estado, fierros cortantes y oxidados, lunas que no se recomiendan para ventanas de microbuses, amén de otras irregularidades como no respetar los paraderos ni completar sus rutas a las que están obligados. Y todo ello sumado a la delictiva manera de conducir sus vehículos, principal causa de la muerte de cerca de 50 mil peruanos en los últimos años. El paso ahora no es otro que promover conciencia ante el clan de choferes públicos, sobre la importancia de respetar las normas para cuidar la vida de millones de peruanos.